Czytaj książkę: «Prácticas desde la administración pública»

Capítulo I
La administración pública en el territorio
¿Cómo hacer un municipio inteligente?

Los municipios de América Latina y el Caribe se encuentran en uno de los procesos demográficos más significativos que ha vivido el continente, ello con grandes consecuencias para la sostenibilidad, la calidad de vida y la competitividad de la región. Hacer frente a este reto supone una evolución en el ámbito de la gobernanza y la toma de decisiones, así como el uso cada vez más eficiente de los recursos de los municipios mediante una gestión inteligente.

Un municipio inteligente es aquel que pone a las personas en el centro del desarrollo, incorpora tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana y rural y usa estos elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Al promover un desarrollo integrado y sostenible, los municipios inteligentes se tornan más innovadores, competitivos, atractivos y capaces de adaptarse a los retos de su desarrollo y crecimiento por más difíciles que aparenten.

La transformación y modernización de la gestión del municipio genera una serie de resultados concretos y positivos, aumentando la eficiencia al integrar diferentes elementos en la actuación: movilidad, tráfico, seguridad, vigilancia, servicios públicos, gestión de riesgos e información, entre otros. Al trabajar de forma colaborativa los gestores municipales comparten información de calidad para ofrecer mejores servicios a la población. Ubicar todas las discusiones por encima de la mesa.

Para lograr transformar un municipio se necesita un cambio de mentalidad, sólo con ello se disminuye la corrupción, además de identificar claramente una visión de futuro que se materializa con la ayuda de una figura con suficiente sensibilidad para llevarla adelante y movilizar a los agentes necesarios para concretarla. En este sentido, el rol del líder es esencial para orientar al municipio en la dirección correcta acorde con la visión definida.

Se necesita un gestor, una persona dedicada de tiempo completo, que tenga las habilidades y la autoridad para hacer que todas las actividades se lleven a cabo; habilidades relacionadas con el conocimiento de tecnologías de la información y de métodos que serán implementados para solución de problemas urbanos y rurales definidos como prioritarios.

El gestor debe tener la capacidad de influir e interactuar con una variedad de personas, entre ellos, los equipos de desarrollo y operación, así como los proponentes de la iniciativa, lo que significa saber comunicarse con los diferentes actores. Del mismo modo, el gestor debe tener habilidad para coordinar acciones durante y después de la implementación de los diferentes proyectos, las áreas y las personas involucradas, así como entender exactamente cuáles son las tareas individuales y colectivas.

Se necesita un equipo multidisciplinario, por lo que se exige la combinación de esfuerzos y conocimientos diversos. La integración y cohesión está en el corazón del municipio inteligente. Los equipos de trabajo deben tener competencias complementarias y trabajar en conjunto.

La capacitación debe ser permanente tanto para la ciudadanía como para los servidores públicos. Un municipio inteligente implica una verdadera revolución cultural que obliga a realizar modificaciones de hábitos y comportamientos de los agentes públicos y ciudadanos, para el caso del gobierno de turno implica un proceso de aprendizaje continuo.

Un municipio inteligente genera integración, que a su vez suministra a la administración pública información necesaria y transparente para una mejor toma de decisiones y gestión presupuestaria. Permite prestar mejor atención a los usuarios de servicio y mejora la imagen de los órganos públicos, de esta manera eleva el grado de satisfacción de los habitantes.

Optimiza la asignación de recursos y ayuda a reducir gastos innecesarios, genera procedimientos comunes que aumentan la eficiencia del gobierno, produce indicadores de desempeño que son útiles para medir, comparar y mejorar las políticas públicas, permite una mayor participación de la sociedad civil organizada y de los ciudadanos en la administración por medio del uso de herramientas tecnológicas que ayudan a monitorear los servicios públicos, identificando problemas, informando e interactuando con la administración municipal.

El proyecto de municipio inteligente no es de una sola administración, es preciso tener una visión de largo plazo y elaborar estrategias que no sufran discontinuidad. Debe ser un proyecto pensado y construido por etapas que se suceden y se superponen, pero sin atropellar los procesos ni perder los logros adquiridos. Es un proyecto que siempre tiene un foco: atender al ciudadano.

La estupidez y el profesionalismo de un servidor público

Según Bertrand Russell, filósofo y matemático inglés, Nobel de literatura: “el problema del mundo es que los estúpidos tienen una seguridad pasmosa y los inteligentes rebosan de dudas”.

De acuerdo con la fuente consultada, la estupidez es un estado mental de las personas torpes, sin lógica en su decir y en su accionar. El término se constituye en un adjetivo para calificar despectivamente a una persona que puede tener una deficiencia mental, o bien, su comportamiento es torpe.

La estupidez tiene la particularidad de parecer un proceso normal, pero la persona que la padece tiene un aprendizaje disfuncional y se comporta con conductas excesivas o mal adaptadas.

Según las ciencias médicas, no se trata de una patología, de una debilidad ni de una enfermedad, sino de una incoherencia del comportamiento normal que refleja, por un lado, que la psique humana no tiene la habilidad de adquirir y procesar el conocimiento, y por el otro, de adaptarlo a las circunstancias.

Desde la epistemología, la estupidez puede concebirse como un fallo para percibir la realidad y convertirla eficientemente en información, por lo que la persona se vale del autoengaño, es decir, de una actitud engañosa para sí misma, por lo que rechaza estúpidamente información nueva.

La estupidez no permite distinguir la idea principal de la secundaria, lo esencial de lo superficial, lo importante de lo accesorio, lo urgente de lo que puede esperar. La estupidez al igual que la inteligencia, está conectada con la comunicación, la información y el conocimiento.

El profesionalismo de una persona debe estar siempre enmarcado en tres razonamientos básicos: el criterio, fundamentado en conocimiento y experticia; la ética, fundada en valores y principios; y la vocación, fundada en el deseo y amor con el que se hacen todas las actividades, objeto de su ejercicio profesional.

A manera de ilustración, por estos días en las sesiones ordinarias del concejo en una territorialidad, se presentó un proyecto de acuerdo para su estudio y su posible posterior aprobación. La idea está definida como el proyecto xx del 1 de febrero de 2018, firmada por el alcalde encargado quien, de paso, exhibe el título de “Administrador”.

El proyecto presenta toda clase de incoherencias, falta de razonamiento, lógica, no hay vínculo entre la idea principal y los motivos de su implementación. Por todo esto, la idea se observa como una estupidez mayúscula, toda vez que se torna inconveniente, es abiertamente contraria a la Constitución y la ley, falta de unidad de materia y fue radicado en un escenario que no tiene competencia para crear un tributo, sin un marco jurídico previo.

El proyecto “siniestro” desde su título, pasando por el desarrollo, exposición de motivos, hasta llegar al escenario donde debe discutirse y generar alguna clase de debate, por lo menos por la profundidad de la iniciativa y no por la cantidad de errores y la falta de racionalidad del encargado mandatario.

La iniciativa en su título manifiesta que se quiere “establecer una sobretasa para el fomento del turismo”, pero en la exposición de motivos se sostiene que se va a “establecer una tasa para el fomento del turismo”. Dos conceptos totalmente diferentes en su aplicabilidad y efectos.

En el articulado del proyecto, numeral segundo, define el hecho generador así: “el hecho generador lo constituye el ser contribuyente de cada una de las rentas percibidas por el municipio de…”. El universo de contribuyentes se extiende a todo el que paga una renta al municipio.

Una incoherencia más se encuentra en el artículo quinto. En la definición de la base gravable se lee: “la base gravable la constituye el valor a pagar por el contribuyente por concepto de impuesto predial e industria y comercio ante la tesorería de rentas municipales”. Este es el despropósito mayor, ningún Congreso de la República, Asamblea y mucho menos el Concejo municipal de un territorio, puede ponerle una sobretasa a un impuesto, en razón a que son conceptos muy diferentes. La sobretasa es precisamente un valor adicional a una tasa, mas no a un impuesto, éste tiene otras características.

El desatino se le chorreó por el cuerpo al precursor de la propuesta en la exposición de motivos para establecer la tasa. Se esperaba que el encargado burgomaestre haría uso de la masa gris para dar justificaciones de lo pretendido en el proyecto de acuerdo, pero solamente le alcanzó para lo mínimo y lo que hizo fue un copie y pegue de la ley 1558 del año 2012, que por ningún lado hace referencia a conformar el marco jurídico para la creación de un tributo por parte de las corporaciones Concejos Municipales.

La ley 1558 de 2012 hace referencia al “fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad”. No crea ningún marco jurídico para establecer sobretasa o tasa alguna.

Si los concejales proceden y aprueban la iniciativa, pueden estar incurriendo en la comisión del delito de prevaricato. ¡Debería existir la posibilidad de anular el acta de grado a este tipo de profesionales!

Competencias laborales que debe tener un administrador público territorial – APT

En la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP no se forman políticos para ganar elecciones. Se forman expertos y técnicos en implementar políticas públicas territoriales para gestionar el desarrollo desde el territorio, lo que exige competencias laborales diferenciales.

La primera competencia laboral que debe exhibir un profesional universitario graduado de la carrera de Administración Pública Territorial – APT, es demostrar habilidades profesionales fundamentadas en tres elementos principales; 1) Criterio, basado en el conocimiento y la experiencia; 2) Ética, cimentada en valores con lo cual fortalecerá el carácter; 3) La vocación, en tanto ésta lo inspira, concuerda con sus gustos, sus intereses y aptitudes.

La ESAP, como entidad Pública de carácter universitario tiene dieciséis sedes territoriales diseminadas en todo el territorio colombiano. Su propósito superior es impactar positivamente las comunidades mediante la mayor cualificación del ejercicio propio de la administración pública. Una respuesta de la entidad es el pregrado de Administración Pública Territorial – APT, cuyo currículo incluye siete núcleos temáticos y ciento cincuenta y seis créditos a cumplirse en diez semestres o más, dependiendo de la disponibilidad del estudiante. El registro calificado del Ministerio de Educación Nacional – MEN consta en la resolución 24269 del 8 de noviembre de 2017.

Es vital revisar de manera permanente la pertinencia del programa de APT con lo que pasa y se requiere en los territorios. Las ordenaciones públicas con presencia en los territorios exigen competencias laborales y comportamentales relacionadas con el saber hacer, implementación de políticas públicas territoriales, definir e implementar territorialidades y municipalidades inteligentes, es decir, programas para ciudadanos con cultura digital para la toma y aprovechamiento de la información oportuna.

Los núcleos temáticos de gestión del desarrollo, problemática pública y economía de lo público, exigen un relacionamiento convocante y concluyente entre la sociedad, el poder ejercido por el gobierno local, la economía, el tiempo y el territorio. Ello implica gestionar el desarrollo de una forma diferente. El profesional en APT debe tener competencias para organizar, liderar, gestionar organizaciones público–privadas, involucrar a los sectores demandantes de los servicios públicos, no solo para entregar las concesiones en condiciones de explotación sino para gestionar relaciones profundas, económicas y sostenibles en el tiempo, generando una especie de gobernanza especial, avalada por la población.

Deben concurrir en el Administrador Público Territorial competencias para la gestión y accionar del talento humano, implementar un modelo referencial inagotable, sistémico y sistemático útil para guiar a los servidores públicos en el ejercicio de la institucionalidad, implementar modelos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión ambiental, preparar para gestionar la institución de la ventanilla hacia dentro para ganar confianza de la ventanilla hacia afuera, ejecutar la gestión de cada organización a partir del diseño de un marco propio para planear, dirigir, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar las tareas, el fin último es lograr resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de las comunidades, garantizando la eficacia, la eficiencia y la calidad de todos los productos y servicios objeto de la misión territorial.

Se trata de competencias laborales del saber hacer, de la experticia y experiencia con un fin ético superior, más allá de la legalidad constitucional, el bienestar básico asociado a las grandes variables de vivienda, mínimo vital alimenticio, salud, educación para la productividad. Ello implica trabajo en equipo, organización, capacidad de análisis de datos y reportes, habilidades para tomar decisiones, creatividad, comunicación oral y escrita de forma efectiva, implicarse en principios y postulados de objetividad, apertura al debate y audacia para atreverse a gestionar los retos emergentes.

Competencias que buscan la creación de valor público a partir de la ruta de la felicidad, toda vez que de acuerdo con las investigaciones de talento humano se cree que seres humanos más felices potencializan la productividad y la creatividad, y por supuesto su desarrollo. Personas gestionando su propio entorno.

Es oportuno y pertinente revisar la forma como se desarrolla el programa de APT, porque éste debe apuntar al desarrollo del saber hacer, y preparar al profesional para la ejecución de actividades propias de la administración pública territorial, en tanto el municipio es la célula principal del desarrollo y de atención al ciudadano. Competencias en asuntos como formulación y ejecución de proyectos, adecuación de planes o esquemas básicos de ordenamiento territorial, diseño e implementación de estatutos tributarios, reestructuraciones administrativas autónomas, gestión de finanzas públicas y ejecución de presupuestos públicos, implementación de modelos de gestión, implementación de modelos de gestión de riesgos y controles internos, desarrollo de sistemas o software para la comunicación oportuna y efectiva.

El currículum y la ejecución del plan de estudios del programa de APT se debe plantear de tal manera que la malla curricular hasta el sexto semestre desarrolle el conocimiento y basamento teórico; del séptimo al décimo en escenarios y proyectos prácticos. Ello definirá las competencias de expertos y perfiles diferentes, lo que caracterizaría al profesional en APT.