Czytaj książkę: «Que les den cárcel por casa»
Que les den cárcel por casa
© 2020, Juan Gossain
© 2020, Intermedio Editores S.A.S.
Primera edición, abril de 2020
Este libro no podrá ser reproducido,
ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor.
Edición, diseño y diagramación
Equipo editorial Intermedio Editores
Diseño de portada
Alexánder Cuéllar Burgos
Foto de portada
Joaquín Sarmiento
Archivo Revista Bocas.
Intermedio Editores S.A.S.
Avenida Calle 26 No. 68 B 70
www.eltiempo.com/intermedio
Bogotá, Colombia
ISBN:
978-958-757-915-4
Impresión y encuadernación
A B C D E F G H I J
Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Contenido
Para empezar: un mensaje a los lectores
Crónicas históricas de la corrupción
El increíble primer escándalo de corrupción en la historia de Colombia
De cada cien delitos, en Colombia solo se castigan seis
¿Quiere saber cómo fue que acabaron con la corrupción en Singapur?
“Contra la corrupción, Colombia necesita más acción que indignación”
¿Qué hijos vamos a dejarle al país? ¿Muchachos con cerebro de ladrones?
Cómo combate el mundo entero la corrupción. ¿Y Colombia?
La corrupción compite con el narcotráfico en el lavado de dinero
El festín de la corrupción: todo se compra y todo se vende
Dígame una cosa: ¿qué futuro le ve usted a este país?
Corrupción: el cáncer que más se propaga en Colombia
“Qué agradable era el país cuando solo robaban los ladrones”
Bandidos modernos y actualidad
La verdad completa: ¿por qué son tan caras las medicinas en Colombia?
El caso de Semana: la ética, los derechos y los deberes de la prensa
Cárceles del país: entre ricos privilegiados y hacinamiento de pobres
Los departamentos más pobres de Colombia y los que más progresan
¡Alto ahí: no más abusos con los medicamentos en el sistema de salud!
La verdadera historia de hospitales y clínicas al borde de la quiebra
A médicos y clínicas no les pagan, pero sí les cobran…
¿Hasta cuándo vamos a seguir mendigando la salud en Colombia?
Palangre: pesca infame que está destruyendo la riqueza marina del país
En Cafesalud el remedio resultó peor que la enfermedad
El calvario de los colombianos en busca de su pensión
Se están robando la comida de los estudiantes pobres
Colombia, entre los diez países que más falsifican medicamentos
Luz de esperanza
Urgente: jueces de toda Colombia reclaman una reforma de la justicia
No todo está perdido: lecciones de vida que nos da la gente humilde
Dígame: ¿por qué la Selección Colombia no juega todos los días?
Una lección nos dieron el perro de Lamparita y los pájaros de la bahía
Dos apóstoles que se dedican a trabajar por los demás colombianos
Para empezar: un mensaje a los lectores
Cuando mis amigos de Intermedio Editores me propusieron que recogiéramos en un libro las crónicas sobre la corrupción que he escrito en los últimos años para el periódico El Tiempo, estuve tentado a decir que no, porque me pareció que era un acto casi petulante y jactancioso. Es como creer que ya uno es sujeto de colección.
Pero sucedió un episodio que me hizo reflexionar y cambiar de opinión. Resulta que, como a esta edad ya uno se pasa el día entero visitando la farmacia, fui a comprar un remedio. En la puerta estaban dos señoras hablando en voz alta, que es como hablan las mujeres en las farmacias.
El tema de su charla era evidente con solo oírles unas cuantas palabras: los escándalos cotidianos que la corrupción provoca en nuestro país. Al final, como si estuviera pensando en un epílogo que redondeara lo que habían hablado, la una se quedó mirando a la otra y le dijo:
—Ay, mijita, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos?
En ese preciso instante comprendí que era conveniente dejar una constancia de estos años desgraciados a través del libro que recogiera las crónicas. Porque tengo la impresión de que aquella señora, como suelen hacer los colombianos, estaba pensando que la culpa no es de ella, sino de los otros, del resto del país, de los demás.
Su pregunta, para empezar, tenía que haberla hecho al revés: “Ay, mijita, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país?”. Porque la experiencia mundial nos enseña, en países que se han vuelto ejemplo, como Singapur, que es la gente la que tiene que cambiar. Lo que quiero decir es que los colombianos no podemos seguir pensando que solo somos espectadores de la corrupción que nos agobia, sino que tenemos que convertirnos en actores contra ella, en sus enemigos, en sus combatientes.
De manera, pues, que el verdadero sentido de este libro es desafiante. Consiste en retarnos a nosotros mismos. No podemos seguir, como hasta ahora, creyendo que la corrupción es competencia únicamente de los jueces y que solo se castiga con la cárcel.
Hoy la corrupción no respeta ya ni a pobres ni a ricos, ni a seres encumbrados o personas anónimas. Antes salía una vez al año la noticia de un desfalco bancario o en una oficina pública. Pero en los últimos años la descomposición moral del país ha adquirido un carácter social, en el peor sentido de la palabra. Es decir: antisocial.
Ahora se roban el presupuesto para la salud, el dinero destinado a la alimentación de los niños más pobres, los menguados centavos para comprar el medicamento de los enfermos de cáncer, el contrato para adquirir bastones para los inválidos. La corrupción ya no es un caso aislado. Se ha vuelto una forma de vida.
Entre otras cosas porque, desgraciadamente, la realidad es perversa y cruel: la justicia también se corrompió y hoy en día están presos hasta los magistrados de supremos tribunales, junto con empresarios encumbrados y funcionarios de campanilla. Pero no son tantos como debieran serlo. A muchísimos otros les dan la casa por cárcel cuando, más bien, tal como escribí alguna vez y lo sugiere el título de este libro, tendrían es que darles la cárcel por casa perpetua.
A propósito: los ciudadanos de Colombia tienen que entender, aunque ya sea un poco tarde, que la corrupción no solo se castiga en las cárceles sino también en las urnas. El que elige a un corrupto, sabiendo que lo es, resulta tan culpable como él.
Mire usted: el alcalde que desfalcó a Bogotá está preso, pero los domingos suele almorzar en los clubes sociales más refinados de esa ciudad. Del mismo modo, su cobrador de comisiones aparece en las fotos de los periódicos mientras baila feliz en las cumbiambas del Carnaval de Barranquilla.
En este lodazal de inmundicias, ya uno no sabe qué es peor: si la inmoralidad, la impunidad o la indiferencia de la propia víctima, que es la sociedad entera. En medio de tanta pestilencia, ya uno no tiene tiempo ni de taparse la nariz.
De todas las infamias humanas que se cometen a diario en Colombia, la corrupción es la única que destruye de manera simultánea la riqueza física y la riqueza moral del país. Porque la corrupción acaba, al mismo tiempo, con el progreso y el alma, arrasa por igual con la pureza de la gente y con el desarrollo, con la decencia humana y con el presupuesto para el hospital, con la moral del empleado público pero también del empresario privado, con la conciencia del joven y del viejo, del hombre y de la mujer.
Los antiguos griegos, que tenían un concepto tan elevado de la moral, afirmaban sus principios con estas palabras: el que cree que por obtener dinero se puede hacer cualquier cosa, acabará haciendo cualquier cosa para obtener dinero. La Colombia de hoy, nuestra Colombia, es un ejemplo de ello, desgarrador y doloroso.
Cicerón, el gran pensador romano, exclamó un día ante el Senado que el crimen más abominable consiste en servirse de un cargo público para el enriquecimiento personal. Lo que quiero decir es que la corrupción es una plaga más destructiva que el coronavirus, porque le corrupción destroza lo visible y lo invisible, lo tangible y lo intocable, lo físico y lo espiritual.
De manera, pues, que, para volver a lo que dije al principio, mi único propósito al autorizar la edición de este libro, y el de los editores al publicarlo, es que quede como una constancia histórica de lo que ha sido para Colombia esta época penosa. Que sea un testimonio, aunque nos duela.
Juan Gossain
Crónicas históricas de la corrupción
El increíble primer escándalo de corrupción en la historia de Colombia
Dígame una cosa: ¿cuándo empezó la corrupción en Colombia? Esa es una de las preguntas más difíciles que he tropezado en mi vida, pero ocurre que me la hago casi a diario, desde que empezó esta oleada de escándalos que nos tiene agobiados, perplejos y hasta furiosos. Ojalá que no se nos pase rápido la indignación. Ojalá que no sea espuma.
Supongo que la corrupción en este país se inició el mismo día en que el primer hombre hizo su aparición sobre la faz de la Tierra. Recuerden ustedes que, dándoselas de viceministro, la serpiente del paraíso extorsionó a Eva con la fruta prohibida. Pero la verdad, aunque nos duela, es que la corrupción de este país ha llegado a los peores índices de nuestra historia. No pasa día sin que reviente un escándalo nuevo y cada uno es peor que el anterior. Cuando no es un senador, es un magistrado. O un contratista del Estado. O un empresario privado.
Entonces me hice la pregunta de otra manera: ¿cuál fue el primer escándalo de corrupción que estremeció a Colombia? Lo encontré. Buscando y rebuscando, lo encontré, pero no fue fácil porque los historiadores suelen desentenderse de esos temas. Se trata de un episodio asombroso y hasta espeluznante, con unos tintes misteriosos y un tanto macabros.
El presidente, nada menos
Para ser exactos, los hechos que les voy a resumir ocurrieron hace ya cuatro siglos largos, imagínese usted. América estaba nuevecita. Santafé de Bogotá, capital de la Nueva Granada, tenía apenas 64 años de fundada, era una aldea tranquila, lluviosa, que tiritaba de frío. Sus habitantes no llegaban a cuatro mil.
Corre el año de gracia de 1602. Está terminando el mes de agosto. Como el país es una colonia española,regresa de un viaje a Madrid el presidente de la Real Audiencia, don Francisco de Sande, cuyo cargo equivale a lo que será en el futuro la Presidencia de la República. Español de nacimiento, es el primer mandatario del virreinato. El funcionario más encumbrado del gobierno.
El señor Sande ya ha sido gobernador en Filipinas, visitador en Guatemala y alcalde en México. Es un hombre de exitosa carrera pública. Algunos historiadores de medio pelo equivocan la última letra de su apellido y lo llaman Francisco de Sandi. Otros se refieren a él como “el padre Sande” y afirman que era un sacerdote franciscano. No es verdad.
Fue seminarista en Salamanca, pero se retiró para estudiar abogacía. De aquellos tiempos le quedaba su afiliación a varias congregaciones de caballeros piadosos que rezaban juntos los fines de semana y cargaban los pasos en las procesiones de Semana Santa.
Llega el investigador
El presidente Sande no era una pera en dulce. Dicen que en su pecho anidaba un corazón agrio. Era malvado hasta la crueldad. El pueblo bogotano, que siempre se ha distinguido por su agudeza para hacer retruécanos y juegos ingeniosos con las palabras, no lo llamaba “Doctor Sande”, como era su apellido, sino “Doctor Sangre”. Los indígenas le tenían pavor. Odiaba a los nativos.
Quedamos, pues, en que el presidente Sande regresó a finales de agosto. En Madrid le habían entregado cinco mil pesos oro, en efectivo, para que los consignara en la Tesorería del Virreinato, pero esa plata no aparecía por ninguna parte. En aquellos tiempos, era una auténtica fortuna.
Ya que al destino le encanta hacer esas travesuras trágicas, como lo sabían muy bien Sófocles y todos los dramaturgos griegos, en esos mismos días también llegó a Bogotá el visitador Andrés Salierna de Mariaca, enviado por el gobierno español a investigar si eran justas o injustas las protestas que se multiplicaban contra Sande. Pero el visitador llegó gravemente enfermo y tuvo que guardar cama.
La plata y el soborno
Total es que los cinco mil pesos andaban extraviados. Se embolataron en algún bolsillo. Desde su lecho de enfermo, el investigador Mariaca inició su trabajo, ordenando, para empezar, que el señor Sande se retirara de la capital y se recluyera en Villa de Leiva –que hoy es una hermosa ciudad boyacense–, donde debería permanecer hasta que concluyera el proceso en su contra.
En ese momento el presidente les contó a varios amigos que él iba a ganar ese proceso, y regresaría pronto a seguir ocupando su silla presidencial, porque los cinco mil pesos los había usado para pagarle un soborno a Mariaca a fin de que fallara a su favor.
Como era de esperarse, porque siempre pasa lo mismo, aunque se trate del secreto más profundo, el chisme se regó de inmediato por toda la ciudad. Era comidilla en la plaza de mercado, en el atrio de las iglesias y en las casonas señoriales. La gente no podía creer lo que estaba oyendo.
Mientras tanto, el visitador Mariaca estaba cada día más grave. Ya los médicos habían descartado cualquier posibilidad de que se salvara. En esas circunstancias estaba cuando supo lo que Sande había dicho de él. Y entonces citó a su lecho de moribundo al arzobispo, a diferentes autoridades y a los integrantes de la Real Audiencia, que era el tribunal de justicia más encumbrado del país, como si dijéramos hoy la Corte Suprema de Justicia. Que me perdone la Real Audiencia por la comparación, pero es que me picaba la lengua.
El juicio de Dios
Cuando llegaron los testigos, el visitador Mariaca, asediado ya por la muerte, se incorporó en su cama y exclamó, con voz fuerte:
—Juro por mi alma que soy inocente. Nunca he visto esos cinco mil pesos. Ni uno solo de ellos. El presidente Sande es un calumniador. En esta hora de mi muerte lo desafío para que comparezca conmigo ante Dios y responda por su infamia y su crimen.
Guardó un breve silencio. Jadeaba agónicamente.
—Sande ha ofendido a la divina providencia —agregó— haciéndose pasar por un hombre piadoso y honrado. Pero les garantizo que, antes de que pasen nueve días, él y yo nos veremos en el tribunal de Dios. Allí no caben falsedades ni engaños.
No dijo más. Los testigos, pasmados ante semejantes revelaciones, se fueron en silencio a regar el cuento. La ciudad, incrédula, se burlaba de la profecía y del moribundo. Hicieron chistes con su ingenuidad. Finalmente, Mariaca murió el 9 de septiembre de 1602. Las campanas sonaron por su alma.
Entonces sucedió lo escalofriante: el 18 de septiembre, el presidente Sande, que gozaba de perfecta salud a sus 62 años, estaba haciendo una siesta deliciosa cuando tuvo un ataque repentino. Su mujer llamó de urgencia al doctor Auñón, que le diagnosticó un derrame cerebral. Murió esa misma tarde. Habían pasado nueve días exactos desde la muerte del investigador Mariaca. Su vaticinio se había cumplido al pie de la letra.
¿Lo envenenaron?
¿Fue una coincidencia? ¿Es una simple anécdota colonial? ¿Una leyenda de la parroquia? ¿Un chisme aldeano? Lo cierto es que la ciudad, que en ese entonces era muy tranquila, parecía un hervidero. No se hablaba de otra cosa.
Cedámosle la palabra a Juan Rodríguez Freyle, el mejor periodista y escritor de esa época, quien fue testigo de los hechos y los dejó registrados en El Carnero, su formidable crónica de aquellos acontecimientos: “En el año de 1602 vino como visitador de esta Real Audiencia el licenciado Salierna de Mariaca, que era oidor en México, y el cual, de una comida que comió en el puerto de Honda, murió en Santafé, y murieron todos los que comieron con él. Y a los nueve días de su muerte murió también el presidente don Francisco de Sande, que había sido emplazado por el visitador Mariaca para que se presentaran juntos en un juicio de Dios”.
¿De modo que no solamente murió el visitador, sino todos los que comieron con él a su llegada al puerto fluvial de Honda, que ahora forma parte del territorio del Tolima? Parece demasiada coincidencia. ¿Sería que los envenenaron? Las sospechas corrían de boca en boca por Bogotá. Sin embargo, ninguna autoridad se tomó el trabajo de investigarlo. La justicia tampoco operaba en esa época. Cualquier parecido con…
No aprendimos la lección
Han pasado ya 415 años desde aquellos días. Y después de tanto tiempo, los colombianos no hemos aprendido la lección. Todavía seguimos repitiendo que el vivo vive del bobo y que por la plata baila el perro. ¿De qué nos quejamos, si aquí decimos que “hecha la ley, hecha la trampa” y sostenemos cínicamente que “la ley es para los de ruana”?
Aquí seguimos creyendo que el alumno más astuto es el que copia el examen de su compañero, y el cliente que causa admiración es aquel que paga una bolsa de sal, pero se lleva dos, y el carnicero más sagaz entre todos sus colegas es aquel que vende cuatro libras de costilla, pero solo entrega tres. Aquí pensamos que el pasajero más avispado del bus es el que viaja sin pagar. Y así, hasta llegar al Senado de la República o a la Corte Suprema de Justicia.
El país no aprendió la lección de los sucesos ocurridos en 1602. Ni de tantos otros que vinieron después. La corrupción campea a sus anchas. Almuerza en los mejores restaurantes. Es socia de los clubes sociales. A lo mejor, como en los tiempos de Sande y Mariaca, el único tribunal al que nos tocará acudir es a la justicia divina porque, como lo dije el otro día, es la única justicia que nos va quedando.
Epílogo
A los colombianos les voy a pedir un favor: es verdad que la corrupción tiene que castigarse con cárcel, pero no olviden que también hay que castigarla en las urnas. El voto es nuestra arma más poderosa.
Sigan creyendo que el fin justifica los medios y verán que, como dijo Aristóteles hace más de 2 300 años, una sola corrupción que quede impune conduce a todas las corrupciones. Ah, se me olvidaba decirles que los cinco mil pesos no aparecieron nunca.
De cada cien delitos, en Colombia solo se castigan seis
Agárrense, porque lo que viene a continuación es monstruoso. La impunidad judicial en Colombia ha llegado ya a números aterradores. Son tan grandes que uno ni siquiera alcanza a calcularles el verdadero tamaño. Por grave que sea, la realidad colombiana es peor de lo que parece.
No es por bajarles a ustedes el ánimo ni por dañarles el día, pero es que las investigaciones de las entidades más confiables, como son la prestigiosa organización Transparencia por Colombia y la propia Fiscalía General de la Nación, nos revelan que en este momento estamos en un 94 por ciento de impunidad. Por Dios Santísimo.
Así como lo está viendo. Si quiere, vuelva a leerlo, que yo lo espero. De modo que, en este preciso momento, de cada cien delitos que se cometen en Colombia, 94 quedan impunes. Y, todavía peor, de los seis que se sancionan hay que descontar a los señorones encopetados que la semana entrante recibirán la casa por cárcel, o les dejarán vencer los términos para que el proceso caduque. Entre ellos hay congresistas, magistrados, empresarios.
Al final de cuentas, los únicos que van quedando presos son el pobre diablo que en su pueblo se robó una gallina para llevar algo de comer a la casa, o el atracador del mercado bogotano de San Victorino que le arrebató la billetera a una señora casi tan pobre como él.
Las preguntas me agobian el cerebro: ¿cuánto ha crecido la impunidad en los últimos años? ¿Los delitos de la corrupción son los que más generan impunidad? ¿Qué es lo que está pasando con la Justicia colombiana?
Salgo a la calle en busca de respuestas a esas preguntas que, más que preguntas, son angustias que mantienen abatido al país entero. Consulto a expertos e investigadores. Me reúno con los estudiosos de la realidad social.
¿Pena de muerte?
Durante diez años, Elisabeth Ungar fue la directora de Transparencia por Colombia. Es ella la que, de entrada, me recibe con esta frase tan realista como demoledora:
—La impunidad es el mejor aliado de los corruptos.
Y dondequiera que llego, ya sea a un supermercado o cruzando la calle, mientras espero que cambie el semáforo, la gente siempre me grita lo mismo:
—Esto no lo compone sino la pena de muerte para los corruptos.
Muchos de ellos me recuerdan que, hace unos pocos meses, yo escribí para el periódico El Tiempo una crónica sobre la experiencia que ha vivido Singapur, donde la pena de muerte ha derrotado a la corrupción.
—¿Es aplicable eso mismo en Colombia?
—No —me responde tajante Andrés Hernández Montes, el actual director de Transparencia—. Nosotros no consideramos que la pena de muerte sea una solución porque, ante todo, eso iría en contra de una gran tarea que tenemos pendiente en nuestra sociedad: el pleno respeto a la vida. Creemos, además, que no hay una única solución para un problema tan complejo como la corrupción. Para atacarla se requieren medidas de distintos enfoques. Así lo hicieron en China y Singapur.
—Yo considero que la pena de muerte —agrega la señora Ungar— es moralmente inaceptable para cualquier crimen, por grave que este sea. Singapur, sin duda, es un ejemplo mundial de lucha contra la corrupción. Pero ha sido a un costo muy grande en términos de la democracia: se ha restringido la libertad de movilizarse, de expresarse, de elegir y ser elegido.
‘La Justicia no opera’
Poco antes de presentar su renuncia, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que estaba aterrado porque la impunidad en Colombia ya estaba en el noventa por ciento. Ha pasado apenas poco más de un año y ya hoy está en 94 por ciento, según me informan voceros de la propia Fiscalía. Los números son siempre así, implacables y hasta desalmados. No disimulan ni guardan las apariencias.
¿Y la Justicia? Cada día los escándalos son mayores y más frecuentes. Elisabeth Ungar me responde:
—La Justicia juega un papel fundamental en esta dramática situación. Mientras el costo de la corrupción (sanciones administrativas, fiscales y penales) siga siendo menor que el beneficio que produce (dinero, poder), los corruptos seguirán actuando.
El señor Hernández Montes es igual de contundente cuando dice que “una justicia que no opera envía un mensaje claro: el crimen sí paga. Por desgracia, nuestra gente ha dejado de creer en el sistema judicial por los escándalos permanentes de corrupción en la propia Justicia, empezando por sus más altas esferas, como en el denominado ‘cartel de la toga’, como en las redes de corrupción de jueces, fiscales y abogados, como en los fuertes cuestionamientos al exfiscal general de la nación”.
Hernández concluye con una frase demoledora y terrible, pero elocuente y realista:
—Un sistema judicial que presenta tantas fallas, más que disuadir al delincuente, lo incentiva a cometer nuevos delitos.
—Cuando la Justicia se corrompe —remata la señora Ungar— los corruptos hacen fiesta.
La corrupción regional
Ustedes no se imaginan lo que a mí me duele cuando tengo que usar estas palabras tan duras, pero es que nuestro país va al garete. Hemos perdido el rumbo. Las redes criminales de la corrupción se han apropiado del Estado colombiano. Ellas lo han capturado, cuando debería ser al revés.
Los propios dirigentes políticos son el peor ejemplo para el pueblo. A pocos días para las elecciones regionales, los candidatos se amenazan unos a otros, se insultan, se ofenden sin piedad, campean los atentados. A muchos los han asesinado. Casi que son más los candidatos muertos que los vivos. Aunque los vivos –en el otro sentido de la palabra– son los que abundan.
¿Quieren ver un ejemplo tremendo y demoledor de esa realidad? ¿Un ejemplo reciente e irrefutable? Aquí les va.
Los investigadores de Transparencia por Colombia, tras un trabajo complejo y extenuante, lograron establecer que entre gobernadores, alcaldes, concejales y diputados elegidos en la última votación regional para el período 2016-2019, más de la mitad de esos funcionarios estuvieron involucrados en delitos de corrupción, especialmente relacionados con los presupuestos de educación, salud y transporte. ¡Más de la mitad!
¿Se puede decir, entonces, que las redes criminales de la corrupción han capturado al Estado colombiano?
—Sin duda —contesta Andrés Hernández Montes con acento tajante—. En distintos momentos de nuestra historia reciente y en diferentes niveles del propio Estado, se han apoderado de él usando mecanismos oscuros, como el financiamiento de campañas, la asignación de los contratos públicos, el clientelismo. En distintas zonas del país, la corrupción se está perpetuando en el poder, enriqueciéndose y asegurando su propia impunidad.
—Y como si fuera poco con todo lo que está pasando —agrega Elisabeth Ungar—, como si no fuera suficiente con las penas irrisorias que les impone la Justicia, ahora los corruptos reciben beneficios insólitos, como la casa por cárcel o la prescripción de sus procesos por vencimiento de términos, sin haber resarcido al Estado ni a la sociedad por todos los daños y perjuicios causados.
—Es evidente —remata Hernández— que de urgencia necesitamos avanzar hacia un sistema judicial mucho más contundente en su capacidad de castigar los delitos cometidos, porque eso es lo que evita que se sigan produciendo actos similares.
¿Y la sociedad dónde está?
Y a todas estas, ¿dónde está la opinión pública? ¿Qué se hicieron los ciudadanos que piden pena de muerte, que gritan en las esquinas, que discuten contra la corrupción en las tiendas del barrio?
Nosotros, la sociedad colombiana, también tenemos la culpa. No solo porque votamos por ellos, sino porque hemos tolerado esta situación durante años y años, hasta que ya se volvió insoportable.
El señor Hernández Montes concluye con estas palabras:
—Ojalá que las elecciones territoriales sean la oportunidad que la gente está esperando para que las protestas se vuelvan realidad.
Hasta aquí hemos hablado de la corrupción, de la justicia, de la impunidad, de la casa por cárcel, de los términos vencidos, de la tolerancia ciudadana ante el delito, pero nos faltan todavía otros elementos que contribuyen a agravar la situación. Por ejemplo: lo que dura un proceso judicial en este país.
Hace diez años, según las investigaciones hechas por el propio Estado, un proceso de índole penal duraba en promedio tres años. Hoy dura cinco. El tiempo de esa demora ha crecido un setenta por ciento desde entonces. Como pueden verlo, la situación, en vez de mejorar, empeora.
La realidad es tan alarmante que, entre dieciocho países de América Latina, Colombia es penúltimo y ocupa el puesto diecisiete entre quienes tienen un sistema judicial más eficiente.
Para que hagamos unas pocas comparaciones, miren el caso de otras naciones: en México, el tiempo promedio de un proceso penal es de un año, trece meses en Perú y nueve meses en Corea del Sur.
Epílogo
Creo que tengo derecho a ser pesimista: las propias Naciones Unidas han informado que Colombia es uno de los cinco primeros países del mundo con mayor impunidad.
Tampoco alimento esperanzas en los resultados de las elecciones regionales, que ya están tan cercanas. Esto ha venido, día tras día, de mal en peor.
Sospecho que los ladrones volverán a sus casas por cárcel y a su vencimiento de términos. Y nuestros hijos y nietos seguirán heredando ese cáncer moral. Para decirlo en términos elementales, la tolerancia con el delito se ha vuelto intolerable.
Si la impunidad ya está en el 94 por ciento, le falta poco para llegar al ciento por ciento. La verdad sea dicha y, por mucho que nos duela, en Colombia la única moral que nos va quedando es la mata de moras.
¿Quiere saber cómo fue que acabaron con la corrupción en Singapur?
La vida es así de irónica. Hace unos cuantos días, para perplejidad e indignación de la gente decente, el Congreso de la República de Colombia se negó a aprobar una ley que incrementaba las penas de prisión para los condenados por corrupción. Y, como si fuera poco, los congresistas también se negaron a prohibir que, de ahora en adelante, a esos mismos corruptos les concedan el beneficio de casa por cárcel. Tendría que ser al revés: deberían haber ordenado que les dieran la cárcel por casa.
Casi al mismo tiempo, como una ironía del destino, en el otro costado del mundo, las autoridades de Singapur expedían nuevas normas para seguir combatiendo la corrupción, lo que ha hecho que ese país se vuelva famoso en el mundo entero. “Milagro económico y legal”, lo llaman en Europa. “El imperio de la ley”, le dicen sus vecinos asiáticos. En este momento, Singapur es líder mundial en educación, salud y lucha contra la corrupción. Colombia, en cambio, y aunque nos duela en el alma, ocupa una de las peores posiciones entre los países con mayor corrupción en el mundo entero, según lo confirman las investigaciones internacionales serias y confiables.
De acuerdo con nuestra Contraloría General, la corrupción nos está costando a los colombianos la monstruosa suma de $140 000 millones de pesos diarios, incluyendo sábados, domingos y festivos, lo cual traduce que nos vale alrededor de cincuenta billones de pesos al año. Ese platal no le cabe a uno en la cabeza, y conste que la mía es grandota.
Ahora los invito a que miremos el caso de Singapur, a ver si alguna vez cogemos ejemplo. Singapur, situada en el corazón de Asia, es una ciudad y al mismo tiempo un país, tan pequeño que su territorio ocupa apenas setecientos kilómetros cuadrados y solo tiene cinco y medio millones de habitantes. Pero, así de pequeño, es el segundo puerto más importante del mundo y el centro financiero donde tienen su sede los bancos e instituciones financieras más grandes del planeta.
Precisamente, y a causa de esa actividad económica tan exitosa, se desató una corrupción que parecía invencible. Los desfalcos y trampas de dinero eran cada vez más grandes. La isla era estremecida diariamente por escándalos sobre desfalcos, contratos amañados, corrupción del Estado y de las empresas privadas. Se llegó a pedir sobornos hasta para autorizar el traslado de un moribundo al hospital.
Fue entonces cuando el primer ministro Lee Kuan Yew, que había encabezado el movimiento de independencia de su tierra y al que consideraban padre de la patria, resolvió enfrentar el problema sin contemplaciones con nadie. Lo primero que hizo fue reunir su consejo de ministros y les dijo una frase que se volvería famosa: “Si de verdad queremos derrotar la corrupción, hay que estar listos para enviar a la cárcel, si fuese necesario, a nuestra propia familia”.
Rotación de funcionarios
Pusieron manos a la obra de inmediato. La primera medida que tomaron, al contrario de lo que acaban de hacer los congresistas de Colombia, fue incrementar con dureza las penas de cárcel para los culpables de corrupción. Las condenas más altas se reservaron para quienes se apropiaran de dineros destinados a los temas sociales más delicados, como programas de salud y educación, o para atender a niños pobres y ancianos desprotegidos. La Justicia fue la primera en colaborar con el Gobierno. ¿Se puede decir lo mismo en esta Colombia de nuestros días, donde hasta los más altos magistrados están en la cárcel?
Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Lew Kuan Yew fue establecer unas reglas claras y sencillas para contratar con el Estado, pues descubrió que las normas legales habían sido redactadas con una confusión amañada, precisamente para facilitar los enredos de la corrupción.
Y fue entonces cuando se ordenó, además, que los empleados públicos tenían que rotarse en sus cargos cada cierto tiempo para evitar que se enquistaran en las entidades, perpetuándose y corrompiéndolas.
Revisando las cuentas
En 1959, hace ya sesenta años, Lee Kuan Yew fue elegido primer ministro, por primera vez, cuando apenas tenía 35 años de edad. Lo primero que hizo fue anunciarle a Singapur entero que comenzaba la lucha implacable contra la corrupción.
Para empezar, todo empleado del Gobierno, antes de posesionarse, tenía que firmar un documento en el que autorizaba al Estado para revisar, cada vez que quisiera, sus cuentas bancarias en el país o el exterior. Y si en algún momento se le encuentra culpable de corrupción, pierde su derecho a la pensión y nunca más puede volver a ocupar un cargo público.
Manos a la obra. Fueron enviados a la cárcel varios ministros, unos gerentes, líderes sindicales, empresarios que ofrecían sobornos a los funcionarios, periodistas corruptos que hacían negocios indebidos con entidades estatales.
La batalla legal contra la corrupción estaba dando extraordinarios resultados. Tanto que, cada vez que había elecciones, el primer ministro ganaba de nuevo. La gente decía que Singapur era el único lugar del mundo donde, desde los tiempos del paraíso terrenal, el bien había triunfado sobre el mal.
“Es mejor que eso”, escribió el investigador Jonathan Tepperman. “Fue la victoria de los justos sobre los malvados”. Para que vean cómo fue aquella lucha titánica, les voy a poner un solo ejemplo. En el año 65, la pena mínima por un pequeño soborno que fuera comprobado judicialmente, era de diez años de cárcel y cien mil dólares de multa, que hoy equivalen a trescientos millones de pesos colombianos.
En cines y colegios
Una de las leyes más afortunadas de Singapur fue, a mediados de los años sesenta, la que ordenó que colegios y universidades enseñaran a los jóvenes, en sus programas de estudio, la asignatura de ética pública. Lo mismo se hacía con el público a través de las salas de cine, antes de empezar la película.
Fue entonces cuando se comprobó que uno de los aliados más perversos de la corrupción en los organismos gubernamentales es la cantidad de trabas y complicaciones que se les ponen a proveedores y contratistas privados. Se descubrió, incluso, que muchas veces esas normas son creadas, precisamente, para facilitar los sobornos.
Los resultados de esas decisiones están a la vista. El propio Banco Mundial, en un informe del año pasado, reveló que Singapur es el país con menos trabas administrativas y burocráticas a la hora de hacer contrataciones con proveedores privados. El resultado no ha sido solo moralmente estupendo, sino, además, económicamente envidiable: pequeñito como es, Singapur es hoy el sexto país más rico del mundo.
… Y la pena de muerte
Pero no todo fue agua de rosas. Pasaron los años porque el tiempo no se detiene ni en las buenas ni en las malas. Es implacable. Estamos ya a comienzos de los años ochenta. En el mundo entero estalla, como una auténtica epifanía, como un renacer florido de la humanidad, el imperio de la nueva tecnología, las redes sociales, los correos electrónicos, los teléfonos celulares. La humanidad entera se conecta. Ya no hay distancias entre la gente. El mundo se vuelve un pañuelo cuyas puntas se tocan.
Usadas torcidamente por el hombre, esas maravillas modernas se volvieron aliadas de la corrupción a través de computadores, direcciones falsas, trampas modernas, estaciones de comunicación por satélite.
La situación se puso peor que nunca. Lee Kuan Yew, que ganaba todas las elecciones y ya llevaba más de veinte años al frente del Gobierno, apeló entonces al recurso supremo, el último argumento, el más contundente de todos: la pena de muerte. Se estableció que serían ejecutados los que, al incurrir en la corrupción, hubieran ocasionado la muerte de otra persona. O los que desfalcaran los presupuestos para temas especialmente sensibles, como hospitales, escuelas públicas o ayuda alimenticia para los pobres.
El narcotráfico
Ministros y militares, jueces y policías, que estaban entre los funcionarios más importantes del país, cayeron en las garras afiladas del delito. Fueron ahorcados o fusilados, al igual que los particulares que participaron en los mismos hechos. Al Gobierno de Singapur la maldad humana no le daba descanso. Por aquellos mismos años, y tal como ocurría entonces en Colombia, a ellos les cayó la plaga del narcotráfico con su mancha de crímenes, dolor y horror. Resolvieron aplicar también la misma pena de muerte a los traficantes.
Así, poco a poco, fueron recuperando la tranquilidad y la legalidad de los años anteriores. Hoy, Singapur no es solo la primera economía asiática –más rentable que gigantes como China y Japón–, con una gigantesca inversión extranjera, sino uno de los países más seguros para vivir porque su sistema de justicia es reconocido como uno de los más confiables que existen. Varias naciones han comenzado a seguir su ejemplo. ¿Y Colombia? Singapur ocupa hoy el puesto número uno entre los países que han logrado erradicar la corrupción. ¿Y Colombia?
Epílogo
Volviendo al caso de Colombia, lo más triste y doloroso es confirmar que nuestro país resolvió acabar con la corrupción casi doscientos años antes de que lo hiciera Singapur. Yo también me quedé sorprendido al saberlo, pero los hechos están ahí, irrefutables, en los anales de la historia.
Resulta que en el año de 1824 estaba Simón Bolívar en Lima y comprobó que en las cinco naciones que él había liberado, y que en ese momento gobernaba, la corrupción estatal era monstruosa. Entonces decretó pena de fusilamiento para los culpables en Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador
Eso significa que hace 195 años exactos el Libertador ya se preocupaba por combatir la corruptela, pero hoy el Congreso de la República se ocupa de premiarla. Si Bolívar supiera la falta que nos está haciendo…
“Contra la corrupción, Colombia necesita más acción que indignación”
¿A qué velocidad está creciendo la corrupción en Colombia? Que a nadie le quepa la menor duda: entre tantos y tan diversos problemas que agobian hoy a los colombianos, ninguno es peor que la corrupción. Ni siquiera se lo puede comparar con la terrible crisis que vive el sistema de salud. O con los escándalos que produce diariamente el sector judicial. Ni con los contratos financieros que políticos, funcionarios, abogados y empresarios privados manipulan a sus anchas.
Entre otras cosas, ninguno de esos quebrantos se puede equiparar con la putrefacción que nos rodea porque, precisamente, provienen de ella. En ella se originan. Son hijos de la corrupción. Hijos bastardos, naturalmente, pero hijos.
Lo que más duele, y duele mucho, es comprobar que hay millares de colombianos que, en lugar de sublevarse contra semejante realidad, ya se acostumbraron a vivir hundidos en este mar de podredumbre. Son los que se resignan diciendo que corrupción siempre ha habido, desde que el mundo es mundo. Pero, por mucho que uno busca y rebusca, indaga y averigua, trasnocha y madruga investigando, lo primero que descubre es que nunca antes, en la historia de este país, hubo una época tan corrompida como la actual. Ahora solo falta que nos sintamos orgullosos de haber batido ese récord. Pero, como hay gente desalmada a la que no le interesa la moral sino el dinero, déjenme decirles a ellos, si de eso se tratara, que la corrupción es el impuesto más grande que pagamos; es mayor que la nueva reforma tributaria completa y que el IVA a la papa o a la panela.
Los veinte años
Y si el Estado no se ha hecho siempre el de la vista gorda, y algunas veces se ha visto obligado a ponerle la cara a esta desgracia, es porque hay unas cuantas instituciones –muy pocas, la verdad sea dicha, para todo lo que necesitamos– que se encargan de vigilar, de denunciar, de exigir justicia.
Por estos días, precisamente, está cumpliendo veinte años de existencia una de esas organizaciones, Transparencia por Colombia, que es el representante y delegado en nuestro país de Transparencia Internacional (TI), tan respetada y acatada en el mundo entero.
Esta historia se inicia en 1998, cuando, en mitad del proceso 8 000, que fue tan terrible, unos cuantos periodistas a los que encabezaba Juan Lozano Ramírez, con el apoyo de la Fundación Corona, se reunieron con empresarios, académicos y líderes sociales “para participar activamente en la lucha de la sociedad contra la corrupción, que estaba creciendo de un modo alarmante”, según recuerda Rosa Inés Ospina, presidenta de la junta directiva de Transparencia por Colombia.
Salud, educación, vivienda
En este año que acaba de pasar, el país se debatió diariamente en un lodazal de escándalos. La corrupción se volvió el pan nuestro de cada día. Les pregunto a los directivos de Transparencia por Colombia si esa corrupción, que nos está lamiendo los talones como un perro hambriento, ha crecido o ha disminuido en los últimos veinte años. “Medir esas proporciones es prácticamente imposible –me contesta Andrés Hernández, director ejecutivo de la institución–. En los índices de Transparencia Internacional, que mide más de 180 países, Colombia nunca ha logrado una calificación satisfactoria. Podríamos decir que nos quedamos estancados”.
Lo indudable es que hoy, la corrupción genera daños más graves y deja muchas más víctimas que hace diez o veinte años. En este momento, Transparencia está analizando 327 hechos de corrupción que han sido investigados y registrados por la prensa en dos años, entre 2016 y 2018. La situación es tan grave que el señor Hernández agrega: “Imagínese usted que el treinta por ciento de esos casos afecta el acceso de los colombianos a la salud y a la educación. Y el veinte por ciento el acceso a la vivienda y a los servicios públicos”. Sobre este punto específico, Hernández concluye diciendo que “en estas dos décadas, la corrupción se ha vuelto más ladina, más sofisticada y, por eso, más difícil de atacar”.
Acción e indignación
Les pido a los directivos de Transparencia que me digan, con franqueza, si el Estado está colaborando en la lucha contra esa maldición. Y si también lo hacen, o no, la prensa y los ciudadanos.
Es entonces cuando la presidenta Ospina saca a relucir la energía de su carácter. Para empezar, me dice: “La responsabilidad es uno de los principios fundamentales en la lucha contra la corrupción. Pero la verdadera colaboración de los colombianos consiste en pasar de la indignación a la acción. Tenemos que ponernos en acción”.
Tiene toda la razón: nos quejamos mucho y actuamos poco. Sin embargo, las cosas han comenzado a cambiar en los últimos tiempos. La señora Ospina añade que “numerosos ciudadanos y organizaciones sociales han asumido un rol activo vigilando la gestión de sus alcaldías, concejos y gobernaciones. Incluso, muchos periodistas han perdido la vida por cuestionar el poder y denunciar la inmoralidad”.
Y a continuación, pone el dedo en la otra llaga: “Es muy importante que mencionemos también el sector privado, del cual esperamos mucha más colaboración y responsabilidad en esta lucha”.
Así las cosas, y siguiéndole la corriente al orden que lleva esta conversación, les pregunto si los resultados de la reciente consulta anticorrupción son una prueba de que la actitud de la gente está pasando ya de la crítica a la acción. La señora Ospina responde “que casi doce millones de personas hayan votado por convicción esa consulta, independientemente de su contenido, nos demuestra la fuerza que el problema ha cobrado en la agenda pública. Eso nos abre la esperanza de pensar en una movilización colectiva contra la corrupción, no de gritos y protestas, sino del uso adecuado de los mecanismos democráticos para derrotarla en las urnas”. Totalmente de acuerdo: la corrupción tiene que castigarse con cárcel. Pero también con el voto en las urnas.
En este preciso momento insisto en preguntarles si las redes criminales de la corrupción han capturado al Estado colombiano, si se han apoderado de él: “Dicho sea con absoluta franqueza, sí –me responde Andrés Hernández–. Ha ocurrido en distintos momentos de nuestra historia reciente y en diferentes niveles oficiales. Esa es la forma más compleja de corrupción, la pública”.
El sistema judicial
La toma del Estado por las bandas criminales de la corrupción va mucho más allá del simple soborno, según el análisis que hace el señor Hernández, quien agrega a manera de explicación: “En muchas regiones del país vemos que la corrupción está logrando perpetuarse en el poder, enriquecerse y seguir impune, todo ello dentro de una aparente legalidad e, incluso, gozando de gran popularidad”. Y la señora Ospina lo complementa diciendo que, en sus análisis, ellos ya han detectado “que esa toma del poder por la corrupción se facilita por mecanismos oscuros de financiación de campañas políticas, por la asignación discrecional de los contratos y por el clientelismo”.
Entonces tocamos una de las heridas más dolorosas: el sistema judicial. “En el pasado –añade Rosa Inés Ospina–, nuestro Poder Judicial demostró valentía y firmeza al sancionar la corrupción, pero hoy, la justicia necesita fortalecer su legitimidad para volver a lograrlo”. Los directores de Transparencia por Colombia creen, como lo comentan también muchos ciudadanos, que, más allá de penalizar únicamente con cárcel o multas a los corruptos, “ellos deben reparar integralmente los daños que causan”.
¿Un país de ladrones?
Sin embargo, y por mucha que sea la plata que nos roban, y que los bandidos le quitan a la comunidad colombiana, el peor daño que nos hace la corrupción no es la cantidad de dinero que ella nos arrebata, sino el cáncer moral que nos está sembrando en el alma y la conciencia.
Estamos viviendo la demolición de nuestros principios, destruyendo el porvenir de niños y jóvenes. ¿Qué es lo que queremos, por Dios Santísimo? ¿Vivir en un país de ladrones, donde todo el mundo es cómplice con su silencio y su indiferencia? ¿Donde los muchachos crecen viendo al saqueador encopetado que se pasea por los clubes sociales y se regodea en los restaurantes más pizpiretos? ¿Donde hay periodistas que se venden a cambio de un aviso publicitario?
Ustedes no se imaginan lo que a mí me duele hablar con estas palabras tan duras, pero es para ver si el país por fin se estremece y reacciona. Porque Colombia no está para pañitos de agua tibia. Ni el palo está para cucharas. Pero aquí, lo único que se nos ocurre es seguir discutiendo, con cara de sabios, si en castellano se dice correctamente corrompido o corrupto. Si a eso vamos, aprovecho para decirles que la Real Academia Española ya dirimió esa discusión al sentenciar que, cuando se refiere a una persona, se puede usar cualquiera de los dos términos de manera indistinta: “Es tan correcto decir un hombre corrupto como decir un hombre corrompido”, sentenciaron los académicos. Por mi parte, he usado ambas formas en esta crónica.
Epílogo
De modo, pues, que hablemos con franqueza. Al campesino analfabeto y hambriento que se roba una gallina en el patio ajeno, lo meten en el calabozo más sórdido para que se pudra. Pero al político o al funcionario que se graduó con honores de letrado, en las universidades más distinguidas, y que saquea los presupuestos de la salud, la educación, la comida de los escolares pobres, los contratos oficiales para hacer un puentecito aquí o abrir una trocha más allá, a ese, si acaso, y por mal que le vaya, le dan la casa por cárcel.
Lo que propongo desde aquí es que los corruptos sean condenados a devolver todo lo que se han robado, pero con intereses. Ah, y que hagan al revés: que les den la cárcel por casa.
¿Qué hijos vamos a dejarle al país? ¿Muchachos con cerebro de ladrones?
Desde hace muchos años los colombianos solemos repetir, a cada rato y en todas partes, una pregunta que se ha vuelto célebre y que, por eso mismo, se convirtió ya en un lugar común: ¿qué país les vamos a dejar a nuestros hijos?
Hoy en día, tal como están las cosas, con tanta corrupción cotidiana y tanto escándalo por todas partes, yo creo que ha llegado la hora de hacerse, más bien, la pregunta contraria: ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? ¿Unos muchachos con cerebros de ladrones? ¿Con alma de delincuentes?
En medio de la zozobra que me causa la situación que estamos viviendo, ahora vengo a comprobar que, por fortuna, no soy el único que se siente asediado por tales preocupaciones. El médico Remberto Burgos de la Espriella, uno de los neurocirujanos más respetados del país, se formuló un día esa misma inquietud con mucha más autoridad que yo, naturalmente, y ha dedicado largos años de su vida, noches de insomnio y horas interminables a buscar una respuesta.
Cordobés y argentino
¿Cómo afecta esta horrible marea de corrupción la mente de los jóvenes colombianos, sus células cerebrales? Esa fue la primera pregunta que se hizo el doctor Burgos. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción sobre esos cerebros?
Tuve, por fortuna, la oportunidad de conversar con él a lo largo de un año, de aclarar dudas, de precisar ideas, de oírlo en conferencias, de intercambiar mensajes. El doctor Burgos de la Espriella nació en Argentina por razones circunstanciales, pero todos sus ancestros proceden del departamento colombiano de Córdoba. Lo primero que me dice es que se siente cordobés hasta la médula de los huesos, “ya que soy un neurocirujano con alma de ganadero”. Vive en Bogotá desde los catorce años, allí estudió bachillerato, se graduó de médico y ha hecho especializaciones en Colombia, Estados Unidos y Canadá.
Mientras tanto, recojo por todas partes las historias que me cuentan los padres de familia. Uno de ellos le preguntó a su hijo, de quince años, qué quiere ser cuando termine sus estudios. “Quiero conseguirme un puesto –respondió el muchacho, sin vacilaciones– y en dos meses levanto plata para comprarme una camioneta TLX full equipo”. El padre estuvo a punto de echarse a llorar.
Los hombres del futuro
Sin titubear, con dolor en la voz y una absoluta seguridad, el médico Burgos me dice de entrada: “La corrupción nos está robando mucho más que dinero; nos está robando el futuro del país”.
Y entonces me explica que los escándalos diarios de corrupción crean un ambiente hostil para el desarrollo cerebral de nuestros jóvenes. “Los hace proclives a buscar el camino fácil, la recompensa inmediata. No miden las consecuencias de sus actos y ponen en juego su porvenir. Para ellos, las metas y los propósitos de largo plazo son una utopía cuando ven a muchos de sus compañeros, o de los amigos de sus padres, disfrutando los placeres rápidos que da el dinero ilícito”.
El médico agrega que al país se le ha venido apagando el cerebro ético. Y la educación, que debería ser su gran reconstituyente, se comporta con debilidad ante un problema tan grave. “No lo dude”, me dice. “La tabla salvadora de Colombia solo se conseguirá con la educación”. Verdad que sí: la educación. ¿Qué están haciendo universidades y colegios por la formación ética de sus alumnos? ¿Qué se está haciendo en los hogares para transmitir valores? ¿Qué hacen los medios de comunicación para concientizar a la sociedad? ¿No es hora ya de que nos unamos todos en este propósito?
El chicle de bomba
Al proseguir con su análisis, el médico Burgos evoca el pasado reciente del país, las tribulaciones vividas, las tragedias y angustias.
—La cultura del narcotráfico corrompió las entrañas del Estado y sacudió los valores más profundos del país. Hizo tambalear la democracia. Hoy ha sido reemplazada por lo que yo llamo generación chicle de bomba, esos funcionarios jóvenes y ostentosos, de ambiciones desmedidas, que se comportan como lo hacían los hijos del narcotráfico. Su fuente ya no es la coca, sino los recursos del Estado. Se inflan de emociones y viven exhibiendo sus recursos materiales, aunque sean ilícitos.
Claro, pienso yo, acá en la cocina: como no hay justicia, ni siquiera les importa que se sepa. Ni les da vergüenza. Según los describe Remberto Burgos, “son ágiles e imaginativos, conocen las minucias judiciales y anteponen su bienestar individual al colectivo. Tienen un circuito moral que los hace creerse inmunes”.
¿Y la sanción social?
El doctor Burgos, en su afán por hacerme una explicación periodística, es decir, comprensiva y sencilla, menciona el siguiente caso, que es muy frecuente: un joven universitario ve a su vecino, a quien el padrino político le consiguió un puesto. “Ese padrino tiene poder y conoce de memoria las gambetas y marrullas judiciales. Imagínese usted cómo actuará ese universitario, joven e inexperto, viendo semejante ejemplo, cuando deba decidir sobre un acto ilícito que le ocasiona grandes y rápidos dividendos”.
Y como Colombia carece de esa medicina llamada sanción social, el doctor Burgos explica que aquel muchacho llegará fanfarrón a su barrio, con joyas y carro nuevo, “en el cual le ofrecerá llevar a la universidad a su condiscípulo, o darle una vuelta de paseo, y el otro acabará cayendo en lo mismo, en un circuito interminable”.
—Entonces —le pregunto—, ¿qué piensan esos jóvenes cuando ven que a un corrupto que se roba la comida de los niños más pobres le dan la casa por cárcel?
—Es esa impunidad la que genera miopía del futuro. Si el cincuenta por ciento de los culpables no paga cárcel, y un veinte por ciento más tiene lugar especial de reclusión, a las células cerebrales de los jóvenes estamos enviándoles el mensaje de que aquí no pasa nada.
El billete mueve el mundo
Es decir que aquí lo que vale es la cultura del avispado y que todo se negocia y se compra. Y entonces terminan repitiendo, como dicen ya los jóvenes en todo el país, que “el billete mueve el mundo”. Adónde iremos a parar.
—Como sociedad —agrega el doctor Burgos—, los colombianos hemos saltado nuestras fronteras éticas: nos quedamos sin escrúpulos.
Me siento tan apabullado por la profundidad de sus investigaciones, y por todo lo que ha ido encontrando, que le pregunto si es que los colombianos nos hemos adaptado ya, cerebralmente hablando, a vivir en la deshonestidad.
—Debo decir con tristeza que nuestra conciencia colectiva está apagada. Y solo volverá a encenderse cuando cada colombiano escriba con la pluma de la ética la sanción social que merecen los corruptos.
Entonces me asalta una inquietud: ¿el mal ejemplo de la corrupción afecta más a los jóvenes que a los adultos? El médico me responde que “los afecta a ambos, pero el niño o el adolescente son más vulnerables porque están en un proceso de maduración cerebral que dura, en promedio, hasta los veinticinco años, como se ha demostrado científicamente”.
Alas y raíces
Ante semejante panorama, y viendo lo que nos espera, le pregunto al neurocirujano qué es lo que tenemos que hacer, en medio de tanta podredumbre, para reencontrar el camino correcto.
—Sueño para nuestros jóvenes lo mismo que quiero para mis hijos —me contesta—. Para empezar, que tengan raíces y se sientan orgullosos de sus antepasados, que transmitan nuestras tradiciones y costumbres. Que sus valores de escuela y familia tengan como prioridad la equidad y la justicia. Y deseo que tengan unas alas fuertes de responsabilidad social para que vuelen alto, pero subiendo rectos. Que no cojan por el camino fácil, sino por el de la perseverancia.
El doctor se detiene un instante. Guarda silencio. Después dice:
—No construiremos ciudadanos del futuro si no esculpimos desde la infancia su cerebro ético.
De salud y en salud
A punto ya de terminar, hablamos no solo de los jóvenes, sino de los adultos y la sociedad, su tolerancia ante la corrupción, la pasividad ante la injusticia. Le pregunto, entonces, si estamos ante un problema de salud pública.
“De salud pública, sí, pero también en salud pública”, me responde, y la verdad es que al principio no le entiendo. Solo mientras habla voy comprendiendo la profunda ironía de su frase.
—En primer lugar, es un problema de salud pública —me explica— porque la corrupción es una enfermedad que afecta la salud mental y el bienestar de los individuos. Pero, además, ahora es también un problema en salud pública porque, como lo hemos visto ya, se están robando hasta los dineros destinados a la atención de los enfermos: los de la hemofilia, los del SIDA, los del cáncer.
Los números, que son testarudos y no cambian de opinión, ratifican las palabras del médico Burgos y le dan toda la razón: el gasto anual de Colombia en salud es de cuarenta billones de pesos. Y, según las investigaciones más recientes, la corrupción se lleva anualmente sesenta billones. La corrupción nos cuesta veinte billones más, cada año, que la salud.
Epílogo
“Aunque la corrupción es un acto individual –concluye el doctor Burgos de la Espriella–, hay una responsabilidad social que consiste en aceptarla o rechazarla. No se puede seguir aplaudiendo la riqueza súbita ni la prosperidad inesperada, ni las trampas de la justicia ni a los milagrosos que consiguen casa por cárcel”.
Ni podemos seguir creyendo que el vivo vive del bobo y que por la plata baila el perro. Piense en su hijo, en su nieto, en su sobrino. Y no le quepa duda: la mayor miseria de este país, y la más ofensiva de todas, es la corrupción.
Darmowy fragment się skończył.
