Czytaj książkę: «Didáctica reflexiva sobre los delitos contra la vida y la integridad personal en Colombia»

INTRODUCCIÓN

Esta es una obra de carácter didáctico, cuyo fin principal es poner a disposición de la comunidad académica y jurídica, de los operadores jurídicos y, en general, de la comunidad educativa en el derecho, una herramienta que facilite el estudio de los tipos penales denominados “contra la vida y la integridad personal” en Colombia. Para tal propósito, este texto se fundamenta en la estructuración de estos tipos en la Ley 599 de 2000 o Código Penal colombiano, sus elementos constitutivos, sus aspectos y dimensiones formales y materiales, así como en los principales debates y desarrollos legales, jurisprudenciales y doctrinales sobre el tema.

De igual manera, se pretende que este texto pueda ser empleado como fuente de consulta para los estudiosos del derecho, sobre el tratamiento tanto genérico −de sus definiciones, aproximaciones básicas y elementos teóricos fundamentales− como especializado −de las particularidades, avances jurisprudenciales y posturas doctrinales− de estos tipos penales, como un aporte significativo a la labor pedagógica, académica y jurídica.

El libro presenta una estructura compuesta por once grandes capítulos que, a su vez, se dividen en subcapítulos. El capítulo inicial, “Generalidades”, da cuenta de las cuestiones básicas, previas y contextuales que es preciso tomar en consideración antes de entrar en el estudio detallado de los tipos penales en mención. De tal manera que en esta parte, y de conformidad con el carácter didáctico y pedagógico de esta obra, se sientan las bases que un estudioso del derecho penal, y más aún, del derecho penal especial, debe tener totalmente claras y que serán de utilidad en tanto en cuanto se dedique al tratamiento de los tipos penales o injustos criminales.

Por eso, en este capítulo se estudian conceptos tales como sujeto activo, sujeto pasivo, ingredientes del tipo (objetivos, subjetivos), objeto (objeto material, objeto jurídico), entre otros. Así mismo, se establecen las definiciones básicas sobre la tipología de los delitos (o cierta taxonomía, dependiendo de diferentes categorías de clasificación), donde dos de los ejemplos claros, según su contenido, serían aquellos (a) de mera conducta; (b) de resultado; (c) instantáneos y (d) permanentes; o según el bien jurídico tutelado: (i) simple o momo ofensivo, (ii) complejos o pluriofensivos; (iii) de lesión y (iv) de peligro.

Es de resaltar que los escenarios propios de la discusión teórica académica o doctrinal respecto de los diferentes elementos que determinan o cualifican una u otra taxonomía, pueden variar entre los múltiples autores, que bien pueden utilizar diversas clasificaciones. No obstante, lo que se busca principalmente con este texto es que sirva de soporte y herramienta didáctica a quien comienza a aproximarse a estos temas. En otras palabras, en este primer capítulo se presenta el conjunto de constructos teóricos necesarios para que el estudiante aborde y se apropie de los elementos y de los recursos definitorios y previos que le permitirán comprender las conductas punibles y sus respectivas sanciones.

El segundo capítulo está especialmente dedicado al tratamiento que el bien jurídicamente tutelado por los referidos delitos tiene en el contexto internacional, esto es, el marco normativo internacional de protección a la vida. En esta parte se traen a colación las bases normativas internacionales que protegen el derecho fundamental a la vida, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana), la Convención sobre los Derechos del Niño, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales.

Hay que destacar que estos instrumentos internacionales contienen ciertas disposiciones que bien vale la pena examinar en esta fase introductoria. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece de manera concreta que el fundamental derecho a la vida es una prerrogativa que resulta inherente a la persona humana. Esto es, que es inseparable de esta, como derecho que no puede ser violado ni limitado en forma alguna que sea injusta e ilegal. Es más, la misma normativa internacional deja claro que esta prerrogativa debe estar protegida por la ley, lo cual, en rigor, significa que los Estados que firmaron tal Pacto están obligados en virtud de su adopción en sus ordenamientos jurídicos internos, para que se establezcan, determinen y expidan mecanismos legales que busquen y logren realmente tal protección. Esto es, impone una obligación de hacer a los Estados. Además, el Pacto indica que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente o de manera injusta.

En este Pacto se evidencia la enorme importancia que tiene la vida como derecho fundamental, bien jurídico de mayor valor y, consecuentemente, de mayor tutela. En tal sentido, se puede apreciar cómo se materializa esta importancia en los diversos instrumentos jurídicos internacionales que los Estados, en aplicación directa de sus principios y en ejercicio pleno de sus derechos como sujetos de derecho internacional público y, principalmente, del principio de voluntariedad de los Estados, han acordado promulgar.

Así, vale la pena señalar que, como resultado de tales instrumentos, los Estados −como el colombiano− se han obligado a acatar las normas internacionales sobre protección de la vida y, lógicamente, a adaptar su normativa interna a tales mandatos. Esto es posible gracias a un constructo jurídico de valor imprescindible para el estudio de estos temas que atañen al fenómeno internacional en materias como las que en este texto se exponen. De lo que se está hablando aquí es, pues, del llamado “bloque de constitucionalidad”, figura por medio de la cual los convenios y tratados internacionales firmados por el Estado colombiano gozan del mismo rango que el texto constitucional, es decir, son literalmente “norma de normas”, para todos los efectos dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

En el tercer capítulo se expone la taxonomía y su fundamentación sobre las etapas de la vida y su protección legal en Colombia: (i) la vida autónoma dependiente, (ii) la vida dependiente y (iii) vida independiente. Se ha acogido tal clasificación, división o taxonomía de las etapas de la vida para explicar de qué manera la legislación penal colombiana, con el ánimo de proteger estas etapas, contempla los diferentes delitos que pueden atentar contra cada una de estas.

Ahora bien, los siguientes capítulos se dedican a analizar detenidamente cada uno de los tipos penales dentro de las fases mencionadas. En el capítulo cuarto, por ejemplo, se analizan los siguientes injustos penales que buscan proteger la vida autónoma dependiente: manipulación genética, repetibilidad del ser humano y la fecundación y tráfico de embriones humanos.

En relación con este tema, hoy existe la imperiosa necesidad, en el contexto del avance científico, tecnológico y técnico-biológico, de estudiar este tipo de delitos que suponen un gran debate en el campo no solo jurídico sino, además y fundamentalmente, en los ámbitos de la bioética, la política y hasta de la cosmovisión de diversos grupos poblacionales. De hecho, en la actualidad las diferentes discusiones y los avances teóricos en materia de bioética se enfrentan a algunos problemas fundamentales relacionados con estos delitos. Por ejemplo, en primer término, la posibilidad o no de emplear información del genoma humano como material eventual o hipotéticamente modificable en la búsqueda de un avance científico; en segundo lugar, la relación entre la medicina y el derecho como pilares de los avances en estos campos en los tratamientos en salud, pero sin pasar por alto sus posibles consecuencias bioéticas en cuanto a la responsabilidad que acarrean estos experimentos; y, en tercer lugar, la forma como el derecho penal responde a tales asuntos o, por lo menos, intenta dar respuesta limitando ciertas prácticas en tales campos. Es así como surge, por ejemplo, el tipo penal de repetibilidad de ser humano o manipulación genética.

En esta relación medicina-derecho-avances científicos observamos que uno de los artículos del Código Penal colombiano establece sanción consistente en pena privativa de la libertad, que oscila entre los dieciséis (16) a noventa (90) meses para aquel que “manipule genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el diagnóstico, o la investigación científica” (artículo 132 de la Ley 599 de 2000). Adicionalmente, indica la misma norma que tal investigación científica debe estar “relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la humanidad”. La Ley 599 de 2000 define “investigación científica”, tema que se trata en este capítulo.

En el capítulo quinto se aborda el tratamiento legal de la vida autónoma dependiente, esto es, aquella que se encuentra comprendida entre el momento llamado de “la fecundación” y el denominado “del nacimiento” para el derecho, como se conoce hoy. Tales delitos son los relacionados con el parto o aborto preterintencional, el aborto autónomamente comprendido, el aborto sin consentimiento, entre otros.

En esta sección también se analiza la cuestión del tratamiento legal penal de la conducta de aborto, a la luz de la jurisprudencia más relevante al respecto en Colombia: la sentencia C-355 de 2006 con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández. Se estudia el debate profundo que existe en torno a la consideración del hecho del aborto como conducta punible o como legítimo derecho de la mujer. Este debate, por lo menos en lo que respecta a tres casos específicos que se tratan en dicha sentencia y que se detallan aquí, logra establecer una primera regla fundamental sobre la despenalización de tal conducta en las circunstancias que allí se describen. Pero es preciso aclarar desde ahora que tal figura no indica que se elimine el delito en plenitud, sino que se considera que, si bien el delito sigue existiendo, en ciertos casos puntuales este no genera una sanción.

En el capítulo sexto se examinan los delitos que pueden presentarse en la etapa de la vida independiente: genocidio, apología al genocidio, homicidio, feminicidio, homicidio preterintencional, homicidio por piedad, entre otros. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 599 de 2000 sobre estas conductas punibles, se presenta la caracterización y descripción típica de aquellas conductas que se consideran más graves en contra del bien jurídicamente tutelado.

Se trata de los actos que atentan contra la vida humana en su dimensión mayor, genérica, grupal, por ello la alusión al “genocidio”; las graves consecuencias que trae para la cultura, la política y la sociedad en general manifestarse a favor o mostrar cualquier simpatía en público por las tendencias genocidas o de desaparición total o parcial de un grupo en razón de la pertenencia al mismo, cuestión que se castiga con la llamada “apología al genocidio”; y el dar muerte a una persona individualmente considerada, como en el caso del homicidio. En pocas palabras, se criminaliza la conducta de atentar contra la vida humana en grupo, en singular o el hacer “propaganda” o manifestaciones en público en favor de las conductas genocidas (como el genocidio nazi, ruandés, etc.).

Los elementos estructurantes de estos injustos penales o delitos, su fundamento constitucional y legal, así como su desarrollo jurisprudencial son traídos a colación en este acápite. Muchos de ellos suponen una consagración legal específica, sumamente detallada y puede decirse “técnica” o “estricta”, como se observa en el tratamiento, por ejemplo, de las causales de agravación punitiva del delito de homicidio. Es preciso resaltar que en este capítulo se analiza el genocidio, uno de los delitos de mayor importancia en el contexto nacional y, naturalmente, dentro de la tradición jurídica colombiana.

Aquí exhortamos a la lectura detallada y reflexiva de los antecedentes históricos −incluso etimológicos− y del fundamento constitucional de este injusto jurídico. En esta obra se estudia el origen etimológico de la palabra “genocidio” y se relata el episodio histórico de los juicios en el Tribunal de Nuremberg, que marcó un notable avance jurisprudencial, pues allí la Fiscalía se refirió a tal crimen con la denominación genérica de “crímenes de lesa humanidad”, cuestión que posteriormente daría origen a su consagración normativa internacional en el Estatuto de Roma. A partir de este hecho se empieza a considerar el tema relacionado con las conductas constitutivas de genocidio; aunque inicialmente no goza de una tipicidad estrictamente hablando, finalmente es adoptado en los diferentes Estados y particularmente en el Estado colombiano, con los cinco grupos protegidos con tal consagración.

Dentro de los elementos estructurantes de este delito se destacan aquellos relacionados con lo que se denomina en el derecho penal especial “el sujeto pasivo” (o sujetos sobre quienes recae la conducta punible). Para el contexto colombiano, se exponen en este apartado los cinco grupos que son el sujeto pasivo de esta conducta: nacional, étnico, racial, religioso y político. Lo que buscó el legislador fue proteger estas agrupaciones que, por su especial condición, suelen ser blanco de la perpetración de este tipo de delitos.

El capítulo séptimo de este texto examina lo relacionado con el tipo penal de lesiones personales. Allí se abordan los delitos que se configuran cuando tales lesiones se presentan con deformidad, perturbación funcional, perturbación psíquica y pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, entre otros. También se indica cómo es posible identificar cuando un funcionario judicial se encuentra ante la presencia de uno u otro tipo penal, sus puntuales características y las consecuencias en términos de cuantía de la pena y su variación con respecto a cada una de las conductas anteriormente descritas y aquellas otras que allí se plantean a la luz de la norma sustantiva penal.

Ahora bien, bajo la denominación genérica de “lesiones personales” también se encuentran, entre otras, las lesiones culposas, es decir, las que no se realizan plenamente con la intención dañina de causar agravio en la salud de otro, y aquellas que infortunadamente han tenido gran importancia a raíz de su ocurrencia sistemática en sociedades como la colombiana (incluso, también presentes en diferentes pueblos de Latinoamérica y del mundo), como son las lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares. En este sentido, en este capítulo se exponen de manera concisa y directa las penas que consagra la norma penal y las especificidades de tan grave conducta que generalmente afecta a las mujeres.

Los restantes capítulos, del octavo al undécimo, se dedican al estudio del abandono de menores y personas desvalidas, abandono de hijo fruto de acceso carnal violento −uno de los de mayor ocurrencia en países como Colombia−, la omisión de socorro y los actos de discriminación.

Entre estos, hay que hacer especial alusión a aquel que describe la conducta de la madre que abandona a su hijo cuando este ha sido fruto de un delito contra la libertad, integridad y formación sexuales como lo es el acceso carnal violento. La ley castiga con pena privativa de la libertad, comprendida entre dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, la acción de la madre que abandona a su hijo cuando este ha sido fruto de tal acto sexual en su contra, pero igualmente la ley, a título de atenuante punitivo, determina que si ella “se arrepiente” y recoge voluntariamente al hijo abandonado, la pena en referencia no procederá. No obstante, establece la misma norma, que a ello habrá lugar siempre que el hijo no haya sido auxiliado por alguien más previamente y que no hubiera padecido o sufrido lesión alguna.

Este es uno de los elementos más particulares que presentan los delitos en la legislación en cuanto inmediatamente después de su tipificación (artículo 128 de la Ley 599 de 2000) establece un artículo (129) para “retirar” la sanción o, mejor, declarar su improcedencia, cuando se cumplan los presupuestos ya mencionados.

Por último, en un anexo se señalan algunos casos emblemáticos, particulares, con fines didácticos y como recurso para que los estudiantes apliquen de forma práctica los conocimientos adquiridos.

Ponemos entonces a disposición del lector esta obra didáctica, escrita con la intención de contribuir desde la academia y con fundamento en la ley, la jurisprudencia y la doctrina, al estudio especial, riguroso y cuidadoso de los delitos contra la vida y la integridad personal.

Los autores

Desde Tunja y Bogotá D.C., septiembre de 2020