Czytaj książkę: «Gobernar la ciudad»

1. ORDENAMIENTO LEGAL Y EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LAS INSTITUCIONES LOCALES FRANQUISTAS

El estudio de la articulación del poder local durante el franquismo es, por tanto, esencial para un mejor conocimiento de la propia estructura piramidal de la dictadura. Pero, a su vez, favorece la comprensión de los mecanismos de control y coacción de la sociedad por parte de las élites políticas.¹

El aparato político franquista consideró que para la construcción del nuevo Estado era fundamental crear un aparato institucional fuertemente jerarquizado que pudiera gestionar la depuración de cargos afines al sistema precedente y organizar las bases de la nueva realidad sociopolítica. Las instituciones locales constituían el primer órgano desde el cual el régimen proyectaba su imagen pública y la población podía identificarse con ellas gracias a las mejoras urbanas y políticas públicas que se iban realizando. A lo largo de este capítulo vamos a describir el uso, reforma y construcción de estas instituciones locales franquistas para ver su evolución en el tardofranquismo en los capítulos posteriores. También analizaremos las problemáticas que planteó su articulación y construcción en contacto con la población que decían representar.

LA RED INSTITUCIONAL-PROVINCIAL DEL FRANQUISMO

La dictadura militar de Franco –por medio de estas instituciones locales– facilitó el reencuentro de los diversos poderes locales, abanderados por la ideología nacionalcatólica que legitimó los contenidos contrarrevolucionarios del nuevo régimen.²

El ámbito de la institución provincial devino fundamental y su ordenación fue clave una vez el bando franquista iba avanzando y conquistando posiciones en el territorio durante la Guerra Civil. La eliminación de cualquier vestigio de la realidad republicana fue el objetivo clave que se marcó para establecer, sobre aquellos rescoldos, la «nueva realidad franquista». Así se presentó una legislación adaptada a las nuevas formas de ejercicio del poder que seguía un doble objetivo: por un lado, acabar con cualquier tipo de representación democrática institucional y, en segundo lugar, buscar y cooptar un personal político que fuera leal a los principios fundamentales del Movimiento, subordinado al poder central y que sirviera de manera «fiel» y «desinteresada» al Caudillo.

En definitiva, esta red de instituciones locales resultó fundamental para dotar al nuevo sistema político de una base de dirección nueva que le aportase una mayor legitimidad. Ahora estábamos ante una nueva realidad donde había que hacer las cosas de manera diferente a la etapa política republicana. Así se impulsó un proyecto político monolítico, depurador y centralizador que se concretó en un cambio en los mecanismos para acceder al control de los centros donde se hacía la política. Terminar, por tanto, con el sistema electoral precedente y el control de acceso era, para la lógica del franquismo, la mejor forma de cerrar el paso a reivindicaciones democráticas del pasado. Ahora, la sumisión y la subordinación en sus manifestaciones más puras y el hieratismo más rígido en el ejercicio del poder marcaron la propia evolución de las instituciones provinciales y locales del régimen.³

Ante esta nueva realidad, ¿cuáles eran las ventajas de obtener un puesto en la administración local que tenía, por tanto, escaso margen de maniobra y unos presupuestos que las atenazaban? Las circunstancias que acompañaron a la guerra, primero, y a la victoria, después, generaron una serie de bienes e influencias muy preciadas y, en torno a ellas, se hilaron nuevas adhesiones y lealtades. Así, las viejas relaciones de poder se reformularon y las antiguas clientelas se reconstruyeron en torno a los que estaban a punto de ganar la guerra en abril de 1939. Ocupar un puesto en una institución provincial generaba, por tanto, un bien de influencia valioso sobre el entorno inmediato y de conexión con la superioridad lo que podía ser utilizado en beneficio del interesado o de los administrados que él considerase. Además, estas nuevas redes clientelares giraban en torno a los mandatarios locales quiénes tenían capacidad de maniobra para decidir puestos y cargos locales, favorecer a determinadas familias y empresas y, en definitiva, primar unos intereses frente a otros.

Con el franquismo, todos los principales cargos que aquí señalamos serían ocupados por nombramiento directo y superior estableciéndose una relación de confianza y dependencia de arriba a abajo que sólo podía ser desquebrajada en la misma dirección, incluso en el supuesto de una dimisión o en una destitución fulminante.⁴ Esta jerarquización que caracterizaba al régimen franquista, como base para el mantenimiento de la homogeneidad política, es el hilo explicativo de la limitación de las atribuciones municipales, último peldaño de este sistema jerárquico. En este contexto, la figura del alcalde era, más bien, la de un delegado gubernamental que la de un representante del municipio ante otras instancias de poder. Pese a ello, la figura pública del máximo representante municipal ganó peso en la dictadura convirtiéndose en el verdadero líder local franquista junto con el gobernador civil. Este hecho presentó una continuidad cronológica ya que cuando se realizaron, a partir de 1948, las elecciones municipales por tercios, el principal administrador consistorial nunca dejó de ser designado por el gobernador, como también sucedió con el presidente de la diputación.⁵

LOS AYUNTAMIENTOS: CONTEXTO HISTÓRICO Y MARCO LEGAL

El ayuntamiento se había constituido como una institución relevante a partir de la Constitución de Cádiz. Centro del poder local, los administradores del consistorio habían gozado de poderes de gestión y delegación de la autoridad superior en toda la época liberal y esa autoridad local era fundamental para los administrados. El peso político del alcalde dentro del consistorio es lo que fue variando a lo largo de toda evolución histórica española, así como su designación.

El texto legal clave de regulación de esta institución en el franquismo fue la Ley de Bases de Régimen Local aprobada el 17 de julio de 1945. Su redacción tuvo lugar en la fase de reordenación, fijación legal y revisión estatal que caracterizó a los años centrales de la década de los cuarenta y que se inició con la aprobación de la Ley de Creación de las Cortes Españolas en 1942. En este sentido, durante esa etapa también fueron promulgados el Reglamento Provisional de las Cortes (1943), el Fuero de los Españoles (1945), la Ley de Referéndum (1945) y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947).

Los principios recogidos en la Ley de Bases de Régimen Local de 1945 y que afectan al ayuntamiento permanecieron vigentes hasta lo momentos finales de la dictadura, si bien en los años siguientes se elaboraron otros textos referidos a la vida municipal de carácter complementario que no modificaron la base de la ley que rigió la institución durante el régimen franquista.⁶

En la ley de 1945 se estableció que los ayuntamientos –como las diputaciones– eran corporaciones públicas de fines económico-administrativos encargadas del gobierno y la dirección de los intereses peculiares de su territorio y que debían actuar bajo la dirección ministerial sin sobrepasar un estricto marco competencial. De esta manera, la actividad de cada consistorio quedaba limitada al desarrollo de las tareas de urbanismo, conservación del patrimonio, aprovechamiento de los bienes comunales, salubridad, higiene, abastos, transportes, instrucción, cultura, beneficencia, policía, concursos y exposiciones, ferias, mercados, fomento del turismo y cualquier otra obra o servicio que respondiera «a las aspiraciones ideales de la corporación». Con ello se limitó las atribuciones políticas de los municipios sin pensar que muchas de estas atribuciones también eran una manera de expresión política indirecta. El nombramiento de director general de esta institución –el alcalde–, cabeza de partido y principal autoridad, no se dejó al azar:

A través del nombramiento de los primeros ediles, el Gobierno estatal se aseguraba el control del poder e influencia que aquéllos tenían, de acuerdo con un sistema en el que toda autoridad se convierte en subordinada de la superior de la que depende por entero. De este modo se justificaba, en un primera etapa amplia, la unión en la misma persona de la Presidencia de la Corporación Municipal y la Jefatura Local de Falange Española, algo que ejemplificaba la articulación de la maquinaria centralista del Estado a través de la adhesión a Franco.⁷

Así, los ayuntamientos en el franquismo tuvieron un fuerte carácter unipersonal. El poder recayente en la figura del alcalde era total, en él se encontraba las funciones de presidente del consistorio, jefe de la administración local y delegado gubernamental en el término. Su nombramiento dependía directamente del ministro de la Gobernación en las capitales y en los municipios de más de 10.000 habitantes. En el resto de poblaciones, su nombramiento dependía del gobernador civil. Con ello se conseguía un doble objetivo: por un lado, lograr el principio de jerarquía infalible sobre el que se articulaban los órganos de poder en el franquismo y, por otro, eliminar el principio de representatividad logrado en etapas anteriores. Su designación formaba parte de la lógica dictatorial: directamente nombrado por Franco, a partir de sus delegados –los gobernadores civiles–.

Los requisitos necesarios para poder optar a una alcaldía eran, como en la mayoría de las otras instituciones, ser español, tener más de 25 años de edad y «reunir las debidas condiciones de idoneidad, competencia y arraigo en la localidad», una expresión tan genérica e indeterminada que no significaba en la práctica ninguna limitación a la discrecionalidad nominativa. Además, quién ostentaba el cargo no cobraba por ello, enfatizando la idea de servicio a la patria y al Caudillo, aunque en los municipios mayores la Corporación podía asignarle a su presidente una cantidad fija para los gastos de representación que no podía exceder del 1% del presupuesto ordinario de ingresos. Esta circunstancia explica que la mayoría de ediles y alcaldes continuase con su profesión ordinaria anterior mientras las obligaciones relativas al cargo se lo permitiesen.⁸

Según quedaba definido en la Base Decimocuarta de la Ley de Régimen Local de 1945, al alcalde le correspondían las siguientes atribuciones que enumeramos a continuación:

1) Convocar, presidir, suspender y levantar sesiones y dirigir las deliberaciones, pudiendo decidir los empates con voto de calidad.

2) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados cuando no mediase la causa legal para su suspensión.

3) Dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales, los de la policía urbana y rural y de subsistencia, dictando los bandos y disposiciones convenientes.

4) Decidir la incoación de expedientes disciplinarios y la suspensión previa de funcionarios designados por la Corporación, el nombramiento y la sanción de los empleados que usasen armas y de los sometidos a la legislación de trabajo.

5) Reprimir y castigar las faltas de desobediencia a su autoridad y las infracciones de las ordenanzas y reglamentos municipales.

6) Ordenar los pagos y rendir cuentas de la administración del patrimonio municipal y de la gestión de los presupuestos.

7) Representar judicial y administrativamente al ayuntamiento y a sus establecimientos dependientes.

8) Presidir las subastas y concursos para ventas, arrendamientos, suministros y toda clase de servicios y obras municipales, así como todas las demás facultades de gobierno y administración no reservadas expresamente a la Corporación.

A esta funciones debemos añadir las que se emanaban de su posición como delegado de poder del Gobierno en la provincia: hacer cumplir las leyes gubernativas, mantener el orden y proveer a la seguridad pública e individual, cuidar de que se prestasen con exactitud los servicios y cargas impuestas por el Estado, adoptar personalmente y bajo su responsabilidad las medidas que considerasen necesarias en caso de gravedad producida por epidemia, trastorno de orden público, guerra, inundación o cualquier accidente análogo.

Como vemos, el alcalde franquista detentaba la totalidad del ejercicio del poder en su municipio desde los puntos de vista político y administrativo, a excepción de las atribuciones expresamente conferidas a otros organismos. Resultaba el máximo exponente del régimen a escala municipal o, en otras palabras, el último eslabón de la cadena centralizadora. Destacó, sobre cualquier otra consideración, su carácter de delegado gubernativo, algo que no se modificó a lo largo de todo el régimen, incluso con la nueva ley de 1975. En este sentido, en 1977, cuando todavía se mantenía la organización de los ayuntamientos impuesta por la dictadura, se afirmaba lo siguiente:

La ley de 1945 ‘fabrica’ un alcalde para hacer tanto a nivel municipal como, sobre todo, estatal en la localidad [...] El alcalde es poder [...] El alcalde es el instrumento a través del cual el Estado va a realizar su política a nivel municipal, quedando cualquier otra consideración totalmente relativizada; a la vez que las formas jurídicas de este órgano –presidencia del ayuntamiento, jefatura de la Administración Municipal, delegación gubernativa– son meras coberturas de ese poder actuante desde instancias externas al municipio.⁹

Pero lo cierto es que las amplias atribuciones que le fueron otorgadas por la legislación franquista propiciaron una profunda inflexión en el contenido esencial del concepto de alcalde, hasta el punto que puede considerarse como el giro más importante de los operados en la evolución interna de la institución en su historia desde los comienzos del constitucionalismo. En efecto, la dictadura concedió a los primeros ediles un sentido general que les equiparaba a los corregidores de los pueblos en su versión decimonónica, cuya principal función fue la de facilitar la intervención central y su control sobre los ayuntamientos. Paralelamente a ello, su poder era también equiparable al de los gestores en un estado de excepción. Ambas características se concentraron en los alcaldes de la ciudad de Valencia una vez la autoridad central iba perdiendo entidad y entrando en crisis terminal. Asimismo, la ley estableció, en la línea con la propia esencia del régimen, la duración indefinida del cargo, circunstancia que nuevamente recibió las críticas de ciertos sectores críticos dentro del régimen que apostaban por una limitación de mandato. Los ceses eran decididos por el ministro de la Gobernación «por razones de interés público» creando un grado de incertidumbre y discrecionalidad que favorecía el control de poder central y una lealtad ciega de sus delegados municipales.

Además del alcalde, los ayuntamientos franquistas estaban compuestos por un número de concejales proporcional al conjunto de residentes en el término municipal correspondiente. La escala utilizada, expresada a continuación, favorecía a los municipios menores donde la relación edil/vecinos era más representativa que en las poblaciones mayores (tabla 1).

TABLA 1

Número de concejales por número de población

Pero lo cierto es que estos ediles tenían escasa capacidad de decisión política y resultaban, más bien, delegados de los alcaldes en determinadas barriadas o asuntos municipales por él establecidos. La última decisión en todos los aspectos de la vida municipal era competencia del alcalde, principal administrador de las prebendas y sobre el que recayó la última responsabilidad de gobierno. Aunque esta realidad fue así durante todo el régimen, lo cierto es que la elección de estos concejales fue utilizada como una forma de establecer los principios de la democracia orgánica que éste propugnaba. Así, a partir de 1948 hasta 1973, se sucedieron elecciones municipales por tercios para renovar a parte de los concejales, siendo las del tercio familiar, como veremos a continuación, fundamentales para entender la evolución y composición diversa de los consistorios del franquismo.

EVOLUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN EL FRANQUISMO: ELECCIONES POR TERCIOS, RENOVACIÓN Y PROBLEMÁTICAS MUNICIPALES

Las elecciones por tercios constituyeron, desde 1948, una cita clave para entender la relativa renovación municipal del franquismo. Llama la atención, por tanto, los escasos estudios sobre estos procesos electorales consecuencia clara de la ausencia de documentación relevante sobre el tema en archivos locales o estatales.¹⁰

Siguiendo la normativa electoral consignada en la legislación municipal, la elección de una parte de los ediles de cada ayuntamiento correspondía a los representantes de los vecinos cabezas de familia de cada localidad, entendiendo tales a las personas de quienes dependían otras que necesariamente debían vivir en el mismo domicilio. Una cooptación que se realizaba a través de la celebración de comicios populares de carácter obligatorio entre los inscritos en el censo electoral de cabezas de familia. Otra parte era designada por los organismos sindicales radicados en el término municipal y en este caso los electores eran los compromisarios nombrados por las juntas sindicales locales. Finalmente, la elección del último tercio se efectuaba conjuntamente por los concejales de los otros dos grupos entre los miembros de las entidades económicas, culturales y profesionales no encuadradas en la Organización Sindical o, en su defecto, entre vecinos de reconocido prestigio a partir de una lista propuesta por el gobernador civil. Y estos planteamientos no se modificaron en toda la dictadura.

Dichas elecciones «semicompetitivas» o «no competitivas» del tercio sindical, familiar y de corporaciones respondieron a un intento por ganar legitimidad y a una defensa de los principios de la democracia orgánica donde el municipio aparecía como uno de sus pilares fundamentales. Pero lo cierto es que era muy desigual el procedimiento de elección –directa en el caso de los cabezas de familia, o de segundo grado los del sindical, pasando por la cooptación del tercio de corporaciones– incurriendo, por tanto, en un principio de contradicción frente a la presumible igualdad de oportunidades dictada en las Leyes Fundamentales.¹¹

Este criterio de desigualdad también se detectó en la regulación de las campañas electorales que quedaban establecidas por decreto prohibiéndose la participación de cualquier asociación en el desarrollo de la misma o del escrutinio posterior. La campaña electoral era más bien pobre, debían ser actos públicos y muy controlados, inclusive la propaganda y las cuñas publicitarias. Es por ello que la legislación de la misma obstaculizaba la labor de difusión de los candidatos considerados independientes pues no gozaban del apoyo de sectores en el poder. Además, la lucha electoral fue prácticamente inexistente, aunque eso no quiere decir que, de manera excepcional, se sucediera un encorsetado enfrentamiento y que, en ocasiones, resultase elegido el candidato «no oficial». Ello ocurrió en ciertos momentos del tardofranquismo y resultó clave para entender procesos como el de 1966 o 1976. Este último año fue el de la renovación de los presidentes de las corporaciones tras la nueva ley de 1975 y que, para el caso del Ayuntamiento de Valencia, resultó fundamental, como veremos.

Con estos procesos electorales, el régimen franquista pretendió generar una base social de amplio apoyo y formar una comunidad política de afines participantes en los procesos electorales, algo que no consiguió atendiendo a los bajos índices de participación de todos los procesos. Con nuestro análisis, la caracterización realizada por algunos autores de considerar estos procesos electorales como salida del franquismo para solucionar una carencia, nos parece altamente insuficiente. Estas fórmulas corporativas ya existían durante la dictadura de Primo de Rivera, sobre todo en organizaciones patronales y empresariales para participar activamente en los órganos de representación política inorgánica. En el caso de la dictadura franquista, recurrir a procesos de elección continua supuso una legitimación institucional tanto en el ámbito interno como externo. Por ello, los momentos de estas consultas coincidieron con los de mayor contestación internacional al sistema.¹²

Pero lo cierto es que la propia evolución del franquismo fue restando legitimidad a estos procesos electorales, algo que se puede detectar en el descenso de la participación electoral en cada uno de los comicios y la escasa presentación de candidaturas ajenas a las consideradas «oficiales». A partir de lo señalado por varios autores, la tendencia general de participación en estos procesos electorales, sobre todo el de ámbito familiar, fue muy inferior al de los referéndums.¹³ Ello preocupó a las propias autoridades franquistas, sobre todo en la década de los años sesenta, y lo intentaron resolver gracias a la ampliación del sufragio incluyendo a las mujeres casadas, retirando el festivo al día de la votación o directamente ampliando y modernizando las campañas en la prensa, radio o televisión.¹⁴

La escasa participación también se debió al complejo marco legal con el que estaba diseñado la propia lógica electoral franquista. Conviene tener en cuenta que el sistema orgánico implantado tras la Guerra Civil contemplaba bases electorales muy diversas en cuanto a su número y su naturaleza, con diferentes tipos de sufragio dependiendo del proceso. El sufragio indirecto fue el más extendido hasta 1967 donde votaban sólo los cabezas de familia, hombres o mujeres, mayores de 21 años residentes en España y que tenían en su domicilio a su cargo otras personas. El sufragio universal sólo fue utilizado en los referendos.

Sirva de ejemplo de todo lo afirmado anteriormente y, de la propia trascendencia de las elecciones municipales para ver las diferentes corrientes de la dictadura, el proceso electoral de 1966 en Madrid y que resultó paradigmático para todo lo que venimos señalando. Ese año, un grupo de aspirantes de inspiración monárquica se presentó a las elecciones en equipo. Liderados por Joaquín Satrústegui, candidato por el distrito de Chamartín,¹⁵ su programa electoral resultaba muy atrevido para el contexto político de la época pues cuestionaba el escaso papel dado a los concejales por parte de la Ley de Régimen Especial aplicada a las ciudades de Madrid y Barcelona. Una carta de recomendación electoral publicada por el diario ABC el 17 de noviembre de 1966 tuvo como resultado no deseado la elevada politización de la campaña por parte de la prensa del Movimiento.¹⁶

Esta politización fue fundamental para entender la derrota de Satrústegui que perdió los comicios porque no supo crear la imagen pública que el elector esperaba. Tanto es así que, como concluye un estudio sociológico que se realizó de este proceso electoral, en los lugares donde se politizó la práctica del voto, los candidatos independientes obtuvieron mejores resultados. Así lo entendió el propio protagonista que, en una carta publicada por el diario Arriba el 28 de noviembre de 1966, manifestaba su pleno convencimiento que el fracaso electoral se había dado por no saber transmitir que su candidatura era la de un hombre alejado de los cuadros políticos del propio Movimiento.

Junto con el caso de Madrid, tenemos el caso de Barcelona donde, como ha destacado Roque Moreno, en las campañas del tardofranquismo se alcanzaron amplios niveles de discusión no expresamente limitada a temas municipales aunque siempre circunscritas a temas legislativos, institucionales o financieros y nunca ligados a la promoción de la lengua o mostrando una actitud crítica o reformadora con el régimen. Escasos grupos, como cita Solé Tura, avanzaron en críticas al ayuntamiento, la Carta Municipal, la afirmación de un vago catalanismo y la filiación expresa a una ideología política determinada. El estudio de sociología que realizó Tura, uno de los más completos que disponemos de las elecciones de 1973, detectaba la presencia de cuatro grupos de candidatos con unas perspectivas políticas totalmente enfrentadas y divergentes.¹⁷

Pese a las campañas que dejaban entrever un proceso destacable de divergencia, lo cierto es que las autoridades del franquismo manipularon los resultados con el objetivo de controlar unos procesos lectorales que tan sólo pretendían dar legitimidad, con mecanismos democráticos, a un régimen dictatorial de partido único. Sin la manipulación se corría el riesgo claro de la pérdida de control de los ayuntamientos y, a partir de 1967 con las elecciones a procuradores en Cortes, la consecuente erosión del poder central desde dentro y el surgimiento a la voz pública de una pluralidad discursiva que podía dañar políticamente al régimen. Esta práctica de manipulación electoral fue una constante y produjo el resultado claro de pérdida de confianza de gran parte del electorado que consideró estos procesos como «mera pantomima». Así, poco a poco, el propio contexto internacional cuestionó las elecciones municipales, afirmando su carácter no democrático y criticando un supuesto aperturismo político que decían representar. Para el caso de la ciudad de Valencia, como señalaremos posteriormente, los resultados de las diferentes elecciones municipales se correspondían a lo demandado por el propio alcalde que configuraba previamente su equipo y, exceptuando alguna situación concreta, utilizó dichos procesos para rodearse de un entorno afín a sus intereses.

Como hemos visto, los propios procesos partían viciados con la selección de candidatos a participar. Todos eran investigados por su pasado político, descartando los que no podían concurrir por haber pertenecido a fuerzas relacionadas con la izquierda republicana. Además, en las grandes ciudades, los candidatos debían hacer frente a los gastos derivados de unas campañas electorales muy caras y tener una vinculación con el partido único probada y respetada. Cuando, a pesar de todos los escollos, llegaba a presentarse una «candidatura independiente», el principal objetivo del sistema franquista era evitar que llegase al día de las elecciones. Los recuentos también podían ser amañados si fuera necesario e incluso forzar políticamente la salida de concejales o de procuradores si disentían con lo que se consideraba «el sentir general». El trabajo que realizó Vidal Beneyto de los procesos electorales de Madrid ya destacaba infinidad de prácticas fraudulentas como: la presencia de delegados gubernativos no contemplados en la ley, control de las mesas electorales, falta de preparación técnica de los componentes de la mesa, ausencia de papeletas de voto independientes, coacción de los indecisos ante la urna o carencias evidentes en la organización material de las elecciones.¹⁸

Pero, pese a todo, estos procesos, fundamentales para el período que nos ocupa, nos proporcionan datos sobre las diferentes actitudes políticas de los valencianos o la distribución de corrientes de opinión. Es por ello que en cada período de alcaldía que analizaremos mostraremos especial interés hacía los procesos electorales de: 1960, 1963, 1966, 1970, 1971, 1973 y, con matices, 1976.

El municipio, junto con la familia y el sindicato, suponía, como vemos, uno de los pilares de la democracia orgánica propugnada desde el organicismo político de la dictadura. Es por ello que su gestión y organización fue una de las preocupaciones fundamentales y, a su vez, generó una serie de problemas sociales y políticos que afectaban a la mayoría de municipios peninsulares, especialmente los de las grandes ciudades. Estas dificultades fueron en aumento una vez el régimen llegaba a su fase final, especialmente en el tardofranquismo, y se codificaron en las siguientes: la representatividad y participación, el urbanismo y el regionalismo. Para intentar hacer frente a estos problemas, formar una élite administrativa y reflexionar sobre los asuntos de gestión, el régimen previó una serie de instituciones o recursos determinados.

Por ello, desde la instauración de la dictadura se decidió impulsar varias instituciones o servicios destinados al asesoramiento para la búsqueda de soluciones a los problemas que podían generarse en la política municipal. Así, en primer lugar, se creó el Instituto de Estudios de Administración Local en 1940 que se complementó con el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios en 1958. Ambos institutos reflexionaron sobre los problemas municipales que, a tenor de la dictadura, sufrían los municipios españoles y la manera de solventarlos.

A la tarea de ambos centros se sumó, desde 1960, la iniciativa más importante de reflexión sobre las problemáticas de gestión de los municipios en el franquismo: los cursos «Problemas políticos de la vida local».¹⁹ Esta iniciativa, impulsada por Fernando Herrero Tejedor cuando ocupaba la Delegación Nacional de Provincias del Movimiento Nacional y celebrada anualmente en Peñíscola (Castellón), supuso una enumeración de las principales preocupaciones de gestión que tenía el régimen con respecto a las diferentes ciudades.²⁰

¿Cuáles eran los problemas analizados en Peñíscola? Durante las primeras ediciones de los cursos –hasta prácticamente los años setenta– los temas tratados fueron desde la evolución histórica de los entes locales, la orientación política general de la vida local, clases y estructuras políticas de los municipios, las relaciones de las entidades locales o el futuro de las mismas. Así, aparecieron referencias a términos como regionalismo o región, prácticamente excluidos de la retórica oficial; o histórica fue la ponencia de García de Enterría en la primera edición: «Administración periférica del Estado y administración local: problemas de articulación», donde realizó una exposición de la estructura local, criticando el centralismo aplicado por el Estado que realizaba, en su opinión, una absorción completa de las actividades municipales. A estos temas se añadieron otros, no menos novedosos a principios de los años sesenta, como la situación de la juventud española o el cuidado del medio ambiente.

En esta línea de renovación que supusieron los temas tratados, especialmente el regionalismo, destaca también la presencia, en la III Edición de los cursos, del Delegado Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento, José María del Moral, con su conferencia «Perspectivas de un nuevo regionalismo». Una ponencia sobre el tema regional donde, como ya bien afirmaba, estábamos ante un aspecto «delicado, espinoso y polémico» pero que había que abordarlo dado que «se encontraba en el mismo meollo de la problemática económica, social y política de nuestro tiempo». En la ponencia se destacaba la apuesta por un regionalismo funcional y se consideraba al «separatismo» como «patología social». Estos «nacionalismos separatistas» habían sido motivados, según el ponente, por el «absolutismo borbónico del siglo XVIII, con un centralismo absorbente y desmedulador (sic)».

A estos problemas empezarán a incorporarse otros de diferente calado como el análisis de la representatividad municipal. Aquí debemos destacar la ponencia de José María Boquera Oliver en la V edición de los cursos que planteaba sus ideas para mejorar la representatividad del pueblo en las instancias municipales, constatando que se estaba perdiendo en la mayoría de municipios. Las elecciones por tercios no tenían el valor que merecían: «Una de las causas de retroceso de la democracia municipal pudiera ser, a nuestro entender, el actual sistema de representación en esta esfera administrativa». Por ello, analizaba el sistema representativo municipal para plantear una serie de cambios a introducir para detener la deficiencia planteada. Así, como idea novedosa proponía una democracia auténtica en el ámbito municipal, donde todos los vecinos con capacidad civil tuvieran la posibilidad de consentir y participar en el poder del ayuntamiento. Esto supondría, efectivamente, la instauración de la democracia inorgánica en los municipios, algo que el autor intentaba demostrar como conveniente y necesario para superar muchos de los problemas locales.

Como vemos, el análisis de las ponencias y conclusiones de Peñíscola nos permite comprender las preocupaciones de los asistentes sobre determinados temas de la política municipal. Si bien es cierto que los asuntos de debate, como hemos señalado, eran a propuesta de la Delegación Nacional de Provincias, la labor reformista de los impulsores del congreso se hizo patente en la novedad de planteamiento de dichas conclusiones a la discusión de los seminarios. Las cuatro problemáticas trabajadas y detectadas en estos conectaban claramente con las preocupaciones de las ponencias y fueron: la representatividad y participación, el urbanismo o el regionalismo.

Así, a modo de ejemplo, durante la celebración de la segunda edición de los cursos, en 1961, se trabajó «la participación de los administrados en el régimen local». El régimen, consciente de la escasa implicación de los ciudadanos en los procesos electorales dedicados a renovar las corporaciones locales, debatió con insistencia de qué manera se podía modificar esta situación. Por ello, se planteó desde una reforma educativa que incluyera como asignatura obligatoria la importancia de las colectividades locales, hasta la apertura de determinadas comisiones especiales locales al ciudadano con voz y voto. Estas conclusiones incluyeron el uso de la propaganda por «medios modernos» y una cierta descentralización en las formas y reconocimiento de entidades para la participación de los administrados en las funciones y servicios locales. Además, se destacó la importancia que han tenido las asociaciones de vecinos y otras entidades como forma de acercar al ciudadano a los problemas.²¹ Este tema de la participación y representación fue evolucionando hasta dedicarse un curso exclusivamente a la temática del asociacionismo ya al final de la dictadura.

Lo que cada vez parece más cierto y palpable es que la formación intelectual de parte de la élite, canalizada en estos cursos, fue permitiendo, poco a poco, cierta apertura política o asimilación de las transformaciones que se iban dando, posibilitando que los cambios se produjesen de la forma y manera en que se produjeron en algunos municipios. Por tanto, tal y como hemos venido señalando, los cursos de Peñíscola reúnen las perspectivas, ideología y aspiraciones de un sector del franquismo que, en consonancia con otros centros y figuras políticas «con gran capacidad de integración de las coyunturas menos favorables del sistema», permitieron crear auténticos espacios de debate en la dictadura.²²

Por otro lado, todo ello ayudaría a comprender que la élite de origen e intereses diversos tuvieran un punto de encuentro en el sistema con el municipio como principal preocupación y centro político especialmente en torno a temas como el regionalismo, el urbanismo o la representatividad municipal.

¹ R. Quirosa-Cheyrouze Múnoz y M. Fernández Amador: Poder local y transición a la democracia en España, Granada, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, 2010, p. 26.

² E. Nicolás Marín: «Los poderes locales y la consolidación de la dictadura franquista», Ayer, 33 (1999), p. 70. La cursiva es mía.

³ A. Cenarro Lagunas: «Instituciones y poder local en el ‘Nuevo Estado’», en S. Juliá (coord.): República y guerra en España (1931-1939), Madrid, Espasa, 2006, pp. 421-448; M. Marín Corbera: Els ajuntaments franquistes a Catalunya: política i administració municipal, 1938-1979, Lleida, Pagès, 2000, pp. 50-53.

⁴ A. Cazorla Sánchez: Las políticas de la victoria: la consolidación del nuevo Estado franquista (1938-1953), Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 44.

⁵ Dejamos aquí las referencias a las otras instituciones locales fundamentales en la dictadura: gobierno civil y diputación provincial, sobre las cuales el lector podrá encontrar suficientes referencias bibliográficas en este trabajo.

⁶ Entre ellos destacan el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales de 17 de mayo de 1952; la Ley de Bases de Régimen Local de 3 de diciembre de 1953 sobre modificación de la de 1945; y el Texto articulado y refundido de las leyes de bases de régimen local de 1945 y 1953 aprobado por Decreto el 24 de junio de 1955. Podemos señalar que estos corpus legales no se modificaron hasta la nueva Ley de Régimen Local que modificó la anterior y que, aprobada en 1975, prácticamente no se desarrolló.

⁷ R. Quirosa-Cheyrouze Múnoz y M. Fernández Amador: Poder local..., op. cit., p. 45.

⁸ En los municipios de menos de 10.000 habitantes se estableció un régimen económico diferente, según el cual los alcaldes sólo podían recibir compensaciones e indemnizaciones en el caso de que fueran propuestas por el ayuntamiento y autorizadas por el gobernador civil.

⁹ Véase J. Morillo-Velarde Pérez: El alcalde en la administración española, Sevilla, Instituto García-Oviedo-Universidad de Sevilla, 1977.

¹⁰ Una excepción resulta, aparte de los trabajos de autores como Roque Moreno, algunos fondos documentales contenidos en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, especialmente los referidos a la Secretaría Técnica del Movimiento Nacional y que contienen informes relativos a las citas electorales por los diferentes tercios, aunque su número es escaso y se refieren, en su mayoría, a los últimos procesos.

¹¹ Dicho sistema no es original de la dictadura franquista. Está presente en otros regímenes dictatoriales. Un buen marco comparativo en: R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas: la ficción plebiscitaria», en R. Moreno Fonseret y F. Sevillano Calero: El franquismo: visiones y balances, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999.

¹² Esto se puede reforzar comparando –como ha realizado Roque Moreno– el calendario electoral franquista con las propias presiones internacionales del régimen. Así, siguiendo el calendario internacional, justo en 1945 –final de la contienda mundial– Franco anunciaba que próximamente se celebraría elecciones municipales. En 1947, las autoridades ya habían sometido a referéndum el texto de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, basándose en la Ley de Referéndum de 1945. Nuevamente, en un contexto de hostilidad internacional y con una modernización económica creciente, se convocó, en 1966, el referéndum de la Ley Orgánica del Estado y la convocatoria, un año después, de las primeras elecciones donde podía concurrir la mujer casada. A ello debemos añadir la importancia que estaban teniendo, desde 1963, las elecciones sindicales, «la manifestación más atípica de participación y representatividad que se da en toda la estructura política del franquismo», R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas...», op. cit., p. 54.

¹³ Según señala Roque Moreno, por datos obtenidos en la prensa, la participación en las elecciones municipales osciló del 80% en las de 1948 y 1951, a aproximadamente un 40% registrado en los últimos comicios de la dictadura (1970 y 1973), R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas...», op. cit., p. 80.

¹⁴ Tenemos constancia que la escasa participación en las elecciones municipales preocupaba mucho al régimen y dicho malestar estuvo en la base de la organización de los cursos «problemas políticos de la vida local» como veremos posteriormente.

¹⁵ Joaquín Satrústegui Fernández, abogado, del círculo de D. Juan de Borbón, defendió una solución monárquica del régimen lo que le valió las críticas de otros sectores. Participó en la creación de la Unión Española y en el Congreso de Múnich. En 1966 encabezó las elecciones al tercio familiar en el distrito de Chamartín. Resultó una figura clave dentro de los políticos liberales en la Transición.

¹⁶ La noticia, publicada en el ABC del 17 de noviembre de 1966, llevaba como título la sugerente interrogación «¿existen candidatos ‘oficiales’ y de la ‘oposición’ en las elecciones a concejales del próximo domingo?». En el mismo escrito se intentaba desmontar las críticas lanzadas por Álvarez Llopis, de la jefatura local de FET-JONS, que consideraba a los candidatos de este sector monárquico «candidatos de la oposición».

¹⁷ J. Solé Tura: «Elecciones municipales y estructura del poder en España», en VV.AA.: Estudios de ciencia política y sociología en homenaje a Carlos Ollero, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1972.

¹⁸ J. Vidal Beneyto: Elecciones municipales y referéndum, Madrid, Tanagra, 1966.

¹⁹ Estas jornadas, de una o dos semanas de duración dependiendo de la edición, tuvieron lugar una vez al año hasta 1976. A ellas fueron convocados todos aquellos que desarrollaban cualquier tipo de labor en una institución pública del país. Así, a la presencia de alcaldes, presidentes de diputación y algún gobernador civil, se sumaba la asistencia de funcionarios locales como: secretarios, interventores, trabajadores de ayuntamientos y diputaciones. La mayoría acudían becados al curso de formación y muchos, gracias a su presencia, hacían méritos para ascender dentro de la carrera política. No olvidemos que Peñíscola favorecía el trato entre miembros de diferentes puntos geográficos con la consecuente relación afectiva y política que se establecía entre ellos y, por tanto, la posibilidad de labrarse un buen futuro profesional. El programa del curso establecía cinco o seis horas de trabajo continuado articulado en una serie de ponencias magistrales y, posteriormente, los asistentes participaban de unos seminarios de discusión y debate propuestos por la organización.

²⁰ El estudio de estos cursos ha sido capaz gracias a un trabajo pormenorizado de lectura de las ponencias publicadas anualmente por la Delegación Nacional de Provincias del Movimiento y el Instituto de Estudios «Castillo de Peñíscola». El estudio de los 17 volúmenes depositados, casi en su totalidad, en la Biblioteca Nacional de España, constituye la base de lo que afirmamos aquí. Igualmente, en el Archivo General de la Administración se encuentran multitud de legajos sobre la conformación y organización de los citados cursos.

²¹ Ello reafirmaría la tesis de Radcliff al referirse a estos colectivos vecinales como auténticas «escuelas de democracia» y cuya importancia no debemos desdeñar en la Transición. P. Radcliff: «Si ocurrió en España, ¿por qué no en cualquier otra parte?», Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo, 29 (2009), pp. 109-119.

²² Véase C. Palomares: Sobrevivir después de Franco: evolución y triunfo del reformismo, 1964-1977, Madrid, Alianza, 2006.

2. PODER LOCAL E INSTAURACIÓN FRANQUISTA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (1939-1958)

Entre las gentes que el 18 de julio del 36 dieron la batalla al comunismo, las hay de diferentes matices, no todos son falangistas, pero todos son de probada lealtad a la patria, y todos son útiles para una labor como la municipal. Quiero esto decir que hemos de buscar siempre a los más aptos sin prejuicio de ningún género, aunque esto no signifique que Falange que es siempre la primera en los momentos de sacrificio haya de ser desplazada de los cargos de dirección y responsabilidad. Todo lo contrario, debemos aspirar a que la esencia, el modo de ser de la Falange se infiltre en todos los municipios españoles.¹

Una vez insertado el consistorio municipal en la vasta red institucional franquista, vale la pena detenerse ahora en la instauración de esa red institucional en el caso de la ciudad de Valencia, qué personal político la ocupó y cuál fue su evolución política a lo largo del primer franquismo. Ello permitirá enlazar con la evolución del municipio en el tardofranquismo y transición a la democracia.

«A LA SOMBRA DE ARANDA»: INSTAURACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES VALENCIANAS

Una circunstancia que debemos subrayar es que la instauración del régimen en la ciudad vino marcada por el proceso final de la contienda misma y por la presencia de ciudadanos con poder en épocas precedentes que convivieron con un creciente peso de la quinta columna y la Falange local. La situación de incertidumbre vivida en los últimos días de la guerra explica que, en marzo de 1939, varios miembros de la quinta columna tomasen el ayuntamiento y proclamasen un nuevo alcalde mientras los últimos efectivos republicanos iban abandonando la ciudad tras la caída de Madrid.² Esta circunstancia molestó al general Aranda,³ encargado de la toma de la ciudad de Valencia, y así lo hizo constar tanto en público como en privado.

Así, la ciudad, sumida en el caos tras la caída de Madrid y con un ejército en retirada, nombró a Francisco Londres alcalde provisional sin esperar la llegada del general Aranda. Londres había sido teniente de alcalde en etapas anteriores, tenía vínculos personales con algunos falangistas y relaciones económicas con dirigentes locales pues era miembro del Banco de Valencia y de la Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil número 3. La no pertenencia política a un grupo determinado nos indica que no había sido designado por los vencedores sino por los ciudadanos de la ciudad. Este antiguo regidor y teniente de alcalde del consistorio durante la dictadura de Primo de Rivera, con vínculos políticos con varios grupos reaccionarios, asumió el cargo y supervisó la entrada de los militares en la ciudad. Su ascenso, atípico y fruto de la rapidez con la que se tuvo que hacer frente a la salida de los republicanos, causó un gran malestar entre los militares, incluido el propio Aranda. Su designación rompía con la lógica de nombramientos del régimen que ya había dispuesto que el alcalde fuera otra persona y, por ello, su elección desapareció de las crónicas oficiales.

El malestar de Aranda se agudizó cuando fue nombrado gobernador militar de la región tras la guerra. En este cargo, siguiendo a Paul Preston, acabó disgustado por la corrupción policial, la represión y las actividades incontroladas de los arribistas de Falange.⁴ Su salida vino propiciada por la enemistad creciente con el gobernador civil, Javier Planas de Tovar. Su relación era prácticamente inexistente y se controlaban mutuamente fruto de una amplia desconfianza personal.

El Gobierno nombró gobernador civil al coronel Francisco Javier Planas de Tovar, que tuvo de secretario político a Joaquín Maldonado hasta finales de 1941. Creo que el nombramiento de Planas fue motivado para vigilar al general Antonio Aranda, el capitán general que era compañero suyo de Academia, del cual no se fiaban mucho. Planas lo sabía, al extremo que, un día que le dio Aranda una amable palmada en la espalda, le contestó: «que no se te vuelvan puñales».⁵

Paralelamente, algunos espacios de poder eran ocupados por jóvenes falangistas. Estos últimos militaban, desde hacía años, en el partido que había fundado José Antonio Primo de Rivera en 1934 y previamente provenían, en su mayoría, de un pasado Jonsista de gran peso en la ciudad. Pues, en el caso valenciano, la presencia de una juventud movilizada desde la derecha es innegable antes de la contienda civil. Las facultades y centros de estudios eran una amalgama de grupos estudiantiles, muchos de ellos antirrepublicanos y protofascistas, que se vieron aglutinados tras el surgimiento de la Conquista del Estado y las JONS.⁶ También, dentro de esa nueva organización jugó un papel fundamental la militancia proveniente de la Derecha Regional Valenciana. Pese a que su líder, Luis Lucia Lucia, se mantuvo contrario al golpe militar, lo cierto es que gran parte del nuevo personal político instaurador de la dictadura procedía de este partido o de etapas históricas precedentes como la dictadura de Primo de Rivera.⁷

Era el caso del primer alcalde de la ciudad designado por el nuevo régimen tras la salida de Francisco Londres el 12 de abril de 1939: Joaquín Manglano y Cucaló de Montull. Éste inició una etapa de mandatarios no democráticos que se amplió hasta 1979, arrojando un saldo de ocho alcaldes para cuarenta años de vida valenciana, con un promedio de cinco años de mandato por alcalde, si bien los hubo de tres años y medio (el mínimo) y de once años (el máximo) (tabla 2). Algo que contrasta con los alcaldes del período de 1900-1939 que fueron treinta y nueve en total.

TABLA 2

Alcaldes de Valencia durante la dictadura franquista (1939-1979)

El nuevo gobernador civil de Valencia, Javier Planas de Tovar,⁸ optó por un viejo conocido en los puestos de dirección local, un carlista lo suficientemente representativo para todo el municipio.⁹ Y la persona elegida era uno de los pocos que pertenecía plenamente a la oligarquía valenciana. Esto le otorgaba un papel de representante de la misma, como sucedió con otros alcaldes posteriores, superando las paredes del consistorio y las fronteras administrativas de la provincia. Una representación de la élite oligárquica no fijada normativamente pero si ejercida conscientemente.¹⁰

Muchos de los concejales que acompañaron al barón de Cárcer tanto en la primera gestora –provisional– como en la segunda,¹¹ seguían esa línea continuista que destacábamos anteriormente. Muchos procedían de consistorios anteriores a la república tenían su origen político en la Derecha Regional o pertenecían a una vieja oligarquía financiera. A todos ellos se incorporó la nómina de personajes reconocidos desde el punto de vista cultural como los escritores Martín Domínguez, Vicent Genovés, junto con algunos jóvenes falangistas.

Pero lo cierto es que el nombramiento del barón de Cárcer se dio, como también sucedió con Barcelona u otras ciudades del Estado, por una organización de las instituciones previa a la entrada a la ciudad por parte de los vencedores. La propia composición de la primera comisión gestora, plagada de nombres de antiguos políticos anteriores a la guerra, así lo indicaba. A ella se añadieron nombres de un nuevo personal político al que se pretendía premiar por su papel en la contienda. Esta situación explica la presencia, en las gestoras, de personas con un papel fundamental en la Guerra Civil o en etapas precedentes y algunos políticos, escasos por ahora, de la Falange de preguerra. Pero, unido a lo anterior, muchos de los nuevos concejales tenían vínculos económicos de importancia aparte de los políticos. Encontramos políticos vinculados a empresas como la Naviera Industrial Española o la Valenciana de Cementos Portland. Esta conexión económica influyó notablemente en la política de los primeros consistorios de la dictadura, por no decir que la relación perduró a lo largo de todo el franquismo.

Joaquín Manglano planteó, como objetivo fundamental, la reconstrucción de la ciudad. Planificó nuevas ordenaciones urbanísticas junto con el arquitecto municipal Javier Goerlich y planteó la reforma integral de ciertos barrios que habían quedado arrasados por el conflicto. Además, impulsó unos planes muy ambiciosos pero que ocultaban un afán especulador evitando la idea de solucionar problemáticas de índole social. La aprobación de un plan de ordenación urbana en el lejano 1946 refuerza esta idea. El alto grado de provisionalidad urbanística, en una ciudad que fue creciendo en población finalizado el conflicto armado, llevó a la construcción de asentamientos ilegales en los márgenes del río.¹² Desde el punto de vista cultural, se instauraron lugares de memoria de los vencedores y se cambió la toponimia de diversas calles para adaptarlas al martiriológico reaccionario, especialmente falangista –falangista Esteve, hermanas Chabás–. Y, en definitiva, se intentó normalizar la situación de posguerra sobre unas nuevas bases aportadas por el Estado franquista.¹³

Pero esta situación cambió radicalmente, en lo que a los ayuntamientos y diputación se refiere, con el nombramiento, en abril de 1943, del nuevo gobernador civil de Valencia: Ramón Laporta Girón que, al poco tiempo, acumulaba a su cargo el de jefe provincial de FET-JONS. Éste destituyó al alcalde y rompió con la situación de cierto equilibrio anterior entre las fuerzas triunfadoras. Además, la unificación de ambos cargos, aparte de fortalecer la autoridad del gobernador civil, desplazó a Rincón de Arellano a la presidencia de la diputación algo que creó cierto malestar entre las bases del partido único:

Además yo era enemigo de la fusión de ambos cargos, gobernador y jefe provincial, y consideré que un indígena no debe ser representante del gobierno central en su provincia. Por otra parte, siempre dije que esa fusión no daba fuerza al Partido, sino al revés, pues era meter al Gobierno en las decisiones de la Falange.¹⁴

Fruto de la nueva situación política, con el cambio de gobernador y la ruptura de equilibrios, se tuvo que reelaborar el reparto de poder en la región. Para ambas esferas provinciales, ayuntamiento y diputación, se buscó a un personal político representativo y con conexiones políticas con las etapas precedentes. Pese a todo, el nombramiento de Laporta Girón comportó una mayor intensificación de la escenografía falangista en Valencia, acorde con la presión que este grupo político desplegaba por entonces dentro del franquismo. La renovación del consistorio fue total y ahora sólo permanecerán tres concejales de los presentes en 1939. Ello respondía a una clara idea que veremos a lo largo de toda la dictadura: cuadrar afinidades del entorno político del gobernador civil en las instituciones civiles y, a su vez, recomponer los equilibrios locales gracias al nombramiento directo.

Pese a la renovación municipal, la continuidad de la política de alcaldes anteriores fue total: por un lado, en lo que se refiere a las reformas urbanísticas realizadas por el barón de Cárcer en 1946, se desarrolló el plan general de ordenación para Valencia y su cintura, redactado en Madrid por Germán Valentín Gamazo y gestionado por el órgano, creado ex profeso, «Gran Valencia». En segundo lugar, se reactivaron las políticas culturales propiamente regionales como el «homenaje a Jaime I» o la recuperación de tradiciones propias de la ciudad que la guerra y la represión habían ido anulando. En los años cuarenta quedó una importante política de gestión cultural y folclórica que se consolidó con el impulso municipal de las Fallas. El ayuntamiento pasó a controlar férreamente la festividad a partir de 1944 con la municipalización de la Junta Central, máximo órgano de gestión de la fiesta y donde el alcalde, o un concejal nombrado a tal efecto, pasó a ser su presidente.

La dinámica municipal se vio alterada con las primeras voces que apuntan a una posible revolución en los consistorios: la introducción de las elecciones por tercios para la renovación de los mismos –exceptuando el alcalde que continuaba designado directamente por el gobernador civil–. Pero esta reforma no llegó hasta 1948 y hasta entonces el alcalde –el aristócrata Trénor–, atenazado por unas arcas municipales exiguas y problemas reiterados de salud, dejó su cargo en otras manos.

El sucesor de Gómez Trénor, José Manglano Selva, representaba a la élite aristocrática de la ciudad vinculada en origen al Movimiento –había sido secretario local de Falange tras la guerra– y llegaba a una corporación acompañado de hombres de probada fidelidad al mismo tras la guerra como: Errando Vilar, Julio de Miguel o Torres Murciano. Con ello, el aún gobernador civil Laporta Girón consiguió mantener el equilibrio local y contó, para ello, con una persona partidaria del proceso electoral de noviembre de 1948. La principal novedad del mandato de Laporta fueron estas elecciones, las primeras convocadas bajo la nueva ley de administración local, y que creaban un aparente marco de legalidad democrática, pero nada más lejos de la realidad dado que estaban totalmente controladas por el poder y limitaban la votación y la cooptación de los candidatos, como hemos visto en el capítulo anterior.

Estas elecciones fueron muy criticadas, no tanto ya por la oposición antifranquista que las consideró antidemocráticas, sino incluso por un sector del propio régimen valenciano que las veía como una posibilidad directa de imposición de candidatos por medio del gobernador civil que podía romper la hegemonía de un sector o el supuesto equilibrio aparente entre sectores. De hecho, el propio proceso electoral conllevó una víctima: Adolfo Rincón de Arellano que dimitirá de su puesto como presidente de la diputación provincial:

Me metí en la diputación porque me decían que era un sitio tranquilo y luego no había prácticamente nada que hacer y estuve en la diputación pues hasta el año 49 (sic). En el año 49 (sic) se habían inventado esto de la democracia orgánica y yo era partidario de respetar la cosa de la democracia orgánica porque me parecía que no era cosa mala, sino una cosa buena; una participación por el pueblo, en vez de por los partidos políticos. [...] Claro, yo continuaba aceptando los que salieran –a mí me daba igual unos que otros–, pero el mando dijo que sí y llegó un momento que impuso dos nombres y entonces yo cogí y dije ‘toma la vara’ y me fui y ya no volví por allí.¹⁵

Y la situación de malestar se agravó a la salida del presidente de la diputación, que le siguió el traslado del gobernador civil y, por tanto, la recomposición de la corporación que se vio facilitada por los problemas de salud del alcalde, José Manglano, pese a su juventud –llegó a la alcaldía con treinta y ocho años–.

Con la llegada del nuevo gobernador civil, Salas Pombo, se procedió a nombrar rápidamente a un gestor municipal –probablemente el mayor gestor y menor político que tuvo el ayuntamiento durante la historia del régimen–. El elegido fue un juez de un pequeño pueblo de la provincia de Castellón: Baltasar Rull Villar, simpatizante del régimen y estudioso e interesado de los problemas locales que vivió de lleno y de cerca los problemas crónicos en las arcas municipales y puso la primera piedra de algunos de los proyectos urbanísticos que definieron el segundo franquismo.¹⁶ Rull se mantuvo en el cargo hasta el relevo del gobernador civil y la llegada a la alcaldía del alcalde de la riada: Tomás Trénor Azcárraga.

La alcaldía de Trénor no se entiende sin la presencia de un grupo de poder en la ciudad. Este sector de la burguesía monárquica, vinculado parcialmente a Derecha Regional Valenciana, realizó encuentros y tertulias paralelamente a la instauración del franquismo orientados a comentar la evolución de la situación política e incluso relanzar un nuevo diario, Diario de Valencia. En el seno de este grupo encontramos a cierto poder contestatario con las políticas y evolución del régimen que tuvo su apogeo en la década de los cincuenta con la llegada a la presidencia del Ateneo Mercantil de Joaquín Maldonado, en 1955, y la situación existente tras los sucesos de la riada de 1957.¹⁷ Este Ateneo Mercantil no resultaba una institución menor pues, sobre todo a partir de esta década, comenzó a funcionar como foro social de la ciudad y quién ostentaba su presidencia ocupaba claramente un cargo de representación político-social. Hasta el punto que, desde el año de acceso de Maldonado a la institución hasta 1963, año de su salida, el Ateneo Mercantil triplicó su actividad cultural, muchas veces comprometida políticamente, como es el caso de las conferencias en torno al valencianismo impartidas por Martín Domínguez, Joan Fuster o Manuel Sanchis Guarner, o las de fuerte carácter europeísta previas al «Contubernio de Múnich».¹⁸ Queda claro que el ambiente de «disidencia tolerada» durante esos años fraguó una respuesta política alternativa donde estaban presentes los que habían defendido el régimen por lo que de «revolucionario y transformador» tenía al inicio, e iban distanciándose del mismo a medida que presenciaban detalles y prácticas que no esperaban o perjudicaban sus intereses.

Y aunque los diferentes gobernadores civiles –sobre todo los de acuciada tendencia falangista como Laporta Girón o Salas Pombo– pudieron mantener un juego de equilibrios entre «camisas viejas» y nuevos líderes locales; la progresiva disidencia de una élite democristiana, monárquica y crítica con determinadas políticas –y que justamente ostentaba puestos de peso en el ayuntamiento, la diputación, instituciones culturales y prensa conservadora– fue el detonante de una crisis política sin precedentes.¹⁹ De hecho, como hemos visto en la tabla anterior (tabla 2), al primer alcalde franquista le irán sustituyendo figuras cada vez menos comprometidas con la filosofía del régimen y del partido único en la década de los cincuenta lo que conllevó a algún malentendido público, como veremos. De hecho, el suceso de la riada del Turia, especialmente sus consecuencias políticas en 1957-1958, fue el detonante para reprimir esa vía de disidencia abierta gracias a este grupo de presión monárquico.

«CUANDO CALLAN LOS HOMBRES HABLAN LAS PIEDRAS»: LA CRISIS DE 1957

Así, a la altura de 1955, con el nombramiento de Tomás Trénor Azcárraga como alcalde, con Posada Cacho de gobernador, y después de más de veinte años del conflicto armado, la ciudad estaba a las puertas de su «refundación». La dictadura del General Franco estaba comenzando a abandonar la etapa de autarquía para iniciar un desarrollismo económico que marcó el futuro inmediato de la región y de todo el Estado. Mientras tanto, ya con medio millón de habitantes, la urbe experimentaba la afluencia de población inmigrante instalada en sus barrios periféricos. La ciudad, en definitiva, extraordinariamente marcada por las circunstancias de instauración del régimen, se acercaba al inicio de un cambio de etapa.²⁰

En este contexto se produjo un suceso trascendental en la historia de la ciudad. El desbordamiento del río Turia, en octubre de 1957, condicionó las políticas municipales posteriores, convirtiéndose en una especie de «renacimiento urbanístico».²¹ Las consecuencias económicas y materiales del desastre, unido a las víctimas mortales y los destrozos causados, dejó a la ciudad en una crisis sin precedentes. Si a esto añadimos los retrasos en las labores de reconstrucción y la falta de refuerzos a la misma, llegamos a una situación de estancamiento que sería de nuevo aprovechada por los críticos del sistema en 1958.²²

La diatriba más destacable tras estos sucesos vino del propio alcalde de la ciudad: Tomas Trénor y Azcárraga, II marqués del Turia, del círculo monárquico de D. Juan de Borbón, y de peso político en la ciudad, que vertió importantes críticas públicas por el retraso en la llegada de las ayudas presupuestadas y una posible desviación de fondos destinados a las víctimas:

Se dotó en el papel con unos trescientos millones; posteriormente, en una reunión del Consejo de Ministros, se asignaron para el presente año cien millones. Pero no ha llegado, todavía ni un céntimo. [...] Valencia, pues, como digo, tiene derecho a vivir tranquila. Valencia, que es preocupación en los medios económicos oficiales por su aportación económica al acervo común español, tiene también derecho, en su desgracia, a ser atendida debidamente.²³

Esta alocución, pronunciada en público en un pleno municipal, tuvo un gran impacto en la ciudad. El gobernador civil prohibió su difusión inmediatamente, orden que fue desatendida por el Ateneo Mercantil y su presidente, Joaquín Maldonado, que rápidamente difundió 16.000 copias del discurso transcrito entre sus socios y público en general.

Yo respaldé al alcalde –afirmó Maldonado– en todas sus actuaciones. El dinero no venía a pesar de que sí lo había. En eso el marqués del Turia fue muy ducho. Pero los meses iban pasando y Valencia seguía sin ser debidamente atendida. Entonces, en 1958, llegó una segunda riada que colmó la paciencia de todos. Cuando el alcalde pronunció su discurso, yo –como muchos otros– estuve presente en el ayuntamiento. La situación era lamentable e inaceptable. Valencia tenía que protestar y eso fue lo que pasó.²⁴

Además, el director del diario Las Provincias, Martín Domínguez, que pertenecía a este círculo crítico, publicó una recensión del discurso al día siguiente y lo glosó en estos términos:

Breve, ceñido a la sustancia del asunto y del momento, con un aplomo viril, prócer, rebosante de esa dificilísima sencillez que confiere el simple y a veces heroico cumplimiento del deber, el alcalde de Valencia pronunció ayer tarde unas palabras al abrir la sesión pública del pleno, que dictadas por la dolorosa y alarmante situación de Valencia y su comarca, reactualizado por la tromba el miércoles, vinieron a ser voz entera y verdadera de Valencia y los valencianos.²⁵

¿Qué había de crítica política detrás de estas manifestaciones? Es indudable que, detrás de las posiciones del alcalde seguidas del diario Las Provincias y la actitud de difusión y respuesta del Ateneo Mercantil, radicaba un intento de defensa de los intereses de la ciudad agraviados tras el desastre de la riada. Pero también subyacía la presentación formal del proyecto político de esta élite crítica que había comenzado a organizarse en la década de los años cuarenta: un gesto político a favor de D. Juan de Borbón o en todo caso de protesta antifranquista. El alcalde no negó nunca la vinculación de sus críticas con las divisiones internas de la dictadura y con las opiniones del sector monárquico del régimen.

Yo he tenido amistad con Don Juan. Claro... Yo tengo un recuerdo de la monarquía fenomenal. Para mí es una cosa imborrable, desde luego. Soy dinástico cien por cien. Debo serlo. Si yo respondo a mis propios sentimientos he de ser dinástico. Pero eso ya responde a un recuerdo muy remoto, muy personal mío; un recuerdo positivísimo, en la persona de don Alfonso XIII.²⁶

Incluso, el propio Maldonado, presidente del Ateneo Mercantil, lo explicaba de la siguiente forma:

Bueno, así es como lo interpretó la gente por las posiciones propias de los tres que intervenimos, una característica que teníamos y que nunca ocultamos. Las posiciones del marqués del Turia son indiscutibles en este caso. Yo, por otro parte, he estado muy vinculado con Luis Lucia primero y después con la derecha que representaba don José María Gil Robles. Y hemos considerado la figura de Don Juan como una reserva, en un momento de tránsito, en el proceso de restauración de la concordia entre los españoles. Un proceso que pasara la página de la Guerra Civil y tratara de reconstruir una concordia en torno a una Constitución que viniera a amparar estas posiciones. De manera que estuvimos en esa línea que, reitero, fue apreciada siempre por la gente porque nunca la ocultamos [...] Desde luego se comprobó que la posición personal de Franco reforzaba un régimen de autoridad única. Y eso no era lo que se trataba de instaurar, por otra parte, no era lo deseado.²⁷

Las críticas de este círculo causaron una respuesta airada en el seno del Gobierno. Pronto manifestaron su malestar los ministros Gual Villalví y Alonso Vega que, aprovechando la aprobación de la Solución Sur para evitar una nueva riada, apremiaron al alcalde para que dejase el cargo, cosa que ocurrió el 24 de julio de 1958. Junto con ello, Martín Domínguez fue expulsado del diario que dirigía y se intentó cambiar a la junta directiva del Ateneo Mercantil, sin éxito.

Por tanto, estas decisiones que llevaban la intención de desactivar este círculo crítico no tuvieron el resultado deseado pues muchos disidentes aprovecharon las circunstancias para aumentar sus contactos con otros grupos fuera de los cauces oficiales ocupando algunos de los escasos espacios de libertad que ofrecía la dictadura. De hecho, muchos de estos críticos acabaron convirtiéndose en auténticos defensores de la causa democrática, años después.²⁸

En este contexto de cambio, el gobernador civil Posada Cacho buscó un gestor de reconocida experiencia en la provincia, fiel y leal a los principios del Movimiento, un «camisa vieja» capaz de evitar los problemas que habían llevado a la destitución del anterior alcalde. El elegido era Adolfo Rincón de Arellano.

Con esta maniobra política, a favor de un falangista de primera hora, se resolvía parcialmente una crisis que había llevado a un divorcio total entre parte de la élite aristocrática valenciana y el franquismo, rompiendo con una tradición de dirigentes municipales muy vinculados a la alta clase de poder económica valenciana y, en algunos casos, a la cuestión monárquica.

Claramente, con la opción Rincón de Arellano, el régimen optaba por un partidario acérrimo que incluso cuestionaba a su antecesor cuando se refería a él y a las circunstancias del desbordamiento del Turia en estos términos:

Riada del Turia no fue, propiamente dicha, aunque hubo una inundación en el centro y en el Marítimo. Lo que hubo fue una omisión municipal, de la que tengo noticia por el concejal Luis Merelo (sic). Las acequias quedaron conectadas con el alcantarillado y este no se conectó con el rio porque se olvidaron de levantar las compuertas. El alcantarillado de la ciudad se desbordó: salía el agua por los desagües.²⁹

Para finalizar, la crisis de la riada marcó un antes y un después en la evolución de la institución municipal, lo que explica la larga duración del período de la alcaldía de Rincón de Arellano, la más larga de todo el franquismo en la ciudad. El ascenso de este falangista de primera hora, propiciado, como veíamos, por la crisis política y la búsqueda de un nuevo referente fiel y leal a los principios del Movimiento, vino seguida de la búsqueda de una solución para evitar un nuevo desastre natural. La gestión de la reconstrucción marcó la propia alcaldía de Rincón de Arellano que se rodeó, usando el procedimiento de las elecciones municipales, de viejos camaradas y amigos de estudios de su etapa en la Falange anterior a la contienda. Junto con ello, mantuvo estrechas relaciones con los gobernadores civiles con los que convivió: Jesús Posada Cacho y Antonio Rueda Sánchez-Malo, lo que también le permitió mantenerse en el poder largo tiempo, dando prioridad al peso del grupo falangista en la capital hasta 1969.

Para concluir, para el caso valenciano y por lo que respecta a la institución municipal, podemos hacer referencia a varios aspectos fundamentales en lo que respecta a la instauración del régimen a tenor de lo planteado en las páginas precedentes.

En primer lugar, encontramos una élite al frente del ayuntamiento en la posguerra que no es nueva, sino que más bien procede de grupos políticos anteriores y cuya legitimidad le viene dada por su papel activo en la Guerra Civil en apoyo al bando sublevado.³⁰ Así, para la constitución de la gestora provisional en abril de 1939, se nombró a Joaquín Manglano, barón de Cárcer, que había sido regidor del Ayuntamiento de Valencia durante la Dictadura de Primo de Rivera –como la mayoría de regidores de la comisión– y diputado en la República. También existió una presencia numerosísima de personal político vinculado a Derecha Regional Valenciana, algo que se verá más claramente en el caso de la diputación. Ello contrasta con un peso relativo de la Falange, concretamente de afiliados antes de la guerra aunque encontremos figuras de peso político amplio como Rincón de Arellano. Por tanto, el personal político que instauró el franquismo en Valencia fue heterogéneo y poliédrico, de orígenes diversos, pero con una confluencia de intereses palpable en el seguidismo al Caudillo y en la implantación de las políticas de la victoria.

En segundo lugar, podemos encontrar en los primeros años de implantación del régimen a un importante sector de la aristocracia valenciana que ocupó puestos de poder en instituciones relevantes, entre ellos encontramos a los Trénor en el poder municipal auspiciados por la dictadura. Esa cooptación de la aristocracia de origen burgués tuvo su importancia en la instauración del régimen y se vio truncada por la ruptura acaecida tras los sucesos de la riada de 1957. En este año se optó por una élite falangista de «camisas viejas» representados por el nuevo alcalde, supuestamente más fidelizada al Movimiento y a su Caudillo.

Por tanto, el personal político del ayuntamiento, marcado por un peso de la aristocracia de viejo cuño y combinado con la presencia de un grupo joven de afiliados a Falange antes de la guerra, fue la característica fundamental del Ayuntamiento de Valencia hasta la llegada de Rincón de Arellano. La ruptura producida en 1957-1958 condicionó la propia evolución histórica del municipio en fechas posteriores.

¹ Citado por M. Duch Plana: «Falangismo y personal político en los ayuntamientos españoles (1948-1954)», en VV.AA.: Comunicaciones presentadas al II encuentro de investigadores del franquismo, Valencia, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995, pp. 117-126.