Czytaj książkę: «Derechos a la dignidad, libre desarrollo de la personalidad e identidad personal»

1. ANTECEDENTES

La dignidad de la persona humana se asienta en un sistema de valores democráticos propios de la posición humanista que adoptó la cultura universal luego del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, se habló de un renacer del iusnaturalismo frente a una concepción positivista del hombre y del Estado de Derecho; sin embargo, fue la renovada teoría institucional la que logró darle a la dignidad humana el perfil de un principio constitucional y de un derecho fundamental.

Después de la guerra, la dignidad de la persona y sus derechos humanos se convirtieron en el pilar vertebral de la nueva forma de organización democrática del Estado y de la comunidad internacional (Benchikh, 1999, pp. 37-52); así quedó expresado en la Carta de Naciones Unidas de 1945, que consagró en su preámbulo la voluntad de las naciones de “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana (...)” y, sobre todo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que dispuso en su art. 1, que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Estos preceptos universales, también serían incorporados en el Preámbulo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que estableció lo siguiente: “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y de conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros”; así como a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que estableció en su art. 11.1 que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”; aunque esta noción de dignidad está más vinculada a los clásicos derechos de la personalidad, antes que al concepto jurídico fundacional de los derechos humanos.

Asimismo, la dignidad humana sería incorporada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, en el art. 1, señalando que “[l]a dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida” y en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, que en el art. 5 refiere que “[t]odo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano (…)”.

La universalización de la dignidad y de los derechos fundamentales en el orden político nacional no fue solo un acto redentor de la persona humana, sino que encontró también viejas raíces: por un lado, en la doctrina de la Iglesia católica, en las encíclicas Rerum Novarum y Laborem exercens del Papa León XIII de 1891, que se expresaron en las encíclicas Pacen in terris del Papa Juan XXIII de 1963, Populorum progressio o la Constitución del Gaudium et spes del Papa Pablo VI de 1965, que titula su primer capítulo “La dignidad de la persona humana” (González, 1986, pp. 22-25).

Pero, por otro lado, la dignidad humana también encontró sus raíces más profundas en el pensamiento humanista de carácter secular de la Ilustración del siglo XVIII; así, para Kant, según Pérez Triviño (2003), “(…) el hombre no puede ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre (ni por otros, ni siquiera por sí mismo), sino siempre a la vez como fin, y en esto consiste precisamente su dignidad (la personalidad), en virtud de la cual se eleva sobre todos los demás seres del mundo que no son hombres y sí que pueden utilizarse, por consiguiente, se eleva sobre todas las cosas”.

Durante el siglo XIX, el principio de la dignidad personal también ocupó a pensadores como Proudhon (1909), quien fundamentó un orden social justo en el principio de la dignidad personal, gestando así un respeto propio como para los demás que gozaban de la misma dignidad. Por eso, señaló que: “hay en cada individuo considerado como centro de acción un sujeto de inherencia independiente y soberano, que constituye el conjunto de su dignidad” (p. 171).

De esta forma, a partir de la segunda mitad del siglo XX la dignidad humana se asienta en un pensamiento humanista en lo moral, político y jurídico, pero se proyecta como el criterio de fundamentación de los valores, los principios y los derechos humanos de las sociedades democráticas contemporáneas. De ahí que la dignidad se desarrolle en la doctrina, en la legislación y en la jurisprudencia de los Estados constitucionales contemporáneos, configurándose en el fundamento de una ética pública laica, pero que es objeto de interpretación de acuerdo con la ideología jurídica prevaleciente.

Así, en este nuevo marco de universalización de los derechos humanos, durante la etapa de la reconstrucción del Estado nacional de la postguerra, se reabrió el debate en torno a la crisis del derecho positivo y su relativismo político establecido en el período de entreguerras. En ese ambiente de reflexión jurídico-política se generó un consenso sobre que “la Constitución como norma jurídica fundamental del Estado se encuentra hoy en los Estados occidentales en una crisis radical (...). Es más bien una crisis del pensamiento constitucional. Ahí radica nuestra inquietante situación: la idea de la Constitución está cuestionada y su finalidad es una pregunta planteada” (Kägi, 1945, p. 9).

Se partió entonces de reconocer el peligroso carácter neutral y avalorativo que había jugado el Estado de Derecho —liberal o social— frente a las dictaduras emergentes, en la medida que subordinó los derechos del hombre al poder y a la economía predominante. Ello significó dar el paso previo por donde se abrió camino el Estado totalitario que utilizó arteramente el relativismo moral y la neutralidad ética del Estado de Derecho positivista. No obstante, en palabras de Kelsen, “desde el punto de vista de la Ciencia jurídica, el Derecho bajo el dominio nazi fue Derecho. Podemos lamentarlo, pero no podemos negar que fue Derecho. El derecho de la Unión Soviética también es Derecho” (Schmölz, 1963, p. 9).

Si bien, por un lado, reconocer una realidad no significa aceptarla —más aún Kelsen como muchos otros demócratas tuvieron que refugiarse en Estados Unidos durante la dictadura nazi—, por otro lado, tampoco se puede desconocer que las fuerzas totalitarias para llegar al poder usaron primero las asépticas reglas del positivismo jurídico del Estado de Derecho, para luego desmontar los valores liberales institucionalizados como derechos fundamentales de libertad e igualdad del hombre y de la limitación al poder. Si bien lo señalado no hizo al positivismo responsable directo del uso de su doctrina, sí quedó manifiesta su neutral e inconsciente o involuntaria colaboración con el nazismo.

De este modo, quedó establecido en la conciencia jurídica de la postguerra que asumir una postura “científica” del Derecho fue la mejor manera de soslayar el compromiso con la política democrática concreta, que desde entonces se expresa en la defensa de la persona y en el respeto a su dignidad; por cuanto, se estableció una conexión interna entre la noción moral de dignidad humana y la concepción jurídica de los derechos humanos (Habermas, 2011, pp. 63-79).

Por eso, en países con una democracia relativista y sin valores, un desintegrado sistema de partidos y una Constitución indecisa —que es distinto a una Constitución abierta—, ocurren hechos como los de la Alemania nazi, donde se crearon las condiciones necesarias para que en el período de crisis política, social y económica de la República de Weimar, mediante el uso de la legalidad de las medidas de emergencia —prevista en el art. 48 de la Constitución de Weimar de 1919—, la voluntad autoritaria nazi se abriera paso fácilmente hacia un sistema dictatorial, utilizando flexiblemente la Constitución como un instrumento más del poder total.

Sobre la base de estas críticas, en el período de la reconstrucción europea de la posguerra, el Estado democrático y en particular en Alemania, como lo señala Radbruch (1946), quedará consabido en el pensamiento democrático que “el positivismo en los hechos, con su convicción de que la ley es la ley, hizo que los juristas alemanes perdiesen valor contra las leyes arbitrarias y violadoras. Por eso, el positivismo no cuenta en absoluto con una posición apropiada para fundar la fuerza de su autoridad en la ley. El positivismo cree que la validez de las leyes se tiene resuelta con la obsesión de la imposición del poder” (p. 14).

En consecuencia, el restablecimiento del Estado de Derecho en la posguerra, quedó impregnado mecánicamente de un aura iusnaturalista caracterizado por dos elementos: por un lado, por otorgar a la persona humana y a su dignidad una posición central en la Constitución, asignándole a esta un carácter de norma política y jurídica suprema e inviolable, en cuanto limitación y racionalización del poder. Ello significó fortalecer el proceso político democrático, interpretando la Constitución como una ordenación jurídica fundamental del Estado al servicio de la persona humana y de su dignidad (Nipperdey, 1954, p. 11). Por otro lado, el Estado de la postguerra se refundó no solo en el principio de la legalidad, ni en el principio social, sino también en el principio democrático, en la fórmula del Estado democrático y social de Derecho. Por ejemplo, así quedó consagrado en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 en el art. 1 que refiere que “[l]a dignidad de la persona humana es intangible. Todos los poderes públicos han de respetarla y protegerla” y, en el art. 20 que señala que “[l]a República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social”.

Frente a un positivismo jurídico desvinculado de los valores democráticos, como ante un neoiusnaturalismo desprovisto de seguridad jurídica, se abrió paso al establecimiento de una renovada concepción institucional del Derecho y, en particular, de la dogmática y de la jurisprudencia del derecho constitucional. La Constitución y el sistema legal, en adelante, serán los instrumentos para la protección de la dignidad humana, base de los derechos fundamentales de las personas y medios para limitar y controlar al poder.

La revalorización de la persona humana y de sus derechos fundamentales, supuso, en consecuencia, la subordinación de la ley a los principios y valores del nuevo Estado de Derecho, expresados en el constitucionalismo de la segunda postguerra mundial. En tal sentido, hasta antes de la gran guerra, los derechos fundamentales eran válidos solo en el marco de la ley, mientras que en adelante la ley solo era válida en el marco de los derechos fundamentales.

De este modo, el origen del concepto de la dignidad humana encuentra sus raíces actuales en la necesidad universal de establecer el respeto de la persona humana, hundiendo bases más profundas en el tejido social y estatal a fin de asegurar una cultura de vida civilizada, a partir del eterno retorno a los derechos naturales del hombre imprescriptibles e inalienables. Por ello, se puede señalar que la dignidad humana se ha convertido en una premisa antropológica del Estado constitucional, constituye una garantía del status quo democrático y, en consecuencia, es un punto de no retorno en el estadio de desarrollo de la civilización humana.

No obstante, el importante desarrollo dogmático e internacional de la dignidad de la persona humana, en el Perú en el Congreso Constituyente Democrático de 1993, encargado de aprobar la Constitución —luego del autogolpe de Estado del entonces presidente Fujimori de 1992— apenas se dio a través de un intercambio de ideas semánticas más que doctrinarias o ideológicas sobre la incorporación de la dignidad humana como fin supremo de la sociedad y del Estado (Congreso Constituyente Democrático, 1993, p. 74).

Ello contrasta con el sustantivo debate político y jurídico en la Asamblea Constituyente de 1978, en la cual si bien la Constitución de 1979 consagró en su art. 1 que: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”, se recogió el principio de la dignidad humana en el enjundioso preámbulo, como en materia del derecho al trabajo, las personas con discapacidad y como principio de base para el reconocimiento de los derechos implícitos (Asamblea Constituyente 1978-1879, 1985).

2. CONCEPTO

El art. 1, del Capítulo I: Derechos fundamentales de la persona, del Título I: De la persona y de la sociedad, de la Constitución del Perú de 1993, señala que: “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Este artículo constituye la piedra angular de los derechos fundamentales de las personas y, por ello, es el soporte estructural de todo el edificio constitucional, tanto del modelo político como del modelo económico y social.

En tal sentido, la dignidad humana fundamenta los parámetros axiológicos y jurídicos de las disposiciones y actuaciones constitucionales de los poderes públicos y de los agentes económicos y sociales, así como también, establece los principios y a su vez los límites de los alcances de los derechos y las garantías constitucionales de los ciudadanos y de las autoridades.

Por su estructura, el artículo primero puede ser analizado desde diferentes teorías de los derechos fundamentales y de los métodos de interpretación constitucional. Así, desde una concepción liberal clásica de los derechos del hombre, la defensa de la persona humana está inserta en un status negativo de la persona humana, frente a las posibles violaciones del Estado y de los agentes de la sociedad; es por ello que estos deben abstenerse de intervenir en el libre desarrollo de la persona humana. Esta posición estática de los poderes públicos, es propia de la primera hora del constitucionalismo abstencionista del Estado en virtud de la cual, se asume desde entonces que la persona humana autónomamente y en el seno de la sociedad civil, cuenta con las capacidades y potencialidades por sí misma para el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Bajo esta concepción aparecen los llamados derechos de primera generación, que son aquellos derechos de defensa de los clásicos derechos a la vida y a las libertades personales frente a las autoridades del Estado, a quienes se les exige que se autolimiten y no intervengan en la esfera de los derechos individuales. Por ello, en esta fase se consagra el principio de la autonomía de la voluntad de la persona, según el cual: “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni está impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, según reza el art. 2.24.a de la Constitución Política de 1993.

Actualmente, sin embargo, esta clásica concepción de la persona humana, solo se puede entender a cabalidad en el marco de la segunda parte del mencionado artículo primero; es decir, integrándose a la dignidad de la persona humana, desde una perspectiva de los derechos fundamentales y de la interpretación constitucional propia de la teoría institucional.

En ese entendido, el respeto a la dignidad humana se incardina, más bien, en la perspectiva contemporánea de los derechos fundamentales del constitucionalismo social que, partiendo de un status positivo de la libertad, reconoce que todas las personas tienen tanto las mismas capacidades y posibilidades sociales de realizarse humanamente, como que también, para ello deben contar con la promoción, auxilio y defensa de los poderes públicos y privados.