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También se observan posibilidades de mejorar en el ámbito de la coordinación de las instancias que componen el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. El más evidente, tal vez, es el ya mencionado referido a la integración y simplificación de las solicitudes de información. Pero también se aprecia una oportunidad para que la CNA pueda potenciar su rol de promoción de la calidad y acompañamiento institucional, delegando la función de auditoría y fiscalización en el órgano que la ley ha previsto para ello: la Superintendencia de Educación Superior.

En otras palabras, lo que se espera de esta nueva etapa es que en ella se recupere un sentido del aseguramiento de la calidad que trascienda los meros procesos de acreditación y, sobre todo, se recobre el sentido profundamente académico que esta actividad debiera tener en las instituciones de educación superior.

REFERENCIAS

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1 Desde el año 1999 existían en Chile dos comisiones asesoras del Ministerio de Educación, cuyas funciones eran, entre otras, desarrollar experiencias piloto de acreditación y preparar un marco legal para estos procesos: la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y la Comisión de Evaluación de la Calidad de Programas de Posgrado (CONAP). Estas comisiones venían a complementar el rol del Consejo Nacional de Educación (antes Consejo Superior de Educación) en materia de aseguramiento de la calidad. Este organismo había sido creado en 1990 para supervisar y evaluar a universidades e institutos profesionales a través del proceso de licenciamiento, inicialmente llamado “acreditación”, nombre que fue modificado para distinguirlo del trabajo realizado por la CNAP (CNAP, 2007).

2 La Ley 21.091 estableció que los criterios y estándares de acreditación estarían formulados el 30 de diciembre de 2020, plazo que posteriormente fue ampliado al 2022 de acuerdo con la Ley 21.186 (ley corta). Actualmente, aún se encuentran en proceso de formulación.

3 https://www.cnachile.cl

4 En la Ley 21.091 se establece que una de las funciones del Comité de Coordinación del SINACES es “Promover la coherencia entre los criterios y estándares definidos para los procesos de acreditación, con la normativa que rige el licenciamiento, así como toda otra del sector de educación superior” (Ley 21.091 sobre Educación Superior, Título IV, Artículo 4, Letra e).

5 Ley 21.091 sobre Educación Superior (2008), Título I, Artículo 2, Letra b).

6 https://www.akkreditierungsrat.de/

CAPÍTULO 3

EDUCACIÓN SUPERIOR CATÓLICA EN AMÉRICA LATINA

PEDRO PABLO ROSSO

Rector Emérito

Pontificia Universidad Católica de Chile

INTRODUCCIÓN

La educación superior católica en América Latina tiene una historia que se remonta a los primeros años de dominación española y portuguesa. Por lo tanto, ha sido testigo y, en cierta medida, protagonista de un choque de culturas cuyas consecuencias se prolongan en la marginación de los pueblos originarios y las dificultades de la región para incorporarse a la modernidad y a la era industrial. Manifestaciones de esta realidad son la pobreza de grandes sectores poblacionales, la desigualdad de oportunidades y distribución de bienes, los bajos niveles de escolaridad, una economía basada en la exportación de productos naturales y la utilización no sustentable de esos recursos, el flagelo del narcotráfico y la delincuencia internacional, la debilidad de las instituciones públicas y el caos urbano de las grandes ciudades (PNUD, 2019). Se agrega a lo anterior un contexto de democracias frágiles, regidas por una clase política incompetente, cuando no corrupta.

La cronicidad de estos problemas alimenta un malestar ciudadano que se manifiesta en las oscilaciones políticas que caracterizan los cambios de gobiernos nacionales, con alternancias frecuentes entre opciones cuyos programas de acción tienen escasas congruencias, frecuentes estallidos sociales y migraciones internas y externas. En general, los breves ciclos de mayor prosperidad y progreso material de Latinoamérica han coincidido con un aumento a nivel mundial en el precio de las materias primas y productos semielaborados que exporta. A su vez, esto ha sido causado por una mayor demanda de esos productos, asociada a los lapsos de crecimiento económico de las grandes áreas industrializadas del mundo. Actores principales en ese escenario global son los EE.UU. de Norteamérica, la Unión Europea, Japón y, más recientemente, la República Popular China y Corea del Sur. Algunos de estos países, notablemente los de Europa Occidental, han sido protagonistas del comercio mundial desde la época de la primera revolución industrial (PDP-CEMPLA, 2018).

El éxito económico de los estados antes mencionados radica en la capacidad de generar nuevo conocimiento y transformarlo en valor para la sociedad. Esa es la razón por la cual han sido llamados “economías o sociedades del conocimiento”. Se trata de países con altos niveles de escolaridad, que valoran la capacidad de generar conocimientos como un activo económico fundamental y, consecuentemente, consideran la investigación —en todas las ramas del saber— una actividad nacional prioritaria. Por esta razón, han construido sistemas educativos de alta calidad, en todos sus niveles. En ellos se forma una fuerza laboral instruida, muy productiva, que cuenta entre 7 y 15 investigadores por cada 1.000 puestos de trabajo (OECD, 2018).

A partir de esta visión del papel crucial que tiene el conocimiento en el progreso y prosperidad de las naciones, las universidades se han transformado en uno de los ejes de los planes nacionales de desarrollo (National Research Council, 2012). En este ámbito es paradigmática la “Estrategia de Lisboa”, mediante la cual la Unión Europea, considerando a sus universidades académicamente inferiores a sus pares de los EE.UU., respecto de la generación de conocimientos, se propuso potenciarlas en ese ámbito para transformar a Europa en la economía del conocimiento “más competitiva del mundo” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003).

Esa visión del futuro, que otorga a las universidades un papel protagónico para el desarrollo y la prosperidad económica, no ha sido asumida por Latinoamérica, donde la clase política continúa absorta en la compleja y entrabada “gestión del presente”. Aunque en el discurso público abunda la retórica sobre la importancia de la educación y del cultivo y generación de conocimientos, hasta ahora los gobiernos se han mostrado renuentes a realizar una gran inversión en los sistemas educativos, asegurándoles los recursos necesarios para constituirse en sistemas de una calidad y solvencia académica similares a los que sustentan a las “sociedades del conocimiento”. Lo mismo puede decirse de la inversión que los estados latinoamericanos hacen en el ámbito de la investigación científica, considerablemente baja comparada con la de los países llamados “emergentes” (Bárcena, 2020).

Como parte de la oferta de educación superior privada, las universidades católicas latinoamericanas son actores relevantes en el escenario educativo de la región. La mayoría de ellas han sido creadas durante los últimos cuarenta años, incluyendo varias que todavía están en etapa fundacional. Producto de iniciativas de las conferencias episcopales o de algún obispo unas, de instituciones de vida consagrada otras y de fieles laicos las restantes, además de cumplir con una misión propiamente universitaria, como un hecho inherente a sus identidades católicas, tienen el apasionante y arduo desafío de ser “signo vivo y prometedor de la fecundidad de la inteligencia cristiana en el corazón de cada cultura” (Juan Pablo II, 1990). Esto significa iluminar con los principios de la antropología cristiana y de la Doctrina Social de la Iglesia los caminos conducentes a un auténtico progreso.

Este capítulo describe el pasado y el presente de la educación superior católica en América Latina y el Caribe, enfocándose en las instituciones universitarias y en los desafíos que se vislumbran en el porvenir. Reflejando la falta de estudios publicados en revistas de circulación internacional sobre las universidades católicas de esta región, muchas afirmaciones sobre la situación actual de estas instituciones se basan en observaciones del autor, quien, durante el lapso 2009-2016, en su calidad de presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, visitó un número importante de ellas, pudo conversar con sus autoridades y obtener algunos datos relativos a su funcionamiento.

EL TRISTE PASADO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA LATINOAMERICANA

1. La etapa colonial

La presencia de universidades católicas en América Latina tiene dos etapas: la colonial y la republicana. En los dominios españoles, la primera se inicia en el siglo XVI y finaliza a inicios del siglo XIX, cuando las naciones latinoamericanas logran independizarse de la Corona de España. La etapa republicana comienza con la independencia de esos países y dura hasta el momento de la masificación de la educación superior, en la década de los ochenta del siglo pasado. En el caso de Brasil, colonia de Portugal, la historia del sistema universitario, incluyendo a las universidades católicas, solo tiene una etapa republicana, porque las primeras instituciones de educación superior fueron creadas después de la proclamación de la Primera República, suceso que ocurrió en 1889.

La Universidad de Santo Tomás, en la isla La Española, actual República Dominicana, erigida canónicamente mediante la Bula In apostolatus culmine del Papa Paulo III, fechada el 28 de octubre de 1538, tiene el honor de iniciar la fundación de instituciones de educación superior en tierras americanas. Sus fundadores y sostenedores fueron la Orden de Predicadores (Dominicos), que mediante la Bula antes mencionada obtuvieron el reconocimiento de universidad para un Studium generale que habían creado en 1518. Es interesante señalar que la Universidad de Santo Tomás precedió en casi un siglo al Harvard College, la primera institución de estudios superiores fundada en las colonias inglesas de América del Norte (Tünnermann, 1996).

La fundación de universidades en el Nuevo Mundo y, en general, la tarea evangelizadora tuvo como marco jurídico la Bula Universalis Ecclesiae regiminis del Papa Julio II, del 28 de julio de 1508, que concedió a los Reyes de España el Patronato Universal de Indias. Este mandato confiaba a la Corona asuntos como la designación de autoridades eclesiásticas; construcción de conventos, escuelas e iglesias; y la recolección del diezmo (Martínez, 2007). Por lo mismo, las iniciativas eclesiales o estatales en el campo educativo solían ser de tipo “mixto”, entendiendo por ello la concurrencia formal en ese acto de la Iglesia y el Estado. Por esa razón, las principales universidades hispanoamericanas fueron “reales y pontificias”, aunque la real cédula o la bula o brevis papal correspondientes solían ser otorgadas en forma separada, a veces con años de distancia.

Durante la etapa colonial, las autoridades civiles y eclesiásticas crearon más de treinta universidades y varias otras instituciones que otorgaron grados superiores. Se estima que 17 de ellas fueron por iniciativa de una orden religiosa, destacando en este aspecto los jesuitas, dominicos y agustinos (González, 2010). La primera de las universidades creadas por la corona hispana fue la Real Universidad de Lima, mediante Real Provisión y Real Cédula de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, emitida el 12 de mayo de 1551 (Flórez, 2019). Conocida hoy como Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es la única institución fundada en ese siglo que ha funcionado ininterrumpidamente.

En líneas generales, las instituciones de educación superior fundadas en los dominios españoles se basaron en el modelo de las universidades de Alcalá de Henares y de Salamanca (Alonso y Casado, 2007; Rodríguez, 2012). La primera, cuyo prestigio radicaba en la enseñanza de la teología, inspiró la organización de los “Colegios Menores”, instituciones que ofrecían un ciclo de formación centrado en la enseñanza de materias como latín, teología y derecho canónico. Estos colegios se limitaban a otorgar el grado de bachiller. El modelo salmantino se usó para organizar las universidades y “Colegios Mayores”; estos ofrecían programas de estudio conducentes a la obtención de grados superiores (licenciatura y doctorado); además, solían dar alojamiento a los estudiantes.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, las ideas de la Ilustración, sumadas a un complejo escenario económico y tensiones sociales, motivaron en España una serie de reformas que buscaban fortalecer el poder real, centralizar la administración pública, incrementar la recaudación de impuestos y asegurar el dominio de la Corona sobre las colonias americanas. Estas estaban siendo amenazadas por la expansión del imperio portugués hacia la Franja Oriental y por los frecuentes ataques de piratas ingleses y franceses, especialmente en la zona del Caribe. Llamadas “reformas borbónicas”, tuvieron como principal impulsor a Carlos III (Tünnermann, 1996).

Las reformas borbónicas repercutieron fuertemente en las colonias americanas. Desde la perspectiva de la educación superior, el hecho más significativo fue la expulsión de los jesuitas, en el año 1766. A inicios de abril de ese año, la Compañía de Jesús tuvo que cerrar sus numerosas casas y abandonar sus escuelas y universidades, varias de las cuales pasaron a depender del Estado. Por otra parte, las universidades restantes fueron intervenidas mediante una serie de medidas que aumentaron el control externo, así como la censura docente, lo que redujo la capacidad de autogobierno y provocó, en muchas instituciones, una pérdida de vitalidad intelectual. A su vez, esto redundó en menor prestigio y relevancia social (Tünnermann, 1991).

Por otra parte, a causa de restricciones económicas, durante el período borbónico las universidades pertenecientes a órdenes religiosas perdieron profesores de prestigio y experimentaron mermas en el número de estudiantes. Hasta el clero diocesano comenzó a preferir a las universidades reales para su formación académica, puesto que eran consideradas de mejor calidad. Por esta causa se vieron obligadas a ir cerrando sus puertas, al punto que, a inicios del siglo XIX, cuando comenzaron los movimientos independentistas latinoamericanos, casi todas ellas habían desaparecido (Tünnermann, 1996).

2. La etapa republicana hasta fines del siglo XIX

El ideario de muchos de los próceres de la independencia latinoamericana estaba fuertemente influido por ideas iluministas y por aquellas emanadas de la Revolución Francesa. En el campo de la educación, les resultaba atractivo el modelo francés de educación pública universal y gratuita, controlada por el Estado. La irradiación de estos principios fue tal que incluso influyeron en acuerdos de las Cortes de Cádiz, que contaban con un contingente significativo de representantes americanos (O’Phelan y Lomné, 2014). Posteriormente, algunos de ellos fueron grandes impulsores del modelo educativo francés en las nuevas repúblicas y promovieron las reformas consiguientes, incluyendo la adopción del “modelo napoleónico”, que aún perdura en las universidades de toda la región (Tünnermann, 1996).

Junto con perder su carácter de “reales”, la gran mayoría de las universidades de las nuevas repúblicas también dejaron de ser “pontificias”. En ellas las corrientes de pensamiento liberal y materialista prontamente multiplicaron sus adeptos, lo que se tradujo en un rápido incremento del número de catedráticos “librepensadores” y anticlericales, muchos de ellos miembros de una floreciente masonería. Paralelamente, en los ateneos fue disminuyendo la presencia de clérigos en cargos docentes y directivos. A consecuencia de estos factores, en el lapso de las tres décadas que siguieron a las proclamaciones de independencia, las universidades regentadas por los estados experimentaron una fuerte secularización. No obstante, dado que no existía separación Iglesia-Estado y la religión oficial era la católica, la mayoría conservó sus facultades de teología por un largo tiempo.

Algo similar aconteció en el ámbito de la actividad política. En pocos años, los partidarios del liberalismo, e incluso algunas corrientes de raíz jacobina, ganaron adherentes y se hicieron políticamente fuertes. Muchos de los tribunos que compartían esas ideologías consideraban que el clero y la religión católica eran un obstáculo para el progreso de los pueblos americanos y, por todos los medios, buscaron disminuir la presencia pública e influencia de la Iglesia Católica en la sociedad. Hacia mediados del siglo XIX este nuevo orden de cosas provocó grandes tensiones políticas. Uno de los temas más debatidos fue la separación de Iglesia y Estado, objetivo al cual la Iglesia se oponía tenazmente. Otro tema que provocó un largo conflicto fue el proyecto liberal de entregar al Estado el derecho a ser el único proveedor de educación escolar y universitaria. Esto habría permitido minimizar, si es que no erradicar, la enseñanza formal de la religión (Tünnermann, 1991; Krebs, 2002).

En ese contexto de permanentes tensiones y rencillas ideológicas, habiendo perdido la Iglesia presencia e influencia en la educación superior, comenzaron a surgir las universidades católicas de la era republicana. La primera de ellas fue la Academia Pontificia de Guadalajara, fundada en 1872, pero forzada a cerrar en 1895; la Universidad Pontificia de Yucatán, creada en 1885, a partir del Seminario de San Ildefonso, extinta poco después; la Universidad Católica de Chile, creada en 1888, que ha funcionado sin interrupciones significativas; y la Universidad Pontificia de México, que abrió sus puertas en 1895 como una continuadora espiritual de la Real y Pontificia Universidad de México, erigida por Cédula del Príncipe Felipe el 21 de septiembre de 1551 y fundada el 25 de enero de 1553 (Fundación Santa María, 1994).

La historia de la Universidad Pontificia de México es un buen ejemplo de las presiones políticas que sufrió la Iglesia y las instituciones de educación vinculadas a ella durante gran parte del siglo XIX e inicios del XX (Universidad Pontificia de México, 2021). Esta universidad comenzó a declinar a partir del año 1810, sufriendo una serie de clausuras y reaperturas condicionadas por las circunstancias políticas del país, pero entró en una fase de franco deterioro después de 1821, año en que México obtuvo su independencia, y, finalmente, dejó de funcionar en 1867. Fue nuevamente erigida por la Santa Sede en 1895. A partir de fines de 1910 tuvo que enfrentar las consecuencias de la revolución, lo que le significó continuas y graves dificultades, hasta que, en 1932, nuevamente tuvo que cerrar sus puertas. Permaneció clausurada hasta 1967, año en que abrió como Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. Mantuvo esa denominación hasta 1982, cuando pudo recuperar el derecho a usar su nombre original de Universidad Pontificia de México.

La principal motivación de la Iglesia para crear universidades católicas fue el deseo de contar con instituciones de estudios superiores que promovieran los valores del cristianismo y sirvieran como ámbitos de encuentro de fe y ciencia. Sus fundadores pensaban que en un ambiente educativo libre de las ideologías que imperaban en las instituciones del Estado, las universidades católicas serían el taller donde se formarían los futuros líderes cristianos.

En Brasil los eventos que culminaron con la declaración de independencia política fueron más graduales e incruentos que los de Hispanoamérica. Se iniciaron en 1808, con el traslado de la familia real portuguesa y su corte a Brasil, huyendo del ejército napoleónico. Este episodio originó la creación del Reino de Brasil, Portugal y Algarve, cuya capital fue Río de Janeiro. En 1821, el rey Juan VI y parte de la familia real regresaron a Portugal, dejando en Brasil, como príncipe regente, al infante Pedro. Un año más tarde, en medio de tensiones provocadas por quienes anhelaban la total independencia, el príncipe Pedro fue coronado Emperador, lo que significó la secesión de Brasil del imperio portugués. Le sucedió en el trono su hijo Pedro II, cuyo reinado terminó en 1889, con un golpe militar que proclamó la creación de un Estado republicano, la llamada República Velha (Gomes, Machado-Taylor y Saraiva, 2018).

La primera institución de educación superior brasileña denominada “universidad” fue la Escuela Universitaria Libre de Manaus, creada en 1909 en la ciudad del mismo nombre y actual capital del Estado de Amazonas. Plagada de problemas económicos y administrativos se vio obligada a cerrar en la década de 1940, pero resurgió, posteriormente, como la Universidad Federal de Amazonas, que continúa vigente. A esa primera fundación siguió aquella de la Universidad Federal de Paraná, en 1912; la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro en 1913; y la Universidad Federal de Río de Janeiro, en 1920. La Universidad de São Paulo, que actualmente es la institución brasileña de educación superior más reconocida internacionalmente, fue fundada en 1934. Las universidades católicas brasileñas comenzaron a surgir algunos años más tarde, siendo la primera de ellas la Universidad Católica de Río de Janeiro, fundada en 1941. A esta fundación siguieron aquellas de las universidades católicas de São Paulo, en 1946; Porto Alegre, en 1948; y Campinas, en 1955 (Gomes, Machado-Taylor y Saraiva, 2018).

3. La etapa republicana en el siglo XX

Durante la primera mitad del siglo XX, en la mayoría de los estados latinoamericanos existían leyes que impedían la creación de universidades privadas. No obstante, usando coyunturas políticas favorables o aplicando ciertas excepciones, se produjeron nuevas fundaciones de instituciones católicas, todas las cuales perduran. Entre ellas: la Universidad Católica del Perú (1917), la Universidad Católica de Valparaíso (1925), la Universidad Javeriana (1930), la Universidad Católica Bolivariana (1936), la Universidad Católica del Ecuador (1946), la Universidad Católica del Norte (1956), las universidades católicas de Córdoba (1956) y Buenos Aires (1958), y la Universidad Centroamericana (1960), en Managua, Nicaragua. Varias de las más antiguas han sido honradas por la Sede Apostólica con el título de “Pontificia”.

El ritmo de fundación de universidades católicas se mantuvo relativamente constante hasta fines de la década de los setenta e inicio de los ochenta. A partir de esos años se produjo un verdadero estallido en cuanto a la creación de instituciones de educación superior, incluyendo universidades. Este fenómeno respondió a varios factores, entre los que destacan los siguientes: el reconocimiento por parte de los estados de una gran demanda insatisfecha por estudios superiores y drásticas reformas neoliberales, incluyendo la derogación de normas regulatorias previas, lo que incentivó la creación de universidades privadas con fines de lucro (Rama, 2009). Estas políticas originaron un incremento exponencial en el número de instituciones de educación superior, la “privatización” del sector y un incremento en el número de estudiantes que, hasta hace algunos años, mantuvo un ritmo de crecimiento anual del 10-12 por ciento (OEI, 2019; Brünner y Miranda, 2016).

Actualmente se ignora el número exacto de instituciones de educación superior en América Latina, pero la cifra más citada es la del Ranking Webometrics, que en la actualidad contabiliza un total de 3.958 instituciones, cifra que incluye universidades, institutos politécnicos, fundaciones universitarias, institutos universitarios y facultades. En su conjunto, ellas acogen una población de estudiantes estimada en más de 28 millones.

EL COMPLEJO PRESENTE DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA LATINOAMERICANA

1. Número de universidades

Actualmente, en América Latina y el Caribe existen cerca de 400 instituciones de educación superior católicas o de inspiración católica, pero solamente 142 se denominan universidades. México, con 42 universidades, es el país que concentra el mayor número de ellas, mientras que Puerto Rico, con 3 universidades para una población de 2,8 millones, es el país que muestra las mejores cifras por millón de habitantes (Tabla 1). En lo que a Brasil respecta, el comparativamente bajo número de universidades católicas se debe a que las normas nacionales que regulan a este sector limitan el uso del término “universidad” a las instituciones que cumplen con ciertos requisitos relativos a las actividades de investigación y programas de posgrado. Esto se refleja en el hecho de que la sección de Educación Superior de la Asociación Nacional de Educación Católica (ANEC) de Brasil cuenta con 186 afiliados.

TABLA 1 NÚMERO DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS O DE INSPIRACIÓN CATÓLICA, POR PAÍS Y POR MILLÓN DE HABITANTES, EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.


PAÍS N° DE UNIV. CATÓLICAS UNIV. CAT./ 1.000.000 hab.
ARGENTINA 13 0,28
BOLIVIA 1 0,08
BRASIL 16 0,07
CHILE 12 0,63
COLOMBIA 15 0,33
COSTA RICA 2 0,40
ECUADOR 4 0,22
EL SALVADOR 2 0,31
GUATEMALA 2 0,11
HONDURAS 1 0,10
MÉXICO 42 0,33
NICARAGUA 2 0,30
PANAMÁ 1 0,23
PARAGUAY 1 0,14
PERÚ 15 0,45
PUERTO RICO 3 1,07
REP. DOMINICANA 3 0,27
URUGUAY 2 0,58
VENEZUELA 5 0,19

2. Perfiles académicos