Czytaj książkę: «El proceso electoral 2017-2018, desde la visión de las autoridades electorales»

Prólogo

Tadeo Eduardo Hübbe Contreras

Me honra y aprecio la distinción que me hacen los coordinadores, así como los autores, para ser quien redacte el prólogo de esta interesante obra. La temática que se aborda nos remonta, en tiempo y espacio, al periodo en el que se desarrolló el proceso electoral ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, visto desde su particular perspectiva como autoridades electorales en ese momento.

Como en alguna otra ocasión he tenido oportunidad de decir y coincidir,1 junto con uno de mis grandes colegas Salvador Carrillo García, que existe un gran consenso en que el tránsito a la democracia inició con la reforma política de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles. El país experimentó un proceso constante de cambios, algunos paradigmáticos, que la sociedad actual exigía, y que provocó un sentimiento de esperanza de un cambio de régimen político que permitiera al pueblo mexicano soñar por un buen porvenir.

De inicio, y planteando una breve contextualización histórica, el proceso electoral del año anterior (1976) fue marcado por un hecho peculiar: sólo un candidato se presentó a la contienda por la presidencia de la república, en este caso José López Portillo. Esto desató el reclamo de las pocas fuerzas políticas de oposición que, aunado a la falta de legitimidad ante la sociedad, hicieron de la apertura democrática una demanda y una asignatura pendiente a consolidar.

Desde entonces y durante los próximos años se gestaron cambios muy significativos dentro del sistema político mexicano, en la vida interna de los partidos políticos y la descentralización de los organismos electorales, para depositarlos en una metodología de participación ciudadana; es decir, nace una nueva forma de responsabilidad ciudadana en los asuntos políticos del país.

No es hasta 1997 que, por primera vez en la historia contemporánea, surgió, desde las urnas, un gobierno dividido que dio paso al pluralismo, al reparto del poder político entre diferentes fuerzas políticas. El Congreso de la Unión no se conformó por la mayoría absoluta de diputados del partido político predominante hasta ese entonces, como regularmente sucedía. Tres años después, de manera esperanzadora sucedió la tan deseada alternancia presidencial. No obstante, en el proceso reformador que continuó en los siguientes años se dieron los primeros pasos para el fortalecimiento de la autonomía del Tribunal Electoral, la regulación de la imagen de los gobernantes, así como de los tiempos oficiales en radio y televisión, la formalización de las alianzas, la apertura de paquetes electorales y conteo de votos, el prorrateo de los gastos de campaña y su fiscalización, el voto extraterritorial, entre otros.

Para el proceso electoral de 2012 se planteó una nueva reforma, más de tipo estructural que político, la cual en el año 2014 derivó en el rompimiento de una especie de dogma cívico en el ámbito local: la reelección de munícipes se hizo una realidad.

De ahí es evidente que México, durante estos últimos años, ha experimentado una mutación sustancial en su régimen jurídico-electoral, tanto nacional como local, con efectos políticos difícilmente considerables en el siglo pasado. Ahora, el reto adquirido en razón de todo este complejo y sinuoso proceso, por simple inercia, será, desde el punto de vista legal, la armonización de las leyes, y desde el punto de vista político la consolidación de una democracia real, perdurable y sostenida en todo el ámbito nacional.

Las sociedades aprenden sobre el efecto de sus procesos. Sean políticos o sociales, nos enfrentamos al ensayo y buscamos minimizar el error. Siempre es necesario analizar y evaluar nuestras propias acciones, nuestros propios esfuerzos por propiciar mejores condiciones para desenvolvernos, por consolidar nuestras utopías, por aprender a vivir juntos y de la mejor manera posible. La construcción de la democracia no queda ajena a esto, su esencia radica en la responsabilidad de cada uno de los que formamos parte de un complejo entramado institucional que se pone en marcha con el objetivo de garantizar que las decisiones colectivas que tomemos sean adecuadas. En esta obra, los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (iepc) del estado de Jalisco, acompañados de investigadores, presentan y analizan su evaluación del proceso electoral que condujeron exitosamente, la cual no hubiera sido posible sin la participación y compromiso de miles de ciudadanos que acudieron al llamado de sus obligaciones, organizando, implementando y defendiendo el procedimiento electoral que permite la renovación de los órganos de gobierno.

Pero ahora, los efectos de todo este entramado legal para concretar las reformas constitucionales que hoy rigen al sistema político mexicano han impactado, por obviedad, al marco jurídico local y también han implicado nuevos retos, toda vez que es difícil considerar, dentro del marco legal, todos los aspectos sociales, culturales y económicos de cada región del país (tema que no tocaré en este momento, pues me llevaría a un análisis más profundo y controversial). Retos que fueron advertidos por Ana Torres, puesto que relata el conflicto vivido durante el proceso electoral llevado a cabo en la zona más marginada y pobre del estado de Jalisco, es decir, la región Norte, en la que se asienta la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, dentro de los municipios de Mezquitic y Bolaños. En este caso, expresa las dificultades para la integración de mesas directivas de casilla para llevar a cabo las elecciones federales y locales, puesto que dicha comunidad no pretendía participar en las elecciones en esa región, como parte de la presión ejercida para que el Estado mexicano diera solución a un conflicto social (el caso de Huajimic), lo que preocupó a las autoridades electorales e implicó la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral (ine) iniciara un diálogo para resolver el problema, que escapaba en cierta medida al ámbito de su competencia.

Finalmente, Ana Torres relata los hechos posteriores a la elección de 2018, en el que menciona los medios legales de impugnación, interpuestos por los partidos políticos Morena y pri, y resoluciones del Tribunal Electoral de Jalisco que dieron fin a la controversia en razón de la falta de instalación del porcentaje de casillas necesarias para concluir debidamente la elección en los municipios de Mezquitic y Bolaños.

También por su parte, Guillermo Alcaraz Cross hace una referencia similar a las comunidades indígenas, con énfasis en la comunidad wixárika y su deseo de declinar al derecho de voto para las elecciones de 2018. Además de las comunidades wixárika, analiza los diversos instrumentos legales que regulan la participación de los indígenas de todo el país en el desarrollo del proceso electoral; ámbito normativo y jurisprudencial que Alcaraz Cross hace notar en su artículo como un paso decisivo hacia una democracia más sólida e incluyente, aunque también plantea los retos de la autoridad electoral para preservar su actuación ante los obstáculos que presenta la falta de atención a las demandas de dichas comunidades. Por ello es tan importante atender de fondo todos aquellos presupuestos indispensables para la autorrealización de las personas, que la propia Constitución Política mexicana garantiza y protege.

La consolidación de una democracia incluyente también tiene como reto el fomento a la participación ciudadana debidamente informada para la mejor toma de decisión para elegir sus representantes. En este sentido, Miguel Godínez hace un estudio cronológico de las diversas disposiciones que han regulado los debates organizados por la institución electoral, como medio de difusión de ideas. La figura del debate juega un papel fundamental en el proceso electoral, y queda demostrada su evolución durante el tiempo dentro de los marcos normativos nacionales y locales. En el año 2014 la norma local se reformó de manera singular respecto del tema del debate, puesto que se estableció la obligatoriedad de organizar debates y además promovió la participación de ciudadanía.

Es importante destacar, nuevamente, la reforma de 2014, que entre otras novedades introdujo la promulgación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Ricardo Suro Gutiérrez explora este aspecto importante dentro de todo el ámbito institucional del sistema electoral, que es la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en los órdenes federales y locales y las fiscalías especializadas en la misma materia para cada entidad federativa. Coincido plenamente en que los desafíos que enfrenta el sistema electoral mexicano son la desconfianza, la falta de credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones gubernamentales, y más ahora que nunca la impunidad está al orden del día. Por ello, el rol que juegan las fiscalías conlleva un mayor esfuerzo para el fortalecimiento democrático del Estado. Los retos de las fiscalías son bien planteados ante la acostumbrada violencia que se pueda suscitar en cualquier parte del país y que atenta con el proceso electoral. Ya lo dice Suro Gutiérrez, el proceso electoral que se vivió entre septiembre de 2017 y julio de 2018 se conoce como el periodo electoral más violento que haya tenido nuestro país.

Aunado a lo anterior, Hilda Villanueva y Adrián Torres tocan uno de los temas más trascendentales y relevantes en el debate nacional en torno a la equidad, respeto y lucha contra cualquier tipo de violencia hacia la mujer. En el caso analizado por Villanueva y Torres, es la violencia política hacia las mujeres y la misoginia en las campañas electorales de 2017-2018 la que abre la puerta al debate, así como al análisis durante ese periodo electoral.

Es preciso señalar que la participación de la mujer dentro de la política mexicana es vital para el fortalecimiento de las instituciones democráticas del Estado. Desde el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas han ejercido el derecho al voto y alcanzado el reconocimiento a la igualdad dentro de la política mexicana. Fue una lucha por el reconocimiento a participar en decisiones políticas de la nación, que hasta el día de hoy festejamos haya prevalecido. No obstante, también continúan arraigadas algunas conductas machistas, retrógradas y vergonzosas en la sociedad mexicana que se han reflejado en distintas contiendas electorales. La de 2018 no fue la excepción. Por ello, se replantea en esta obra la necesidad del Estado, a través de sus instituciones, de erradicar cualquier tipo de violencia política y prácticas misóginas en las campañas y dentro de los partidos políticos, que permita el pleno desarrollo del Estado bajo un orden donde prevalezca la oportunidad de participación política para todos, sin importar el género de los protagonistas.

Finalmente, es Moisés Pérez quien reflexiona y describe las acciones que llevó a cabo el iepc de Jalisco durante el proceso electoral de 2018, para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos jaliscienses que se encontraban en el extranjero, para las elecciones de gobernador y diputados locales por el principio de representación proporcional. Pérez, una vez diagnosticados los resultados de la elección de los jaliscienses en el extranjero, plantea una serie de retos a tomar en cuenta para permitir la participación ciudadana, sin excepción alguna, más allá de las fronteras mexicanas.

En conclusión, este compendio de escritos es una gran oportunidad que tiene el lector para reflexionar y comprender los grandes retos actuales y los que nos depara el futuro, no tan lejano, para consolidar a nuestro país como un Estado democrático, participativo, equitativo y de derecho. No me queda más que reiterar mi agradecimiento a los coordinadores y los autores por permitirme ser parte de este libro.

1 Véase T. E. Hübbe Contreras y S. Carrillo García (2017). Del dogma a la duda razonable. Apuntes sobre la reelección. En K. F. Vega Ruiz y T. E. Hübbe Contreras (coords.), Ejes para la formación de una ciudadana activa. Un análisis (pp. 106-108). Madrid: Marcial Pons.