Activismo, diversidad y género

“PREPAREMOS GENTE CAPAZ DE RESOLVER EL PROBLEMA A SU PROPIO PUEBLO”: LA UNIVERSIDAD

Llegué a la comunidad de El Mezón, justo a la entrada se encuentra la iglesia que sirvió como espacio estratégico y simbólico para el proceso organizativo en 2012; enfrente se encuentra la comisaría, la cancha y los baños públicos que resaltan por una la leyenda: “UPOEG-Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social”. La tía Ofe junto con Florina me reciben en su casa, justo en la entrada, de lado derecho, existe un letrero que dice: “Modelo A. Por un gobierno de los pueblos 139 representantes. 1 Gobierno por Usos y Costumbres. Somos 139 comunidades decidiendo”. Poco a poco, empiezan a llegar los estudiantes de la Unisur, el comisario actual Estreberto Reyes Palma y el secretario Gilberto Reyes del Consejo de Autoridades (2019-2020).

El proyecto político de la UPOEG rebasaba el tema de la seguridad ciudadana, también proponía la educación de acuerdo con la filosofía de vida de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ya reunidos, recordábamos cómo durante 2012, en asambleas previas a la fundación de la Unisur, los comisarios de La Unión, Vano, Zapote, Ahuacachahue, Azozuca, Atocutla, Tlachimala y El Mezón (comunidades del municipio de Ayutla), los profesores locales y Ernesto Gallardo Grande priorizaban la educación “para no seguir de ignorantes”. Las autoridades locales impulsaban y exigían el derecho a la educación intercultural. Gallardo decía:

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La tía Ofe junto con Florina (fotografía de Gema Tabares Merino).

Preparemos gente capaz de resolver el problema a su propio pueblo, capaz de sacar a su pueblo de tanto rezago, ellos van agarrar el toro por los cuernos, los muchachos tienen que estar preparados.¹³

En una asamblea municipal se había decidido instalar la universidad en El Mezón: “mucha gente votaron porque se instalara aquí la universidad”, además, tenía que estar fuera de la cabecera, “fue el primer requisito” (entrevista a Gallardo, 2012). Fue entonces que las autoridades locales “se encerraron” en la comisaría y decidieron los compromisos: “se le dijo al pueblo cómo se iba a mantener la universidad”:

Estamos buscando la forma de echar andar el comedor comunitario. También, tenemos la casa prestada del señor Lozano por un año, cerca de la universidad para los profesores. Y así como está la situación se resguardará al profesor, lo sacaremos desde el pueblo hasta el lugar donde se aborda el autobús (entrevista a Gallardo, 2012).

Los fundadores de la Unisur narraban que fue a partir del Primer Congreso de Educación Intercultural de Guerrero, en 2005, que se creó formalmente la comisión para la planificación de la universidad y el 12 de octubre de 2007 iniciaban las clases. El objetivo era atender y acompañar las necesidades de los pueblos náhuatl, na sávì (mixteco), mè`phàà (tlapaneco), nn’anncue ñomndaa (amuzgo), afromexicano y mestizo. La rectoría general se ubicaba en la Montaña, en Santa Cruz del Rincón, y se contaba con tres licenciaturas: gestión ambiental, lengua, cultura y memoria, y gobiernos de municipios y territorios; posteriormente se incorporaba salud comunitaria y justicia y derechos de los pueblos indígenas (Muñiz, 2012).

En el caso particular de la sede académica de El Mezón y través de un diagnóstico comunitario, se decidió la donación de un terreno para la universidad, inaugurada el 12 de octubre de 2012, junto con el fundador y profesor Bulmaro Muñiz, compartimos vivencias y trabajos colectivos con la primera generación conformada por 15 estudiantes: dos de ellos provenían de Vano, uno de Ahuacachahue, nueve de El Mezón, uno de El Mezón Chico, dos de Azozuca y una de Atocutla.¹⁴

Las autoridades locales, principales,¹⁵ mujeres y niños se sentían identificados con la universidad. En ese entonces, los habitantes mezoneños repetían que no hablaban ninguna lengua materna. Era interesante observar cómo, por el hecho de que no hablaban un idioma materno “no eran considerados como indígenas” por los hablantes del tù`ùn sávì y del mè`phàà de las comunidades de alrededor. En el proceso de la lucha colectiva se fueron configurando identidades (en plural) y se transitaba hacia la difícil frontera de la autoadscripción política. Después de un sumario de labores de concientización realizado por la Unisur, finalmente los estudiantes se preguntaban “entonces, ¿yo qué soy, cómo me autoidentifico?”, “no hablamos la lengua materna, pero también tenemos sangre indígena y hasta negra”, “nuestros abuelos hablaban el mexicano”, así se interpelaba la identidad homogénea que había prevalecido a partir de la construcción del Estado-nación y que, por ende, tendía a la homogeneización de la identidad nacional y de la diversidad cultural.

Las y los estudiantes de las comunidades vecinas a El Mezón, junto con las facilitadoras, conformábamos grupos de tres o cuatro y solíamos comer con las familias mezoneñas, cada día tocaba una casa diferente para el almuerzo, entonces, mientras las señoras mezoneñas echaban tortillas a mano o cocinaban, decían, “no nos dejan dormir tranquilas, maestra”. Esta forma de vincularse a la comunidad me permitió conocer, en términos de Myriam Jimeno, los testimonios de las mujeres que tenían efectos políticos en la comunidad (Jimeno et al., 2019).

Durante varias reuniones informales, autoridades locales, estudiantes y docentes de la Unisur, sosteníamos largas conversaciones con el dirigente orgánico Ernesto Gallardo Grande, quién más tarde sería nombrado comandante Neto (ex comandante regional del SSyJC de Xaltianguis, asesinado el 17 de octubre de 2020). Sentados, en forma de círculo y enfrente de la comisaría de El Mezón, Gallardo explicaba cómo se organizaron frente a la problemática social que atravesaban las comunidades:

Es aquí donde nace todo y desde aquí se pensaron los ideales del proyecto de desarrollo integral de los pueblos, primero caminábamos por las comunidades buscando la unidad, y una vez unidos, decidimos qué queríamos (palabras de Gallardo, 2012, en la comisaría de El Mezón).

A partir de la preocupación por el hostigamiento, por parte de actores externos a la comunidad, hacia los ganaderos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa se reforzaban las estrategias organizativas para hacer frente a las amenazas: “Empezaban a cobrar el derecho de piso”,¹⁶ “la gente tenía miedo de ir a Ayutla por los secuestros y aparte lo golpeaban, le quitaban el dinero, los asaltaban, ya no había libertad”, “venía la judicial y se llevaba a quien topaba”, “si alguien hablaba, los subían al taxi y les cosían la boca”.¹⁷

Fue desde el año 2011 que Vicente Morales, Gilberto Reyes, Ulises Gallardo, Ernesto Gallardo, Estreberto Palma y Gonzalo Lozano, oriundos de El Mezón, recorrieron las comunidades de Atocutla, Zapote y Coxcatlán, “éstos son los pueblos que nos hicieron fuertes por primera vez”, para después buscar a líderes que tenían experiencia en el proceso de formación de policías comunitarias, fue así que llegaron a la comunidad de los fundadores de la CRAC, Cirino y Bruno Plácido Valerio. Entonces, se empezó a conformar la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), principalmente para la defensa y control del territorio comunitario disputado por poderes fácticos en complicidad con las autoridades públicas del estado, aunque formalmente se consolidó a partir de 2012. La Unisur siempre acompañó el proceso de lucha colectiva de la UPOEG en el ámbito municipal de Ayutla y se asignaban tareas específicas, mandatadas mediante asambleas comunitarias.

Los excesivos recibos de luz:

“Tendrás los huevos de subirte al poste a cortarla, pero no de bajarte”.

Tía Ofe, principal de la comunidad.

Además de este panorama de múltiples violencias, los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegaban “exageradamente caros” (testimonio de Beto Zúñiga) a las comunidades, quienes protagonizaban diversos bloqueos carreteros, como el del “famoso puente de Marquelia” (testimonio del comandante Vicente Zúñiga), donde se aglutinaron más de seis mil personas para manifestarse y poner un alto a los abusos de la CFE (testimonio del comandante Vicente Zúñiga, en 2012).

En la comunidad, algunas mujeres me mostraban el recibo de luz y con un tono indignado narraban cómo se armaba “tremendo pleito” cada que iban los trabajadores a la comunidad para intentar cortar la luz por falta de pago: “Tendrás los huevos de subirte al poste a cortarla, pero no de bajarte”, narraba la tía Ofe que así increpaba a los trabajadores de la CFE. Las mujeres mezoneñas manifestaban su molestia por los excesivos precios “cuando apenas uno tenía tres focos y un refri o una tele”. Una de ellas contaba que un trabajador de la CFE (de la comunidad de Pozolapa) intentaba cortar la luz con insistencia: “¿Tú no fuiste campesino? [le decía], ¿tus padres no son campesinos?, ¿estás en la CFE porque es más fácil robarle al campesino que trabajar en el sol, en el campo, verdad? [le volvía a decir], ‘sí’ [decía], ‘mis padres son campesinos’ ”, y dejaba el medidor de la luz como estaba.

Mientras se organizaban en el nivel comunitario, Bruno Plácido Valerio, fundador y promotor de la UPOEG, lideraba el proceso de gestión para que las autoridades gubernamentales, principalmente la Secretaría de Gobernación, atendieran esta situación de los precios excesivos. Ante esta problemática, la UPOEG encabezó una emblemática caravana hacia la Ciudad de México, y asistíamos durante el mes de octubre de 2012 “afuera del Congreso de la Unión” para realizar un plantón donde se presentaron cuatro demandas puntuales: 1) establecimiento de tarifas eléctricas bajas para la zona de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero; 2) cumplimiento de acuerdos de construcción de tramos carreteros; 3) atención a la salud y educación, reconocimiento a la Unisur, y 4) respeto al territorio de los pueblos originarios y rechazo a las mineras. Uno de los logros fue conseguir “una tarifa preferencial de la energía eléctrica” destinada a los pueblos indígenas, además que saldaron una deuda de 65 millones de pesos a la CFE. El Congreso de la Unión otorgó 35 millones y el gobierno estatal 15 millones (Plácido, 2018). A partir de esta lucha contra los altos costos de la electricidad, la UPOEG encabezó gestiones para la construcción de ejes carreteros, principalmente de los tramos de Tlapa-Marquelia-Ayutla-Colotipla-Ayutla San Marcos y Pascala del Oro-Ayutla, “en general buscamos el mejoramiento de la infraestructura social” (Cervantes, 2012); así, la UPOEG empezó a adquirir fuerza como un movimiento para restablecer el desarrollo y la paz social en la Costa Chica de Guerrero.

“Era secuestro tras secuestro”.

Tía Ofe, principal de la comunidad.

En el ámbito del municipio de Ayutla, además del comandante Ernesto, también participaban activamente el comandante Guerrero¹⁸ y el comandante Gonzalo. En las asambleas se les veía juntos con las autoridades locales. Los comandantes insistían en lo que después se convirtió el lema del SSyJC: “Un territorio con seguridad, es un pueblo con justicia”.

Frente a este panorama de violencia estructural que se manifestaba en los actos violentos protagonizados por el crimen organizado, sobresalía la inoperancia gubernamental responsable de impartir justicia y a pesar de que permeaba el miedo, las comunidades del municipio eran impulsadas por la impotencia, así que de forma prudente y cautelosa, más en el nivel comunitario y al grito de “¡No estamos en emergencia, estamos en autodefensa!” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013), se impulsaba la creación de una policía del pueblo: “fue el 19 de octubre de 2012, no olvidaré esa fecha en que salieron los comunitarios”, decía la tía Ofe (que más tarde sería la policía ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana).

De pronto, el 8 de enero de 2013 entre reuniones cotidianas y académicas, el comandante Ernesto Gallardo explicaba el secuestro de Eusebio Alberto García, comisario de Rancho Nuevo (del municipio de Tecoanapa), liberado “horas más tarde y herido de una pierna”, debido a la movilización colectiva. Los responsables Agustín y Rafael Vargas Jijón, Rafael Amador Vargas Carrillo y Osiel Vargas Chávez habían sido resguardados por el comandante. Este secuestro fue una clara llamada de amenaza “para que ya no nos organizáramos” (testimonio del comandante Vicente Zúñiga, 2013).

También, en plena boda voceaban que habían secuestrado a unos niños en Azozuca, comunidad vecina; El Mezón no paró la boda, “agarró machetes, palos y como pudo se preparó”.¹⁹ Se sumaba a este panorama el secuestro del sacerdote de la comunidad. Era el 12 de enero y los habitantes de El Mezón se cansaron de esperar la misa que ofrecería el párroco José Luis. “¡Lo secuestraron!”. Anunciaban. “Luego luego lo fueron a rescatar y después hizo la misa en la cancha y nos dijo, no me voy a rajar porque estoy con la policía de ustedes”.²⁰ Y a pesar de “estar atrapados en el miedo”, las mujeres de las comunidades indígenas generaron estrategias para la defensa del tejido comunitario, porque la violencia estructural tenía sus efectos “detrás del velo de la violencia cotidiana” (Jimeno, Varela y Castillo, 2015), así, decantaron en un fuerte proceso organizativo para enfrentar al crimen organizado:

Las instituciones gubernamentales de impartición de justicia fueron diseñadas por ellos y para ellos, no pensadas desde la filosofía de los pueblos, su labor es proporcionarnos paz y tranquilidad nacional, sin embargo se les olvidó implementar políticas en prevención de delitos, y como no hicieron eso, ahora nos rebasó, por eso como pueblo no tuvimos otra alternativa (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).

Ante los numerosos secuestros perceptibles en la región y dada la ineficiencia de instancias del gobierno de Guerrero relacionadas con la seguridad pública, las comunidades se organizaban y las asambleas se realizaban constantemente pues, por un lado, existía el hartazgo y repetían “están arruinando a nuestro país, están dejando sin futuro a nuestros hijos” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013); por el otro, había la esperanza de edificar una sociedad más justa donde se reestableciera el orden, el desarrollo y la paz en las comunidades.

Sin embargo, y sin que los medios de comunicación o el gobierno municipal o el estatal supieran, la madrugada del 5 de enero de 2013, aproximadamente 800 personas aglutinadas en la UPOEG de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala, irrumpieron en la cabecera de Ayutla, mediante la instalación de retenes comunitarios, “lo único que estamos haciendo es defender al pueblo, ¡estamos defendiendo la vida!” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013). Las personas partícipes en los diversos retenes comunitarios portaban capuchas para cubrir los rostros:

No somos ni los primeros ni los últimos que tendrán que cubrirse el rostro, para ver un nuevo amanecer, donde nuestras familias y nuestra gente, disfrute de la vida y no la viva con amargura, con duelo, con angustia, porque en eso han convertido a México (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).

Los días posteriores al 5 de enero se realizaban patrullajes, se seguían instalando retenes (construidos con costales rellenos de arena) y puntos de revisión para controlar las entradas y salidas de actores externos que ingresaban a la cabecera municipal, y así, cinco días después se llegó al municipio vecino de Tecoanapa:

La sociedad estaba secuestrada en sus casas, por esta razón decidimos salir a la calle, las instituciones que han sido diseñadas para atender y brindarnos seguridad y justicia, gozan de un gran presupuesto, […] pero sus resultados no sólo son tristes, son lamentables (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).

En total, durante el mes de enero y sin presupuesto económico, se logró capturar a 54 personas de diversos municipios de Guerrero, vinculadas con el crimen organizado, que serían trasladadas a la comisaría de El Mezón y que al interior de la comunidad se les llamaba “resguardados” (no detenidos). “Hicimos en unos días lo que el gobierno no quiso hacer por años” (Plácido, 2013, 2018).

A partir de esta irrupción, los medios masivos de comunicación empezaron a difundir la noticia de la lucha colectiva que encabezaban las comunidades aglutinadas en la UPOEG, entre los principales titulares usaban el término “grupos de autodefensas” o “encapuchados”. En este sentido, a través de un comunicado de prensa, la CRAC informaba y se deslindaba:

Queremos puntualizar algunas prácticas que se han observado en el levantamiento y que muestran claramente que no es la CRAC Policía Comunitaria, quien lo dirige (CRAC, 2013).

Esto rompía con los acuerdos establecidos en la asamblea de Potrerillo (municipio de Malinaltepec), realizada el 13 de agosto de 2012 donde asistieron autoridades de la Unisur, autoridades comunitarias y agrarias, el padre Mario Ocampo y representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fue una asamblea muy significativa porque en ella se realizó una evaluación cualitativa y permitió ubicar “los errores políticos y organizativos”, tanto de los proyectos políticos de la CRAC y de la UPOEG como de las tensiones entre los liderazgos políticos. Al mismo tiempo, rompía con los acuerdos dialogados durante el mes de noviembre de 2012, en el 17 aniversario²¹ de la CRAC-PC en Miahuichán, municipio de San Luis Acatlán. En sus inicios, algunos policías conformados por las propias comunidades de Ayutla portaban “la camisa de la CRAC”, para después abandonarla, debido a disputas políticas en torno a las estrategias de defensa territorial y relacionadas con los 54 “resguardados” (Palma, 2013, 2019). Sin embargo, los proyectos políticos de la UPOEG y la CRAC coinciden en la búsqueda de “vivir en paz y con tranquilidad”. Igualmente, en ambas, las decisiones se encuentran subordinadas a una base de poder conformada por una “asamblea comunitaria” y un “mandatario”; la primera se refiere a que el pueblo manda, y la segunda a que la estructura obedece (Plácido, 2012).

A partir de este escenario y conforme a lo previsto en la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y en la Ley 701, de manera explícita confirmaba en su artículo 37, el reconocimiento únicamente como policía comunitaria de la CRAC y su sistema de justicia, esta última ley la definía como un “cuerpo de seguridad pública reconocido, de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y los pueblos indígenas” (artículo 6, Ley 701). El gobierno estatal ha tenido respuestas simbólicas y legales diferenciadas para el reconocimiento de los “cuerpos de seguridad comunitarios” de la Montaña, de la Costa Chica y de la región Centro.

¿Cuál fue la respuesta por parte del gobierno estatal ante el levantamiento de los pueblos sureños? Reforzar la implementación del “Operativo Guerrero Seguro”, que según el vocero del gobierno, Arturo Martínez Núñez, fue un operativo realizado por la Secretaría de Marina (Semar), el ejército y la policía federal (Notimex, 2011), que retomarían la seguridad pública tanto en Ayutla como en Tecoanapa. Empero, para retomar, primero hay que tomar; el objetivo era criminalizar a los grupos comunitarios “hartos de tanta chingadera”,²² por esto, la insistencia de desarmar a “los rostros cubiertos”.

Mientras tanto, en la comunidad de El Mezón se repetía que “sólo el pueblo defendía al pueblo”. El nuevo Consejo de Autoridades electo para trabajar durante el año 2013, ahora lo presidía el comisario Gonzalo Lozano Jacinto. Así, a través de mandatos comunitarios se asignaron quehaceres específicos para el cuidado de las personas resguardadas en la comisaría, “era un gasto bien pesado darle de comer a todos, pero no nos rajamos, les dábamos sus tortillas hechas a mano” (testimonio de mujer mezoneña, 2019). Tanto las mujeres como los jóvenes se turnaban para llevar de comer tres veces al día a los resguardados. Los estudiantes de la Unisur eran campesinos y campesinas que, al mismo tiempo, participaban en los turnos nocturnos para vigilar la comunidad, la comisaría y a los “resguardados”; para ello se emplearon diversas estrategias, sobre todo en las rutas alrededor de la comunidad. La iglesia permanecía salvaguardada, a veces porque se resguardaban en este espacio simbólico a algunos delincuentes o, en ocasiones, porque se vigilaba desde allí la entrada y salida de “aquellos delincuentes que pensaban regresar”.²³

Las mujeres se encargaban de trabajar en las fisuras de la violencia; es decir, tenían una participación activa en este procedimiento debido a que colaboraban con funciones específicas: cocinaban para los resguardados, vigilaban la comisaría, participaban en las asambleas y aunque la mayoría ocupaban un espacio cultural y social asignado, algunas cuestionaban dichos roles con sus prácticas y participaban en otras actividades; no era fácil porque el campo de adopción de decisiones comunitarias ha sido un espacio históricamente excluyente para las mujeres, resultaba una tarea complicada, debido al entramado comunitario: “muchas veces las críticas más fuertes provenían de la comunidad por el hecho de trasgredir esos roles” (testimonio de mujer mezoneña, 2019); pero insistían en ser consideradas, o en ocasiones, cuando los hombres salían de la comunidad, algunas mujeres asumían el resguardo. Era notorio el sentido de pertenencia y arraigo territorial.

El panorama era complejo; por un lado, las asambleas comunitarias se realizaban con mayor ímpetu y, por el otro, en el transcurso del mismo mes de enero, de pronto, llegaban dos o tres medios de comunicación a El Mezón y los retenes comunitarios se “reforzaban exageradamente para controlar las entradas al pueblo”, el comandante Ernesto declaraba (lo que ya sabíamos en el nivel comunitario), el secuestro del comandante de Ahuacachahue:

La mafia o chicos malos nos quisieron medir fuerza, nosotros agarramos un delincuente y al rato nos llegó la amenaza, a los dos días levantan al comandante de Ahuacachahue y nos notificaron que íbamos hacer un cambio entre el detenido y mi comandante. Que me presentara sin gente, sin arma y llevando al muchacho, desde luego no íbamos a caer en sus debilidades, lo que he anunciado es que estamos al diez por uno, me agarras uno y te agarro diez (palabras del comandante Gallardo, 2013).

Y así empezaron las ofertas para “arreglar” la situación con dinero:

Aquí con dinero no vamos a arreglar nada, […], no queremos la cuota, que no se metan con la ciudadanía, el pueblo se cansó y el pueblo puso orden y lo estamos demostrando con hechos (palabras del comandante Gallardo, 2013).