Czytaj książkę: «Esta es mi tierra»

Capítulo I
El papel de la transferencia de tierras en los conflictos armados: una aproximación teórica

El inicio de un conflicto armado es la suma de múltiples factores objetivos y subjetivos que confluyen en un mismo momento histórico para encontrar en las armas la única salida (Grossman, 1999; Collier y Hoeffler, 2002; Justino, 2008). Una vez el conflicto inicia, independiente de las motivaciones iniciales, se crean dinámicas donde los grupos involucrados buscan mecanismos para garantizar la supervivencia a nivel táctico y económico. En este contexto, la apropiación de activos aparece como una manera eficaz de financiar e intensificar el conflicto que, si bien en ocasiones no es el fin último de los grupos armados, constituye un medio para que este persista (De Soysa, 2002; Korf, 2005; Velásquez, 2008).

Este hecho se agudiza aún más en los conflictos rurales, donde activos como la tierra se convierten en un instrumento de poder territorial y, a la vez, en factor motivacional del mismo. Un ejemplo de ello es el caso colombiano, donde la ocupación territorial y el desalojo de la población civil han sido y siguen siendo estrategias de guerra adoptadas por los grupos armados (Ibáñez y Querubín, 2004; CNMH, 2016), y en el cual todo lo anterior crea círculos viciosos marcados por la violación de derechos humanos, un mercado de tierras impulsado por la demanda de los narcotraficantes, una alta concentración de la tierra, un menor crecimiento económico, una baja productividad agrícola y unos menores salarios y mayores niveles de violencia y criminalidad (Reyes, 1987; Castaño, 1999; Gaviria y Muñoz-Mora, 2007; PNUD, 2011).

Aunque la apropiación de activos en medio del conflicto aparece de manera recurrente en la literatura, se carece de una aproximación conceptual que permita entender los mecanismos, las dinámicas y los principales efectos en la sociedad. En este sentido, el presente capítulo busca proponer una aproximación conceptual al análisis de los incentivos por la transferencia de tierras en medio del conflicto armado y los diferentes mecanismos que operan para conseguirlos.

El capítulo se divide en tres secciones. La primera inicia con un breve resumen de los principales aportes sobre la importancia de la definición de los derechos de propiedad en una sociedad, haciendo énfasis en la tierra, y luego se ocupa del papel del Estado como garante de los derechos de propiedad de la tierra y las principales distorsiones que generan diferentes tipos de conflictos. La segunda sección teoriza la persistencia del conflicto basada en los cambios en la función de la tierra, los actores armados y el tipo de enfrentamiento. Finalmente, la tercera sección introduce una base analítica sobre diferentes mecanismos de apropiación de tierras en medio del conflicto.

Tierra y derechos de propiedad

Esta sección comienza con una definición del valor de la tierra desde tres perspectivas: la simbólica, la económica y la estratégica-militar; esto permite sentar las bases para la comprensión de los derechos de propiedad de la tierra como una institución clave en el andamiaje del Estado liberal. Luego, revisa algunos de los aportes conceptuales más relevantes para el estudio del origen de las guerras civiles desde la perspectiva de la ausencia o debilidad estatal.

El valor de la tierra

La definición del valor de la tierra ha sido un tema recurrente en la literatura de economía y de ciencia política y las diferentes aproximaciones pueden ser resumidas en tres grandes dimensiones. En primer lugar, el valor simbólico, reflejado en el sentido de pertenencia y arraigo que puede marcar las identidades individuales y grupales; se concibe la tierra como un territorio que tiene un valor intangible y puede representar derechos históricos, o tener un significado religioso o cultural que define la identidad de cada uno de los integrantes de grupos étnicos o religiosos⁴ (O’Lear et al., 2005). En la actualidad, este significado simbólico de la tierra se refleja en la definición de “territorio” de los Estados liberales como un bien y patrimonio común para todos los ciudadanos, por lo cual se considera uno de los componentes básicos, junto con la gente y el gobierno, que dota al Estado de una personalidad moral, soberana y universalmente reconocida por la ley y la comunidad internacional (Zartman, 2001).

En segundo lugar, además de ser una representación de la identidad, la historia y la política de grupos humanos, la tierra también es un recurso económico valioso que representa mayor estatus social y poder político, lo cual incentiva su apropiación y transferencia (Ibáñez y Querubín, 2004; Gaviria y Muñoz-Mora, 2007). Desde el punto de vista económico, la tierra es a la vez un activo de capital y financiero, es decir, es un recurso tangible que representa un valor monetario “real” y que permite el acceso a otros recursos naturales que se pueden usar o vender por un valor monetario (Keynes, 1986; O’Lear et al., 2005).

Finalmente, en tercer lugar, la tierra (más comúnmente llamada territorio o terreno cuando se hace alusión a esta última dimensión) tiene un valor estratégico y militar que sale a relucir en contextos de conflictos armados: corredores de movilización y aprovisionamiento, posiciones ventajosas (para defensa o ataque), fronteras y retaguardias, son elementos que se ven influenciados directamente por las características y la posesión del terreno, lo cual hace que sea un recurso valioso en tiempos de guerra y de paz. Estas tres dimensiones se conjugan para hacer de la tierra un recurso de alto valor y, de los derechos que protegen su propiedad, una institución clave en las sociedades modernas. Estas dimensiones del valor de la tierra se resumen en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 1. Dimensiones del significado de la tierra

Fuente: elaboración propia.

En el Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia, el PNUD se hace eco de estas dimensiones:

La tierra no es solo un factor de producción o un activo de inversión; también sigue siendo una fuente de riqueza, poder y prestigio […] es un factor de producción y un modo de vida; desempeña un papel rentístico y de especulación; también se ha convertido en un instrumento de la guerra […] del lavado de activos del narcotráfico, y además genera poder político ligado a la violencia ejercida por grupos armados ilegales (2011, p. 181).

En los Estados liberales, el acceso a la tierra está institucionalizado en la forma de un derecho. Si las instituciones se definen como las reglas de juego (formales e informales, creadas y evolucionadas) que determinan la estructura de incentivos en una sociedad y la distribución de los recursos políticos, económicos, culturales, entre otros (North, 1993), los derechos de propiedad pueden definirse como “una institución económica que determina la asignación de los recursos disponibles y establece quiénes serán los dueños de los beneficios de dichos recursos y su distribución” (Food and Agriculture Organization, 2002). Así, solamente son las autoridades quienes pueden usar la coerción para la protección y definición de los derechos de propiedad, excluyendo a terceros que no los poseen legalmente (Gallo, 2010).⁵

En este sentido, una débil definición de los derechos de propiedad introduce distorsiones en los mercados incrementando los costos de transacción y la ineficiencia productiva (Coase, 1994). En contraste, una definición precisa y respaldada por el poder del Estado puede ser eludida por actores racionales que, tras un proceso de aprendizaje, aprovechan las “selectividades estratégicas” de las instituciones para su propio beneficio.⁶ De acuerdo a lo anterior, Acemoglu, Johnson y Robinson (2004) señalan que la promoción del crecimiento económico a largo plazo depende, en parte, de la construcción de instituciones políticas que dan el poder a élites interesadas en salvaguardar los derechos de propiedad de la sociedad en general. Así, el papel del Estado como garante de la definición de los derechos de propiedad se torna de vital importancia para el buen funcionamiento de los mercados de tierra, pues crea incentivos (positivos o negativos) y selectividades estratégicas para distintos mecanismos de apropiación y protección de tierras (legales o ilegales, formales o informales).

Esta apreciación no es muy diferente de la propuesta por la teoría contractualista moderna, en la cual se concibe al Estado como una organización creada por un contrato social con la función salvaguardar la propiedad individual, principalmente la vida, aunque también la tierra o la propiedad inmueble (Hobbes, 1940; Locke, 1995). Con el paso al Estado de derecho, la propiedad privada sobre la tierra se convierte en un derecho civil (primera generación) y los derechos de propiedad uno de los pilares del liberalismo político y económico, a la vez que su protección se entiende como una de las funciones “mínimas” del Estado contemporáneo (Fukuyama, 2004, p. 23).

Tierra y conflicto: ¿fin o medio?

Un Estado débil o en crisis se convierte en una oportunidad para el surgimiento de grupos que buscan financiación por medio de actividades ilegales, entre ellas, la apropiación de activos. A pesar de que la tesis que intenta explicar las guerras civiles contemporáneas a partir de los motivos tipo codicia y agravio (greed versus grievance) es unilateral e insuficiente, tiene sentido como punto de partida cuando se intenta ubicar el papel de la tierra en un conflicto como el colombiano. En primer lugar, porque la tierra fue recurrente como parte del programa político de las insurgencias guerrilleras y, en segundo, porque está demostrado que el conflicto armado podría agravar los problemas de concentración de la propiedad rural.

La tesis de los agravios como fuente de los conflictos armados señala que habría un conjunto de “condiciones objetivas” (desigualdad socioeconómica, opresión política, discriminación, distribución inequitativa de la tierra, entre otras) que explicarían la demanda para reparar dichas condiciones, sea por medio de la redistribución de recursos económicos o la reorganización del poder político local, regional o nacional (Azar, 1990; Gurr, 1993; Homer-Dixon, 1999; Stewart, 2000; Zartman, 2001; Regan, 2009). Evidentemente, en esta propuesta la apropiación y redistribución de tierras es un elemento importante; pero en otras ocasiones no es la desigualdad socioeconómica, sino las motivaciones económicas e intereses privados de unos pocos, lo que motiva el conflicto armado. La tesis de la codicia señala que los conflictos armados tienen mayor probabilidad de ocurrir cuando hay altas posibilidades para la apropiación de bienes y recursos primarios. Específicamente, sostiene que algunas luchas comienzan como un intento por apropiarse de las ganancias de las rentas en regiones donde hay abundancia de recursos naturales (Collier, 2000; Azam y Hoeffler, 2002; Collier y Hoeffler, 2002; De Soysa, 2002; Collier et al., 2003). En estos casos, se tiende a mantener el discurso retórico que hace referencia a supuestos agravios para ganar apoyo civil o militar y aumentar el reclutamiento voluntario (Zartman, 2005). Sin embargo, cuando los derechos de propiedad están bien definidos y protegidos, los actores armados deben recurrir a otros mecanismos diferentes, tales como el saqueo y las donaciones voluntarias. En este punto, entran en juego el aprendizaje estratégico y la implementación de mecanismos de transferencia que no lleven necesariamente a un enfrentamiento directo con el Estado, sino que se basen en la manipulación de las instituciones a favor de los intereses de los actores.

Adicionalmente, existen enfoques que toman en cuenta ambas perspectivas.⁷ Pocos conflictos armados son causados exclusivamente por codicia o agravios. Típicamente, las características de cada conflicto, junto con las realidades, desigualdades y agravios históricos, económicos y políticos, interactúan de manera íntima para crear las condiciones para la violencia (Ballentine, 2003; Zartman, 2005). Algunos estudios sugieren que la codicia y los agravios se refuerzan mutuamente debido a que la economía de guerra y la economía civil están entrelazadas (Keen, 2000; Collinson, 2003; Goodhand, 2003; Korf, 2004). De igual manera, la transferencia puede nacer de agravios o codicia y luego reproducirse por una razón distinta; por ejemplo, una vez comienza el conflicto, se produce una lógica automática (económica y política) de “clientelismo de tierras”, esto es, la modificación de los derechos de propiedad de tal forma que haya una redistribución de tierras que asegure la lealtad político-militar para mantener el orden (Velásquez, 2008), pero también como parte de una “economía criminal” organizada (la droga y en menor medida el oro y la madera) que financia el conflicto o que busca generar beneficios privados (Giraldo, 2011).⁸

En cualquiera de las dos opciones, el contexto de un Estado débil –en oposición a un Estado fuerte– abre una “ventana de oportunidad” para el conflicto armado. La fortaleza estatal se expresa en un mayor número de funciones realizadas con mayor efectividad (Fukuyama, 2004; 2005). Entre estas funciones destacan: proteger a la población de conflictos violentos y controlar el territorio; satisfacer las necesidades básicas humanas de la población; promover las libertades civiles y políticas; establecer y mantener instituciones políticas que sean legítimas, transparentes y con rendición de cuentas; y crear un ambiente que propicie el crecimiento económico sostenible y equitativo (Rotberg, 2003; Rice y Patrick, 2008). En contraste, la fragilidad, debilidad o falla estatal se refiere a la ausencia de la capacidad o voluntad para llevar a cabo dichas funciones básicas del Estado. En términos más operativos, el monopolio sobre la fuerza y el territorio (presencia militar o policial), la administración de justicia, la recolección de impuestos y la redistribución de rentas, entre otros, son elementos que pueden ser utilizados como indicadores que permitan aproximarse a la presencia y la capacidad estatal.

Desde una perspectiva centrada en las incompatibilidades que definen los conflictos armados internos, estos pueden definirse como orientados a la construcción de Estado o al cambio de régimen político (Wallensteen, 2007, pp. 153-161). Para el caso colombiano, Pizarro –en su relatoría de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas–, sostiene que “no existen mayores discrepancias en relación con la baja capacidad del Estado para obtener recursos y llevar a cabo sus múltiples responsabilidades” (2015, p. 71). Esta afirmación subraya la precariedad institucional como una de las condiciones que facilitó la emergencia del conflicto armado y contribuyó a su prolongación.⁹ Entonces, se puede decir que la apropiación de la tierra ha sido, históricamente, un problema social de primer orden,¹⁰ lo cual se combina con una tendencia a una “presencia diferenciada” del Estado; esto es, tiene una mayor o menor centralidad institucional en los procesos sociales y políticos según el lugar (González, 2003).

La debilidad institucional en la definición y defensa de los derechos de propiedad, las desigualdades y el acceso abierto a rentas crean ventanas de oportunidad para grupos insurgentes e intensifican conflictos ya existentes (Velásquez, 2008, p. 124). Empero, la ausencia del Estado en un espacio no conduce necesariamente a una situación de anomia y conflicto, ya que en ocasiones el Estado es sustituido por grupos armados no estatales o paraestatales, que mantienen un cierto nivel de control. En cambio, esto no sucede en donde la presencia del Estado es completa o mínima mientras la de otra organización es total (Kalyvas, 2008, pp. 401-402). Así, el espacio que deja el Estado puede ser copado por otra organización para formar y mantener un orden alterno que funciona como un sistema de gobierno ilegal con poder sobre la sociedad.

La construcción y el mantenimiento de este tipo de orden se logran por medio de diversos mecanismos que resultan similares a los que emplea el Estado, entre los que se destacan el uso de la fuerza física o coerción, la recolección de tributos o extorsiones, y finalmente, la apropiación y redistribución de tierras (Brands, 2009). Con frecuencia, los más afectados por esto (usualmente en la forma de desplazamiento forzado) tienden a ser aquellos que son identificados como partidarios de algún actor enemigo, sea el Estado, la sociedad civil u otro grupo armado (Steele, 2011).

No obstante, una mayor presencia del Estado (cuando este es débil en otras formas), no significa necesariamente la ausencia de conflicto, violencia o actividades ilegales; por ejemplo, cuando el Estado sufre de corrupción sistémica,¹¹ todo el sistema funciona de manera “enferma” (Rose-Ackerman, 2008). Así las cosas, el problema de la protección de los derechos de propiedad y la transferencia de tierras se relaciona de forma estrecha con la fortaleza de la presencia estatal y su permeabilidad frente a la cuestión de la corrupción. En este contexto, la comprensión del papel de la transferencia de la tierra y la participación del Estado en la definición y protección de los derechos de propiedad requiere hacer una caracterización del conflicto armado, los actores insertos y sus relaciones con la tierra como elementos fundamentales en las motivaciones iniciales y la persistencia del conflicto armado.

Actores, tierra y prolongación del conflicto

Como se ha visto, los conflictos armados internos (guerras civiles) se caracterizan por una pluralidad de motivaciones, entre las que destacan los agravios, la codicia, y la oportunidad que ofrece la debilidad estatal. A más de esto, las guerras civiles posmodernas se caracterizan por la multiplicidad de actores armados involucrados, el desdibujamiento de las fronteras entre guerra y paz, la erosión de la distinción entre combatientes y civiles y la pérdida de la noción clásica de combate (Giraldo, 2009).

La complejidad de las “nuevas guerras” o “guerras posmodernas” hace que sea útil analizar el conflicto armado por díadas, o pares de actores opuestos, para comprender mejor las dinámicas del conflicto y las diferencias en la comprensión del papel de la tierra (Harbom, Melander y Wallensteen, 2008). Este tipo de definiciones hace especial énfasis en el tema de los actores armados no estatales presentes en el conflicto.

Es posible identificar por lo menos cuatro tipos de grupos armados no estatales:¹² 1) grupos insurgentes; 2) grupos militantes; 3) bandas urbanas y caudillos; y 4) milicias privadas, fuerzas policiales y compañías de seguridad (Krause y Milliken, 2009). En primer lugar, la insurgencia busca establecer un dominio sobre la población en territorios donde el Estado es débil y hay recursos económicos importantes para lograr cambios gubernamentales, políticos o territoriales; de esta manera, hace uso de acciones violentas (asesinatos selectivos, masacres, enfrentamientos) y estratégicas (infiltración, espionaje, corrupción), de forma significativa y organizada. En segundo lugar, aunque los grupos militantes se asemejan a los insurgentes, difieren de estos en que no tienen un control efectivo o constante de una región y el nivel de intensidad de la violencia que producen es menor. En tercer lugar, las bandas urbanas y los caudillos tienen como propósito ganar beneficios a través del control de los recursos naturales (incluyendo la tierra), el narcotráfico, la trata de personas, los secuestros, el contrabando, entre otros. Tradicionalmente, estos grupos no aparecen en la literatura sobre los estudios de paz y conflicto armado, pero recientemente han adquirido mayor peso relativo en términos de intensidad de la violencia y se han entremezclado con otros tipos de actores no estatales, por eso se incluyen en el análisis. Por último, están las milicias privadas, las fuerzas policiales y las compañías de seguridad, quienes tienen generalmente tres orígenes: los Estados, para complementar o reemplazar las fuerzas públicas; el sector privado, para proveer seguridad a la propiedad privada y a las compañías; o las comunidades, por razones de autodefensa.

Estos tipos de grupos armados tienen varios elementos en común. En cuanto a los medios, recurren a dos tipos de tácticas (Brands, 2009): por un lado, se involucran en todo tipo de violencia, masiva o selectiva: asesinatos, pequeñas incursiones o enfrentamientos armados, desplazamiento forzado, masacres, tortura, violencia sexual, invasión de tierras, etc.; por otro lado, algunos infiltran, corrompen o debilitan las instituciones estatales empleando violencia desmedida o calculada, con el fin de dominar zonas geográficas donde puedan controlar a la población y operar por fuera del alcance estatal.¹³ Adicionalmente, suelen estar involucrados en actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión, lavado de activos, tráfico de personas, secuestro, sicariato, venta de armas y robos para financiar sus organizaciones e incluso generar actividades mixtas con economías legales e informales. Por ejemplo, utilizan la extorsión como un sistema de impuestos¹⁴ para acumular recursos financieros provenientes de la población civil, aunque también para mantener un tipo de “orden” y reconocimiento en la sociedad con un código especial de comportamiento que debe seguirse (Brands, 2009).

Este tipo de coerción crea un nuevo sistema que funciona como un gobierno alterno e ilegal con poder sobre la sociedad (Skaperdas, 2001; Krause y Milliken, 2009). En este aspecto, el papel de la tierra se reduce principalmente al del espacio geográfico necesario para que opere una organización militar. La razón de su importancia solo cambia en el caso de acciones como las invasiones promovidas por grupos armados y el desplazamiento forzado, momentos en que se convierte en medio de movilización social (que sirve para promover los intereses del grupo involucrado) o un bien económico o militar deseable.

Por otro lado, en cuanto a los fines de estos grupos y los conflictos en los que se encuentran inmersos, es posible identificar a la tierra como un elemento de primera importancia. Como ya se ha mencionado, esta tiene un gran valor por múltiples motivos, lo cual hace que haya sido causa común de violencia en cualquier lugar y en cualquier periodo (Zartman, 2001). El gráfico siguiente resume la relación de los distintos tipos de grupos armados con la tierra.

GRÁFICO 2. Tipos de grupos armados y motivación por la tierra

Fuente: elaboración propia.

La tierra como recurso clave cumple diversos papeles, en distintos momentos, en regiones con baja urbanización, poca presencia del Estado y bondades económicas o geoestratégicas. Por un lado, su posesión es motivo para producir agravios que alimentan una sensación de inconformidad e injusticia, conllevando al nacimiento de un conflicto armado (la explotación codiciosa de la misma también está en el origen del enfrentamiento). Por otro lado, el papel de la tierra está relacionado principalmente con la posibilidad de explotarla para beneficio personal o de un grupo reducido: el caso de la agricultura, la ganadería extensiva y el narcotráfico, entre otras actividades. Igualmente, cuando el conflicto mengua y se avizora la posibilidad de una terminación pronta, la tierra aparece como un elemento esencial de cualquier estrategia de paz y reparación de víctimas.

En últimas, la cuestión de los medios y fines de los actores armados indica que los mecanismos o formas de violencia y transferencia de tierras tienen una relación estrecha con el papel y el valor que tiene la tierra en el conflicto. En otras palabras, algunas formas de violencia activan mecanismos específicos; igualmente, distintos fines y motivaciones hacen que algunos de estos sean más atractivos. La debilidad o la fortaleza estatal y la presencia de otros competidores armados también tienen una influencia clave en estas acciones y estrategias. Para poder comprender los mecanismos de transferencia de tierras, la próxima sección delinea el marco jurídico-histórico de la tierra en Colombia en términos de reforma agraria.

Mecanismos de transferencia: una propuesta metodológica

Aunque en la literatura existe una amplia comprensión de los incentivos iniciales que hacen que surja un conflicto armado y sobre el papel que juega la tierra en los objetivos que buscan cada uno de los actores que intervienen en las acciones violentas, son escasos los trabajos que se ocupan de las dinámicas o mecanismos, legales e ilegales, por medio de los cuales los diferentes grupos ejercen presión sobre la transferencia de tierras. Esto tiene dos explicaciones: en primer lugar, existe una tendencia a la generalización de los mecanismos de transferencia de tierras en zonas de conflicto haciendo una conexión directa entre estos y los hechos violentos, lo cual desconoce comportamientos particulares de los mercados de tierra que podrían ser propiciados por el conflicto, pero que no hacen parte necesariamente de él. En segundo lugar, falta información de campo que permita caracterizar y conceptualizar los diferentes tipos de mecanismos por medio de los cuales se transfieren derechos de propiedad por vías legales o ilegales en contextos de conflicto armado.

Así pues, una tipología de los mecanismos de transferencia de la tierra incluye la caracterización de una serie de aspectos de cada uno: en primer lugar, reconoce que todo proceso de transferencia busca unos objetivos, persigue unos fines, se identifican aquellos que se intentan alcanzar a través de cada mecanismo; segundo, precisa quién es el agente que realiza la acción en cuestión (quién lleva a cabo, permite o acciona el acto de transferencia de tierras) y quién es el beneficiario;¹⁵ tercero, identifica la lógica interna de cada mecanismo: la forma en que opera o funciona; cuarto, muestra la naturaleza del mismo entendida como el carácter: legal o ilegal, formal o informal; y finalmente, evidencia los incentivos (de conducta y contexto) que hacen que el mecanismo sea deseable o estratégico para los agentes y beneficiarios.

Este enfoque centrado en los mecanismos de transferencia de tierras permite retomar los elementos teóricos expuestos: primero, la violencia no sería un mecanismo propiamente, sino que se trata de un dispositivo que activa o inhibe algunos de ellos. Segundo, la debilidad o fortaleza de la presencia del Estado y de los derechos de propiedad en una región crea una estructura de incentivos que promueve o inhibe algunos mecanismos para ciertos actores (una “selectividad estratégica”). Tercero, reconocer y diferenciar entre actores (agencias estatales, grupos armados no estatales, civiles, sectores productivos) es importante en tanto que algunos mecanismos son preferidos por ciertos actores mientras que son desdeñados por otros. Además, puede haber enfrentamientos (violentos) entre actores que se encuentran inmersos en procesos de apropiación de tierras, sea para redistribuirlas o para enriquecerse a través de ellas; igualmente, la salida o entrada de un actor a la escena puede tener efectos sobre las dinámicas del conflicto y los mecanismos preferidos. Finalmente, algunos dispositivos son especialmente adecuados como medios para alcanzar ciertos fines –estratégicos, militares, económicos– mientras que otros parecen ser fines en sí mismos. Todo lo anterior significa que la visión y concepción que se tiene de la tierra es determinante a la hora de conectar objetivos y mecanismos.

De esta forma, hay muchos retos intrínsecos en la identificación y construcción de tipos de mecanismos de transferencia de tierras que permitan develar relaciones entre acciones violentas y estructuras de propiedad, se destacan dos: primero, proponer una comprensión de las dinámicas del conflicto (actores, díadas, lógicas y control territorial) que permitan analizar la incidencia de los actores en el territorio, sus motivaciones y su concepción de la tierra; y segundo, una conceptualización de los mecanismos de transferencia de tierras que se desarrollaron en medio del conflicto y la región.

Capítulo II
Urabá: escenario de lucha armada

Urabá es un laboratorio de la realidad colombiana. Aquí siempre pasa primero, lo que va a pasar en el resto del país.

Entrevista 9, 2011

Urabá ha sido un territorio en construcción caracterizado por distintas disputas que se han expresado frecuentemente por medios violentos (Uribe de Hincapié, 1992, p. 151). Esas disputas se llevaron a cabo en cinco escenarios: 1) la lucha por la tierra, 2) la configuración de los espacios urbanos, 3) los conflictos laborales, 4) la lucha por el poder político y 5) el conflicto armado propiamente dicho. Se entiende que este trabajo discurre sobre los escenarios 1 y 5. Entre 1980 y el periodo que comprende los procesos de desmovilización paramilitar de comienzos del siglo XXI y el acuerdo con las FARC en 2016, el conflicto armado ha sido uno de los principales ejes articuladores del conjunto de enfrentamientos sociales, económicos y políticos. Dicho conflicto, como se explicó en el capítulo anterior, abarca una diversidad de fines y motivaciones que imbrican siempre las enemistades políticas y la búsqueda de recursos o rentas, las cuales fungen como mecanismo de financiación, de legitimación o de enriquecimiento. En este capítulo se describe la trayectoria de las confrontaciones armadas que se dieron en el territorio de Urabá durante el conflicto armado reciente. El análisis se concentra en aquellos acontecimientos que modificaron la configuración del territorio y la presión sobre la tierra. Cada periodo entonces tendrá características propias de actores y conflicto, además, de mecanismos de transferencia de la tierra particulares que serán profundizados en el tercer capítulo. Este análisis complementa las contribuciones de Uribe de Hincapié (1992), García y Aramburo (2011) y de Gómez, Montoya y Nanclares (2019), entre otros.

Como resultado del análisis documental y el trabajo de campo,¹⁶ se identificaron cinco periodos de confrontación armada, cada uno de ellos con diferentes características, actores, lógicas, díadas de confrontación (por ejemplo, las FARC vs. el Estado) y mecanismos de transferencia de tierras. Generalmente, cada periodo tiene como punto de partida un hecho histórico para la región: se empieza con la llegada de las primeras guerrillas al territorio urabaense, pasando por desmovilizaciones de algunos grupos insurgentes, luego por años con altos índices de desplazamiento, hasta llegar a una nueva lógica del conflicto de naturaleza económica. A continuación, se desarrollan en detalle cada uno de los periodos de enfrentamiento, incluyendo uno de antecedentes y otro del presente más cercano.

Antecedentes del conflicto armado: 1970-1980

Las guerrillas de izquierda surgen en el Urabá antioqueño a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta. Para entonces en algunos municipios de Urabá ya se podían señalar tres actores armados: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército Popular de Liberación (EPL) y Ejército Nacional. El EPL nace en el Alto Sinú y el Alto San Jorge del departamento de Córdoba a finales de los años sesenta, asentándose donde antes habían estado las zonas de refugios de las guerrillas liberales y creando una base de apoyo de la periferia en los municipios de Dabeiba, Mutatá y Chigorodó del departamento de Antioquia; de donde también partiría un proceso de colonización de tierras baldías y de invasiones a predios privados.

Entonces toda esa gente se fue viniendo para acá [Urabá] a hacer tierra, como la desplazaron de allá […], vos te venís, te gusta la tierra, abrís la tierra y todo […] entonces vos cogés, tumbas la montaña, le siembras maíz, y enseguida le siembras el pasto y vas haciendo eso, en dos años vos tenés un potrero ya, y ya la casita, los ranchos de paja. Entonces vos llamás a tu hermano, ve, esto está muy bacano por acá, venite (Entrevista 9, 2011).¹⁷

En particular, personas desplazadas por La Violencia –como se ha llamado, en particular, a la guerra civil colombiana de mitad de siglo XX– se aprovechaban de grandes extensiones de tierras baldías y de la poca presencia estatal para ocupar estos terrenos y emprender proyectos productivos y de vivienda. Así pues, en la década de los setenta, el proceso de transferencia de tierras estuvo de la mano “de la concentración de la propiedad y su legalización en manos de agentes extrarregionales, interesados en ella para ser utilizada en forma de ganadería extensiva o para la producción de banano y palma africana” (Uribe de Hincapié, 1992, p. 155). Por su parte, las FARC llegan a Urabá en 1975 bajo mandato de su cuerpo directivo, el Secretariado: el Frente Quinto arribó a la zona comandado por Alberto Martínez y compuesto por aproximadamente 20 hombres (Entrevista 13, 2011). En este primer momento, las FARC y el EPL llegan de manera casi paralela, sin confrontación directa entre ambos y rápidamente logran permear la sociedad, incentivando la formación de cooperativas de trabajadores, labores sociales y la alfabetización de los campesinos, formando así bases sociales que les servirían, años más tarde, de apoyo político.

Durante esta década, Urabá era tierra bananera por excelencia, no obstante, una crisis en el mercado internacional presionó a los cultivadores bananeros a incrementar su productividad, limitada por los costos de transporte y la poca tecnología. Como resultado, hubo una reducción de costos laborales, lo cual mermó significativamente las condiciones de los campesinos trabajadores, creando un ambiente de malestar entre ellos. Esta situación histórica fue la oportunidad perfecta para la expansión de la simpatía de la población por las guerrillas, las cuales proveían un respaldo político y armado a las luchas laborales. Así, el conflicto entre “patrones y obreros” fue el escenario ideal para consolidar bases sociales significativas a través del trabajo político.

A fines de la década siguiente, la administración del presidente Virgilio Barco Vargas buscaba reactivar la reforma agraria¹⁸ con la expedición de la Ley 30 de 1988, en medio no solo de un nuevo intento de paz con los grupos insurgentes, sino también de una intensa agitación social. A lo largo de los veinte años anteriores a dicha ley, hubo muchas protestas y movilizaciones campesinas e indígenas en el país, en las cuales pedían tierra y protección económica, y se quejaban de las deudas, la construcción de hidroeléctricas y el ingreso de compañías madereras y mineras al país (CNMH, 2016). Por eso, la voluntad de la gente era alta de cara a una reactivación de la reforma agraria, mientras que para el presidente Barco Vargas fue una oportunidad de quitarle base social a la guerrilla (CNMH, 2016).

Así, a mediados de la década de los setenta había un claro apoyo a los principales sindicatos de la región, Sintragro y Sintrabanano, quienes tenían apoyo del EPL y las FARC, respectivamente. Empero, “el proceso de sindicalización se caracterizará por la presión de las armas y se desarrollará bajo la consigna de mantener el conflicto, más que de lograr reivindicaciones para los trabajadores” (Organización Internacional del Trabajo, 2004, p. 28), lo cual generó una presión directa de los grupos armados en contra de los empresarios. Al respecto, una líder de víctimas en Urabá menciona que:

La guerrilla estaba explotando de manera muy severa a los empresarios, y digo muy severa con vacunas, con extorsiones, con de todo, y les daban armas, les daban ropa, les daban medicamentos, o sea, una cosa en aras de fortalecer a un movimiento guerrillero, fue violentando demasiado también a los empresarios (Entrevista 5, 2011).

En 1970, debido a las fallas de la reforma agraria en Colombia (Ley 135 de 1961), se gestó un nuevo proyecto campesino: en la celebración del primer congreso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC),¹⁹ se desestiman los procesos de colonización como herramientas para adelantar una reforma agraria, haciendo necesario buscar otras soluciones para la redistribución donde se pudiera otorgar la tierra a quien la trabajara, de este modo, se aprobó la expropiación como mecanismo para entregar predios, y se propuso el establecimiento de explotaciones agrarias colectivas (Rudqvist, 1983).

Lo anterior sienta las bases para que se lleven a cabo invasiones en tierras que se consideraban no utilizadas, dando paso a que la expropiación se convirtiera en un instrumento usual de transferencia de tierras en el territorio nacional. En Urabá, especialmente el EPL la hizo popular (Uribe de Hincapié, 1992). En 1973, se lleva a cabo una de las primeras invasiones propiciadas por este grupo, en el corregimiento El Tres, municipio de Turbo, un predio con grandes bondades, tierras extensas y planas en medio del eje bananero, y cercano a la cabecera municipal. Dos años más tarde, en 1975, se llevaría a cabo otra invasión estratégica, propiciada por la ANUC en las afueras de Currulao y aledaña a la vía Turbo-Apartadó. Lo importante de estas invasiones era que permitían acercarse más hacia el eje bananero, zona de interés para los grupos y asociaciones campesinas de izquierda, donde podían encontrar tierras ideales para el cultivo y cercanas a corredores viales estratégicos. Como consecuencia,

[...] entre 1970 y 1976 se agudizó el proceso de las invasiones masivas a las áreas de ganaderías extensivas, proceso que también abarcó la zona de Urabá; en ella estuvo acompañado de desalojos, asesinatos de líderes agrarios, encarcelamientos y de las primeras denuncias de violación a los derechos humanos […] (Uribe de Hincapié, 1992, p. 162).

A pesar del fuerte trabajo social y político que adelantaban el EPL y las FARC en la zona, dentro de estas organizaciones hubo varias fragmentaciones. Entre 1974 y 1975, el primero estaba diezmado “a tal punto de que, para finales de 1975, del EPL escasamente quedaron doce combatientes” (Agudelo, 2005, p. 62). Aun así, estos seguían liderando invasiones, como la realizada en Puerto César en tierras cercanas al mar y ubicadas detrás de Coldesa, una empresa colombo-holandesa emblemática en la zona y que contaba con cuatro mil hectáreas de cultivos de palma africana. Tres años más tarde, en 1978, las FARC tendrían una de las bajas más importantes, cuando uno de sus líderes, Bernardo Gutiérrez, decide salirse de sus filas junto con un grupo de apoyo, dadas las diferencias que tenía con el Secretariado. El descontento del campesinado con esta guerrilla, su modus operandi y la falta de debates dentro de la organización (Villarraga y Plazas, 1994) fueron algunas de las causas para que Bernardo Gutiérrez se separara y comenzara un nuevo trabajo político-militar con el EPL, a través de los núcleos marxista-leninistas. Fue a partir de esta ruptura que se dio inicio al enfrentamiento directo entre ambos grupos, y momento en que se empieza a escribir una de las épocas más violentas en la historia del Urabá antioqueño: época de colonizaciones, invasiones y despojos. En este orden de ideas y en relación con la distribución del control territorial por los grupos insurgentes, la subregión de Urabá se percibe dividida en dos (ver mapa 1), el norte se definió como área de influencia del EPL y el sur se convertiría en área de control de las FARC.

MAPA 1. Composición territorial de grupos armados en Urabá, 1970-1991

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas.

1.Primera etapa de confrontación: 1980-1991

Comenzando la década de los años ochenta, el conflicto sindical-laboral persiste en la zona y se ubica en medio del enfrentamiento entre las FARC y el EPL, a esto se le podría llamar un sindicalismo a “sangre y fuego” que llevaría a una militarización del conflicto sindical, haciendo indispensable que el Estado interviniese. Como resultado de este proceso, muchos líderes sindicales fueron asesinados. Fue después del XI Congreso del Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista que el EPL decide centrar las baterías en la zona y hacer un trabajo más fuerte con el sector sindical, ingresar más a las cabeceras municipales para apuntar a las áreas urbanas que estratégicamente les daría un mayor control social y político en la región. Así pues, “toda la organización miraba con simpatía ‘los avances de la lucha revolucionaria’ en la zona […] miles de obreros bananeros fueron incorporados a la lucha política sindical. Cientos de hombres nutrieron las filas guerrilleras” (Villarraga y Plazas, 1994, p. 388).

Entre 1982 y 1983, se llevan a cabo las invasiones del barrio Policarpa (Apartadó), la urbana en Necoclí, la de El Totumo (también en Necoclí) y la de Punta Piedra; esta última fue una de las más violentas perpetrada por las FARC, donde 18 campesinos de la base social del EPL fueron asesinados. Según una líder de víctimas: “En el Urabá [entre los años] 82 y 84 fue terrible la violencia entre las FARC y el EPL […] peleando los territorios […] porque si tienes control del territorio, tienes control social” (Entrevista 5, 2011). Desde comienzos de esta década la guerrilla de las FARC comienza a fortalecerse, para este entonces el Frente Quinto ya era comandado por Efraín Guzmán, quien tenía una gran acogida por parte de los diferentes campesinos de la zona; entre 1981 y 1982 esta guerrilla pasa a tener aproximadamente 100 hombres (Entrevista 13, 2011).

A mediados de los años ochenta, también se da un proceso de invasiones masivas, las cuales presionaron el mercado de tierras bajando los precios de manera significativa. Se daban usualmente en propiedades de empresarios bananeros, pero estas no surgieron por presión de los campesinos, sino que se llevaban a cabo como parte de un proyecto político-social de largo plazo de las guerrillas, que tenían por objetivo recuperar tierras que no estaban siendo productivas, según ellos, para dárselas a campesinos que las utilizarían mejor y que hacían parte de sus bases sociales (Semana, 1988; Lombana Reyes, 2012). Según un funcionario gubernamental entrevistado: “La justicia era la guerrilla y […] para los años 80 […] los campesinos iban a retomar el poder porque el Estado no […], entonces hablaban de que la justicia la hacía la guerrilla […] y el Estado había quedado corto en la legalidad de los suelos, ha quedado corto en todo” (Entrevista 6, 2011).

Dentro de la lógica de la apropiación de las tierras se podía evidenciar cómo las FARC, en su pensar político, adelantaban procesos de colonizaciones e invasiones en la tierra rural. Por el contrario, el EPL se concentró más en las invasiones urbanas, bajo la figura de “extinción de dominio”, invasiones que los acercarían más al eje bananero y a ejercer un control político de grandes cabeceras, como Turbo y Apartadó. Para ese entonces, en la región se daba una poca presencia estatal dada la llegada tardía del aparato coercitivo del Estado; aunque anteriormente existía una presencia limitada del Ejército, la llegada del aparato militar en Urabá se da en 1980, con el Batallón Bejarano proveniente del Amazonas. En 1983, a través de orden ministerial, se crea el Comando Operativo No. 1, en donde era el Batallón Voltígeros, con el cual se buscaba planear y conducir operaciones contraguerrillas (Ejército Nacional, 2006) para poder ejercer un control militar y social en la zona, franja con alta influencia de grupos armados y poca presencia estatal.²⁰

No obstante, la estrategia ideológica por parte de los grupos armados había influenciado profundamente en Urabá, ya que “el control territorial hace parte de esos elementos estructurales de la guerra […] lo que permite sostener unos tejidos sociales, sostener el control territorial y por ende tener el control y el poder” (Entrevista 4, 2011). Las invasiones más significativas que se dieron para ese entonces fueron las del 24 de diciembre en Turbo (1984), vereda California de Turbo (1985) y Coldesa (1986). Gracias a ellas y a su trabajo como autoridad política y militar, el EPL empieza consolidarse y a expandirse, y para 1984 se crea el Frente Jesús María Alzate y la Unidad Urbana Bernardo Franco. Por su parte las FARC pasan a tener 500 hombres en la región y se produce un primer desdoblamiento del grupo, y es a partir de este fortalecimiento que se da paso a la creación del Frente 18 comandado por Román Ruiz, que se ubicó cerca de la ribera del río San Jorge (Entrevista 13, 2011).

La década de los ochenta se caracteriza por el intento de un proceso de paz con el gobierno conservador de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), el cual garantizó un cese al fuego de los grupos guerrilleros,²¹ lo cual les permitió una reorganización estratégica y la consolidación de sus políticas para consolidar bases sociales. Entre ellas, se intensifican las invasiones de tierra, en particular las dirigidas por el EPL, con el movimiento de “los recuperadores de tierra” a mediados de los ochenta. Tras el fracaso de la negociación y el fin de la tregua, ambas guerrillas pasan a enfrentarse por las tierras cercanas a Currulao, siendo este el momento cuando el conflicto se recrudece, puesto que el EPL trata de invadir algunas tierras en esta zona de Urabá, la cual por años había sido territorio de las FARC por excelencia.

Para 1986 había un tercer frente de las FARC en la zona, el Frente 34, que estaba al mando de Isaías Trujillo, y en 1987 se crea la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar con las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Movimiento 19 de Abril (M-19), y otras guerrillas de izquierda. Dada la confrontación entre las FARC y el EPL, en esta década “el escenario de la lucha por la tierra se hace más complejo y se confunde, a veces, con otros escenarios de confrontación como el armado y el de la lucha partidista por el control institucional y contra institucional del territorio” (Uribe de Hincapié, 1992, p. 165). Así, la confrontación por la tierra en la región del Urabá toma un tinte más político, en el cual “los intereses específicos de las fuerzas sociales se imbrican con las prácticas políticas, y los actores sociales terminan por adscribirse a proyectos políticos o militares de corte ambicioso y de resultados más violentos y complejos” (Uribe de Hincapié, 1992, p. 165).

El siguiente mapa resume el control territorial de los diferentes grupos armados al finalizar este periodo: