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LOS CIEN AÑOS DE LA RADIO MEXICANA

Gabriel Sosa Plata y Perla Olivia Rodríguez

A diferencia de lo ocurrido en otros países, en México no hay un pionero único de la radio ni una ciudad que pueda considerarse como la cuna de este medio de comunicación. Desde 1919, comenzaron las primeras pruebas experimentales y se generó en diferentes ciudades del país un interés hacia lo que se conocía como “radiotelefonía” o “telefonía inalámbrica”, pero fue particularmente en la Ciudad de México, en Monterrey (Nuevo León) y en Córdoba (Veracruz) donde se realizaron transmisiones formales en 1921.

Durante ese año se hicieron dos primeras transmisiones inalámbricas en el marco de las celebraciones del centenario de la Independencia. Una de ellas en agosto, en Córdoba, con motivo de la firma de los Tratados de Córdoba, mediante los cuales se oficializó la Independencia de México. La otra, el 27 de septiembre, cuando la Dirección General de Telégrafos instaló un aparato transmisor de radiotelefonía en la Exposición Comercial Internacional del Centenario, montada muy cerca del centro de la Ciudad de México.

Además de estas actividades auspiciadas por el gobierno, se realizaron dos transmisiones particulares que constituirían los verdaderos inicios de la radio mexicana por la concepción y estructura de sus contenidos. El mismo 27 de septiembre de 1921, durante la noche, Adolfo Enrique Gómez Fernández y su hermano Pedro instalaron un equipo transmisor marca De Forest en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México y transmitieron, con 20 watts de potencia, un breve programa radiofónico que sería la primera de una serie de transmisiones realizadas los sábados y domingos, de 8:00 a 9:00 p.m., hasta enero de 1922.

El 9 de octubre de 1921, Constantino de Tárnava, un ingeniero en electricidad egresado de la Universidad de Notre Dame, hizo posible, después de dos años de experimentación, su primera transmisión. La denominada estación Tárnava Notre Dame continuó transmitiendo los miércoles de aquel año y posteriormente todos los días. Dicha emisora, que desde 1929 adquirió las siglas XEH, aún continúa en operaciones. A partir de 1922, muchos otros instalaron emisoras e hicieron experimentos radiofónicos. En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Ciudad de México, Pachuca, Cuernavaca, Guadalajara, Morelia, San Luis Potosí y en otras poblaciones del país la radio se convirtió en un medio atractivo y novedoso.

Diversas fueron las estaciones importantes. El 8 de mayo de 1923, El Universal y la tienda de artículos electrónicos La Casa del Radio, propiedad de Raúl Azcárraga, inauguraron la primera estación con una inclinación periodística y de espectáculos: El Universal-La Casa del Radio, luego identificada como CYL. Otra emisora destacada fue El Buen Tono, puesta en operación el 15 de septiembre de 1923 por la fábrica de cigarrillos del mismo nombre, cuyo capital era de origen francés. Esta emisora, posteriormente conocida como la CYB y más tarde la XEB, destacó por el uso de las primeras técnicas publicitarias aplicadas a la radio. A la fecha sigue al aire bajo la operación del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

Con el deseo de intercambiar todas estas experiencias y de fomentar conferencias y seminarios, los aficionados a la radio constituyeron el 6 de julio de 1922 la primera organización formal de los radiodifusores: la Liga Nacional de Radio. Ésta se fusionó con el Centro de Ingenieros y el Club Central Mexicano de Radio para formar, el 6 de marzo de 1923, la Liga Mexicana de Radio. Uno de los primeros éxitos de esta alianza fue la organización, del 16 al 30 de junio de ese año, de la Primera Feria Nacional del Radio, en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. El evento, inaugurado por el presidente Álvaro Obregón, fue un éxito gracias al interés que generó entre los capitalinos la exposición de equipos transmisores y receptores de radio. De acuerdo con Fernando Mejía Barquera, se trata de la segunda experiencia de ese tipo en el mundo: el único antecedente de la feria mexicana es la Exposición Panbritánica de la Radiofonía, que tuvo lugar en Londres en octubre de 1922.

El gobierno mexicano tuvo un destacado papel en los inicios de la radio. Aparte de las transmisiones de la Ciudad de México y Córdoba, instaló estaciones para la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Guerra y Marina, en 1923, y para la de Educación Pública, en 1924. Esta última, como CZE, salió al aire el 30 de noviembre de 1924 y su primera transmisión oficial fue la protesta del general Plutarco Elías Calles como presidente de la República el 1º de diciembre. La CZE, luego denominada XFX y finalmente XEEP Radio Educación, dejó de operar en varios periodos. Desde 1968 transmite ininterrumpidamente.

Uno de los rasgos más relevantes en la historia de Radio Educación fue la cuantiosa y entusiasta participación de intelectuales y artistas que se identificaron con el medio naciente, además de que se impartieron conferencias y cursos sobre diversos temas. En 1940, la frecuencia de la XFX se transfiere al Departamento de Prensa y Publicidad (DAPP) del Ejecutivo federal y se reinician las transmisiones, aunque irregulares, con las siglas XEXM. Todo este periodo fue de inconsistencias hasta que en 1968 lanzó al aire nuevamente su señal en la frecuencia de 1060 KHz y un transmisor con una potencia de 20,000 watts.

A la par de ser operador de estaciones, el gobierno se convirtió en un fuerte impulsor de la radio como industria. La radio comercial, a pesar de la difícil situación económica generada por la Revolución mexicana (1910-1917), se transformó en pocos años en un excelente negocio. Lo pudo hacer gracias a las facilidades de carácter fiscal en la importación de equipos y pago de impuestos, el otorgamiento de permisos durante plazos amplios de operación (hasta de cincuenta años en las primeras disposiciones jurídicas en la materia), la obtención sencilla de autorizaciones para operar estaciones y otro tipo de estímulos.

Pero no todo esto fue gratuito. A cambio de estos apoyos, el gobierno —a través de la censura claramente establecida en la legislación y de una política corporativista que abarcó en general a casi todos los sectores de la sociedad— tuvo en la radio y, posteriormente, en la televisión dos de sus principales soportes de difusión ideológica para la exitosa configuración del nuevo Estado mexicano, en la que el presidente y el partido se convirtieron en las instituciones con mayor poder. Desde la década de los veinte, la radio cumplió en largos periodos históricos ese papel.

Es importante mencionar que durante la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones, celebrada en Washington en 1929, a México le fueron asignadas nuevas siglas para identificación de servicios de comunicación: de la XAA hasta la XPZ. El gobierno, desde entonces, utiliza las siglas XE para la radiodifusión y años después, ante la aparición de más estaciones de televisión y de la frecuencia modulada, las letras XH.

La nueva era de la radio comercial

El 18 de septiembre de 1930 sale al aire la XEW, una estación que marca el tránsito de la radio experimental, que caracterizó los años veinte, a la radio de entretenimiento, de información, de amplia incidencia social y cultural y excelente negocio. Gracias a la visión de su propietario, Emilio Azcárraga Vidaurreta, en los ámbitos comercial, publicitario y de contenido, así como para las favorables condiciones establecidas por el gobierno para el desarrollo de la radio comercial, “La Voz de la América Latina desde México” se convirtió en una emisora influyente a lo largo de tres décadas.

De aquella estación de grandes estudios a los que el público podía asistir, surgieron algunas de las más influyentes figuras de la cultura popular mexicana de la época: los compositores y cantantes Agustín Lara y Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”; los intérpretes Pedro Vargas, Toña la Negra, Emilio Tuero, Lola Beltrán, Los Hermanos Gil, las Hermanas Águila, Ana María González, Amparo Montes, entre otros. El éxito de la estación fue contundente, varias decenas de radiodifusoras mostraron interés en transmitir algunos de sus programas. Como respuesta, Clemente Serna Martínez y Emilio Azcárraga Vidaurreta se asociaron en 1941 para formar Radio Programas de México (RPM), empresa pionera que explotó comercialmente los programas más importantes de la XEW y de la XEQ (fundada en 1938) a través, también por primera vez, de su grabación en cintas magnéticas y discos de acetato. Sus clientes habituales fueron sobre todo las estaciones pequeñas sin recursos para producir programas similares no sólo de México, sino también de países extranjeros.

Clemente Serna Martínez. Pionero radiodifusor de Radio Programas de México.

Bajo la tutela de RPM, Azcárraga y Serna crearon, también, la primera cadena radiofónica de México, Cadena Azul, que llegó a afiliar a más de la mitad de estaciones existentes en el país. Sus servicios, como los que después ofrecerían otros radiodifusores mexicanos, consistieron no sólo en la venta de programas, sino también en asesoría técnica y de administración, dotación de equipos y refacciones, entre otros. Asimismo, la cadena implicaba la posibilidad de que las estaciones pequeñas tuvieran un mayor número de anunciantes locales, mientras que para la RPM y las emisoras piloto, XEW y XEQ, suponía un acercamiento con las grandes empresas de publicidad, interesadas a su vez en lograr una mayor difusión.

Hermanas Águila, Tata Nacho, José Agustín Hernández y Pedro Vargas.

El éxito de RPM motivó a otros radiodifusores, sobre todo de la Ciudad de México, a crear organizaciones similares y, posteriormente, cadenas para enlazar vía telefónica y luego por microondas a diversas estaciones, lo que derivó en un desarrollo importante de la radiodifusión comercial. En los cuarenta surgen, entre otras, Radio Cadena Nacional (RCN), Cadena Radio Continental, Radiodifusoras Asociadas (RASA), Radiodifusoras Unidas Mexicanas (RUMSA), Cadena Radio Mil y Radio Central Radiofónica. En los cincuenta, la Cadena Vespertina RCN, la Red México y la Cadena Radio Tricolor, entre otras, intentaron y lograron crear cadenas a partir de la retransmisión de parte o de la totalidad de la programación de una estación piloto y ofrecer a los anunciantes paquetes de publicidad regional o nacional.¹

La época de oro

La experiencia de la XEW fue determinante para que otros radiodifusores tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades del país impulsaran proyectos de radio, en algunos casos igualmente novedosos, que formaron parte de lo que ha sido denominado como la “época de oro de la radio mexicana”. Fue el caso de la misma XEB que se convirtió en la principal competidora de la XEW durante los años treinta y cuarenta con la participación de personalidades como Alfonso Ortiz Tirado, Pedro Infante, Ernesto Lecuona y el pianista José Iturbi, así como por sus radioteatros, en los que actuaban figuras reconocidas en el país como Pura Córdova, Mario Moreno Cantinflas, Joaquín Pardavé y Josefina Aguilar.

Ramiro Gamboa dirigiendo a los actores en cabina.

Otra de las estaciones importantes, la XEOY Radio Mil, de la Ciudad de México, nació en marzo de 1942, por iniciativa de Ignacio Díaz Raygosa y José Iturbe Limantour, nietos del expresidente Porfirio Díaz Mori y de su secretario de Hacienda, José Yves Limantour, respectivamente. Esta emisora se convirtió durante sus primeros años de vida en una fuerte competidora de la XEW y la XEW al “piratear” a varios de sus artistas. Con los apoyos económicos de las grandes agencias estadounidenses que anunciaban programas propagandísticos durante la Segunda Guerra Mundial, Radio Mil fue incluso considerada como un nuevo gigante del medio, pero la decadencia vino rápido y sería el mismo Emilio Azcárraga el que saliera a su rescate a fines de 1945. Años después, ya con nuevos propietarios, la XEOY regresó como una las grandes estaciones disqueras.

Emilio Azcárraga fundó también la XET, de la ciudad de Monterrey en 1930 y la XEQ, de la Ciudad de México en 1938. Esta última destacó por tener a locutores muy reconocidos como Carlos Pickering, Ramiro Gamboa, Salvador Pliego Montes (que después se dedicó a la política), Leonel de Cervantes y Enrique Perro Bermúdez. Entre sus programas más célebres destacaron El monje loco, Variedades Panseco, El risimetro y Quiero trabajar. Mientras tanto, la XET se convertía en Monterrey en la competidora de la XEH, de Constantino de Tárnava, empleando a artistas locales y logrando la participación de las estrellas de la estación hermana XEW. Poco después, esta estación fue adquirida por Jesús D. González, quien con el paso de los años creó uno de los grupos de medios de comunicación más importantes del país: Multimedios Estrellas de Oro.

El personal creativo de la XEQ posa ante el micrófono central de la emisora. Ésta se caracterizó por tener célebres conductores.

En Veracruz, Fernando Pazos Sosa también fundó, en 1929, una de las primeras estaciones comerciales: la XEU, con un arraigo local muy importante, apoyada también por los artistas reconocidos de la capital. Como ocurrió con otros pioneros, Pazos se convirtió en un próspero empresario de la industria de la radiodifusión.

De esta época es también la XEX, de la Ciudad de México, fundada en 1947, bajo la dirección de uno de los locutores más destacados de la historia de la radio mexicana, Alonso Sordo Noriega.

La radio gubernamental y las emisoras universitarias

Frente a la radio comercial, la radio oficial y universitaria tuvo un papel más modesto pero no menos trascendente. El 1º de enero de 1931, la organización política que gobernaría el país de 1929 a 2000 y de 2012 a 2018, llamada inicialmente Partido Nacional Revolucionario (PNR), inauguró su propia estación de radio, la XEPNR, cuyos objetivos eran muy claros: la difusión de la doctrina del partido y de la postura oficial de los gobernantes. Su papel en la consolidación del partido de Estado fue importante, sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940).

Exactamente ocho años después, la luego denominada XEFO fue integrada al Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP) —creado el 1º de enero de 1937—, que se convirtió en el primer organismo especializado en el manejo de la comunicación del gobierno. Uno de los objetivos del DAPP consistió en dirigir y operar las estaciones de radio dependientes del Ejecutivo, con excepción de las pertenecientes a la Secretaría de Guerra y Marina, así como supervisar y reglamentar la “propaganda y publicidad” que se difundía en las emisoras comerciales y culturales de todo el país. Para fortalecer su cobertura, el organismo instaló dos radiodifusores: la XEDP, en amplitud modulada, y la XEXA, en onda corta, con una programación confeccionada y creada por las diferentes secretarías de Estado.

Al mismo tiempo, el gobierno de Lázaro Cárdenas publicó el 15 de enero de 1937 un decreto presidencial por el que se crea un programa radiofónico semanal, La hora nacional que, desde el 25 de julio de ese año y hasta el momento, todas las estaciones del país están obligadas a transmitir. En sus primeros años, la producción de este programa estuvo a cargo del DAPP y, posteriormente, de la Secretaría de Gobernación. Hacia fines de 1939, el DAPP, a juicio del gobierno, ya había cumplido su papel y desaparece; no así las estaciones creadas por el organismo que aún funcionaron por algún tiempo hasta que el gobierno entrante de Miguel Alemán Valdés dejó de utilizarlas. A su vez, la XEFO tuvo una vida de quince años hasta que el gobierno de Alemán vendió la emisora y su filial, la XEUZ de onda corta, al empresario de la radio Francisco Aguirre.

Durante el cardenismo también iniciaron transmisiones las dos primeras radiodifusoras universitarias: el 14 de junio de 1937 la XEUN Radio UNAM (de la Universidad Nacional Autónoma de México), cuyo primer director fue Alejandro Gómez Arias, y el 28 de junio de 1938 la emisora de la Universidad de San Luis Potosí. Durante un lustro, estas emisoras fueron las únicas universitarias hasta que, en 1943, surgió Radio Universidad Veracruzana y, en 1954, Radio Universidad de Guanajuato. El crecimiento de la radio universitaria comenzó a mediados de los sesenta y se desarrolló con vigor hasta la década de los setenta. Sin embargo, las gestiones que tuvieron que hacer algunas universidades para obtener un permiso con el que operar una estación fueron muy difíciles. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Puebla hizo la primera petición de una frecuencia en 1958 y no fue hasta 37 años después, en 1997, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se la otorgó. Algo similar le ocurrió a la Universidad Autónoma de Chapingo: durante diez años esperó respuesta del gobierno para que en el mismo año de 1997 le fuera entregado un permiso.

Defensa de intereses

Mientras desarrollaban su actividad como concesionarios de estaciones de radio, algunos radiodifusores del país vieron la necesidad de crear un organismo para la defensa de sus intereses. El 25 de febrero de 1937 se constituyó en la Ciudad de México la Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras (AMER), en la que participaron fundamentalmente pequeños radiodifusores de diferentes entidades. Al término de la reunión en la que se crea la AMER asistieron representantes de veinte estaciones: diez en la Ciudad de México, dos de Veracruz, dos de Tamaulipas y uno por cada uno de las siguientes ciudades: Puebla, Durango, Monterrey, León, Guadalajara y San Luis Potosí. Posteriormente, los asistentes a la convención deciden transformar a la AMER en Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras Comerciales (AMERC), con el objetivo de “defender los intereses comunes de los radiodifusores”, así como “hacer frente común en todos los casos en que puedan resultar afectadas sus actividades”. Como presidente fue elegido Luis de la Rosa.

A consecuencia de la promulgación en 1936 de la Ley de Cámaras de Comercio, que establecía la obligación de los industriales de estar adscritos a una cámara empresarial, la AMERC ingresó en 1939 a la Cámara de Transportes y Comunicaciones, en donde se constituye la Sección de Radiodifusión. La participación de los radiodifusores es tan activa en la organización que a seis meses de su ingreso logran que Luis de la Rosa llegue a la presidencia de esta Cámara.

En 1941 se promulga una nueva Ley de Cámaras de Comercio e Industria, en la que se autoriza la creación de cámaras especializadas. El 14 de diciembre de ese mismo año, la Secretaría de Economía Nacional aprueba la Constitución de la Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión (CIR) y es el 2 de enero de 1942 cuando se firma el acta constitutiva de la nueva organización, a cuya presidencia llegó quien era de esperarse: Emilio Azcárraga Vidaurreta.

El papel tanto de la AMERC como después de la CIR fue determinante para obtener del gobierno beneficios económicos y políticos, principalmente a través de la modificación y creación de leyes y disposiciones jurídicas. Uno de sus principales éxitos políticos fue la promulgación de la Ley Federal de Radio y Televisión en 1960, que recogió sus principales planteamientos en materia de duración, refrendo y naturaleza jurídica de las concesiones, libertad de expresión y programación.

En 1970 la CIR realiza una Asamblea General para transformarse en Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), con el fin de hacer más explícita la participación de los concesionarios de canales de televisión.

El disco gana espacios

Hacia los años cincuenta, la radio comercial se había ya consolidado plenamente. Las más importantes radiodifusoras del país, lideradas por la XEW, eran ya medios con una indiscutible penetración social y un notable poder económico. La ascendente influencia de la radio tuvo, sin embargo, un primer momento de intranquilidad con el surgimiento de la televisión en los años cincuenta. Al principio, hubo un poco de incertidumbre, pues debido al elevado costo de los receptores de televisión, la radio se mantenía como el medio preferido. Sin embargo, con el paso de los años, la situación fue cambiando: la televisión ganó cobertura, influencia social y política, penetración de receptores en hogares y, por supuesto, anunciantes.

En este contexto, la historia de la radio mexicana tuvo dos de sus momentos más importantes. Uno, la aparición de la primera estación de FM en mayo de 1952: la XHFM Radio Joya, en la Ciudad de México. Su propietario, Federico Obregón Cruces, ya había solicitado una concesión para transmitir en esa banda en 1946 y fue el 28 de diciembre de ese año cuando se le concedió la frecuencia 94.1. Sus transmisiones de prueba comenzaron en 1949.

Cinco años después, en 1957, nacen otras emisoras en FM: la XEOY-FM, de la Ciudad de México, propiedad del Núcleo Radio Mil; la XET-FM, de Monterrey, y la XEQ-FM, también en la Ciudad de México.

El crecimiento de las emisoras de FM fue, no obstante, lento a causa de la escasa venta de receptores. Por un lado, la mayoría no incluían esa banda por su elevado costo; por otro, no todos conocían o estaban convencidos de las bondades de este nuevo tipo de radio. Aunque hacia 1970 ya había 52 estaciones, tuvo que hacerse un esfuerzo mayor para incrementar la penetración de la FM. Durante mayo de ese año se creó la Asociación de Radiodifusores de Frecuencia Modulada (ARFM), entre cuyos objetivos estaba contar con el apoyo de los fabricantes de receptores para abaratar los costos además de convencer a los anunciantes de las ventajas de la nueva radio. No pasaron muchos años para que sus objetivos fueran exitosos. La ARFM es el antecedente de la actual Asociación de Radiodifusores del Valle de México, antes llamada Asociación de Radiodifusores en la Ciudad de México.

La venta de radios, medios de entretenimiento y unión familiar que enriquecieron a la industria en México.

El otro hecho importante fue el cambio en la manera de producir la radio. De la transmitida en vivo, que se hacía en grandes radioteatros con la participación de un amplio grupo de artistas, producida durante los primeros años, se dio paso, tal como hemos visto, a los primeros programas grabados que, durante los años cuarenta, eran distribuidas por las cadenas de radio a estaciones más pequeñas que, a su vez, mantenían un porcentaje de programas en vivo. Posteriormente, ya desde la primera mitad de los cincuenta, los programas grabados fueron dando paso a los discos con canciones grabadas, lo cual significó —sobre todo para las estaciones pequeñas— una posibilidad de desarrollo ante la fuerte competencia de radiodifusoras como la XEW, competencia que, de hecho, acabó llevando a varias de ellas a su desaparición. El creador de una de las estaciones pioneras en esta tendencia, la XEOY Radio Mil, de la Ciudad de México, fue Guillermo Salas Peyró, quien al adquirirla con otros inversionistas realizó un cambio radical en su programación.

En la producción de radionovelas, el director artístico, las actrices, los actores y el efectista de sonido convivían en la cabina radiofónica orquestando las dramatizaciones en vivo.

No sólo eso, con la llegada de las llamadas estaciones disqueras vino también la especialización de formatos, la “miniaturización” de las cabinas de producción, la desaparición de los grandes estudios y la disminución de fuentes de trabajo para artistas, locutores, directores artísticos, operadores, etc. El denominado sistema California hizo su aparición y las emisoras de radio lo adoptaron rápidamente: transmisión de números musicales presentados por un locutor, anuncios comerciales y regreso a más música grabada. Desde entonces hasta los ochenta, las radios disqueras se generalizaron, pero esto no obstaculizó la aparición de nuevas estaciones populares que retomaron las nuevas tendencias musicales. El boom de las radios disqueras alcanzó su máximo éxito en los años setenta.

Radio indigenista, campesina y estatal

Y mientras la radio disquera vivía su mejor época, el gobierno de José López Portillo hizo realidad un proyecto que se había postergado durante muchos años: la radio indigenista. Fue el Instituto Nacional Indigenista (INI, que en 2013 se transformaría en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y en 2018 en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) el encargado de concretarlo. y en 2018 en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En 1979 instala en Tlapa de Comonfort, Guerrero, la primera estación de su tipo: la XEZV, La Voz de la Montaña, cuyo propósito inicial era apoyar programas educativos en las regiones étnicas de México, es decir, crear una escuela radiofónica. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta idea se abandonó y se comenzó a transmitir simplemente música. En los años siguientes se fueron instalando más emisoras cuyo fin era propiciar “el fortalecimiento de las culturas de los pueblos indígenas a partir de la revaloración de las expresiones culturales propias, tales como la música, los mitos, las costumbres y la lengua”.

A la instalación de las radiodifusoras indigenistas le antecedieron algunas experiencias de radio comunitaria cuyas sedes fueron clausuradas en varias ocasiones a causa de su situación ilegal. En 1965 el Centro de Promoción Social y Cultural, A.C., un organismo autónomo del lugar, comienza a operar la XEYT, en Teocelo, Veracruz. En el mismo año, se crea la XEJN Radio Huayacocotla. Esta emisora funcionó durante sus primeros años de vida como escuela radiofónica y, posteriormente, como estación de onda corta; su público objetivo eran los grupos de campesinos adultos de la comunidad o de las poblaciones cercanas a los que se intentaba alfabetizar en aulas previamente establecidas.

Por su parte, la radio del Estado fue reorganizada durante estos años. Como hemos visto, las emisoras estatales se encontraban dispersas en distintas dependencias del gobierno y era necesaria una política más clara en materia de medios de comunicación estatales. Un antecedente para unificarla en un organismo que proyectara su rumbo se presentó después de que Grupo Radio Fórmula, de la Ciudad de México, decidiera vender sus estaciones en 1979 tras un largo proceso que iniciara en 1976 con el fin de superar sus dificultades financieras y fiscales.

El gobierno federal se quedó con tres de las estaciones: la XEMP, la XERPM y la legendaria XEB. Las estaciones son adscritas a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), de la Secretaría de Gobernación, la cual fue creada mediante decreto oficial el 7 de julio de 1977, con el fin de aplicar la normatividad, fundamentalmente de contenidos en los tres medios de comunicación, así como para administrar los tiempos oficiales y fiscales que le corresponden legalmente al Estado. Para operar las emisoras, se constituye el Grupo RTC-Radio, cuya vida fue de cuatro años.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, la radio estatal experimentó un cambio importante con la creación del Sistema de Comunicación Social del gobierno federal, el cual dio lugar a la constitución, el 25 marzo de 1983, de tres entidades descentralizadas: el Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión), el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). El patrimonio del IMER fue conformado por las áreas operativas de RTC y por las empresas que formaban parte del Grupo Radio Fórmula: Vocero Mexicano. S.A., concesionaria de la XERPM; Compañía Nacional de Radiodifusión. S.A., concesionaria de la XEB; Radio Visión Mexicana. S.A., concesionara de XEMP, y Organización Radiofónica Orfeón S.A., operadora de las radiodifusoras XEQK (más conocida como La Hora Exacta) y la XEQK de onda corta. También pasó a su responsabilidad la Productora Nacional de Radio (Pronar) y la estación XHOF-FM, que entonces pertenecía al Departamento de la Ciudad de México. Posteriormente se le incorporaron más frecuencias, tanto concesionadas (con posibilidad de incluir anuncios) como permisionarios (culturales sin fines de lucro).

El boom de la noticia y la radio hablada

La transformación de la radio en vivo a las radios disqueras, iniciada en los años cincuenta, coincidió con la cada vez más amplia generalización de los noticiarios, sobre todo de aquellos de corta duración. “Muchas noticias en pocos minutos” era la premisa fundamental en la producción de estos programas.

Aunque la difusión de noticias en radio se originó desde los inicios de la radio mexicana (hay que recordar que en los años veinte varias estaciones fueron patrocinadas por periódicos) e incluso surgieron estaciones dedicadas casi exclusivamente a la transmisión de noticias (como la XEX, de la Ciudad de México, en 1947, y la XEOY Radio Mil que durante parte del año de 1949 funcionó sólo con ese fin), es en los años setenta cuando los noticiarios radiofónicos se extendieron en la radio; se estableció una dinámica de trabajo propia mediante la creación de departamentos de noticia, la asignación de reporteros a las fuentes de información, la adquisición de vehículos para el desplazamiento de los reporteros y la contratación de corresponsales nacionales y extranjeros, entre otras innovaciones. Los más importantes grupos radiofónicos adoptan el modelo y ya hacia mediados de la década de los ochenta, un 88 por ciento de las estaciones de la Ciudad de México transmitía noticiarios de corta duración” (De la Selva, 1986: 101- 107).

El primero de abril de 1974 surgió otro programa informativo que se consolidó como el más importante de su tipo en la Ciudad de México y con una importante cobertura nacional: Monitor, creado por Radio Programas de México. Este noticiario fue conducido en un principio por un excolaborador del Núcleo Radio Mil, Mario Iván Martínez, y después por José Gutiérrez Vivó, quien marcó una nueva etapa en la conducción y duración de los programas informativos de la radio. Los noticiarios de larga duración estaban por venir, al igual que el boom de la radio hablada.

El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México amaneció con un fuerte sismo que derrumbó decenas de edificios y casas, y la muerte de miles de personas. El evento puso a prueba los sistemas de emergencia y auxilio a la población, pero también el compromiso social de los medios de comunicación. La radio demostró su capacidad de convocatoria y de incidencia social. Después del terremoto, la radio dejó de transmitir comerciales, abrió sus espacios para informar ampliamente sobre lo sucedido, funcionó como un medio de comunicación entre los capitalinos ante los cortes del servicio telefónico y fue actor efectivo en las labores de acopio de víveres, ropa y medicinas para los damnificados. Existe una amplia coincidencia en sostener que a partir de ese momento la radio “redescubrió” su potencial y los noticiarios de larga duración despuntaron. Para su producción se destinaron recursos cuantiosos: enlaces satelitales (una vez que México entró en la era satelital con el lanzamiento de los Morelos I y II en 1985), telefonía celular, controles remotos, helicópteros, etc. También fueron contratadas “figuras” del medio televisivo para lograr una más rápida identificación del auditorio y comenzó a utilizarse la banda de FM, antes destinada sólo a la transmisión de música, para difundir en ella estos programas. Junto con estos factores, se procuraron ampliar los márgenes de libertad de expresión al permitir que conductores y comentaristas expresaran críticas más contundentes a los servidores públicos, lo que generó mayor aceptación entre los radioescuchas.

El éxito de los noticiarios de larga duración también tuvo una justificación económica y de competencia. En los años ochenta, la televisión ya había acaparado más de la mitad de los presupuestos publicitarios y una audiencia elevada en el país. Asimismo hicieron su aparición o tuvieron su periodo de expansión diversas alternativas de información y entretenimiento que comenzaron a generar amplias simpatías en la población, sobre todo entre los sectores medios: los videos caseros y sus equipos de reproducción, la televisión por cable, las parabólicas, los videojuegos, la televisión restringida o de pago por microondas, etc. La misma radio fue objeto de cambios en lo que se refiere a los hábitos de consumo al generarse una mayor aceptación hacia las estaciones que funcionan en la banda de FM.

En este marco los principales grupos radiofónicos destinaron grandes recursos a los noticiarios de larga duración, pero también a los programas hablados, principalmente en las emisoras que operaban en la banda de AM, con el fin de atraer al auditorio que prefería algo más que música en la radio. Programas especializados en espectáculos, belleza, deportes, asesoría psicológica, brujería y temas esotéricos, finanzas, conducidos por “estrellas” de la televisión, hicieron su aparición y se enfrascaron en una dura competencia que proporcionó a la radio un nuevo respiro, aunque es verdad que insuficiente para recuperar las audiencias y presupuestos publicitarios de la época dorada de la radio mexicana. Los cambios en los formatos de las estaciones también se volvieron una constante, tanto los de las ubicadas en la banda de AM como en la de FM, con el fin de aprovechar la llegada de los nuevos ritmos musicales (como la llamada música grupera), la coyuntura de la firma de un tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (por ejemplo, con emisoras como X-Press Radio, en la Ciudad de México, con transmisiones en inglés), la participación más activa de la mujer en la vida social y política (Radio Mujer de Guadalajara) y, sobre todo, la numerosa población juvenil, ávida de música y de programas con un lenguaje más ligero y menos acartonado al existente en décadas anteriores (dos ejemplos importantes: Rock 101, en 1984, y Radioactivo 98.5, en 1992, ambos de la Ciudad de México).

En el ámbito empresarial, la disminuciónde los ingresos publicitarios y la mayor oferta de opciones de información y entretenimiento, tuvo como efecto un intenso movimiento entre los grupos radiofónicos para comprar o vender estaciones, desarrollar alianzas comerciales destinadas a ofrecer a los anunciantes paquetes más diversificados para la colocación de spots, realizar fusiones de capital con otros grupos radiofónicos o buscar y desarrollar nuevos nichos de negocios en el campo de la comunicación, sobre todo de la televisión. Estas acciones, realizadas sobre todo en los años noventa y en los inicios del nuevo siglo, han configurado un rostro algo diferente a la radio comercial en México.

Radio y libertad

Como se ha comentado, la legislación mexicana en materia de radio tuvo entre sus propósitos fundamentales incentivar el desarrollo comercial del medio y, a la vez, propiciar la participación del Estado como operador y, por supuesto, como regulador de emisoras. Es decir, configurar un sistema mixto de radiodifusión con estaciones tanto del Estado, o financiadas por presupuestos estatales, como de explotación comercial. Una de las razones por las que el gobierno prefirió un sistema preponderantemente comercial se debió a que de esa manera y sin hacer inversiones podía contar con más canales para difundir el discurso gubernamental y buscar así el apoyo de la sociedad para sus diferentes programas y planes de trabajo. Sin embargo, este cuerpo jurídico también estimuló la concentración de emisoras en pocos grupos y la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y permisos, lo que hizo de la radio un medio operado en realidad por pocas manos. A cambio de estos beneficios, los radiodifusores estuvieron dispuestos durante varias décadas a subordinar, tanto por la vía legal como mediante una política de acuerdos entendidos, los contenidos de sus transmisiones, relación en la que la autocensura desempeñó el papel principal.

Un vistazo a las primeras leyes y reglamentos en la materia nos permite apreciar la situación descrita. Por ejemplo, la Ley de Comunicaciones Eléctricas de 1926 establecía, por una parte, que las concesiones de frecuencias de radio podría ser de explotación comercial y serían asignadas sólo a mexicanos; por otra, se expresaba la clara prohibición de “transmitir noticias que atenten contra la seguridad del Estado, la concordia, la paz, el orden público, las buenas costumbres, las leyes del país, la decencia del lenguaje o que ataquen de cualquier forma al gobierno constituido o la vida privada” —las cursivas son nuestras— (Diario Oficial de la Federación, 24 de abril de 1926). En 1931, la radiocomunicación es incluida en el libro quinto de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se establece el régimen de concesiones o permisos con un plazo que llegaba hasta los cincuenta años. Dos años después el gobierno es más específico en la regulación del medio y expide el Reglamento del Capítulo VI del libro v de la ley mencionada; ahí precisa que las estaciones radiofónicas pueden dedicar el 10 por ciento de su tiempo para anuncios comerciales (Diario Oficial de la Federación, 24 de abril de 1926). Ese mismo día la Ley de Impuestos a las Estaciones Radiodifusoras impone un gravamen del 5 por ciento de los ingresos brutos de las emisoras; en 1935 este impuesto se reduce a un 2 por ciento, gracias a la actualización que se establece de esta ley, lo cual es una clara muestra del estímulo gubernamental hacia la actividad.

En 1937, junto con la creación del DAPP, el gobierno expide la primera reglamentación específica para la radio: el “Reglamento para Estaciones Radiodifusoras Comerciales, Científicas, Culturales y de Aficionados” (Diario Oficial de la Federación, 1º de enero de 1937). Como en disposiciones jurídicas anteriores, se definen algunos criterios de programación, entre los que destaca una vez más la prohibición expresa de “tratar asuntos políticos”; pero también hay un elemento nuevo que sería retomado por la legislación actual: proporcionar tiempos al Estado. Según esta ley los concesionarios de radio tienen la obligación de otorgar diez minutos diarios a la entonces llamada Secretaría de Salubridad y Asistencia para que difundiera boletines de “propaganda higiénica”, así como otros treinta minutos diarios al gobierno federal en su conjunto para la transmisión de noticias de “trascendencia nacional”. Al mismo tiempo, la Ley de Vías Generales de Comunicación es actualizada y en ella se dispone un beneficio más para los concesionarios de radio, en virtud del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial: las radiodifusoras gozarán de las franquicias para la importación libre pago de impuestos de equipos, refacciones y accesorios.

En 1942 se promulgó el Nuevo Reglamento de licitaciones de Radiodifusoras Comerciales de Experimentación, Científica y de Aficionados en el que, además de omitir respecto al reglamento que lo antecedió el adjetivo de “culturales”, se ratifica la prohibición de tratar asuntos políticos o religiosos. En contrapartida hay más beneficios para los concesionarios: la libre importación de programas extranjeros, así como la transmisión en idiomas extranjeros, previa autorización.

Con estas facilidades, los concesionarios pudieron recibir los beneficios económicos que trajo la difusión de propaganda de los países aliados una vez que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Beneficios que afectan incluso a la publicidad: anuncios con duración de dos minutos y por cada dos anuncios debía programarse un número musical o de cualquier índole.

En la década de los cincuenta se produce una crisis en la relación cordial que había caracterizado en general a los empresarios de la radio y ya entonces de la televisión afiliados a la CIR. Algunos, principalmente del estado de Veracruz, se opusieron a la instalación de repetidoras de las grandes radiodifusoras de la Ciudad de México, como la XEW y la XEQ, por lo que consideraban competencia desleal. Su descontento era comprensible: las repetidoras no hacían gastos de artistas, de locutores o de personal administrativo; sólo requerían de personal que se encargara de la operación de la estación y esto no era correlativo a las inversiones que tenían que hacer las emisoras locales para sacar adelante una programación atractiva. La dirección de la CIR, cuyas cabezas eran las grandes radiodifusoras, manejaron hábilmente el problema y lograron que el descontento de las emisoras pequeñas unificara la lucha por una legislación que resolviera tanto este como otros asuntos de importancia para la radiodifusión (Mejía Barquera, 1989: 177).²

Dos ingenieros de mantenimiento arman, limpian y dan acabado a los aparatos de radio ante un ventilador. Imagen de mediados del siglo XX.

Concertados los apoyos internos para luchar por una nueva ley, los empresarios de la radio y la televisión continuaron trabajando en el ámbito internacional con la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR), que agrupaba a los industriales del medio del Continente. Surge así un documento histórico: las “Doce bases para uniformar la legislación interamericana de radiodifusión”, aprobado en Buenos Aires en 1948. Demandas como libertad de expresión plena, otorgamiento de concesiones por tiempo ilimitado, trato fiscal privilegiado, ausencia de competencia publicitaria por parte de las emisoras del Estado y el considerar a la radiodifusión como una actividad de interés público y no de servicio público formaron parte de los principios por los que luchó la AIR en estos años. Debido a la habilidad política de sus dirigentes, pudo ver algunos de ellos plasmados en leyes de radiodifusión promulgadas en países como Argentina, Brasil, Cuba, Guatemala y, posteriormente, México.

La Ley Federal de Radio y Televisión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1960. Su promulgación fue precedida por diversos hechos: la VI Asamblea y II Convención de la AIR, organizadas en la Ciudad de México en octubre de 1959, como una sutil forma de presión internacional ante la redacción de la nueva ley, así como la designación en 1958 de un personaje ligado a los intereses de la industria de la radiodifusión: Walter Cross Buchanan. Este hombre trabajó en XEB, dirigió la instalación de las estaciones XEFW de Tampico, XET de Monterrey, XEUN Radio UNAM y la XEX (estas dos últimas de la Ciudad de México) y fue propietario de la XENK Radio 6.20, de la misma capital mexicana.

La ley recogía, tal como se ha comentado, prácticamente todos los principios de la radiodifusión comercial. La actividad de la radiodifusión fue considerada como un servicio de interés público y no como de servicio público, con lo cual ya no era necesario autorizar previamente tarifas, ni los radiodifusores estaban obligados a prestar sus servicios a toda persona, empresa u organización que quisiera hacer uso de ellos. Al garantizarse la libertad de expresión, quedó también anulada la prohibición de tratar asuntos políticos, como lo precisaban las regulaciones anteriores, lo que favoreció la transmisión de contenidos para la defensa de estos intereses, y sólo acotados por las “reglas no escritas” que el sistema político mexicano había definido para prácticamente todos los medios de comunicación: ninguna crítica al presidente de la República ni al Ejército mexicano. Aunque el otorgamiento de concesiones no se estableció por tiempo indefinido, como señalaban las bases de la AIR, se determinó un plazo máximo muy favorable para su operación: treinta años, con posibilidad de prórrogas, entre otros beneficios.

La polémica presidencia de Gustavo Díaz Ordaz tuvo fuertes consecuencias en la libertad de expresión de la radio.

Años más tarde, al llegar Gustavo Díaz Ordaz a la Presidencia del país, la relación entre el poder político y los medios de comunicación, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, tuvo momentos de tensión, después de la represión de los estudiantes en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Sin una causa justificada, el 31 de diciembre de ese año, el gobierno publicó una Ley de Ingresos de la Federación, en la que se incluyó un impuesto de 25 por ciento sobre servicios de interés público en los que intervinieran bienes del dominio de la nación. El objeto del impuesto lo constituían “los pagos que se efectúen por los servicios prestados por empresas que funcionen al amparo de concesiones federales”. Los sujetos del impuesto serían, en consecuencia, las personas que efectuaran esos pagos (agencias de publicidad o anunciantes directos) y no las empresas de radio y televisión. Sin embargo, la ley declaraba “responsables solidarios” a los concesionarios y se les asignaba la obligación de retener un porcentaje de los pagos que se hicieran por publicidad y entregarlos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

La ley evidentemente no gustó a los empresarios radiofónicos, por lo que decidieron negociar una opción más favorable a sus intereses. El resultado fue la publicación de un decreto en el que el impuesto del 25 por ciento se consideraría cubierto si los concesionarios de radio y televisión ponían a disposición del Estado el 12.5 por ciento del tiempo diario de transmisión. Es así como nació el denominado y vigente “tiempo fiscal”, cuya característica principal es que no es acumulable ni diferible (Diario Oficial de la Federación, 1º de julio de 1969). Después de presiones políticas muy intensas y ya instalado un gobierno de oposición, los radiodifusores encabezados por un dirigente de Televisa en la presidencia de la CIRT, Bernardo Gómez, lograron echar abajo este decreto treinta y tres años después y en su lugar ahora otorgan al Estado dieciocho minutos en televisión y treinta y cinco en radio. La polémica desatada por la publicación del nuevo decreto del 10 de octubre de 2002, así como por otras modificaciones al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión fue intensa. Estos tiempos quedaron nuevamente establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.

En 1973, durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), se publica (después de trece años de la promulgación de la ley respectiva), el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV, Diario Oficial de la Federación, 4 de abril de 1973). La elaboración del ordenamiento jurídico tiene lugar también en un momento de tensión entre el poder político y los empresarios de la radiodifusión, debido a las fuertes críticas que realizaba el gobierno federal y el mismo presidente a las programaciones de las emisoras de radio y televisión. En consecuencia, el reglamento definiría más ampliamente los límites de los contenidos de los programas y de la publicidad, pero sin afectar el desarrollo o expansión de la radio comercial. Esto cambiaría con la reforma constitucional de 2013 y legislación secundaria de 2014, tal como se precisará más adelante.

El 23 de abril de 2020, ya durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una nueva modificación en los tiempos fiscales, al “devolver” a los concesionarios 7 minutos a la televisión y 14 minutos a la radio. De esta manera, dice el decreto respectivo, los concesionarios podrán hacer el pago del impuesto referido con 11 minutos diarios de transmisión en televisión y 21 minutos diarios en radio. Antes de esta reforma, los tiempos eran de 18 minutos en televisión y 35 en radio, como ya se dijo, pero de acuerdo con la nueva norma así seguirán en procesos electorales. La decisión del presidente de la República fue duramente cuestionada por organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), ya que se redujeron espacios importantes para la difusión, por ejemplo, de campañas sobre salud o educación.

La autocensura y la censura indirecta como norma

Hasta antes de la LFRTV la censura gubernamental hacia la radio, como se ha descrito, era una medida avalada por las leyes y reglamentos en la materia; los interventores de la SCOP cumplían cabalmente esa función al informar a las autoridades acerca de todos los comentarios que se expresaban en el medio y pudiesen molestar a los altos funcionarios del gobierno. Numerosos expedientes de los informes de estos “servidores públicos” son actualmente resguardados en el Archivo General de la Nación.

Con la LFRTV de 1960 se garantizó la libertad de expresión, pero las posibilidades para ejercer este derecho establecido incluso en el artículo 6º de la Constitución no se dan de inmediato, sino que son paulatinas y se refuerzan con el debilitamiento del partido del Estado y los triunfos de la oposición en los procesos electorales. Aunque la autocensura prevaleció, los casos de injerencia directa o indirecta del gobierno para tratar de modificar la línea editorial de los noticiarios de radio también fueron abundantes.

Incluso en los llamados años de la “alternancia democrática”, en los que gobernó el Partido Acción Nacional (PAN), de 2000 a 2012, la censura indirecta se hizo presente en diferentes casos que tuvieron una amplia repercusión social y política. Sucedió con el influyente periodista José Gutiérrez Vivó, en 2008, a quien se le cercó con un boicot publicitario promovido desde el gobierno federal, por un supuesto acercamiento con el líder opositor Andrés Manuel López Obrador, y el incumplimiento del pago al que estaba obligado Grupo Radio Centro por el rompimiento unilateral de su contrato con el comunicador y los costosos juicios relacionados con su diferendo con esta empresa. El 24 de mayo de 2008, a las 2:50 horas, Radio Monitor (XENET-AM), que transmitía en los 1320 KHz y la estación XEINFO-AM, en los 1560 KHz, salieron del aire. Ese día, el Sindicato de Trabajadores de la Radio y Televisión (STIRT) colocó las mantas rojinegras en las instalaciones de La Prensa por el adeudo salarial a los trabajadores de base y a los trabajadores de confianza de las radiodifusoras. Desde entonces sigue fuera del aire.

A Andrés Manuel López Obrador se le vinculó con José Gutiérrez Vivó justo en el momento cuando un asunto financiero sacó del aire a Radio Monitor.

Carmen Aristegui vivió por su parte diferentes casos de censura por su labor periodística en los últimos años. En 2008, salió de W Radio por una supuesta incompatibilidad laboral, pero hay quienes interpretaron su cancelación de contrato por diferencias editoriales con Televisa (Sosa Plata, 2008). A principios de 2009, se integró a MVS una de las estaciones del grupo MVS Radio de la familia Vargas, y dos años después, en febrero de 2011, fue despedida por hacer comentarios que violaron el Código de Ética, sobre un presunto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón que habría sido denunciado por el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña. La presión social para que regresara a su espacio informativo fue intensa y días después regresó al aire. Fue cuando se creó la figura del ombudsman de Noticias MVS.

En agosto de 2012, el mismo presidente de MVS Comunicaciones, denunció públicamente que detrás del despido de la periodista estuvieron involucrados funcionarios cercanos al presidente Calderón, como Javier Lozano, en su papel de titular de la Secretaría del Trabajo, quienes presionaron al empresario para que Aristegui ofreciera disculpas por sus comentarios sobre la salud del Jefe del Ejecutivo y, luego de su despido, no la recontratara a cambio de la prórroga de sus concesiones en la banda 2.5 GHz, con las cuales podría hacer realidad su ambicioso proyecto de banda ancha móvil. En marzo de 2015, la periodista dejó nuevamente de transmitir su noticiario, en este caso porque la empresa, dijo, perdió la confianza a Carmen Aristegui al sumar a Noticias MVS, sin autorización de la compañía, en la creación de la plataforma Mexicoleaks y luego por condicionar el regreso de los periodistas despedidos por este hecho, Daniel Lizárraga e Irving Huerta. Fue así que la familia Vargas decidió anular el contrato que tenía firmado con Carmen Aristegui y la demandó por usar, también sin su autorización, materiales generados en el noticiario para su portal Aristegui Noticias. Aristegui buscó el amparo por la transgresión a su derecho a la libertad de expresión, pero le fue negado. Ante esto, recurrió, con el apoyo de periodistas de México y América Latina, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado Mexicano por la denegación de la justicia en su despido y de los periodistas que integraban la Unidad de Investigación en Noticias MVS.

La periodista ha reiterado que su despido fue consecuencia de la coordinación y posterior publicación del multipremiado reportaje sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que reveló el conflicto de interés del presidente y su esposa con uno de los proveedores del gobierno. En julio de 2016, se dio a conocer que Joaquín Vargas interpuso una nueva demanda en contra de la periodista, en este caso por daño moral. La acusó de dañar su imagen en el prólogo del libro sobre la Casa Blanca, ya que a su parecer hace afirmaciones sin sustento sobre su relación con el gobierno y la salida de la periodista y su equipo de trabajo de la empresa.

La salida de Carmen Aristegui generó un intenso rechazo de la audiencia del noticiario que ella conducía. Un informe pormenorizado sobre este hecho y la vulneración de los derechos de las audiencias fue dado a conocer por el Ombudsman de Noticias MVS en septiembre de 2015. Como lo señaló en su momento la organización Artículo 19, lo ocurrido en Noticias MVS configuró un agravio a la libertad de expresión en el que se involucró el uso del espectro radioeléctrico, bien público del cual la empresa de comunicación es concesionaria y “contrario a lo que ha señalado MVS”, el tema es de interés público y no del ámbito exclusivamente privado. Estas medidas, agregó la ONG, trascienden los intereses privados de la empresa y configuran un mecanismo de censura indirecta contra un espacio periodístico que se caracterizó por exhibir importantes casos de corrupción y mal gobierno.

Las características de la información difundida por la periodista y su equipo constituyen un discurso especialmente protegido por tratarse de temas de interés público. Asimismo, hay amplia jurisprudencia que también señala la violación de derechos fundamentales por parte de empresas privadas como en este caso, la libertad de expresión” (Artículo 19, 2015).

Éstos son sólo algunos entre muchos casos más, no sólo de la Ciudad de México sino de otros estados del país, donde algunos poderes locales siguen ejerciendo presiones sobre radiodifusores para que reconvengan o en su caso despidan al reportero o conductor del programa informativo que ha molestado con su información o comentario al funcionario o empresario.

Menos delicada ha sido la revocación o expropiación de concesiones en México. Aunque la ley establece diversas disposiciones favorables al gobierno para justificar un acto así, sólo una estación, la XER después denominada XERA, de Ciudad Acuña, fue la única que padeció ese problema.³

Con el mismo rigor con el que se actuó para expropiar la XERA, el gobierno federal ha decomisado, durante años, transmisores y equipos de las emisoras ilegales que se han instalado en diferentes regiones del país. Según el gobierno, se trata de acciones necesarias para hacer respetar la ley, mientras que para los afectados se trató de actos de censura e incluso de represión hacia una actividad con la que se ejerce un derecho humano, la libertad de expresión, así como una función social en beneficio del grupo o la comunidad que se atiende ante la imposibilidad de que lo hagan las emisoras de radio legalmente establecidas. A diferencia de lo ocurrido en otros países, las radios ilegales no han tenido un crecimiento explosivo en México, pero las experiencias que se han desarrollado, sobre todo en la década de los noventa, han sido significativas.

En 1994, surgió Radio Televerdad, “estación radiofónica pirata”, impulsada por la Asamblea de Barrios y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se instalaría en una caseta provisional en Ciudad de México; transmitió en el 89.1 de FM, durante 17 horas cada día. A esta experiencia siguió la creación de Radio Pirata que transmitió durante tres horas los sábados desde el zócalo de Coyoacán, en la misma Ciudad de México, a través del 90.1 de FM. En la inauguración de esta emisora participaron militantes del PRD. Tiempo después, con el mismo esquema, surgió Radio Vampiro que transmitió por el 89.1 de FM, instalándose allí donde la gente la requiriera, siempre y cuando no saliera de los límites de la colonia Roma. La vida de estas emisoras fue corta.

Estas y muchas otras experiencias de radios comunitarias fueron desmanteladas, en muchos casos de manera violenta, con aparatosos operativos policíacos e incluso militares, que ha documentado ampliamente la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) en diferentes poblaciones del país.

Pese a su vida esporádica, el surgimiento de estas experiencias contribuyó a enriquecer la concepción de la radio comunitaria, ampliando esta categoría a las emisoras que en los últimos años han surgido vinculadas a organizaciones civiles y de estudiantes universitarios. Ejemplo de estas experiencias radiofónicas son Radio Zapote que surgió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) con motivo de la visita que hizo el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a la Ciudad de México en el año 2000.

Otras emisoras que han compartido el modelo de radios comunitarias y ciudadanas son Radio Bemba, de Hermosillo (Sonora); Neza Radio y Radio Chapingo, en el Estado de México; Frecuencia Libre 99.1, de Chiapas; Radio la Voladora (Estado de México y Ciudad de México); Radio Calenda, de Oaxaca; y Radio Oriente H-99 en la Ciudad de México, etc. Con motivo de la reforma constitucional de 2013 se reconoció la figura de radio comunitaria. Fue un triunfo histórico, aunque el desarrollo de este modelo de radiodifusión dependerá en parte importante de la política pública que impulse el órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como el Estado Mexicano. Al respecto, en 2020, ya en la nueva administración, a petición del gobierno de México se integró un Equipo Nacional, al que convocó la UNESCO con el apoyo de la Unión Europea, para elaborar un proyecto de política pública para impulsar el crecimiento de las radios comunitarias e indígenas en el país, así como la producción de contenidos en lenguas indígenas. El Equipo Nacional está integrado por representantes de estos medios, de medios públicos, de organizaciones no gubernamentales, de diferentes entidades del gobierno y la misma UNESCO. En el 2021 se estimaba presentar el proyecto.

La transición democrática

El crecimiento de la oposición política en México en la última década, su dificultad para acceder a la radio y la televisión durante la hegemonía del partido único, la participación más activa de las cada vez más numerosas asociaciones y organismos no gubernamentales que reclaman no sólo espacios en los medios de comunicación, sino también frecuencias para operar directamente emisoras de radio y televisión, entre otros factores, generaron un intenso debate sobre la necesidad de actualizar el marco legal vigente.

Algunos de los cambios más significativos que se promovieron fueron acabar con la discrecionalidad en el otorgamiento de las concesiones y permisos, y pasar esta atribución, actualmente del gobierno, a un organismo autónomo y plural: dar una autonomía a la operación de los medios del Estado y que el gobierno deje de tener injerencia directa o indirecta sobre ellos; no permitir la creación de más grupos oligopólicos de radiodifusión; autorizar y fomentar la instalación de estaciones comunitarias, así como establecer esquemas viables para su financiamiento, entre otros aspectos.

En tal circunstancia, algunos de los cambios realizados el 10 de octubre de 2002 por el gobierno federal (ya en los tiempos de la “transición democrática”) en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión de 1973 (como la obligación de establecer el derecho de réplica en los medios electrónicos y la creación del Registro Público de Concesiones) fueron considerados por partidos políticos, y por organizaciones no gubernamentales como insuficientes y no respondieron a los planteamientos hechos en la Mesa de Reforma del marco legal de los medios de comunicación en la que participaban y a las que convocó la Secretaría de Gobernación desde el año 2000.

Ciudadanía protestando contra la ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión de 2014, denominada “ley Televisa 2”. Preside el acto Javier Corral, entonces senador de la República.

Un retroceso todavía mucho mayor ocurrió con la denominada “ley Televisa” en 2006 (esta “ley”, que fue en realidad una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 y a la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995), que mantuvo los privilegios, particularmente a la industria de la televisión en materia de refrendos de concesiones, no obstante los cambios políticos que se estaban viviendo en el país con la llegada a la presidencia de un partido político distinto al del PRI, después de setenta años de pleno dominio. En 2007 hubo otra reforma, en este caso política, que eliminó la posibilidad de que los candidatos, partidos políticos y particulares compren espacios en radio y televisión, y que se originó ante los excesivos gastos de propaganda electoral que se hicieron sobre todo en las elecciones de 2006. Fue un duro golpe a los bolsillos de la industria de radio y televisión. Desde entonces, esa decisión no ha dejado de ser combatida legal y mediáticamente.

Como producto del denominado Pacto por México, una vez reinstalado el PRI en la Presidencia en 2012, las principales fuerzas políticas del país materializaron la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y posteriormente su legislación secundaria (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la ley que crea el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, aprobadas en 2014), con el fin de “someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional” (Pacto por México, 2012).

Marco legal vigente

En la actualidad, el marco legal aplicable a la radio es muy amplio y, además de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014, lo conforman disposiciones constitucionales, tratados internacionales, reglamentos o lineamientos, decretos presidenciales, así como normas oficiales mexicanas. Por razones de espacio sólo mencionaremos algunos de los aspectos más importantes de esta regulación.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, además de garantizarse la libertad de expresión, el derecho a la información y al acceso a servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, se establecen las bases del régimen de concesiones en la radio, a partir del derecho de soberanía que tiene la nación sobre el espacio situado sobre el territorio nacional, en el cual se incluye el espacio aéreo por el que se difunden las transmisiones de los medios electrónicos de comunicación. Otro de los artículos relevantes es el relativo a la atribución que tiene el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y los tribunales de orden federal para la expedición de leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en materia de vías generales de comunicación (entre las que se incluye a la radio), así como su aplicación. Esto significa que las autoridades de los estados y de los municipios no tienen atribuciones en esta materia. La reforma constitucional en el tema de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, que marcó una nueva etapa histórica en la regulación del sector, definió también a la radiodifusión como servicio público para preservar la pluralidad y la veracidad de la información, contribuyendo a fines establecidos en el artículo 3º, relacionados con el derecho a recibir educación y la obligación del Estado para garantizarlo.

Entre los puntos más destacados incluidos en la Constitución se encuentran la determinación de la existencia de agentes económicos preponderantes e imponerles las medidas necesarias para mejorar las condiciones de competencia. Un agente económico preponderante fue definido como aquel con participación nacional mayor del 50 por ciento de mercado, suscriptores o audiencias. Bajo este supuesto, sólo dos empresas han sido declaradas como preponderantes: Grupo Televisa y América Móvil (Telmex-Telcel). Ninguna empresa radiofónica entró en esa categoría.

También se creó un organismo público de radiodifusión con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, integrado por un Consejo Ciudadano, cuyo propósito es asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. El presidente de este nuevo organismo es propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado. Paralelamente, se dio al Senado la atribución de aprobar a los integrantes del Consejo Ciudadano, previa convocatoria pública. Este organismo se materializó con la ley secundaria al crearse el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que absorbió al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) que dependía de la Secretaría de Gobernación, y es concesionaria y operadora de estaciones de televisión y radio abiertas.

La LFTR detalló algunas de las medidas anticoncentración incluidas en la reforma constitucional, particularmente en el sector de las telecomunicaciones, pero desdibujó algunos de sus alcances particularmente en radiodifusión. Por ejemplo, los legisladores que aprobaron la normativa no incorporaron la regulación de la propiedad cruzada, no establecieron obligaciones para la adquisición de producción nacional independiente y no definieron límites a la concentración nacional o regional de frecuencias, pese a ser un fenómeno existente en diversas regiones del país.

La reforma constitucional trajo a su vez la creación del IFT como órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por siete comisionados, que ocupan el cargo durante nueve años de manera escalonada y transexenal. Su nombramiento es producto de un proceso de selección, previa convocatoria y realización de exámenes, en el que participan tres órganos autónomos: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE, el cual fue desaparecido en 2019 como consecuencia de la nueva reforma educativa), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Banco de México. La terna de los finalistas es propuesta al presidente de la República, quien a su vez lleva a cabo una selección que presenta al Senado para su aprobación.

Al IFT le dieron atribuciones constitucionales para regular a los sectores de la radiodifusión (que abarca radio y televisión abiertas) y las telecomunicaciones, incluso en materia de competencia económica, por lo que a diferencia de lo que sucedía antes la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) ya no tiene facultades en ambos sectores. La fortaleza jurídica del órgano regulador es tan amplia que incluso sus resoluciones sólo pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no son objeto de suspensión, como sucedía antes. El IFT sustituyó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que era un órgano desconcentrado de la SCT. El 11 de septiembre de 2013 se instaló el primer pleno del Instituto (IFT, 2013).

Con la reforma legal, el régimen de concesiones para instalar estaciones de radio y televisión abiertas también cambió. Antes de la nueva ley, había sólo dos tipos de licencias: concesiones, para operar estaciones comerciales, y permisos, para operar estaciones educativas, universitarias, culturales, sin fines de lucro. Las primeras podían insertar anuncios comerciales, los permisos no. De acuerdo con lo establecido en la nueva regulación, sólo habrá concesiones y desaparece la figura del permiso. Las concesiones ahora se dividen en usos. Las de uso comercial son para las personas o empresas que deseen explotar el espectro radioeléctrico con fines lucrativos y se otorgan mediante una licitación (concurso), en la que deberán hacer una contraprestación (pago) al Estado.

Los otros dos tipos de uso en la concesión son muy claros en la especificación “sin fines de lucro”: las concesiones de uso público y las concesiones de uso social. Las de uso público se asignan a organismos gubernamentales, del Estado e instituciones educativas. Se otorgan mediante asignación directa hasta por quince años prorrogables al mismo plazo. De acuerdo con la ley, los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán cumplir diversas obligaciones: a) independencia editorial; b) autonomía de gestión financiera; c) garantías de participación ciudadana; d) reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; e) defensa de sus contenidos; f) pleno acceso a tecnologías y g) reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Estas obligaciones buscan que las estaciones de radio y televisión dejen de estar al servicio de los gobernantes en turno y se conviertan en medios de y para la sociedad, lo que sin duda fue otra aportación de la reforma.

Las concesiones de uso social se entregan, por ejemplo, a organizaciones de la sociedad y universidades privadas con propósitos culturales, científicos, educativos o de servicio a la comunidad. Las de uso social también pueden tener dos usos específicos: concesiones de uso social comunitario (para comunidades en ciudades o poblaciones rurales) y de uso social indígena (para pueblos y comunidades indígenas). A este tipo de concesiones se les reservó —otra decisión histórica— el 10 por ciento de la banda de FM en su parte “más elevada” (es decir, 2 MHz) y de los 1600 a los 1700 KHz en la banda de AM.

Pese a su carácter no lucrativo, las concesiones de uso público y social tienen permitido recibir algunas contribuciones para su financiamiento como donativos, pueden vender servicios (como producción), pero en el caso de la radiodifusión no pueden emitir “comerciales”, y el remanente de su inversión debe ser utilizado sólo en el objeto de la concesión (servicio de telecomunicaciones o radiodifusión).

Las concesiones de uso público pueden también recibir presupuesto público y vender patrocinios (menciones de marca, exclusivamente). En lo que respecta a los concesionarios de uso social comunitario e indígena, a éstos deberá entregarse para su sostenimiento el 1 por ciento del presupuesto destinado a la publicidad gubernamental de los entes públicos federales y hasta el 1 por ciento del mismo presupuesto en entidades federativas y municipios. Estos recursos no deben superar el 14 por ciento del tiempo total de transmisión.

Si bien la LFTR no establece ningún candado especial para ciudadanos o empresas mexicanas, la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala que estas organizaciones y los ministros de culto no podrán poseer o administrar por sí mismas o por terceras personas concesiones de radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación masiva, salvo si se trata de publicaciones impresas de carácter religioso.

La reforma constitucional permite, a diferencia del marco jurídico anterior, la inversión extranjera directa hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y el 49 por ciento en radiodifusión, en este último caso con cláusula de reciprocidad. Sin embargo, la ley establece que las concesiones sólo se otorgarán a entidades o personas de nacionalidad mexicana.

Para obtener una concesión comercial, es necesario esperar a que el IFT publique la convocatoria respectiva, con base en un programa anual de frecuencias, aunque en cualquier momento los interesados pueden manifestar su interés por alguna frecuencia o mercado específico en el cual quiera participar, sin que esto implique alguna obligación por parte del órgano regulador para otorgarla. Una vez publicado el documento, la autoridad lleva a cabo un proceso de licitación, en el que los interesados deberán cumplir los requisitos establecidos en la ley (como nacionalidad mexicana, proyectos financieros, técnicos, de programación, entre otros) y hacer el pago de una contraprestación (pago) económica. Antes de la reforma de 2013 y 2014, las concesiones se otorgaban discrecionalmente. En el caso de las concesiones de uso público y de uso social, el trámite es distinto: la persona u organización interesada debe presentar su propuesta ante el IFT y éste determina si es posible o no otorgarle, una vez cumplidos algunos requisitos establecidos en la ley y determina la “susceptibilidad” para poner en operación alguna estación. Para otorgar o prorrogar las concesiones, el IFT debe recabar la opinión no vinculante de la SCT, mientras que para los montos de las contraprestaciones correspondientes por ambos trámites deberá hacer lo mismo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En cuanto a supervisión de contenidos, al IFT le dieron también las siguientes atribuciones: a) vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales; b) vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias; c) supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil; d) ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en la ley (por ejemplo, cuando se violan derechos de las audiencias infantiles); y e) informar a la Secretaría de Salud y a la de Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas, para que éstas ejerzan sus facultades de sanción.

Pese a las exigencias históricas para que la Secretaría de Gobernación dejara de supervisar contenidos, esta dependencia conservó dicha atribución en el nuevo marco regulatorio. De esta manera, le corresponde lo siguiente: a) administrar los tiempos de Estado (cuando no hay procesos electorales) y encadenamientos; b) ordenar la transmisión de los boletines relacionados con la seguridad y la defensa nacional, la conservación del orden público o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier desastre natural; c) ordenar las transmisiones del Himno nacional; d) autorizar la transmisión o promoción de concursos; e) verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación; y f) publicar los lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil.

A la Secretaría de Educación Pública se le reiteraron las siguientes atribuciones en radiodifusión: a) promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico; b) elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población infantil; y c) intervenir en materia de radiodifusión para proteger los derechos de autor, en los términos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor. Por cierto, en la nueva regulación desapareció la obligación de contar con certificados de aptitud expedido por la SEP para ser locutor en estaciones de radio y televisión.

Y la Secretaría de Salud tiene las facultades de supervisar y en algunos casos aprobar previamente: a) la publicidad relativa al ejercicio de la medicina y sus actividades conexas; b) la publicidad de suplementos alimenticios, productos biotecnológicos, bebidas alcohólicas, medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas. También debe expedir las normas en materia de salud para la programación destinada al público infantil.

Sobre los tiempos radiofónicos para uso del Estado, la ley establece treinta minutos diarios continuos o discontinuos dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social. Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión. La forma en que podrán dividirse esos treinta minutos es la siguiente: a) quince minutos en formatos o segmentos de no menos de veinte segundos cada uno; y b) quince minutos en formatos o segmentos no menores de cinco minutos cada uno.

A su vez, con base en el decreto publicado por el titular del Poder Ejecutivo (que abrogó al de 2002), en 2020 existen los denominados "tiempos fiscales" que consisten en otorgar al Estado 11 minutos diarios de transmisión en el caso de estaciones de televisión, y 21 minutos diarios en las de radio, "para la difusión de materiales grabados conforme a lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social, con una duración de veinte a treinta a treinta segundos" segundos. Los concesionarios de uso social estarán exentos de dicho impuesto.

Todos estos tiempos son administrados por la Secretaría de Gobernación para su asignación a dependencias del gobierno, organismos paraestatales, instituciones no gubernamentales, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los partidos políticos. Durante procesos electorales, la administración de los tiempos queda en manos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Adicionalmente, con base en el decreto promulgado durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas en 1937, el gobierno federal cuenta con un programa radiofónico semanal llamado La hora nacional. Se transmite en todas las estaciones del país los domingos de las 10 p.m. a las 11 p.m. y es considerado como el más antiguo actualmente en antena. En la actualidad el programa está dividido en dos: media hora producida por el gobierno federal y media por los gobiernos estatales para su difusión, exclusivamente, en las entidades en que se produce.

En programación, la ley, al igual que otras reglamentaciones, como la Ley General de Educación, establecen disposiciones muy amplias. Particularmente el artículo 223 establece que la programación que se difunda a través de radiodifusión deberá propiciar: a) la integración de las familias; b) el desarrollo armónico de la niñez; c) el mejoramiento de los sistemas educativos; d) la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales; f) el desarrollo sustentable; g) la difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional; h) la igualdad entre mujeres y hombres; i) la divulgación del conocimiento científico y técnico; y j) el uso correcto del lenguaje.

La ley es de igual manera muy específica en las obligaciones de los concesionarios para la programación destinada a la audiencia infantil.⁴ Dice la norma que a efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

I.Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales;

II.Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas;

III.Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia;

IV.Informar y orientar sobre los derechos de la infancia;

V.Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional;

VI.Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana;

VII.Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, artísticos y sociales;

VIII.Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad;

IX.Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente;

X.Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud;

XI.Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y de trata de personas;

XII.Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones;

XIII.Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

XIV.Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales, y

XV.Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos pornográficos.

Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos y los programadores, en relación con sus respectivos contenidos, adoptarán las medidas oportunas para advertir a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

En caso de que las transmisiones sean en idioma extranjero, deberá utilizarse el subtitulaje o la traducción respectiva al español. En casos excepcionales, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar el uso de idiomas extranjeros sin subtitulaje o traducción de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

En la legislación también hay obligaciones que deben cumplir las emisoras, como la transmisión de boletines de autoridades relativos a la seguridad nacional o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público o medidas destinadas a prevenir o remediar cualquier emergencia pública, de salubridad general y protección civil. De igual manera, las emisoras deben transmitir los mensajes o cualquier aviso relacionado con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio; encadenarse a solicitud de la Secretaría de Gobernación en caso de información de trascendencia social; identificar a la estación en lapsos no mayores de treinta minutos e incluir en su programación diaria noticias nacionales e internacionales. La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales dispone por su parte que todos los días, a las seis y veinticuatro horas, las estaciones de radio deberán transmitir el Himno Nacional.

Sobre la publicidad, la ley determina que el tiempo destinado a los anuncios comerciales en la radio no puede exceder del 40 por ciento de un día de transmisiones. En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá:

I.Promover o mostrar conductas ilegales, violentas o que pongan en riesgo su vida o integridad física, ya sea mediante personajes reales o animados;

II.Mostrar o promover conductas o productos que atenten contra su salud física o emocional;

III.Presentar a niñas, niños o adolescentes como objeto sexual;

IV.Utilizar su inexperiencia o inmadurez para persuadirlos de los beneficios de un producto o servicio. No se permitirá exagerar las propiedades o cualidades de un producto o servicio ni generar falsas expectativas de los beneficios de los mismos;

V.Incitar directamente a que compren o pidan la compra o contratación de un producto o servicio;

VI.Mostrar conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación;

VII.Presentar, promover o incitar conductas de acoso e intimidación escolar que puedan generar abuso sexual o de cualquier tipo, lesiones, robo, entre otras, y

VIII.Contener mensajes subliminales o subrepticios.

Por su parte, el Reglamento de Publicidad, emanado de La ley General de Salud, define con mayor precisión los requisitos a los que debe someterse la publicidad de diferentes productos y servicios.⁵

Defensoría de la audiencia

Otro aporte de la reforma es la obligación para los concesionarios de radio y televisión abiertas de contar con una figura de defensoría de las audiencias, así como un código de ética.

La legislación, que entró en vigor el 13 de agosto de 2014, también contempla diversos derechos de las audiencias, entre los cuales se encuentran los contenidos plurales, y la no discriminación.

La figura de la defensoría de la audiencia quedó establecida en el artículo 259 y la ley le confiere la responsabilidad de “recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia”. Esta obligación crece si se prevé que llevarán la defensoría de audiencias en uno o varios concesionarios, pues la ley permite que exista esta figura por concesionario, por un grupo de los mismos o por organización representativa.

Además, el defensor debe responder en un plazo máximo de veinte días hábiles las quejas de dichas audiencias.

Cuando el dictamen de la ley se dio a conocer, las y los defensores de la audiencia existentes hasta ese momento (Radio Educación, IMER, Noticias MVS, los canales 11 y 22) hicieron saber a través de un comunicado conjunto su descontento con la regulación, puesto que “ante el incumplimiento de la mayoría de los derechos de las audiencias, no existe sanción, lo que deja en un nivel de alta vulnerabilidad a los radioescuchas y televidentes”.

Otro punto que destacaron es que los derechos de las audiencias podrían convertirse en letra muerta, ya que su debido cumplimiento queda a voluntad del medio de comunicación y de la defensoría de las audiencias.

Todavía más, dijeron, “el sancionado podría ser la Defensora o el Defensor de las Audiencias, con multas que va de los cien a los quinientos salarios mínimos vigentes, de acuerdo con el artículo 311, por no cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 259 y 261, entre las cuales se encuentran ‘hacer valer los derechos de las audiencias’”. Es decir, dijeron, “se deja en el titular de la Defensoría la tutela de los derechos de las audiencias, cuando el responsable de ello es el concesionario”.

Y agregaron:

Si bien la Defensoría puede dar a conocer públicamente sus resoluciones, como una manera de poner en evidencia alguna violación al Código de Ética o a un derecho de la audiencia, esto no significa que la estación de radio o televisión hará las rectificaciones derivadas de las recomendaciones. Las defensorías son figuras de autorregulación, de mediación e intermediación, de gestión de las quejas, comentarios o inquietudes de las audiencias, pero no son —en ningún caso— los que toman las decisiones en los medios de comunicación para garantizar los derechos de las audiencias.

Otra de las aportaciones a los derechos de las audiencias, fue el reconocimiento de las audiencias con discapacidad. El artículo 258 obliga a los concesionarios a contar con mecanismos que den accesibilidad a las personas con discapacidad a manifestar sus reclamos, sugerencias y quejas a los defensores de las audiencias. Sin embargo, este artículo contiene una excepción que privilegia al concesionario al evitar esta cláusula si representa una “carga desproporcionada o indebida”, una conveniente ambigüedad, si, por ejemplo, la accesibilidad implicara un cargo extra económico para el concesionario.

Pese a ser una de las principales demandas en materia de medios, la creación de defensorías tiene una historia muy reciente en México. Sólo un medio comercial (MVS Radio) contó hasta antes de la reforma con una defensoría de audiencias, pero su ámbito de competencia se limitó a los espacios noticiosos. Luego del conflicto suscitado con la periodista Carmen Aristegui en 2015, la familia Vargas decidió desaparecer esta figura para sumarse a la defensoría de la CIRT.

Los medios públicos de la capital del país tienen figuras de defensoría desde 2007. El primero fue el canal de televisión Canal 22, adscrito al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (actualmente Secretaría de Cultura). El siguiente año, la otra televisora pública de la capital del país, Once TV, inició las funciones de su propio defensor del televidente. También en 2008, la radio pública de mayor tradición en el país, Radio Educación, inauguró su propia figura del defensor del radioescucha. Y en 2009, el IMER inauguró la figura de la “Mediación”.

En 2016, el IFT emite lineamientos sobre derechos de las audiencias, en los cuales se establecían mecanismos para su exigencia y reparación en casos de vulneración. Una vez que se difundieron, periodistas y empresarios de la industria de radio y televisión manifestaron su rechazo y emprendieron una campaña para su eliminación, sobre todo por la obligación de diferenciar la opinión de la información en los noticiarios, que entonces estaba incluida en la ley como uno de los derechos de las audiencias. A su vez, el Poder Ejecutivo y el Senado presentaron de manera simultánea recursos de inconstitucionalidad en contra de los lineamientos porque a su parecer violaban la libertad de expresión. Ante esta presión política, mediática y jurídica, el IFT decidió suspender los lineamientos. En 2017 y con el fin de no esperar a que la Suprema Corte resolviera los recursos de inconstitucionalidad, el Congreso reformó la ley, dejó en la autorregulación la tutela de los derechos de las audiencias, quitó facultades al IFT en la materia y eliminó el derecho de la audiencia de diferenciar la opinión de la información. Se concretó así la contrarreforma de estos derechos, pese al rechazo de la AMDA y otras organizaciones, así como de partidos políticos de oposición. Ese mismo año, para revertir la reforma, 47 senadoras y senadores presentaron una acción de inconstitucionalidad y la misma AMDA en conjunto con titulares de varias defensorías de las audiencias promovieron un amparo. Fue hasta el 2021 que se resolvió el amparo de manera favorable. Fue un triunfo histórico. Los efectos de la resolución consistieron en lo siguiente: a) La inaplicabilidad del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en algunos de los párrafos impugnados, por lo que regresa la obligación de los concesionarios de ajustar sus Códigos de Ética a los Lineamientos del IFT que, en todo momento, deben asegurar el cumplimiento de los derechos de las audiencias en términos de lo dispuesto en los artículos 6º Constitucional, y b) Para dar cumplimiento, el IFT tendrá que fijar una fecha de inicio de vigencia de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que expidió por acuerdo publicado el 21 de diciembre de 2016 o bien, emitir nuevos lineamientos. Hasta el cierre de esta edición, la Corte no había notificado al Congreso de la sentencia y continuaban en diversos medios las campañas de desprestigio y desinformación, ahora en contra de ministros y de los promotores del amparo.

Estructura del sector radiofónico

Como se ha comentado, la radiodifusión en México opera de manera mixta: una radio comercial, cuyo financiamiento básico es la publicidad, y una radio pública que opera fundamentalmente con recursos del Estado. En el modelo de radio pública se encuentran las radiodifusoras educativas y culturales, las universitarias y las indigenistas dependientes de instituciones de gobierno. En un tercer ámbito están las de uso social, las comunitarias e indígenas, recientemente reconocidas por la legislación vigente.

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Público de Concesiones del IFT. Infraestructura de estaciones de radio AM y FM al 01 de septiembre de 2021 (sólo concesiones).

De acuerdo con el IFT, hasta mediados del 2021 había 2 mil 119 estaciones de radio en las bandas de AM y FM. En este listado no están contabilizadas las emisoras ilegales ni las estaciones “combo” FM (83) y complementarias (10). Como se aprecia en la tabla, la radiodifusión comercial es casi tres veces mayor (66%) que la radio pública y 10 veces mayor que la comunitaria e indígena (6%). Otra característica es el crecimiento importante de las emisoras en la banda de FM en los últimos años, a partir del acuerdo presidencial de 2010 que hizo posible la transición de estaciones de AM hacia la banda de FM. A partir de la creación del IFT, las concesiones de uso público aumentaron de 292 a 344 entre el 2014 y el 2021, aunque disminuyeron su representación en relación con el total, junto con las de tipo comercial.⁶ En el mismo periodo, de 2014 a 2021, las concesiones de uso social pasaron de 75 a 249; las de tipo social comunitaria, de 12 a 106; y las de uso social indígena, de 3 a 26.⁷

Grupos comerciales

Los grupos comerciales de radio, cuyo origen, como se ha descrito, data de los años cuarenta, están conformados por tres tipos de emisoras: las que son de su propiedad o en las que tienen un porcentaje accionarial, las que operan bajo su administración y las afiliadas. Estas últimas tienen acceso a los anunciantes nacionales y reciben servicios de asesoría jurídica, en administración, tecnología y programación. Desafortunadamente, en el país, no han existido por muchos años datos fiables de cuántas de esas estaciones han sido propiedad de los grupos y cuántas han estado en otra situación jurídica.

Un hecho si ha sido evidente: la concentración de emisoras está creando grupos oligopólicos cada vez más fuertes (Radiorama, Grupo Radio Centro, Grupo ACIR, MVS Radio, Grupo Fórmula, Radiodifusoras Asociadas, etc.) si se toman en cuenta los intensos movimientos que ha tenido la radio en los últimos años, principalmente por la compra-venta de estaciones, así como por las fusiones entre empresas de radio para fortalecer un grupo o crear uno nuevo (Sosa Plata, 1996: 25-28). Según la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), hasta mediados de 2016, el 75 por ciento de las estaciones (1308 frecuencias comerciales de AM y FM) estaba en manos de veintitres grupos radiofónicos, cadenas regionales y radiodifusoras independientes, todas ellas con esquemas comerciales, lo cual evidencia falta de pluralidad en la industria de la radio (Amedi, 2016).

La homogeneidad informativa y de contenidos se recrudece aún más debido a la propiedad cruzada de medios: las empresas distribuyen sus contenidos a través de distintas plataformas, no sólo medios tradicionales como prensa, radio y televisión sino también Internet y redes sociales

De acuerdo con esta ONG, esta situación podría cambiar con las licitaciones de radio que lleve a cabo el IFT, siempre y cuando participen nuevos jugadores en este mercado y se otorguen más concesiones de uso público y social comunitario e indígena.

En 2021, el académico de la UNAM, Francisco Vidal Bonifaz, publicó un estudio basado en mil 279 constancias de inscripción del Registro Público de Concesiones, en las que se detallan la estructura accionaria de las empresas que poseen licencias comerciales para ofrecer el servicio de la radio abierta y que son propietarias de los activos que conforman las estaciones. Luego de los cruces de información, el investigador llegó a tres importantes conclusiones:

a.Existe una menor concentración relativa de la propiedad de la que se había establecido en estudios anteriores, como el de la Amedi, especialmente cuando se toma como parámetro de comparación a los accionistas de las empresas que detentan las concesiones y no la pertenencia a una cadena o grupo de radio, como se había venido haciendo hasta ahora. Así, en 2019, los primeros cuatro grupos (Radiorama, ACIR, Multimedios y Radio Fórmula) con más estaciones en su poder acumulan el 24.7% de todas las emisoras y si se amplía la estimación a los primeros cinco grupos (Grupo Radio Centro), su control llega al 27.4 por ciento.

b.Prevalece una importante fragmentación de la propiedad, lo que se manifiesta en que la quinta parte de las estaciones de radio están repartidas entre propietarios que detentan solamente la propiedad de una o dos emisoras.

c.No obstante las licitaciones de frecuencias, que buscan mejorar las condiciones de competencia y aminorar la concentración en el sector, se continúan fraguando importantes monopolios radiofónicos.

En opinión de Vidal “la situación económica puede presionar para que algunos empresarios abandonen la actividad y se desprendan de sus concesiones o de que lleguen a acuerdos para unir fuerzas y crear grupos con mayor presencia regional, aunque esta última no parece ser una estrategia muy socorrida por los empresarios radiofónicos del país”. Y agrega: “No puede pasarse por alto la posibilidad de que los monopolios más importantes, los más poderosos, aprovechen la situación para engullir a empresas más modestas y, de esta forma, incrementar su dominio y poder dentro de la radio comercial mexicana” (Vidal Bonifaz, 2021: 88-90).

La disminución de recursos de la publicidad gubernamental, que ha afectado notablemente a la radio comercial desde que comenzó el gobierno del presidente López Obrador, es un factor que puede alentar lo previsto por el maestro Vidal.

Algunos de estos grupos tienen presencia nacional y otros local o regional. Por esta forma de operación se complica más la información sobre la situación real en cuanto a la propiedad de las emisoras. Por supuesto, hay grupos que ya forman parte de conglomerados con inversiones en otros medios de comunicación, sobre todo en la televisión, ya sea abierta o restringida, e incluso en servicios vía Internet en los que han entrado para diversificar su oferta y tener otras fuentes de ingreso.

En esta situación se encontraba, evidentemente, Televisa Radio, subsidiaria de Televisa, el más grande conglomerado de medios de comunicación de habla hispana y el principal de México, que preside el nieto del fundador de la XEW, Emilio Azcárraga Jean. El grupo realizó inversiones en televisión abierta y restringida, radio, publicaciones, portales de Internet, producción y distribución de películas en español, en equipos de futbol y servicio de envío de mensajes, entre otros. En 2020, Televisa vendió finalmente, luego de varios intentos infructuosos, su división de radio. La compró la familia Alemán por un pago en total de mil 248 millones de pesos por la participación en la empresa radiofónica y recibió un pago de dividendo por 285 millones de pesos, a un año de haberse anunciado la operación. Como se recordará, la española Grupo Prisa posee el otro 50 por ciento de Radiópolis. El grupo realizó inversiones en televisión abierta y restringida, radio, publicaciones, portales de Internet, producción y distribución de películas en español, en equipos de futbol y servicio de envío de mensajes, entre otros. Otra de las organizaciones, MVS Comunicaciones, de la familia Vargas, comenzó su actividad en la radio y ahora opera sistemas de televisión de paga en el país (con Multivisión y posteriormente con Dish en alianza con la estadounidense Echostar); produce y administra diversos canales propios (el 52MX y otros), cuenta con una editorial y una empresa dedicada a la organización de espectáculos musicales, entre otros negocios. Grupo Siete Comunicaciones, cuyos orígenes datan de 1977, también pudo hacer de la radio un conglomerado con inversiones en televisión abierta y en medios impresos. Lo mismo ha sucedido con un jugador emergente: la familia Vázquez Raña-Aldir, que de sobresalir en los ramos hotelero y hospitalario, se convirtió en pocos años en un operador importante de medios de comunicación: adquirió Grupo Imagen (con estaciones en la Ciudad de México y Monterrey), el periódico Excélsior, el canal 28 (Cadena 3) y ganó la licitación de una de las cadenas nacionales de televisión.

Además de los grandes empresarios de la Ciudad de México, hay grupos que operan en los mercados locales o regionales. Uno de los casos más importantes es Multimedios, en el norte del país. Este grupo tuvo sus orígenes en los años treinta con una estación de radio en la ciudad de Monterrey y se convirtió en uno de los grandes grupos de la comunicación mexicanos, con decenas de estaciones de radio, canales abiertos de televisión (Multimedios Televisión), periódicos (con Milenio Diario a la cabeza), un sistema de televisión por cable (Cablevisión, que luego tuvo como accionista a Televisa), centros de espectáculos, salas cinematográficas (MM Cinemas, que luego vendería) y otros. Con proporciones más modestas, hay unos pocos grupos regionales que han logrado desarrollar otros negocios en el campo de la comunicación masiva.

Un elemento relativamente nuevo es que desde 1997 la radio dejó su esquema de operación “nacionalista” y permitió la inversión extranjera ante la conveniencia de contar con recursos frescos para la renovación de equipamientos, el desarrollo de nuevos proyectos y la necesidad de hacer frente al escaso crecimiento porcentual de los recursos destinados a publicidad radiofónica en los últimos años. Hasta ahora hay tres grupos que han contado con inversión extranjera. En 1997, el más poderoso grupo de radio en Estados Unidos, Clear Channel Comunnicatios, adquirió un 40 por ciento de Grupo ACIR por 57.5 millones de dólares. Para ello, el empresario Carlos Slim, a través de Sinca Inbursa, vendió al nuevo inversionista el 30 por ciento que poseía en ACIR. En 2008 esta alianza se disolvió y Grupo ACIR recompró sus acciones (Sosa Plata, 2015).

Morelos I, el primer satélite mexicano, significó nuestro ingreso a la era espacial de las telecomunicaciones.

En el mismo año, el grupo texano Hicks, Muse, Tate & Furst pagó 120 millones de dólares por una participación, aún desconocida, en MVS Comunicaciones. Durante julio del mismo 1998, Chancellor Media, otro grupo fuerte de radio en Estados Unidos, anunció que compraría por 237 millones de dólares el 50 por ciento de Grupo Radio Centro. Sin embargo, en octubre Chancellor anunció que no continuaría sus planes de compra, pero no dio detalles sobre los motivos de la anulación del acuerdo. La introducción de capitales extranjeros tuvo nuevamente relevancia con la venta en noviembre de 2001 del 50 por ciento de acciones de Televisa Radio a Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa) de España por un monto de 50 millones de dólares y 10 millones de dólares adicionales destinados a una ampliación de capital para la compañía. Esta transacción se llevó a cabo después de que la Comisión Federal de Competencia vetara una alianza accionarial entre Grupo ACIR y Televisa Radio por los riesgos que generaría para la sana competencia. Otras operaciones de compra-venta de acciones de empresas concesionarias de frecuencias de radio, particularmente en el norte de México, se han concretado en los últimos años. Sin embargo, los detalles de estas operaciones no son públicos (Gómez, 2001).

En contraparte, los empresarios mexicanos han obtenido en décadas más recientes un poco más de provecho en su incursión a la radio en Estados Unidos. De los inversionistas mexicanos más destacados se encuentra la empresa Grupo Radio Centro (GRC), de la familia Aguirre. Poco después de lanzarse el primer satélite mexicano, el Morelos I, en 1985, esta compañía creó la Cadena Radio Centro (CRC), la cual llegó a afiliar a 99 estaciones: 68 de Estados Unidos, 15 en Puerto Rico, 12 en Guatemala y 2 en El Salvador. GRC les proporcionaba a sus emisoras afiliadas programas musicales y noticiarios las 24 horas del día (Sosa Plata, 1996: 55). En 1994, CRC vendió la mayor parte de sus acciones en GRC a la empresa estadounidense Heftel Broadcasting para estar en condiciones económicas de adquirir Radiodifusión Red en México. Se quedó con el 20 por ciento, que en 1995 vendería a su vez a la empresa Clear Channel Communications, lo que derivó en una recomposición del mercado de la radio hispana en Estados Unidos. GRC mantuvo desde entonces diversos convenios con grupos y estaciones de Estados Unidos, pero la operación reciente más destacada fue la adquisición, en agosto de 2012, de la estación KXOS-FM a través de la empresa 93.9 Investment, LLC, la cual es propiedad de miembros de la familia Aguirre que son ciudadanos estadounidenses. Esta operación se concretó luego de que en abril de 2009, GRC firmara un contrato con Emmis Communications Corporation para proporcionarle programación y vender tiempo aire de publicidad en KXOS-FM (antes KMVN-FM) por un periodo de siete años. KXOS-FM es una estación de radiodifusión ubicada en Los Ángeles, California, en la frecuencia 93.9 de FM (GRC, 2011).

Por lo que respecta a otros grupos, no se han presentado más casos de adquisición de licencias en Estados Unidos, pero sí acuerdos para la transmisión de formatos o programas producidos en nuestro país en diversas estaciones estadounidenses. Por ejemplo, dos de los formatos más exitosos en el país, Exa (de balada moderna en español) y La Mejor (música grupera), de MVS Radio, se transmiten en una decena de estaciones en Texas, Nevada y Arizona. También se encuentra la estación Diego 91.7, ubicada en Tijuana. Por su parte Grupo Fórmula creó una división, Radio Fórmula Network, para la venta de su programación en estados de la Unión Americana que colindan con México: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Al menos dos estaciones transmiten los contenidos de este grupo radiofónico. Paralelamente, Grupo Fórmula puede ser escuchada en todo el territorio estadounidense a través de la radio satelital, en el canal 156 en el sistema SiriusXM.

Otro grupo con presencia en Estados Unidos es Promomedios, una empresa con sede en Guadalajara, propiedad de José Pérez Ramírez, que a través su división Canal Continental de Noticias afirma contar con decenas de estaciones afiliadas afiliadas en el país vecino, para la transmisión de noticiarios breves y programas como Fiesta Mexicana, Noches de Fiesta, Autoestéreo, Con Sazón, entre otros.

Radios de uso público

Como se ha señalado, las radiodifusoras de uso público comprenden frecuencias concesionadas a diferentes dependencias y órganos del gobierno federal, a gobiernos estatales y municipales, a órganos autónomos, universidades e institutos tecnológicos. Para el desarrollo de programas conjuntos y de colaboración, así como para la defensa de sus intereses, muchas de estas emisoras están agrupadas en la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales.

En el ámbito federal, el IMER es una de las más amplias infraestructuras que en materia de medios públicos electrónicos tiene el Estado mexicano. La red de emisoras que administra el IMER está integrada con más de veinte estaciones a nivel nacional, siete de ellas desde la Ciudad de México (cuatro en AM y tres en FM). También opera una estación virtual (por Internet): Radio México Internacional. Las emisoras que forman parte de la red del IMER son tanto de uso comercial como de uso público.

Una de las aportaciones en diversidad y pluralismo más importantes del IMER fue la creación, en 2003, de Radio Ciudadana, que se transmite en el 660 de AM, en la Ciudad de México. Parte de su programación se alimenta con proyectos de la ciudadanía, seleccionados por un Consejo Ciudadano, que está integrado por expertos y académicos, organizaciones civiles e instituciones públicas.

A su vez, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas opera, a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (creado en 1979 con la XEVZ, La Voz de la Montaña, ubicada en Tlapa de Comonfort, Guerrero), 22 emisoras ubicadas en distintos lugares del país que transmiten 35 lenguas indígenas además del español. Las estaciones cubren actualmente veinticinco estados, con una audiencia de más de 4.7 millones de indígenas y también es posible escucharlas vía Internet. “A lo largo de treinta años se ha logrado crear una fonoteca con muchas de las tradiciones y sabiduría de los pueblos indígenas” (SPR, s.f.). El INPI cuenta con 37 concesiones otorgadas, aunque solo opera, como ya se dijo, 22.

Radio Educación, por su parte, transmite en dos frecuencias en la Ciudad de México: 1060 de AM y 96.5 de FM. Su señal de AM llega a otras seis entidades del país. También opera las frecuencias 107.9 de FM, en Mérida, Yucatán, desde 2015, y 104.5, en Hermosillo, Sonora, desde 2020. Sus señales están disponibles en Internet, en diversas aplicaciones y en el sistema vía satélite Edusat, que cubre el territorio nacional, Centroamérica, el norte de Sudamérica y el sur de Estados Unidos. Opera asimismo una estación de onda corta, en los 6185 KHz de la banda internacional de 49 metros.

Las entidades con mayor número de concesiones de radio de uso público son Sonora (44) y Oaxaca (41), mientras que Zacatecas sólo cuenta con una y Tlaxcala con dos.⁸ Si contamos las concesiones públicas y sociales, las entidades con más emisoras son Oaxaca (81), Michoacán (63), Sonora (62) y Chiapas (51). Los mayores concesionarios de estas frecuencias son el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el gobierno del estado de Oaxaca y el gobierno del estado de Sonora.⁹

Radios de uso comunitario e indígena

Y por lo que se refiere a la radio comunitaria e indígena, debe reconocerse un primer impulso que se logró durante el gobierno de Vicente Fox. Pese a no ser reconocido este modelo en el marco legal existente en ese momento, se otorgaron entre el 2004 y 2005, por primera vez en la historia, las primeras once frecuencias para uso comunitario, después de una larga lucha encabezada por la AMARC y otras organizaciones de la sociedad civil. Luego vino un largo proceso en el que a cuentagotas se entregaron otras frecuencias para esta radio, que apenas si alcanzó una veintena de autorizaciones. Con la nueva regulación y la creación del órgano regulador, el IFT, las expectativas para el crecimiento de la radiodifusión comunitaria e indígena son mayores, aunque las primeras acciones han demostrado que aún falta mucho camino por recorrer. AMARC-México, dijo un año después de la publicación de la LFTR, que los medios de uso social comunitarios e indígenas no se habían beneficiado de los aspectos positivos de la ley. Uno de estos pendientes es el acceso pleno a las fuente de financiamiento, aprobada en la nueva ley (el 1 por ciento de los presupuestos de comunicación social de las dependencias federales).

Fue hasta 2004 que se otorgaron las primeras once frecuencias a radios de uso comunitario.

Paralelamente, el IFT ha llevado a cabo operativos para desmantelar estaciones que funcionaban ilegalmente. Por ejemplo, en abril de 2014, informó que resolvió imponer sanciones y declarar la pérdida en beneficio de la nación de los bienes destinados a la operación de nueve estaciones de radiodifusión que transmitían en la banda de FM en la Ciudad de México y en el estado de Puebla (IFT, 2014a). En noviembre de 2015 habló de operativos similares en los municipios de Nezahualcóyotl, Estado de México, y Cortázar y Tarandacuao, Guanajuato, por la prestación de servicios de radiodifusión en las frecuencias 97.3 MHz, 92.5 y 107.1, respectivamente, sin contar con concesión, permiso o autorización correspondiente (IFT, 2015b). Otros casos de aseguramiento de estaciones se registraron meses y años después.

Según el IFT, de 2013 a julio de 2021, se habían concesionado 97 frecuencias de uso comunitario y 17 de uso indígena, lo que efectivamente representa un avance importante en los últimos años, pero prevalece un desequilibrio importante entre los modelos comercial, público, comunitario e indígena a 100 años del nacimiento de la radio mexicana, más aún si se toma en consideración que hay cientos de concesiones de uso social (203), que son operadas por un conjunto de instituciones y organizaciones que representan intereses de los mismos grupos comerciales de radio, de políticos locales e Iglesias.

La radio del siglo XXI

Como en prácticamente todos los países de la región, la transición a las tecnologías digitales ha comenzado en las radiodifusoras más importantes, principalmente en sus cabinas y áreas de producción. Computadoras y equipos de grabación digitales se han convertido en instrumentos cotidianos en la producción radiofónica en las grandes ciudades, al igual que la transmisión vía satélite y el uso de la telefonía celular.

De los sistemas de transmisión digitales existentes hasta el momento, los radiodifusores mexicanos se habían inclinado en un principio por la tecnología europea Eureka 147 (DAB). Incluso se llevaron a cabo en el país dos pruebas, una terrestre, en abril-mayo de 1993, y la otra satelital, en julio de 1995, para probar la tecnología.

Sin embargo, algunos empresarios de la frontera norte no estaban convencidos de que ese estándar fuera el adecuado ante la decisión de Estados Unidos de desarrollar un sistema propio: el denominado In Band on Channel (IBOC), cuya característica más importante, a diferencia del DAB, es efectuar transmisiones digitales dentro de las mismas bandas de frecuencias ya asignadas a la radio en AM y FM.

Para dar seguimiento a los avances en los sistemas digitales de radio, en julio de 1999 fue creado el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, a raíz de la expedición del “Acuerdo para el estudio, evaluación y desarrollo de tecnologías digitales en materia de radiodifusión”. Dicho Comité fue formado a petición de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y tuvo las facultades de emitir recomendaciones al secretario de Comunicaciones y Transportes, quien, en su caso, las adoptará y “realizará las acciones pertinentes”. Uno de los resultados más claros del Comité fue la publicación en octubre de 2000 de un acuerdo mediante el cual se modifican los títulos de concesión y permisos para adoptar la norma digital que en su momento determinara la SCT, así como los plazos para la transición analógico-digital.

Después, en mayo de 2008, se publicaron los “Lineamientos para la transición a la radio digital terrestre (RDT), de estaciones de radiodifusión sonora ubicadas dentro de la zona de coordinación de 320 kilómetros de frontera norte de México”. Este documento estableció la posibilidad de llevar a cabo transmisiones con el estándar IBOC “en forma voluntaria” en las emisoras ubicadas en la zona de coordinación de la frontera norte de México y que las radiodifusoras que lo hicieran deberían contribuir en la realización de trabajos de investigación y desarrollo del mencionado Comité.

Fue hasta junio de 2011 que se adoptó definitivamente la norma IBOC. El hecho de que México se haya inclinado finalmente por la norma estadounidense, como ocurrió con la televisión, no sorprende. La interrelación comercial y la enorme frontera compartida hacían improbable operar con una tecnología distinta a la elegida por la industria radiofónica estadounidense. Sin embargo, en su momento la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no se dio la oportunidad de analizar a fondo el asunto y establecer, como sí lo hicieron otros países en desarrollo, algún convenio de cooperación o de transferencia tecnológica para impulsar empresas nacionales que fabricaran y surtieran de equipos a la industria nacional durante esta transición digital. La dependencia tecnológica con respecto a Estados Unidos se afianzó con la elección del estándar IBOC.

Hasta 2021, según Xperi, propietaria del estándar IBOC, en México ya se encontraban disponibles más de 190 canales digitales en radiodifusoras ubicadas en 12 estados del país. En el mismo año, en la Ciudad de México, unas 15 radiodifusoras transmitían en HD, que a su vez generaban 23 señales digitales adicionales, independientemente de los canales principales Las emisoras que transmiten en IBOC pertenec al IMER y a grupos comerciales como Radio Fórmula, Radio Centro y Grupo Imagen.

Hasta el cierre de este texto, otros grupos importantes como Televisa Radio, ACIR o Radiorama no se habían sumado a la era de la radio abierta digital.

La digitalización en la radio abierta ha sido lenta, debido al elevado costo de los receptores digitales, a los pocos incentivos (por ejemplo de programación) para adquirirlos, a la escasa oferta de equipos en México y al crecimiento de otras tecnologías y servicios relacionados con la radio, mucho más atractivos, como la música en línea y las aplicaciones de contenidos audiovisuales en computadoras y dispositivos móviles. La transición de más de quinientas estaciones de AM hacia la FM es un estímulo para saltar a la tecnología digital, pero mucho dependerá de la política pública que se impulse.¹⁰

Otra vía de comunicación para radio, Internet, ha sido mucho mejor explotada por emisoras comerciales y públicas de todo el país. Los principales grupos radiofónicos del país han desarrollado las experiencias más significativas de la radio por Internet, a través de la publicación de la oferta programática sus estaciones, la transmisión en línea, recursos sonoros como podcast, menús de audio y video, información sobre los conductores y comentaristas, artículos referentes a los temas tratados en cada una de las emisiones. etc. Además, se utilizan las herramientas básicas de interacción que proporciona Internet para mantener comunicación con el público radioescucha.

Pese a la falta de recursos, ha sido en la radio pública donde se han generado algunas de las propuestas más innovadoras de lo que es la cuarta generación de la radio por internet. Emisoras como Radio Educación aprovechan su acervo radiofónico para generar propuestas de audio a la carta, servicios de información cultural, retransmisión de radionovelas y creación de nuevas estrategias de comunicación complementarias entre la radio e Internet.

Es evidente que la radio por Internet exige de procesos de experimentación para reconocer las posibilidades actuales y futuras que puede llegar a alcanzar. Sin embargo, más allá del desarrollo tecnológico, el reto mayor corresponde al diseño de contenidos, sostenido siempre en el sonido y todo su potencial comunicativo, creado específicamente para este nuevo medio y sus efímeras audiencias.

Un logro de las mujeres en los años de la Guerra Fría fue ser locutoras-operadoras de sus emisiones.

Las radio grabadoras portátiles, permitían conservar la música y los programas de radio en audiocassetes, para reproducirlos a placer.

Notas al pie

1Algunas de las críticas más fuertes hacia la “radio disquera” fueron realizadas en diferentes ocasiones por Radiolandia. Una muestra de su inconformidad por este tipo de contenidos se aprecia en el siguiente texto: “Cómplices para acabar con la música que es nuestra, son, precisamente, las estaciones difusoras de radio que pasan música grabada porque no tienen suficientes recursos para pagar a los artistas especializados en trabajo de radiodifusión. Es decir, las llamadas estaciones. La más grande de ellas es la conocida con la sigla XEOY Radio Mil, que hace exactamente igual que las otras. También esta estación tiene la mayor parte de su tiempo dedicado a difundir música grabada de origen extranjero. Debería intervenir en estas cosas y con rigurosa energía la Secretaría de Educación Pública para defender las cosas que pertenecen a la nacionalidad y evitar así el horrible cáncer que está corroyendo al cuerpo nacional. Debería intervenir la Secretaría citada, pero no interviene porque es en realidad una oficina de asuntos puramente burocráticos que nada tienen que ver con la defensa de lo nuestro”, (Radiolandia, 1957: 3).

2Fernando Mejía Barquera precisa que si bien una nueva ley de radiodifusión era una demanda general de los radiodifusores, que los movía a solicitar su elaboración a las autoridades no eran los mismos objetivos: “Mientras las radiodifusoras que eran afectadas por la instalación de repetidoras veían en la nueva ley la posibilidad de contar con una legislación que regulara la instalación de ese tipo de estaciones e impidiera que su proliferación dañara sus intereses, los magnates de la radiodifusión tenían otra concepción de lo que debía contener esa ley […] A los grandes radiodifusores les interesaba eliminar de la legislación relativa a la materia un conjunto de disposiciones que limitaban el desarrollo monopólico de la radio y de la televisión e impedían su utilización política por parte de los concesionarios”.

3Las razones fueron más que justificadas. La estación había sido concesionada a prestanombres de origen mexicano, pero su verdadero propietario era el estadounidense John R. Brinkley. Independientemente de esta situación, Brinkley, considerado como uno de los cuatro locutores más destacados en Estados Unidos, hizo de la estación un negocio próspero, gracias a la transmisión de diversos programas en los que hacía posible la venta de productos medicinales de calidad dudosa, aún más, entre hombres con problemas de impotencia conseguía clientes para trasplantar testículos de chivo. Por sus actos fraudulentos, a Brinkley no sólo le retiraron en 1941 sus licencias como médico y para gestionar una estación de radio en Estados Unidos, sino que fue desde entonces catalogado como uno de los más grandes charlatanes de la historia mediática. El problema con Brinkley trajo, paradójicamente, dos beneficios para México: la utilización de su transmisor y equipo —una vez expropiado— para instalar la XER en la Ciudad de México y para establecer un convenio de reparto de frecuencias más justo y equitativo con Estados Unidos, dado que XERA se había convertido en un dolor de cabeza para las radiodifusoras y el gobierno del país vecino a causa de su potencia de emisión y de las constantes interferencias de sus señales. Una pormenorizada y amena investigación sobre la XER/XERA fue publicada por José Luis Ortiz Garza (1997).

4El el caso del "uso correcto del lenguaje", esta obligación fue expulsada del orden jurídico por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018, luego de un amparo promovido por un concesionario de radiodifusión. Cfr. Sosa Plata, Gabriel, "Derecho a decir groserías en radio y tv", Sin Embargo, 11 de septiembre de 2018, disponible en: https://www.sinembargo.mx/11-09-2018/3469395

5“Acuerdo por el que se adopta el estándar para la radio digital terrestre y se establece la política para que los concesionarios y permisionarios de radiodifusión en las bandas 535.1705 KHz y 88-108 MHz, lleven a cabo la transición a la tecnología digital en forma voluntaria”, Diario Oficial de la Federación, 16 de junio de 2011.

6IFT. Estudio de Diagnóstico del Servicio de Radiodifusión Sonora en México, 2018.

7IFT. Registro Público de Concesiones. Infraestructura de estaciones de radio AM y FM al 01 de septiembre de 2021.

8IFT. Registro Público de Concesiones. Infraestructura de estaciones de radio AM y FM al 01 de septiembre de 2021.

9Ibidem.

10Las posibilidades para que más estaciones de AM migren hacia la FM se logró con la modificación de la norma técnica para la operación de estaciones en la banda de FM. La nueva regulación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2016. El cambio más importante es el siguiente: “cuando no exista disponibilidad espectral alguna con separación a 800 KHz, el Instituto podrá establecer una separación entre frecuencias de 400 KHz como mínimo para estaciones de FM que operen en una misma localidad, siempre y cuando se garantice su operación conforme a los parámetros técnicos”. Esto significa que, por ejemplo, en el espacio entre Radio Red FM, que se ubica en los 88.1 MHz, y Siempre, en el 88.9 MHz, existe la posibilidad de que pueda funcionar una nueva estación a la mitad, es decir, en los 88.5 MHz, en la Ciudad de México. Y así en todo el cuadrante de la banda de FM en cada una de las plazas o ciudades del país. Antes de aprobar la nueva norma, el IFT llevó a cabo una consulta pública del proyecto, del 9 de octubre al 20 de noviembre de 2015.

HISTORIAS DE RADIODIFUSORAS