Czytaj książkę: «Si persisten las molestias»
Prólogo Sobre el progreso de nuestra ignorancia
La privatización de la ilegalidad
Avatares de un cronotopo: El ejido en el fin del orden posrevolucionario
El delirio del espacio público urbano
Amarchantarse
La frontera como relación social criminal o criminalizada
Las relaciones entre México y Estados Unidos: ¿el fin de una época?
Imágenes del orden. Ensayo sobre la percepción de lo informal
Pasado porvenir / Noticia del naufragio
Prólogo
Sobre el progreso de nuestra ignorancia
No es novedad que funcione mal el sistema de administración de justicia, no es novedad el desempleo ni que el salario mínimo sea insuficiente, no es novedad que haya acusaciones de corrupción, no es novedad la desconfianza hacia los partidos políticos ni que el futuro de la economía sea dudoso. Y sin embargo, es difícil deshacerse de la sensación de que hay algo nuevo en la situación actual del país. Es grave, como lo fue en 1982, en 1995, pero hay un clima de desconcierto, de desorientación, que no había entonces.
Algo relativamente nuevo también, cuya importancia no es fácil de calibrar, es la decadencia de las élites. Todas: las élites económicas, políticas, académicas, culturales. Seguramente hay, por partes iguales, ignorancia, ineptitud e indiferencia –y todo ello habría que explicarlo. En lo que puede verse, hay una sorprendente incapacidad para reaccionar con sensatez, e imaginar soluciones para cualquiera de los problemas. Acaso sea el rasgo más dramático: en el espacio público no hay ni siquiera el esbozo de un futuro distinto. Y nos hemos acostumbrado a una nueva normalidad de 20,000 homicidios al año, de un salario mínimo de cuatro dólares diarios, una economía informal que es más de la mitad del producto, cotidianas acusaciones de corrupción, crecimiento mediocre, elecciones que ahondan la crisis de legitimidad, sistemas de educación y de salud pública arruinados, y un turno de figuras políticas, a cual más desacreditada.
No tiene mucho sentido la comparación. No es ésta la peor situación en que se haya visto el país. Pero sí es característica, y relativamente nueva, la sensación de desorientación.
Según lo más probable, los diferentes problemas corresponden a ciclos distintos, y tienen causas diferentes, de modo que en teoría podrían resolverse uno por uno. Pero forman parte de una misma configuración, y la coincidencia de la crisis de seguridad, el marasmo económico, el descrédito de las instituciones, el naufragio de la clase política, es lo que define al presente.
Primera hipótesis: Esto no es una crisis, sino otra cosa. Nuestro confuso presente es resultado del largo proceso de disolución del régimen de la Revolución Mexicana, y en particular, del desmantelamiento del Estado –en su forma histórica concreta, que incluía al pri, las corporaciones obreras, la reforma agraria, y los demás aparatos, recursos, mecanismos, rituales, del antiguo orden. El cambio, más o menos consciente, más o menos deliberado, según el caso, se ha producido en diferentes planos. En primer lugar ha habido una transición económica, o una serie de transiciones económicas, que suponen el abandono del modelo desarrollista, la despolitización de los mercados, la apertura comercial, la autonomía del Banco de México, la austeridad en el gasto público.
El resultado es múltiple. La formación de una economía exportadora dependiente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la caída dramática del salario mínimo, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, el aumento de la desigualdad, un crecimiento espectacular de la economía informal, y un intenso movimiento migratorio, dentro y fuera del país.
En segundo lugar, ha habido también una transición institucional, administrativa, guiada en términos generales por criterios de eficiencia, economía, racionalidad, transparencia, para producir un aparato burocrático teóricamente más ligero, más barato, más eficaz, profesional, más vigilado. Y que tiene muchas aristas, desde las leyes de acceso a la información, los mecanismos de auditoría, la regulación del gasto público, hasta el diseño del sistema de juicios orales, los exámenes de control de confianza.
En tercer lugar, ha habido una transición propiamente política. Es la más visible, la más conocida: el paso del sistema de partido único, o casi único, a un sistema pluripartidista, con elecciones competidas, alternancia. Se ha hablado de ello hasta el cansancio, se han discutido en todos sus detalles, repetidamente, y de hecho, durante casi dos décadas, fue la clave para definir el sentido del proceso histórico: la transición a la democracia.
Es más difícil de fechar, más difícil de identificar en sus rasgos concretos, pero ha habido también, sin duda, una transición cultural. A lo largo de los últimos treinta o cuarenta años ha ido desapareciendo el lenguaje del nacionalismo revolucionario: nación, pueblo, revolución, soberanía; y han perdido eficacia los recursos simbólicos característicos de la cultura del siglo veinte: el campo, el campesino, el antiimperialismo, Hidalgo, Juárez, Zapata. No se han borrado por completo, pero tienen una especie de sobrevida episódica, imprevisible. Ahora bien, lo importante es que ese repertorio simbólico no ha sido sustituido en el espacio público por otro de parecida eficacia, coherencia, de parecida extensión o intensidad emotiva.
En lugar de todo aquello se ha impuesto un lenguaje abstracto, aséptico, formal, de acentos técnicos, el que corresponde a lo que se puede llamar el sentido común neoliberal. Y que sobre todo tiene el efecto de despolitizar mucho de la acción pública, y la discusión sobre la acción pública.
El resultado, lo tenemos delante, es lo que, por ponerle un nombre, podríamos llamar una larga transición societal –un cambio hacia nuevas formas de orden, nuevas formas de relación, de autoridad, nuevas estructuras productivas, patrones de consumo, de asociación, nuevos conflictos y nuevas formas de ordenar los conflictos. O sea, una nueva sociedad que no entendemos del todo, que no conocemos del todo –que casi no conocemos, en realidad.
La transición ‟societalˮ se manifiesta de manera dramática en la crisis de seguridad, el aumento vertiginoso de la tasa de homicidios en el país. Pero ese es sólo un indicador. Sólo cuatro rasgos, cuya trama permite perfilar el nuevo orden. Primero, un cambio demográfico: en los últimos treinta, cuarenta años ha habido un intenso movimiento migratorio hacia algunas ciudades en el centro y norte del país, y en particular hacia las ciudades de la frontera, y hacia los Estados Unidos: los veinte millones de mexicanos que viven del otro lado son un componente fundamental de la economía del país, y de la estructura productiva de América del Norte –y un vector político incalculable. Segundo, la nueva estructura productiva ha ocasionado un crecimiento considerable de lo que se llama la economía informal, o lo que se contabiliza como economía informal, que es ya más de la mitad del producto, y la proliferación de las economías ilegales: en minería, madera, gasolina, contrabando, falsificaciones, que generan a su vez sistemas de protección privada.
Tercero, hay un efecto acumulativo de la despolitización de los mercados, la transición administrativa y la transición política, que tiene como resultado la desarticulación de las redes de intermediación política del antiguo régimen. No desaparecen los intermediarios, ni desaparece la necesidad de intermediación, pero cambia el lugar, cambian los recursos, y se abren márgenes impensados para la privatización de los recursos públicos de autoridad, de fuerza, de regulación. Y eso aparece como “pérdida de control”. A eso se suma, cuarto, la “guerra contra las drogas”: la importancia del cultivo y el contrabando de drogas para algunas regiones del país, y la decisión del despliegue masivo de las fuerzas federales, ejército, marina, policía federal, para combatir el narcotráfico, que ha tenido el efecto de desestructurar el orden político local en buena parte del territorio. Y que ha convertido al ejército en un actor político decisivo –que no había sido en el siglo pasado.
Ese proceso de cambio, al menos el inicio de ese proceso de cambio, sobrevino de manera casi accidental, como consecuencia de la crisis de los años setenta: la desaparición del sistema monetario que dependía de la paridad oro-dólar, el embargo petrolero, el agotamiento de la industrialización mediante sustitución de importaciones. Pero su evolución estuvo orientada desde muy temprano por un proyecto. En casi todos los terrenos, el cambio ha sido deliberado, o impulsado por decisiones conscientes, pensadas, aunque con frecuencia fuese con el propósito de conseguir algo muy distinto de lo que finalmente resultó.
Los problemas de hoy, o la configuración en que se presentan los problemas de hoy, es en buena medida producto de decisiones concretas. Está, por ejemplo, la decisión de despolitizar los mercados: desregular, liberalizar, abrir la economía, despolitizar (como si fuese posible) el comercio internacional; es una política que se impone en todo el mundo en esos años, una alternativa al modelo de industrialización anterior, y que parece resolver muchos de sus problemas, pero es una decisión. Igualmente, está la decisión de dar prioridad al control de la inflación sobre cualquier otro objetivo de política económica, y la decisión de que un banco central autónomo maneje la política monetaria con ese solo propósito: otra vez, puede parecer sensato, pero es una decisión. Otro tanto hay que decir con respecto al diseño del sistema electoral, los mecanismos para garantizar la transparencia, el control del déficit público.
Segunda hipótesis: No nos sucedió, lo hicimos (o lo hicieron) deliberadamente. Las decisiones que orientaron la transición no fueron azarosas, improvisadas, reactivas, sino que formaban un sistema coherente. Como conjunto, obedecían a lo que se puede llamar un modelo ideológico del futuro, con cuatro ideas fijas como soporte: Democracia, Mercado, Transparencia, Derecho. Y un nuevo actor, la Sociedad Civil. El modelo se definió por oposición al “antiguo régimen”, o más exactamente, por oposición a una imagen caricaturesca del antiguo régimen –simple, esquemática, abstracta, como el modelo mismo.
Es característico del tiempo, y muy significativo, que la discusión de las reformas en el espacio público se llevan generalmente en términos abstractos, y con una intensa carga normativa. Los asuntos más prosaicos, más engorrosamente concretos, daban lugar a conversaciones puramente especulativas. La regulación de la publicidad política en las campañas electorales, por ejemplo, acabó teniendo como término de referencia la libertad de expresión. La posibilidad de reelección de los cargos electos se explicaba con el argumento de que permite que el elector pida cuentas a su representante. Y así las demás, desde la regulación de los mercados, los juicios orales, las candidaturas independientes, hasta el impuesto a las plusvalías en la constitución de la ciudad de México.
No es trivial. Significa que en todos los casos se discutía si el país: las leyes, las instituciones, las prácticas, se ajustaban a las exigencias de un modelo –y normalmente no se ajustaban.
Al mismo tiempo, en la academia, y en los centros de estudio, en las empresas de consultoría, se adoptó poco a poco un método general de análisis, de diagnóstico, evaluación, que era igualmente abstracto, un método que dependía del diseño de modelos formales, la definición de variables susceptibles de medición, y algún sistema de comparación. Así se ha diseñado un extenso aparato de auditoría de todas las actividades del sector público. En todo caso, se trata de comparar el desempeño de las instituciones, o una variable que pueda usarse como indicador verosímil de su desempeño, con un estándar de eficiencia. Es un método cuya virtud consiste en hacer abstracción del contexto (que se supone que tiene un interés puramente anecdótico).
No hay para sorprenderse: siempre que se evalúan con un mecanismo semejante, resulta que los municipios son ineficientes, las policías son ineficientes, el sistema de procuración de justicia es ineficiente, la educación superior es ineficiente, pemex es ineficiente. Pero lo más importante no es eso, sino que el método mismo de análisis está hecho para reproducir los clichés del programa ideológico, y mantenerlos como aspiración.
Se podría decir, sin mucha exageración, que se trata de un programa fundamentalmente higiénico, que quiere separar nítidamente lo formal de lo informal, lo legal de lo ilegal, civismo de clientelismo, que es separar, se supone, lo moderno de lo tradicional –con miras a desaparecer lo informal, lo ilegal, lo tradicional. Pero que ha tenido el efecto paradójico de multiplicar los espacios de informalidad e ilegalidad.
La transición, como proceso con un sentido identificable, comienza en los años ochenta, aunque tiene una prehistoria en el movimiento del 68, o más exactamente, en la elaboración imaginaria del movimiento del 68 como primera escaramuza en la lucha por la democracia. Esa prehistoria imaginada importa porque contribuyó a la cristalización de la imagen del antiguo régimen como dictadura: la larga resistencia, el fraude electoral, la violencia represiva. Y puso el componente heroico en el relato de la transición democrática.
En 1982 era urgente hacer algo, porque todo había fallado al mismo tiempo. La política económica estaba en punto muerto: la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones había encontrado obstáculos insalvables, y no parecía haber futuro para la idea de un desarrollo protegido, orientado por el Estado. La crisis fiscal, producto del encarecimiento de la deuda y la devaluación del peso, hacía imposible el funcionamiento de muchos de los mecanismos básicos del sistema político: precios de garantía, subsidios al consumo, inversión pública. Pero además había una crisis de legitimidad del régimen revolucionario, producto de las repetidas crisis económicas, las devaluaciones, y la visibilidad de la corrupción. La caricatura que se hizo del gobierno de José López Portillo, que de por sí se prestaba para la caricatura, expresa con perfecta claridad el momento –en sus motivos y en su trazo. En general, era un retrato agresivo, bilioso, pintado con humor grueso, que sobre todo subrayaba la frivolidad y la corrupción, con aderezo de chismes de pasillo, de alcoba, historias de familia, la imagen inconfundible de la decadencia.
En ese momento cristaliza definitivamente la imagen del antiguo régimen como Antiguo Régimen, es decir, algo compacto y pasado, que está ya en proceso de disolución (en la portada del número 103 de la revista Vuelta: “pri: hora cumplida”; y un ensayo de Gabriel Zaid que empieza así: “Sería muy extraño que el pri fuera eterno”). El gobierno y la oposición están de acuerdo en el diagnóstico, coinciden en ver un Estado autoritario, ineficiente y corrupto. Tras los excesos retóricos, financieros, institucionales, de José López Portillo, el pri resulta de pronto algo pueblerino y anticuado, que urge reformar. Miguel de la Madrid hace campaña “por una renovación moral de la sociedad”.
La reforma, que poco a poco empieza a llamarse modernización, inspira algunas protestas, pero no hay una resistencia ideológicamente articulada. En el espacio público, los cambios parecen casi de sentido común. La reducción de la burocracia, el control del gasto, la privatización de la banca.
En sintonía con el clima global, entre las élites mexicanas emerge un nuevo consenso a partir del cual se va a definir el programa para un nuevo régimen. Parece lo más ajustado decir que el consenso “emerge”, porque no hay ninguna discusión de fondo: el nacionalismo revolucionario está hundido, el pcm ha abandonado el modelo soviético, de modo que tal parece que todos hubiesen estado de acuerdo desde un principio.
El modelo se puede definir con cuatro rasgos: Democracia, Mercado, Transparencia, Estado de Derecho. En primer lugar, la única legitimidad aceptable, y la única que hace falta, es la de los procedimientos democráticos –y de ahí, pluralismo, alternancia, con una idea de la política reducida casi a gestión, que idealmente depende de un vínculo cuasi contractual entre electores y representantes, de ser posible sin la mediación de los partidos. Es decir, una democracia despolitizada. En segundo lugar, los problemas de producción, distribución, asignación de recursos, sólo se resuelven de manera eficiente a través del mercado. Y cuanto más libre, cuanto menos regulado, mejor. Tercero, para combatir la corrupción, la arbitrariedad, las prácticas arcaicas del sistema político, es indispensable la transparencia –acceso a la información, licitaciones, auditorías, que significa procedimientos más rígidamente formalizados. Y para todo lo demás, para las tareas de gobierno propiamente dichas, no hace falta otra guía sino el Estado de Derecho, aplicar la ley.
En el fondo hay el movimiento de despolitización que es característico del momento neoliberal. La acción del Estado se descompone en dos elementos: el derecho y la política. El derecho son reglas, la política son decisiones. El derecho, se supone, es un conjunto de normas generales, que tienen la misma vigencia para todos y no dependen de la voluntad de nadie; la política, en cambio, se trata del ejercicio del poder, y eso significa a fin de cuentas imponer la voluntad de un individuo, un grupo, un partido. Por eso, lo que se espera del Estado es la aplicación de la ley, que es lo único compatible con la libertad. Y reducir al mínimo los márgenes de discrecionalidad.
Nadie se opone realmente al nuevo modelo ni tiene otra idea, nadie entre las élites. Las resistencias son episódicas y sobre todo marginales, de viejos sindicatos, guerrillas, movimientos populares. En el lenguaje dominante en el espacio público todos ellos están desacreditados de antemano como expresión de intereses particulares (intereses creados, grupos rentistas, poderes fácticos). Por oposición a ellos adquiere protagonismo un nuevo sujeto, a la altura del programa: la Sociedad Civil. Desde luego, no está claro lo que significa el término, según el caso significa una cosa u otra, pero en general se invoca como instancia desinteresada, o atenta sólo al interés público, que por eso puede vigilar la correcta operación de las instituciones –por eso, una de las claves del tránsito es la “ciudadanización”.
La Sociedad Civil es una colectividad imaginaria, abstracta, hecha de individuos sólo provistos de buena voluntad. Y es depósito de todas las virtudes que de ninguna manera podrían reconocerse a las colectividades concretas de sindicatos, corporaciones, ambulantes, ejidatarios. En un sentido muy concreto, la Sociedad Civil no es política, y por eso se puede confiar en ella. Por eso proliferan los llamados a la “participación”, como si fuese obvio lo que eso significa, como si fuese un movimiento espontáneo, individual, de intención cívica.
El programa se explica a partir de una crítica bastante sumaria del antiguo régimen. Nunca había habido en realidad un buen conocimiento del antiguo régimen, ni de la sociedad ni del Estado, ni del funcionamiento del sistema político. Ese desconocimiento se agravó a partir de 1968, porque se impuso una lectura beligerante, con frecuencia sectaria.
Tercera hipótesis: En algún momento, perdimos (o perdieron) de vista al país. Los diagnósticos del país, los que circularon en el espacio público en esos años, fueron fundamentalmente políticos, los de la derecha, los de la izquierda, los del gobierno. La idea básica era que la enfermedad del país era política: autoritarismo, fraudes electorales, arbitrariedad, corrupción. Lógicamente, eso significaba que la vía de solución tenía que ser también política –y era, palabras más o menos, acabar con el pri.
Para dos generaciones, tanto en la prensa como en la academia, el punto de partida para entender al país fue El sistema político mexicano de Daniel Cosío Villegas. Era un libro incisivo, muy asequible, que proponía una explicación simplona, esquemática, inexacta, vertical, de la política vista desde los pasillos de palacio, pero que se correspondía con lo que decía el sentido común –empezando por la idea de la “monarquía absoluta sexenal, hereditaria en línea transversal”. Y por eso servía como recurso de orientación, incluso para la clase política. Era una especie de elaboración mitológica del sistema político, cuyas claves eran un presidente omnipotente, un partido omnipresente.
La imagen recibida, cuando inicia la transición, sobre todo subrayaba la integración de gobierno, partido, sindicatos, corporaciones: todo eso era uniformemente el antiguo régimen, y todo era un obstáculo para la modernización, desde la reforma agraria y el ejido, hasta la Ley Federal del Trabajo, el sistema electoral o las empresas públicas. La política, toda, repentinamente se convirtió en “el pasado”. Era la forma histórica concreta de la sociedad mexicana la que resultaba obsoleta, y se suponía que podía, que debía ser reemplazada de todo a todo por formas modernas.
El consenso de los ochenta, para darle un nombre, se nutre del auge de la cultura del neoliberalismo, el giro de la izquierda para privilegiar la democracia, el lenguaje antiautoritario de los años sesenta. También hay una veta académica que contribuye a su cristalización en las décadas siguientes. En primer lugar, la aceptación de los modelos de “transición a la democracia”, y los intentos de asimilar en sus términos el proceso mexicano –que contribuyeron en mucho a hacer todavía más borrosa la imagen del antiguo régimen. En segundo lugar, por supuesto, el predominio de la economía neoclásica (la que se llama macroeconomía de microfundamentos). Y en tercer lugar, con parecida importancia, un pensamiento jurídico fundamentalmente doctrinario, abstracto, que pone en boga el nuevo lenguaje de los derechos.
En las últimas décadas hemos enviado a cientos, miles de estudiantes a estudiar en Estados Unidos, y se han formado muchos, acaso la mayoría, en una ciencia social de angustiada ambición científica, que necesita fórmulas, modelos, regresiones –algo que pueda ponerse en un gráfico. Y que por eso tiene como materia de estudio los aspectos medibles de la realidad, si no es que los puros modelos de comportamiento de hipotéticos actores racionales. Es una ciencia social cuyo mérito consiste en prescindir del contexto tanto como sea posible, porque busca explicaciones generales. El resultado han sido dos generaciones de académicos, algunos excelentes, pero con un modo característico de entender el país, un modo característico de no entender el país. En particular, por supuesto, quienes han estudiado allí economía, ciencia política o administración pública, cada vez más indiscernibles, con preocupaciones, supuestos, prejuicios y modelos muy similares –y con una influencia desproporcionada en la toma de decisiones (en comparación con historiadores, antropólogos, algunos sociólogos).
A título de ejemplo, un libro reciente de Raymundo Campos, economista del Colegio de México; en la introducción explica lo que significó para él regresar al país después de estudiar su doctorado en la Universidad de California: “Cuando regresé a mi país tuve un choque cultural: algunas personas tiraban basura en la calle, algunas personas violaban claros reglamentos de tránsito (no respetar semáforos, vueltas indebidas, entre otras)...” Es revelador que los pocos años de su doctorado bastasen para que se sintiera estadunidense de tal manera que al regresar a México experimentase un “choque cultural” con esa otra cultura en que la gente tiraba basura en la calle y hablaba español. Y si es notable que un mexicano se sorprenda a los cuarenta años de que haya quien tire basura en la calle en México, es mucho más notable que no haya visto que en Estados Unidos también la gente tira basura en la calle, da vueltas prohibidas o se salta el semáforo, y compra y vende comida en la calle, o drogas, como en todas partes, y contrata trabajadores sin papeles. Es decir, que en realidad no era que se hubiese asimilado a la cultura estadunidense, sino a una versión intensamente ideologizada de la cultura estadunidense –que le hacía pensar que “allá” no había nada de eso.
En ese contexto ideológico, hay dos actores nuevos, relativamente nuevos, que tienen una función decisiva en el proceso de transición. Uno: las empresas de consultoría. A veces son sencillamente eso, empresas, en el negocio de elaborar información, aconsejar, evaluar, levantar encuestas; a veces son centros de educación superior que se habilitan como consultores para alguna institución pública; y a veces son a medias consultoras, a medias organizaciones militantes, con una causa concreta: la seguridad, la transparencia. Las diferencias no son irrelevantes, pero la función es muy parecida. La desconfianza hacia lo público, la fe ciega en las virtudes del mercado, el endiosamiento de la Sociedad Civil, el desarrollo de una cultura de la auditoría, todo contribuye al ambiente en que esas organizaciones privadas de administración del conocimiento resultan indispensables. Elaboran diagnósticos, diseñan políticas, imponen sistemas de evaluación. Muchas de las tareas del Estado se dislocan, y se asignan a las empresas de consultoría. El problema, uno de los problemas en todo caso, es que su manera de trabajar requiere un método que inevitablemente sesga los resultados: la improvisación en la materia que sea, la prisa por entregar documentos, la necesidad de simplificación, la pretensión científica, producen un conocimiento estandarizado, pobre en contexto, que no es ideológicamente neutral.
El otro actor, con parecida importancia, son los intelectuales mediáticos. Siempre ha habido alguna presencia de escritores, historiadores, en el espacio público –Daniel Cosío Villegas, por ejemplo. En los años ochenta, noventa, hay un cambio: hay una importante inversión de dinero público para sostener la conversación pública de un grupo relativamente pequeño de intelectuales, las revistas Vuelta y Nexos para abreviar, proliferan los programas de análisis político, o de conversación sobre temas políticos, en la radio y la televisión, y hay una transformación de la prensa, impulsada en particular por el diario Reforma, que hace de los artículos de opinión el atractivo básico de los periódicos.
Se formó así un pequeño conjunto de notables, conocidos sobre todo porque aparecían en la televisión, y porque opinaban en la prensa: eran los interlocutores privilegiados del gobierno, que acreditaba así su apertura en un diálogo fundamentalmente moderno, y eran la encarnación concreta de la Sociedad Civil. Obligados a opinar sobre todo, de improviso, según los accidentes de la coyuntura, se convirtieron en portavoces del sentido común de la época. También sirvieron como garantía de integridad en todos los consejos “ciudadanos” que acompañaron el proceso de transición. Seguramente no hace falta decirlo, pero su autoridad dependía de que no formasen parte en ningún sentido del aparato de gobernación del antiguo régimen.
Así emprendimos la travesía hacia la democracia, la transparencia, el libre mercado, el Estado de Derecho. Nos toca hacer el corte de caja.
* * *
Este volumen es resultado de las conversaciones del Círculo de Chimalistac, y debe mucho a la inteligencia de Gibrán, Alejandra, Iván, Esteban, Rodrigo, Estela, Rainer, Marco, Héctor, María Fernanda, Juan Pedro, Gauri, Juan, María, Jorge, Frida, Julián, Miguel Ángel, y desde luego, a la generosidad de Javier Elguea.
El subtítulo que hemos escogido viene de un texto de Antonio Álvarez. Estamos en la idea de que se explica solo: a veces, lo que sabemos resulta ser un estorbo, nos impide ver sencillamente, directamente, lo que hay –la veritá effettuale della cosa.
En Chimalistac, Ciudad de México, 7 de marzo de 2018.
La privatización de la ilegalidad
Natalia Mendoza
Las reformas neoliberales no sólo transformaron la estructura formal o normativa del régimen económico y político, sino también su ordenamiento real, que es tan legal como ilegal. Nada justifica que se estudien las economías formales e informales –o la política electoral, la clientelista y la coercitiva– como ámbitos distintos. El régimen es el conjunto, la totalidad de esas relaciones de creación de valor y dominación, y es el entramado en su conjunto el que produce estabilidad o violencia. Esta condición no es nueva ni exclusiva de México: no es posible entender cómo el azúcar se convirtió en un bien de consumo masivo en la Europa del siglo xix sin hablar del trabajo esclavo en las plantaciones del Caribe o el tráfico clandestino de personas desde África. Un recuento del surgimiento de las economías digitales que se centre en Silicon Valley y olvide mencionar la disponibilidad de mano de obra migrante en California o los conflictos generados en el Congo alrededor de la extracción de tántalo, no solo está incompleto sino que tiene una distorsión de origen. La ley no es una frontera que cree dos esferas autónomas; la ley es la superficie de contacto, el gozne que abre y cierra nichos para la creación de valor, es tan relevante para las economías legales como para las ilegales. El proceso de privatización masiva que se emprendió a finales de los ochenta en México transformó, pues, tanto la legalidad como la ilegalidad.
Entender la naturaleza de esa transformación requiere completar el relato de las rivalidades e intrigas entre los cárteles y el gobierno con un análisis de los cambios de larga duración y su efecto acumulado. Lo que estamos viendo es el surgimiento de un acomodo nuevo, con formas propias de producción de valor y ejercicio de la soberanía, que no pueden leerse de manera efectiva con las categorías y modelos que nos sirvieron antes. Lo que aquí propongo es tan solo una serie de preguntas e hipótesis para empezar a nombrar y entender el movimiento de placas tectónicas, por así decirlo, que está detrás de lo que a falta de mejor término llamamos “la crisis de seguridad”.
Parto de un argumento inicial: la historia reciente de violencia y guerra es también la historia de la expansión y privatización de dos grandes economías, una centrada en la extracción y la otra en la extorsión. Las dos abarcan mercados, actores y formas de acción legales e ilegales, estatales y empresariales. Con privatización me refiero a dos procesos distintos. En primer lugar está la apertura a la inversión privada de industrias previamente controladas por el Estado. Esto por supuesto sucedió en el caso de las industrias extractivas y de servicios públicos –minería, ferrocarriles, telecomunicaciones, etcétera. Mi argumento es que algo similar sucedió también, aunque de manera incompleta y desordenada, en las economías de la extorsión. Si antes las policías y autoridades estatales tenían la prerrogativa casi exclusiva de cobrar cuotas a cambio de no aplicar la ley o ejercer la fuerza, hoy comparten esa prerrogativa con una multitud de pequeñas empresas de la violencia que en algunos casos desplazaron a la policía en el cobro de cuotas, en otros casos reclutaron a esas policías como asalariados permanentes, y en otros más simplemente se añadieron a ellas como otra instancia de cobro. En segundo lugar, privatización se refiere al paso de una explotación común o colectiva a una individual, esto sucedió sobre todo con los caminos rurales, recursos naturales y espacios públicos. Se establecieron dueños de cada porción del territorio (plazas) y se crearon puertas o filtros privados para el control y usufructo del paso de personas y mercancías.
Tanto la extracción como la extorsión requieren formas específicas de control territorial –son de hecho la contraparte de la globalización como un proceso de desterritorialización. Ese control territorial supone el establecimiento de una serie de fronteras internas, espaciales y sociales, lo que acerca a estas economías al ejercicio de funciones propiamente soberanas. A su vez, la necesidad de vigilar y defender esas fronteras requirió la formación de una clase trabajadora de la violencia: hombres cada vez más jóvenes, con diferentes grados de entrenamiento militar, que con frecuencia han prestado sus servicios tanto a agencias de seguridad estatales como a organizaciones privadas, o a ambas de manera simultánea. Las viejas redes de contrabando fueron suplidas por milicias permanentes, lo que a su vez desató formas de violencia cada vez más cercanas a la limpieza y la purga.
Hay dos modalidades de violencia que en estos años se sumaron a los enfrentamientos y ejecuciones, y que pueden entenderse como las manifestaciones más emblemáticas de la violencia de las economías privadas de la extracción y la extorsión: la desaparición forzada y la erosión o devastación de la naturaleza. Estas a su vez han propiciado que la búsqueda de desaparecidos y la defensa de los recursos naturales se establecieran como formas de acción política cada vez más importantes. Estos dos tipos de movimientos sociales, animados mayoritariamente por mujeres, tienen cosas en común, empezando por un predominio de lo científico y jurídico en su retórica y en sus estrategias. Sus objetivos tienden a ser concretos –encontrar los restos de un familiar, recuperar el acceso al agua, obtener la renta justa por sus tierras, etc.–, y muchas veces no toman la forma de una ideología política que se extienda más allá de lo local. Su labor, sin embargo, las pone en contacto directo con el sistema de justicia, pues son las víctimas directas de sus deficiencias, y están por lo tanto entre los principales interesados en su buen funcionamiento. Este punto por sí solo hace que estos movimientos sean cruciales para un eventual desmantelamiento de las economías de la violencia.
Regímenes territoriales.
Tenemos un mapa mental de la distribución geográfica de los cárteles que vamos ajustando con las circunstancias, pero ese mapa dice muy poco sobre cómo se controla y administra el territorio en la práctica: cómo se define y delimita, qué modalidades de propiedad, uso y usufructo de los recursos existen y, sobre todo, cómo se articulan los regímenes territoriales estatales, privados y delincuenciales en un mismo espacio. La respuesta a estas preguntas necesariamente variará de una región a otra: no tienen el mismo tipo de relación con el territorio las varias facciones que se conocen como Cártel de Sinaloa y las organizaciones que controlan Tláhuac; no presentan el mismo tipo de recursos y limitaciones la ciudad, la sierra o la costa. Pero si aceptamos que gran parte de la violencia de los últimos años ha sido resultado de conflictos territoriales, entonces es fundamental entender cómo se establecen, vigilan y defienden esas fronteras y, sobre todo, cuál es su relación con la acumulación y extracción de valor.
Empecemos con un ejemplo. En 1997, Grupo Ferromex –compañía tenedora de Grupo México que tiene también la concesión de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora– obtuvo la concesión para administrar una gran parte de la red ferroviaria del país, toda la red del Pacífico Norte, que incluye los puntos de cruce fronterizo de Ojinaga, Ciudad Juárez, Nacozari, Nogales, y Mexicali. La red de Grupo Ferromex incluye también Ferrosur en el sureste del país, que atiende Coatzacoalcos, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. Al adquirir la concesión, se eliminó el servicio de transporte a pasajeros. Pero, como es sabido, migrantes indocumentados en su mayoría provenientes de Centroamérica usan estos trenes de carga como medio de transporte hacia la frontera con Estados Unidos. Para poder subir al tren, los migrantes están obligados a pagar cuotas al grupo de sicarios a cargo de administrar el acceso, el cual varía de una región a otra del país. Se ha reportado que no sólo cada segmento de la red ferroviaria tiene un dueño –es decir un concesionario informal– sino que en algunos casos cada vagón está controlado por pandillas que administran el espacio sobre el techo mientras el tren se desplaza.
Lo primero que podemos notar es el traslape de formas de administración territorial establecidas por actores estatales, privados y delictivos operando de manera simultánea, a veces armónica, a veces conflictiva. Cada una de estas estructuras ha logrado hacerse del cobro de una renta. La modalidad de usufructo que permite a cada uno de estos agentes extraer un beneficio privado de un servicio público sigue siempre la lógica de la concesión, formal o informal. La concesión se define como el derecho que el Estado (o una autoridad similar) confiere a un particular para la explotación de un bien o servicio público por un tiempo determinado –se aplica a bienes o servicios definidos como públicos precisamente porque éstos, por su importancia estratégica, no deben en principio ser apropiados por particulares de forma permanente. Incluso si no la llamamos así, el derecho que se arroga una organización delictiva a cobrar cuotas por el acceso al tren es una suerte de concesión por la que seguramente paga a su vez una “renta” a otras instancias –policías, autoridades estatales, mandos de una organización delictiva regional, o una combinación de los anteriores.
Una característica importante –que el caso del tren comparte con otros que describo a continuación– es la organización escalonada o fractal de la concesión. Es decir, entre el concedente original y el concesionario último hay una serie de intermediarios, y cada uno logra beneficiarse de su posición mediante el cobro de una renta. La segunda característica importante tiene que ver con la naturaleza de los bienes concesionados, los cuales caben en dos grandes grupos: o se concede la explotación de un recurso natural no renovable (oro, agua, petróleo, etc.), o se concede el derecho a operar algún tipo de filtro en la circulación de personas y mercancías (puertas, rutas, trenes, etc.). Es decir, la concesión es la modalidad de ocupación y usufructo del territorio que sostiene tanto la extracción como la extorsión.
Propongo otro ejemplo. Hay un camino de terracería que sale de Altar, Sonora, pasa por una docena de ranchos y llega a Sásabe, un pequeño poblado en la frontera con Estados Unidos. En el año 2000, el entonces presidente municipal –quien es también el terrateniente más grande de la región– le otorgó la concesión de la brecha a un particular de la vecina ciudad de Caborca, quien construyó una pequeña caseta y comenzó a cobrar peaje. Por ese camino circulaban en ese entonces cientos de camionetas cargadas con migrantes que se dirigían a la frontera. El concesionario de la caseta tenía una renta constante y a cambio mandaba raspar el camino de vez en cuando. Ese fue el primero de una serie de cobros privados a la circulación que se establecerían en la siguiente década. Para 2010, un sistema de cuotas administrado por un grupo de sicarios locales funcionaba plenamente: cada migrante y cada traficante de drogas que usa Altar como punto de cruce tiene que pagar por el uso de la plaza y de las rutas. La caseta de peaje original hace ya varios años que está abandonada, pero el sistema de cuotas a la circulación persiste. Actualmente, no sólo cada ruta sino incluso cada segmento de la línea fronteriza misma tiene un dueño que cobra algún tipo de renta o cuota por la circulación de personas y mercancías a través de su respectivo segmento. Se cobra, en otras palabras, por el acceso a una puerta a través de una frontera, ya sea interna (salir del pueblo) o internacional (cruzar hacia Estados Unidos). Este sistema de propiedad o concesión informal de puertas es independiente de la propiedad de la tierra, pero ha llegado a un grado tal de formalización que incluso se “heredan” y “rentan” esas concesiones informales de frontera internacional: un narcotraficante regional era dueño de un segmento de frontera, cuando murió lo heredó su hijo, quien a su vez lo renta a la mafia local que lo administra.
Los sicarios que controlan el trasiego en Altar y cobran cuotas a migrantes y otros traficantes no operan de manera completamente autónoma, tampoco son asalariados directos de la cúpula del cartel de Sinaloa. La manera más precisa de llamarlos es, nuevamente, “concesionarios” de la plaza. Incluso si una de sus principales actividades es el tráfico de drogas, lo que los caracteriza como organización es el control y vigilancia permanente de territorio y el cobro de cuotas. Es decir, lo que actualmente se conoce localmente como “los sicarios” es una suerte de milicia que se acerca a la forma clásica de la mafia como organización centrada en la exacción de cuotas y la intermediación parasitaria. Esta estructura participa del tráfico de drogas, y seguramente no hubiera sido posible que se estableciera sin la acumulación original de capital que permitió el narcotráfico, pero aun así su origen y propósito son más amplios. Sería más preciso describirla como una empresa que se dedica al control violento de un territorio. En este sentido es significativo que en Altar los actuales mandos de esa empresa no hayan empezado como traficantes sino como choferes de las camionetas que llevaban migrantes a la frontera: lo que los distingue son la velocidad y las armas.
La existencia de estas empresas de la violencia supone el establecimiento de una frontera interna, un territorio relativamente bien definido en el que se ejerce un control monopólico de la exacción de cuotas. Es como si el fenómeno de la frontera México-Estados Unidos –con su enorme capacidad para potenciar el valor de las mercancías y capitalizar la circulación– se hubiese reproducido a todo lo largo y ancho del país. Al igual que sucede con las fronteras internacionales, estas delimitaciones internas son trazos espaciales que suponen también una serie de filtros sociales, en particular, la distinción entre personas internas y externas, o entre los propios y los contras. El territorio entero se fronterizó, se convirtió en una sucesión de puertas y filtros para cierto tipo de personas y mercancías.
Mantener esas fronteras requiere de un dispositivo de vigilancia permanente que provee el estrato más bajo y más numeroso de trabajadores de la violencia: los puntos (o halcones). El control territorial de las organizaciones delictivas en México no sería posible sin la combinación de flexibilidad, discreción y precisión que da este dispositivo de vigilancia. Cada punto es un filtro, una persona encargada de monitorear toda la circulación de personas y vehículos en un lugar y reportar no sólo la presencia de agentes de seguridad del Estado, sino también cualquier presencia sospechosa. Es decir, los puntos llevan a cabo un trabajo cotidiano de reconocimiento social. Así mismo, el mantenimiento de las fronteras internas requiere por supuesto de un capital militar considerable: armas de uso exclusivo del Ejército, casas de seguridad, vehículos blindados y entrenamiento. Aunque se les suele dar poca importancia, un recurso fundamental para estas organizaciones son los sistemas de comunicación portátil, en particular radios y celulares. La disponibilidad de señal y los rangos de cobertura dictan también, por tanto, sus movimientos y distribución espacial.
Una vez que estas organizaciones o empresas han logrado controlar un territorio, pueden obtener ganancias de casi cualquier cosa: tienden a adueñarse de todos los mercados ilegales (drogas, migración indocumentada, prostitución, juegos y apuestas, etc.); imponen tarifas a la circulación de casi cualquier mercancía, incursionan a veces en el secuestro y al robo, y en ciertos casos imponen cuotas incluso a actividades legales. Urgen un inventario y una tipología mucho más detallada de mercancías y actividades intervenidos por estas organizaciones, así como su distribución regional. En la historia global, esta formación de territorios internos controlados por pequeños “señores de la guerra” ha mostrado tener una afinidad particular con las economías extractivas. Precisamente porque en éstas el valor se produce o acumula en las puertas antes que en la manufactura: es en los puntos de contacto entre economías locales y globales que las materias primas extraídas duplican o triplican su valor. Quien controle la circulación tendrá una renta asegurada.
En México estas empresas de la violencia han incursionado en todo tipo de actividades extractivas, los ejemplos abundan: el robo de combustible, la pesca ilegal, la tala clandestina, la minería irregular. Hay, por ejemplo, en la costa norte de Sonora un grupo de sicarios conocido como los Ruma –que controlan los caminos de terracería que unen la costa del Golfo de California con la línea fronteriza–; originalmente se dedicaban al desembarco y trasiego de drogas, después se sumaron a la bonanza propiciada por el paso de migrantes indocumentados. Alrededor de 2014, empezaron a intervenir en la comercialización de pescado y marisco en la zona. Cada pescador está obligado a darles una porción de su pesca diaria, o a venderles la totalidad a un precio menor del que se consigue en los mercados regionales.
Actualmente algunos de estos sicarios, que reclaman derechos ejidales, aprovecharon el conflicto entre la mina La Herradura, de Peñoles, y el ejido El Bajío, en el municipio de Caborca, Sonora, para explotar clandestinamente los terreros con oro que la mina desalojó luego de que un tribunal agrario declara inválidos los convenios que la compañía firmó con los ejidatarios. Es significativo que al desalojar la compañía minera uno de los tajos, los que hayan quedado en su posesión fueran los sicarios que de por sí controlaban la circulación por esos caminos, pero que al explotar irregularmente esos recursos apelen todavía al régimen ejidal como sustento jurídico de su ocupación. En conflictos de este tipo –que involucran a sicarios, compañías mineras, intermediarios políticos, ejidatarios, jueces y policías municipales y estatales– se ve claramente cómo el traslape de regímenes territoriales estatales, privados y delictivos fue creando nichos para el beneficio económico privado legal e ilegal.
Esto sugiere otra pregunta: ¿hasta qué punto estas concesiones informales de servicios y bienes previamente administrados por el Estado se han convertido de facto en formas de gobierno indirecto? Las compañías extractivas y las organizaciones delictivas no sólo explotan recursos que solían considerarse estrictamente públicos (el territorio y la violencia), también desempeñan de manera privada funciones típicamente gubernamentales y tienen la capacidad de transformar de fondo regiones enteras. Comprar y explotar todos los derechos de agua de una región tiene más implicaciones públicas que muchas políticas gubernamentales y sin embargo se considera una decisión privada en manos de las compañías mineras. Anular el servicio a pasajeros en la red ferroviaria es una política pública lo mismo que cobrar peaje. La exacción de cuotas en algunas regiones ha tenido más efectos que el régimen fiscal, ha logrado sofocar y promover actividades económicas particulares, además requiere de censos y de un control minucioso de la producción o traslado de ciertas mercancías. Si las cuotas a migrantes, por ejemplo, se imponen según el país de origen, los cobra-cuotas no sólo llevarán un control estricto del número de personas que pasaba por un lugar, también implementarán, como se ha visto, sistemas para verificar la nacionalidad de cada migrante.
Asimismo, las milicias de sicarios cumplen a veces funciones que podríamos definir como policiacas. En los años previos a que se formaran estas estructuras de control territorial, era muy común escuchar en la zona fronteriza de Sonora quejas y acusaciones relacionadas con los bajadores. Se conocía con ese nombre tanto a los asaltantes que robaban cargamentos de droga en el trayecto hacia Estados Unidos como a las personas que se dedicaban a secuestrar migrantes y cobrar rescate por ellos. Se decía que los bajadores eran “gente de fuera”, que eran más violentos, que eran los que “andaban chueco en lo chueco”. En otras palabras, los bajadores eran algo así como la ilegalidad de la ilegalidad, figuras semejantes a los piratas. El sistema de vigilancia y cuotas establecido por los sicarios parece haber reducido considerablemente la presencia de asaltantes y secuestradores, y algunos lo legitiman como garante del buen funcionamiento de las economías ilegales, de las que muchos viven. En cierta forma es como si los sicarios cumplieran las funciones de policías de la ilegalidad. Al mismo tiempo, el costo de las cuotas subió tanto que terminó por sofocar casi por completo el negocio de la migración indocumentada. Los polleros buscaron otras rutas, y muchas casas de huéspedes y hoteles que daban servicio a migrantes quedaron abandonados. Es decir, las cuotas se convirtieron en una política fiscal excesiva que tenía que pagar el eslabón más vulnerable de la cadena, el migrante mismo.
Por su parte, las organizaciones michoacanas se caracterizaron por su particular énfasis en la función judicial. Impusieron normas estrictas y castigos a sus propios miembros, como la prohibición de consumir drogas, y promovieron una doctrina religiosa y moral, que incluso quedó sistematizada en los libros de Nazario Moreno. Esa función judicial desbordó los límites de la organización, intervinieron en conflictos de otra naturaleza: cobrando deudas ajenas, por ejemplo, o dirimiendo conflictos relacionados con tierras, o incluso golpeando a hombres acusados de haber maltratado o abusado de mujeres. También mostraron una vocación política más declarada: se expresaron por medio de mantas escritas en un tono distinto, dirigidas al público en general, y no sólo a sus contrincantes. La forma privilegiada de estos mensajes es la denuncia, su gesto predilecto, desenmascarar. La mayor parte de los mensajes se reduce a dos tipos. Hay los que acusan a las autoridades estatales de colaborar o encubrir a otros grupos, y denuncian la hipocresía y duplicidad del gobierno. Hay, por otro lado, los que buscan caracterizar la violencia propia como una forma de justicia o limpieza social; se habla de los grupos rivales –en particular de los Zetas– como los “perros” y “mugrosos” que llevan a cabo formas de violencia inaceptable, que matan inocentes, mujeres, niños, que roban y secuestran. En esos casos, la retórica de las organizaciones delictivas tiende a acercarse y confundirse con la de las autodefensas. Su control territorial y social busca legitimarse como violencia limpia que protege y mantiene a raya la violencia sucia, foránea y depredadora.
La organización social y simbólica de la violencia.
Hasta hace diez años, el tráfico de drogas se organizaba sin ejercer un control territorial permanente y sin necesidad de milicias profesionales. La consecuencia más nefasta de la militarización del combate al narcotráfico –además de la crisis de violaciones a los derechos humanos, que no es poca cosa– es que propició la militarización de las organizaciones delictivas mismas. El ejemplo más contundente de privatización de la violencia estatal son los Zetas, pues ellos mismos, en tanto que miembros entrenados del Ejército, pueden verse como un recurso estatal que fue apropiado y privatizado por el Cartel del Golfo. Seguramente no es coincidencia que, en tanto fuerzas públicas recién privatizadas, los Zetas hayan sido también en gran medida responsables de imponer el nuevo modelo de organización delictiva con rasgos estatales: una milicia permanente que a cambio de un salario controla todas las actividades ilegales de un territorio y extrae cuotas. Es sumamente significativo que si bien el resto de los cárteles terminaron adoptando muchas de esas prácticas, el propósito de limpiar el territorio de Zetas se convirtió en una de las principales justificaciones de la guerra entre los grupos y de la represión estatal, y parece incluso haber sobrevivido a los Zetas como organización.
El hecho de que la violencia se haya vuelto no sólo un componente necesario en la organización del contrabando sino un negocio en sí mismo desencadenó una serie de cambios organizativos y simbólicos. En la transición de redes de contrabando a milicias, por ejemplo, los mecanismos para el control de la sospecha y la creación de certidumbre pasaron de formas personales de creación de obligación y confianza (parentesco, amistad, colaboración previa) a otras que se basan en el reconocimiento de identidades grupales (los contras) y estereotipos (los sospechosos). Esta transición es precisamente la condición necesaria para que se desaten formas de violencia más cercanas a la limpieza y la purga, que se basan en el reconocimiento de un cierto perfil físico y social. La comprensión de la violencia mexicana, tanto estatal como criminal, requiere de un análisis mucho más profundo de este tipo de lógicas. Por otra parte, esta transición de red a milicia significó que estos grupos tuvieron que resolver organizativa y simbólicamente la muerte como hecho cotidiano; la organización debe poder reconstituirse fácilmente de las pérdidas constantes y los puestos deben de sobrevivir a sus ocupantes. Así mismo, la elaboración de significados sobre morir y matar se volvió mucho más importante de lo que fue en el mundo del contrabando que exaltaba la astucia y el ingenio por encima de la muerte.
Empiezo con el problema de la sospecha. Este es un tema clásico en el estudio de las economías ilegales. Dado que no se dispone de recursos legales para garantizar que los acuerdos y contratos se cumplan, estas organizaciones se ven siempre en la necesidad de utilizar otras formas para crear un sentido de obligación y de certidumbre sobre las acciones futuras de los demás. Esos mecanismos van desde la intimidación y la coerción –por medio de castigos espectaculares, por ejemplo– hasta los códigos de honor, las relaciones de parentesco que derivan en responsabilidades mutuas, y las formas de intercambio material y simbólico que fundan relaciones de obligación recíproca. En principio es posible afirmar que mientras más efectivos y personalizados sean estos mecanismos, habrá menos ocasiones en que la violencia llegue al homicidio o al enfrentamiento armado. Pero esta premisa depende mucho de la medida en que esos mecanismos sean compartidos y logren establecerse como una especie de “derecho internacional” capaz de regular las interacciones entre las partes. Para que los grupos consideren que el resto de los actores está sujeto a los mismos mecanismos de creación de obligación es necesario que estos mecanismos se vean como independientes de la identidad. Es decir, que el honor y la sospecha no se depositen, por ejemplo, en un perfil racial, regional o socioeconómico particular.
En las explicaciones sobre la violencia que se escuchan en las declaraciones de los acusados o que se elaboran localmente alrededor de sucesos particulares, abundan las referencias a los acuerdos no cumplidos, las traiciones, las envidias y las divisiones. Reflejan una verdadera crisis en los mecanismos para crear obligación y reducir la sospecha. Propongo simplemente como ejemplo la entrevista videograbada que hizo la Policía Federal a Edgar Valdez Villarreal, alias la Barbie, en agosto del 2010, y que da cuenta del inicio de la guerra entre los Zetas y Arturo Beltrán Leyva por un lado, y las otras facciones del Cartel de Sinaloa por el otro:
¿Cómo conoció al Chapo Guzmán?
En una junta. En la última que estuvo Arturo [Beltrán Leyva] quedaron de acuerdo que Los Zetas iban a hablar nomás con Arturo y que si había algo, Arturo lo iba a arreglar. Después comienzan la envidias y volvió otra vez la guerra.
¿Las envidias entre quién?
Entre Arturo y el Chapo, y el Mayo, Nacho Coronel, todos ellos.
¿Cuánto tiempo pasó desde que se reúnen la segunda vez a que se rompe el acuerdo?
Nosotros hasta ahorita no peleamos con ellos [los Zetas], no somos amigos pero hay un pacto que no peleamos, aunque a veces ellos hacen cosas, pero está parado todo ahorita con ellos. Ellos están peleando pa’ allá pa’ Culiacán por allá con el Chapo y con Vicente, con ellos.
¿Quién fue el primero en no respetar el acuerdo?
Comenzó todo por Juárez, que no querían al JL, el que le manejaba las cosas a Vicente Carrillo, pues nomás, supuestamente ellos [los Zetas] quedaron que ellos se iban a arreglar con Vicente para poder pasar por Juárez, pero comenzaron a pelearse, que se miraban feo, que… nomás comenzaron a pelear porque… porque así es esto…Yo lo que sé es que el Chapo les metió gente, o sea no respetó el pacto él. Les empezó a meter gente que mataba gente y era la gente de él pero él decía que no. Y hablaban, y hablaban, y hablan, eso sí muchas juntas, pero eso nunca se arregló. Porque no estaban de acuerdo que… pues la gente de abajo es la que me decía que no, y se peleaba la gente de abajo, la gente del Chapo con ellos y así comenzaron a pelear.
El tema central de este segmento de la entrevista es precisamente cómo se frustran los intentos de llegar a un acuerdo que podría ser económicamente benéfico para todos los involucrados y reducir los costos en armas y vidas. Las envidias, la falta de correspondencia entre palabras y acciones, y la tendencia natural a la rivalidad son temas recurrentes. Pero hay aquí otras explicaciones que importa resaltar. La Barbie explica que los que se peleaban y no estaban de acuerdo eran la gente de abajo. Esta explicación sugiere un grado importante de descentralización en el interior del Cartel de Sinaloa, que coincide con el modelo de concesión de plazas. La guerra que se suscita es en cierta medida una guerra subsidiaria o por proxy, en la que se traslapan varios campos de acción simultáneos; los conflictos locales se añaden a los conflictos regionales y viceversa. El grado de centralización varía de una organización a otra y se relaciona con el grado de cohesión identitaria de los grupos y con la distribución de la sospecha. La Barbie dice que el Chapo fue el primero en romper el acuerdo, pero insiste en que, aunque su acuerdo con ellos hasta la fecha se mantiene, los Zetas son siempre sospechosos:
¿Cuando muere Arturo Beltrán se complica más la situación?
No, ya estaba.
¿Son un peligro los Zetas para ustedes?
Pues sí porque no respetan ellos, pues la verdad son mugrosos, se me hace que ni su mamá los quiere.
Todos los grupos se reprochan entre sí no tener palabra y no respetar los acuerdos, pero con los Zetas se hace de una manera particular, es una modalidad distinta de sospecha. La Barbie no atribuye el hecho de que los Zetas no respeten o no cumplan los acuerdos a circunstancias particulares –una envidia, por ejemplo, como con el Chapo–, sino a su naturaleza, una característica permanente de su identidad. Los Zetas son así, por mugrosos. ¿Qué señala aquí el apelativo de mugrosos? ¿Por qué la palabra zeta como signo condensó todo lo repudiable, maligno y sanguinario, todo aquello que debía ser exterminado por otros grupos y por el gobierno mismo?
Los Zetas son el ejemplo más claro de la privatización de la violencia estatal. Los catorce miembros fundadores, la llamada ‘primera generación’, fueron en su mayoría desertores del Ejército, a los que se unieron después miembros reclutados sobre todo entre pandillas urbanas. Los miembros iniciales eran también en su mayoría originarios de estados del sur de México, con rasgos físicos más indígenas: hay una dimensión racial velada en el término mugrosos. Pero además ser del sur implicaba que no estaban en su tierra, tenían pocos vínculos con la población de los lugares que controlaban, que en un principio fue el noreste. A diferencia de, por ejemplo, la Familia Michoacana o el Cártel de Sinaloa, la identidad de los Zetas no se sostuvo en la exaltación de un regionalismo. Eran en ese sentido un grupo de desterrados, una organización estrictamente nacional, nómadas. Sustituir los nombres y apodos individuales con letras y números contribuyó a crear un efecto burocrático, pues estos remiten una estructura de puestos ocupados por individuos intercambiables. La figura del zeta como presencia desarraigada que podía estar en cualquier estado de la república, asociada a un perfil racial, y como encarnación de la violencia más siniestra, ha justificado también las formas más crueles de represión estatal. De acuerdo con lo que la fiscalía de Veracruz ha dejado saber, la policía estatal albergó una Fuerza Especial conocida como Los Fieles, también formada por ex militares, que entre 2013 y 2016 llevó a cabo la desaparición forzada de por lo menos 15 personas. El procedimiento es revelador: se detenía arbitrariamente a sospechosos de ser Zetas, se les torturaba para extraerles “información” sobre el grupo, se les amenazaba, violaba, asesinaba, y luego se desaparecían sus cuerpos. O sea, se exorcizaba en los sótanos de la policía al Zeta que todo joven moreno y humilde lleva dentro y se desaparecía su cuerpo para que no contaminase los panteones nacionales.
A pesar de que los Zetas se convirtieron en la encarnación de todo lo que debía ser eliminado, el modelo de organización delictiva militarizada que los caracterizó, lejos de ser una anomalía, se volvió común a prácticamente todos los grupos. Las milicias reclutadas entre ex militares, ex policías, pandilleros, migrantes o simplemente jóvenes con un gusto por las armas y las drogas se volvieron una verdadera clase trabajadora de la violencia de la que todos echaron mano. A medida que se fortalecieron las identidades grupales –con toda la parafernalia de nombres, insignias, uniformes y música que ahora vemos–, también se consolidaron las formas colectivas de sospecha y enemistad. Esto no desplazó las formas tradicionales de identidad regional, linaje y asociación por parentesco; al contrario, en algunos casos estas se han fortalecido, pero se volvieron la prerrogativa de una élite de capos y dueños de los medios de producción de la violencia, los señores, como se ha vuelto común llamarles. Menos de diez años bastaron para que nacieran linajes locales, alimentados en parte por el duelo de todos los que han muerto en estos años.
Vuelvo al ejemplo de Altar, Sonora. Entre 2010 y 2017, se sucedieron cuatro dueños de la plaza y jefes de sicarios: el Paletero, el kb, el 15 y el Cazador. En 2010, se dio un conflicto territorial contra los Gilos, un grupo rival atrincherado en Sáric que se decía había conseguido el apoyo de los Zetas para disputar un segmento de frontera entre Sáric y Nogales. Al mismo tiempo el Paletero, un narcotraficante de Caborca, impuso por primera vez el sistema de cuotas a migrantes, formó un grupo de sicarios locales y se convirtió en el primer dueño de la plaza de Altar. En enero de 2013, un día después de un enfrentamiento con el Ejército en Pitiquito, se encontró el cadáver del Paletero envuelto en cobijas a la orilla de la carretera. Lo sucedió el kb, que tampoco era originario de Altar, ni de Sonora: era de Jalisco, y él también operó por medio del jefe de sicarios local, que en ese tiempo era el 15. Pero en 2014 el 15 estrelló un carro de carreras contra un muro en pleno centro del pueblo, exactamente una semana después de haber enterrado a su hija, que había sido atropellada accidentalmente. Tenía 27 años. Al poco tiempo se supo que el kb había sido asesinado al salir de un bar en Guadalajara. Y fue así que se estableció el Cazador, hermano mayor de el 15, tanto como jefe de sicarios como dueño de la plaza.
A pesar de la cortedad de sus vidas y mandatos, y de las diferencias iniciales entre foráneos y locales, estos cuatro capos lograron constituirse como un linaje en parte gracias a que los unían lazos de compadrazgo. Esta institución social permite justamente establecer vínculos de obligación mutua en poco tiempo y sin necesidad de conexiones previas. La continuidad del puesto y la idea de linaje se consolidaron también por medio de narraciones locales y sobre todo de corridos, que se producen y consumen localmente y que dan cuenta de estas sucesiones. Esta nueva generación de capos y sicarios jóvenes se caracteriza por haber tenido una experiencia directa de la muerte: todos han matado y a todos les han matado personas cercanas, todos de alguna manera están en duelo. Es significativo que cada uno de los corridos de los cuatro jefes de Altar menciona la muerte de un ser entrañable, un hermano o un compadre que ya está muerto. Esto no era el caso en los corridos de contrabando tradicionales, pero se ha vuelto casi una regla del género.
De momentos tristes no me quiero ni acordar
pero a mi hermanito en mi mente lo he de llevar,
ahora me he quedado aquí en el mando en su lugar
y lo hice mi compadre como al kb que por cierto ya no está.
“Así corre el agua”, Los Minis de Caborca.
Importa porque aquí se ve ya cómo la figura del jefe y sus plebes, o sicarios, se sacraliza con la muerte de los que vinieron antes. Hay ya una incipiente elaboración de la muerte como sacrificio –como regalo, como ofrenda, como fuerza creadora–, y cada vez menos una idea puramente instrumental de la violencia –la muerte como el costo de obtener un objetivo secular–. Pocas cosas, quizá ninguna, tienen la capacidad de la muerte y la sangre derramada para gestar mitos y sellar emocionalmente el sentido de pertenencia a un grupo: un clan, un ejército, una nación. Como recuerda Sánchez Ferlosio: no es que los dioses estén en el cielo y que por eso les hagamos sacrificios, es que los hemos puesto en el cielo a base de sacrificios. Cada mes de enero para conmemorar la fecha en que su hermano el 15 se inmoló, el Cazador detona un arma calibre 50 que se oye en todo el pueblo.
Quizás el efecto más serio y profundo del desmantelamiento del nacionalismo posrevolucionario es que la Nación perdió, para bien o para mal, la capacidad de reclamar para sí la sangre derramada y redimirla como sacrificio, perdió así la capacidad de definir a sus sujetos y regresarles una imagen que los identifique y defina socialmente como miembros de un todo más amplio. El duelo colectivo se fragmentó entonces en una multitud de panteones locales, que se definen en oposición a la Nación, y que se volverán tanto más sagrados cuanto más sangrienta sea la violencia estatal. En el noreste de México hay todo un género de videos q.e.p.d. (que en paz descanse) que conmemoran con fotografías y canciones de rap las acciones de los sicarios del Cartel del Golfo o de los Zetas recientemente abatidos. Esta fue escrita para Pedro Fernando Pérez, apodado la Muñeka.
Te recuerdan tus amigos y toda la compañía
desde arriba sé que cuidarás a los de abajo
a los sicarios que con mucho orgullo honran su trabajo
a los que estuvieron contigo en las buenas y en las malas
sé que tú estarás con ellos esquivándoles las balas.
Se nos fue
el carnalito de la Letra
que nunca soltó su metra
pero esto así es
hoy te puedo ver
pero mañana no sé
Te recordaré
en las buenas y malas
por culpa de unas balas
tu cuerpo no es nada.
La Muñeka, q.e.p.d., Topon, 2014.
Avatares de un cronotopo: El ejido en el fin del orden posrevolucionario
Antonio Azuela
Introducción
El ejido es, sin lugar a dudas, la institución más emblemática del México posrevolucionario. No solamente fue el espacio donde se estabilizó la relación entre los campesinos y el Estado durante un largo periodo, sino que llegó a sintetizar una idea de futuro deseable para varias generaciones; una especie de versión nacional de la economía mixta y el estado de bienestar para el mundo rural. A principios de los años noventa, parecía que llegaba a su fin por una reforma en su régimen jurídico. Al menos para la izquierda universitaria, esa reforma liquidaría al ejido por la vía del mercado. El pronóstico estaba equivocado, pero expresaba una sensación de fin de época que vale la pena reconocer.
Es verdad que el ejido, junto con su hermana mayor, la comunidad1, está lejos de haber desaparecido. No solamente ocupa más de la mitad del territorio nacional, sino que se ha convertido en el objeto y el escenario de disputas cada vez más agudas. En el terreno simbólico está sujeto a un proceso de resignificación cuyos perfiles aún no acaban de aclararse; pero es en el terreno material en el que se libran las mayores batallas, sobre todo por los recursos naturales y culturales asociados a lo que hace cien años no era más que una condición para la producción agropecuaria y la justa distribución de la tierra.
En las páginas que siguen intento explicar en qué consiste este fin de época del ejido, como parte del “largo proceso de disolución del régimen de la Revolución Mexicana” al que este libro está dedicado. Se trata de observar tanto la dimensión simbólica como la dimensión material del ejido y, en particular, esa combinación de elementos viejos con rasgos emergentes que no cabe en la periodización de un solo antes y un solo después. Sobre todo, se trata de evitar esa mirada que cree ver en los cambios del ejido un simple despliegue, de lo nacional hacia lo local, de transformaciones surgidas en el seno del Estado, como si este fuese una entidad separada de la sociedad, cuando el ejido es un espacio de acción colectiva que, desde lo local, contribuye a la formación y a las transformaciones del propio Estado. Y no es que en esto el ejido tenga nada de particular. Es que, como toda forma de propiedad, es parte del arreglo territorial del Estado que hace posible su reproducción.
Para examinar al ejido resulta irresistible la tentación de utilizar la idea del cronotopo, que viene de los estudios literarios (Bakhtin, 1981) y que ha sido recuperada por la antropología para capturar, en el análisis de una institución o un hecho social cualquiera, las dimensiones temporal y espacial como una unidad indisoluble. Aquí resultan particularmente inspiradores los textos de Mariana Valverde, que no solamente ha hecho un uso muy sugerente de la idea de cronotopo para el análisis del espacio urbano, sino que ha argumentado de manera muy convincente sobre la necesidad de reconocer la dimensión espaciotemporal (y no solamente la espacial) en el campo de la geografía jurídica (Valverde, 2014).
Así, en la primera parte del texto abordo la dimensión temporal de la idea del ejido y para ello examino la forma en que la idea misma del ejido ha circulado en el espacio público mexicano desde su adopción en la legislación revolucionaria y en la Constitución de 1917 hasta nuestros días. Ese análisis está íntimamente relacionado con, pero debe distinguirse de, el análisis del ejido como institución jurídica. Mientras el análisis de los juristas toma como su objeto a los discursos que se reconocen como enunciados relevantes dentro del sistema jurídico, o sea el texto mismo de la ley, la jurisprudencia o cualquier otra “fuente”, lo que aquí interesa es el discurso que circula en contextos sociales más amplios y que, en principio, tendría una mayor productividad social. Esta distinción supone reconocer que los ciudadanos por regla general no acceden a las instituciones jurídicas a través de la lectura directa de las fuentes del derecho, sino por las versiones que encuentran en su entorno inmediato o en el espacio público gracias a los intelectuales y otros intermediarios.2
La distinción entre esos dos tipos de discursos es pertinente por una razón más: cuando uno trata de averiguar, por medio de la bibliografía derivada de la investigación empírica, lo que ocurre en la vida real de los ejidos, se ve confrontado al hecho de que existe una inmensa variedad en el modo en que ellos se organizan, en sus formas de resolución de conflictos y en sus relaciones con las autoridades, por citar solo algunos aspectos (Torres-Mazuera, 2014). La salida obligada ante esa diversidad suele ser afirmar que lo único que tienen en común los aproximadamente 30 mil ejidos mexicanos es su régimen legal. Así, sólo en el orden jurídico habría una definición y un conjunto de normas aplicables a todos, aunque existan grandes diferencias en el modo en que tales normas son interpretadas, adoptadas, o bien, ignoradas, en la vida real de los ejidos.
Sin embargo, no es verdad que la de la ley sea la única definición de carácter general del ejido. Existen ideas sobre el ejido que circulan en contextos sociales mucho más amplios que los de los operadores del derecho. Esas ideas, que se convierten en un sentido común ampliamente compartido, en este caso sobre “el campo mexicano”, no necesariamente son las de los juristas. La distinción es importante no sólo porque a veces el discurso público (que puede convertirse en sentido común) choca con la definición que circula en el interior del campo jurídico, sino sobre todo porque la fuerza social de la idea del ejido radica en el modo en que se define, se critica o se defiende en diversos espacios sociales, en particular los de los intelectuales públicos, en la medida en que ellos tienen la capacidad de poner en circulación la definición correcta de casi cualquier asunto de interés público.
La segunda parte del texto aborda la dimensión espacial del ejido, la cual nos conduce a reconocer las transformaciones ocurridas en la relación entre el ejido y el territorio y que incluye dos grandes cuestiones: el proceso de urbanización y la intensificación de la presión por los recursos naturales presentes en los ejidos, así como la consecuente generalización de los llamados conflictos socioambientales. Este conjunto de transformaciones constituye la base material de los nuevos significados que esta forma de propiedad ha ido adquiriendo en el contexto de la disolución del hoy antiguo régimen; significados que, como iré mostrando, estamos lejos de comprender.
Un cronos que fascina.
Cuando nos preguntamos sobre la dimensión temporal del ejido en el discurso público posrevolucionario, encontramos que uno de los rasgos que lo definieron como forma de propiedad a lo largo del siglo xx se refiere precisamente a su temporalidad: me refiero al carácter inalienable de los derechos de propiedad otorgados a los campesinos como parte de la reforma agraria. Como es sabido, antes de la reforma neoliberal del 1992, los campesinos que habían sido dotados con tierra en la reforma agraria estaban legalmente impedidos para poner en venta sus tierras y eso era el rasgo más notable de ese régimen de propiedad: era para toda la vida. De hecho, una periodización que puede considerarse plausible del régimen ejidal toma como referente precisamente ese rasgo (Azuela, 2015). Así, podemos hablar de tres etapas en la historia del ejido después de la revolución mexicana: la del ejido provisional, la del ejido perpetuo y la del ejido voluntario, que constituyen tres regímenes de temporalidad que expresan cambios profundos en el significado de la propiedad campesina y su lugar en el mundo social mexicano.
La era del ejido provisional va de 1915 a 1934. Como se sabe, fue con la célebre “Ley del 6 de enero”, expedida por Venustiano Carranza en Veracruz, que inició el uso contemporáneo de la palabra ejido para designar la tierra que se distribuye entre grupos campesinos que carecen de ella (Kourí, s/f). Y desde el principio quedó claro que la tierra repartida tendría el “carácter de inalienable”. Lo que suele pasar por alto la narrativa que nos presenta al ejido como una institución intemporal, es que los intelectuales que concibieron las fórmulas jurídicas del reparto agrario veían esa inalienabilidad como un régimen transitorio3 y que ese fue el discurso público dominante sobre el régimen agrario por casi dos décadas. Según las teorías evolucionistas que prevalecían en esa generación, verbalizadas sobre todo por Molina Enríquez (Kourí, s/f) quienes recibían la tierra (por dotación o por restitución) pronto aprenderían las ventajas de la propiedad individual, incluida la capacidad para disponer de la tierra. Mientras tanto, había que mantener un régimen tutelar para protegerlos de la voracidad de los terratenientes y, desde luego, de su propia incapacidad. Más allá de calificar esas miradas de “paternalistas”, lo notable es el optimismo positivista que ellas expresaban: los campesinos se convertirían en productores independientes y capaces de utilizar el mercado a su favor, en el mismo horizonte temporal que la educación laica los llevaría a abandonar la religión. Las revueltas cristeras demostraron que la cosa no sería tan fácil; y la inalienabilidad tampoco resultó cosa de unos años.
Es difícil saber cómo se pasó a la etapa del ejido perpetuo, o sea en la cual la inalienabilidad garantizaría que el ejido existiría por siempre, idea que regiría por casi seis décadas, e incluso más allá de las reformas de 1992. La historiografía agraria no da cuenta de textos de intelectuales que hayan defendido el carácter inalienable del ejido como un rasgo permanente y ya no sólo como una solución provisional. Tenemos, a lo sumo, expresiones como la de Jesús Silva-Herzog que años después, refiriéndose a cómo apareció el tema en el Código Agrario de 1934, diría acerca de esto que para entonces “parecía que no había marcha atrás” (Silva-Herzog, 1964). Lo cierto es que para mediados de esa década había desaparecido del espacio público la idea de que ese era un rasgo provisional de la propiedad ejidal. Las primeras defensas de la inalienabilidad aparecen más de una década después, como reacción a los intentos de suprimirla en la administración de Miguel Alemán.4
No está claro, aunque suele darse por sentado, que la inalienabilidad haya sido el elemento más importante para asegurar la adscripción (subordinada) del campesinado en el orden político mexicano. Es posible que la eterna promesa del reparto de la tierra haya sido aún más importante para mantener la (des)movilización social en el campo durante tanto tiempo. En todo caso, lo que está fuera de duda es que, en la discusión pública sobre el ejido, el carácter inalienable de la propiedad fue lo que más atrajo la atención. Y fue también lo que dividió las opiniones. Si para los intelectuales cercanos al régimen, era uno de los grandes logros de la revolución, para los críticos liberales, que fueron marginales hasta los años ochenta, esa era precisamente la debilidad de nuestro régimen agrario.
Para mediados de siglo, las connotaciones de las teorías evolucionistas que veían a los campesinos como menores de edad ya eran indefendibles, por lo que se necesitaba una nueva justificación de la inalienabilidad, ya como rasgo definitivo de esta forma de propiedad. Lo que los intelectuales mexicanos construyeron para tal fin es el hecho más notable en la historia de las ideas sobre el ejido, ya que se trata de una tesis que tiene un claro sentido jurídico pero que en realidad se aparta por completo de lo que entonces sostenían la ley, la jurisprudencia y los juristas, pero que cumplió una función simbólica, que no ha desaparecido del todo, sobre el lugar del campesino en la sociedad mexicana. Esa tesis afirmaba algo muy simple: que la propiedad ejidal no era una verdadera forma de propiedad, sino que los campesinos eran meros poseedores de una tierra que “en realidad” era de propiedad nacional.
Si bien hay indicios claros de esa tesis desde principios de los cincuenta,5 ella aparece de manera notable en un congreso agrario de 1964, en el que Vicente Lombardo Toledano proclama con énfasis que la tierra ejidal es propiedad de la nación, a pesar de que un especialista en derecho agrario (Víctor Manzanilla Schaffer), intervino para tratar de convencerlo de que la tierra ejidal era propiedad de los campesinos. En su réplica, Lombardo no abandona su razonamiento a la Locke: si no pueden vender su tierra eso significa que no son verdaderos propietarios de la misma. Hoy en día su tesis se repite como un mantra.
Vale la pena insistir en que se trata de una definición sobre el carácter jurídico del ejido, defendida por intelectuales no juristas en contra de lo que decían no solamente los juristas6 sino sobre todo la ley y la jurisprudencia. Y es que los Códigos Agrarios de 1934, 1940 y 1944 incluyeron, todos ellos, la fórmula según la cual los núcleos agrarios eran propietarios de la tierra “con las modalidades” establecidas por la ley. Esas modalidades eran las famosas “tres íes”, o sea el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de la propiedad ejidal. La jurisprudencia tampoco tuvo problema en aceptar esa tesis.
La pregunta entonces es ¿qué se les jugaba a los intelectuales con la creencia de que la tierra ejidal era de la nación y no de los campesinos, a pesar de que todo el campo jurídico definía al ejido precisamente como una forma de propiedad? La hipótesis que sugiero es que existía la necesidad simbólica de un sistema de intercambios entre el campesino y “la nación” (representada, obviamente, por los propios intelectuales7). En ese intercambio, al recibir la tierra los campesinos se convierten en detentadores de algo que nos pertenece a todos. No es la propiedad profana que se puede vender, es la que tiene un significado especial porque es de todos nosotros.
Así, la prohibición de vender la tierra es el dispositivo que une simbólicamente al campesino con la nación. El tiempo del campesino es el tiempo de la nación y la forma de mantener vivo el vínculo entre ellos es la inalienabilidad de la tierra. Antes, en la etapa del ejido provisional, no podía vender su tierra porque no era suficientemente maduro, pero eso era una condición temporal; para los años treinta esa prohibición había cambiado de sentido y se había convertido en el fundamento del vínculo que lo une con la nación para siempre: es esa la lógica de la era del ejido perpetuo. No en balde esa que es la definición, digamos, clásica del ejido mexicano se consolida a mediados del siglo xx, o sea en el punto más alto en la legitimidad del estado posrevolucionario.
Desde luego, estamos hablando de ideas sobre el ejido que circulaban entre los intelectuales, no forzosamente entre los ejidatarios. Se sabe que siempre existieron mercados (que hoy llamamos informales) de tierra ejidal, no sólo en las periferias urbanas sino en el mundo rural, entre campesinos. También se sabe que esas ventas fueron sistemáticamente toleradas por las propias comunidades y casi nunca fueron sancionadas por las autoridades. Los ejidatarios podían pensar que, como decían la ley y los jueces, la tierra era de su propiedad. Pero para los intelectuales el arreglo era otro y sólo tenía sentido si la tierra era vista como propiedad de la nación; una invención jurídica producto de una necesidad simbólica. Y es interesante también que la invención haya tenido un éxito tan grande8 a pesar de que contradecía lo que explícitamente proclamaban la ley, la jurisprudencia y los juristas. Ahora que el estado de derecho es una preocupación tan sentida, uno se pregunta si sería posible contradecir a los juristas en algún tema central de la vida pública.
Que la inalienabilidad de los derechos ejidales no es un mero tecnicismo y que tenía algo de sagrado se hizo evidente cuando llegó a su fin, como parte de las reformas neoliberales de 1992 y se inició lo que Martín Díaz y Díaz llamó “la era del ejido voluntario”, que es precisamente la última fase de nuestra periodización. La transformación del régimen agrario tuvo dos componentes principales: el fin del reparto agrario y la posibilidad de que, con autorización de las asambleas de los ejidos, sus miembros pudiesen “asumir el pleno dominio” de sus parcelas y disponer de ellas libremente. La propiedad no dejó de ser inembargable e imprescriptible pero ya no era inalienable y todavía hoy se puede ver en muchos comentarios que la reforma se vivía como una profanación. Lo que en los años siguientes a la revolución aparecía como algo provisional se había convertido en uno de los íconos del pacto social de la posrevolución. El tiempo perpetuo de la inalienabilidad era suplantado por el tiempo incierto del mercado.
Mucho puede decirse de esta nueva era. De entrada, a pesar de lo que muchos vaticinaron, dos décadas después de la reforma no se produjo nada parecido a la extinción del ejido. De hecho ahora hay más ejidos que hace veinte años y ellos cubren una superficie mayor.9 Pero acaso lo más relevante sea el poder territorial que, a contrapelo del municipio y otras instancias estatales, ejerce el ejido hoy en día y que han llevado a algunos a caracterizarlo como un cuarto nivel de gobierno (Melé, 2011). El asunto no es despreciable cuando se recuerda que entre los ejidos y las comunidades cubren casi 54 por ciento de la superficie del país, en ellos habita casi toda la población rural y gran parte de la biodiversidad terrestre. En ese contexto, adquiere un significado especial el objeto de este ensayo, o sea las ideas que circulan sobre el ejido. Son tres los rasgos más destacables en esta nueva era: primero, ya no existe una idea hegemónica sobre lo que es (o lo que debe ser) la propiedad campesina. Es verdad que siempre hubo críticas de corte liberal a las instituciones agrarias de la posrevolución, pero estas eran marginales en el contexto de la hegemonía priista.10 Por su parte, la izquierda (que en los años setenta denunciaba la subordinación política de los campesinos y no la forma ejidal como tal) terminó siendo el principal espacio de la defensa de la inalienabilidad. En cambio, para los años noventa el sentido común neoliberal ya ocupaba franjas importantes de la opinión pública y era el punto de vista desde el cual el ejido aparecía en una temporalidad opuesta a la del ejido perpetuo, como un “resabio del pasado”. Mientras unos piensan que hay que respetar el derecho de aquellos a disponer libremente de su tierra, otros sostienen que el vínculo perpetuo con la tierra es lo que da sentido a sus derechos de propiedad. En otras palabras, en esta nueva era el ejido está sujeto a discusión.
El segundo rasgo de la era del ejido voluntario consiste en que la inalienabilidad, a pesar de haber desaparecido del régimen legal del ejido, se sigue defendiendo como un valor positivo en amplios sectores de opinión. Acaso la muestra más clara de ello sea la popularidad del lema “la tierra no se vende, se quiere y se defiende”, que nació en 2001 al calor del movimiento en contra de la expropiación de terrenos para la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, y que sigue inspirando consignas de movimientos similares. El asunto no es trivial, en la medida en que crece la conflictividad social por recursos naturales. Como se verá enseguida más allá del mundo de las ideas, la lucha por la tierra ha dado paso a la lucha por un mucho más amplio de recursos.
En todo caso, no importa que el ejido ya no sea inalienable desde el punto de vista jurídico, el discurso de la inalienabilidad sigue apareciendo en su forma más clásica. Así, al calor del conflicto por el aeropuerto un columnista escribiría que los campesinos de Atenco
“…una y mil veces han repetido frente a las amenazas que no es cuestión de dinero y sí de la esencia misma de su vida, de su existencia no como economía o caridad sino como existencia de mexicanos. Es el México profundo que los poderosos jamás extinguirán”. (Horacio Labastida en La Jornada, 19 de agosto, 2002, cursivas nuestras).
Pero además de esos dos públicos, claramente enfrentados por su forma de definir al ejido, surge una tercera mirada que se deslinda tanto de la inalienabilidad como rasgo esencial, como del sesgo individualista de la postura liberal. Es la mirada de la sustentabilidad, que en su versión comunitarista ha encontrado en el ejido nada menos que la clave para el futuro de la humanidad. Gracias al neoinstitucionalismo (y en particular a Elinor Ostrom), ya no hace falta un “compromiso histórico” de los campesinos para no abandonar su tierra, o su lealtad a la nación. Con un buen arreglo institucional (reglas claras acordadas por individuos racionales) será posible asegurar un uso sustentable de los recursos naturales sin recurrir a la propiedad individual. De ese modo, el ejido adquiere una nueva justificación y, sobre todo, una nueva temporalidad. No son ya los tiempos de la nación sino los del planeta. Aunque siempre pueda venir un aguafiestas a recordarnos que son muy pocos los ejidos que cuentan con una riqueza biológica notable y que en esta nueva mirada se está dejando fuera al México “cerealero” de Molina Enríquez (así como al México ganadero del norte), lo cierto es que el discurso de la sustentabilidad representa un impulso nuevo e inesperado para la propiedad corporativa en el campo mexicano.
Darmowy fragment się skończył.
