Czytaj książkę: «La deuda defraudada»
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© Instituto Nacional de Cultura, 1987
© Alfonso W. Quiroz, 1987
© Herederos de Alfonso W. Quiroz, 2020
De esta edición:
© Universidad del Pacífico
Jr. Gral. Luis Sánchez Cerro 2141
Lima 15072, Perú
LA DEUDA DEFRAUDADA. CONSOLIDACIÓN DE 1850 Y DOMINIO ECONÓMICO EN EL PERÚ
Alfonso W. Quiroz
2.a edición: agosto de 2020
Diseño de la carátula: Ícono Comunicadores
Ilustración de la carátula: «¡Qué mamada!», caricatura publicada en Lima en el año 1855 en una colección de caricaturas que lleva por título Adefesios, colección por un cándido. La ilustración fue recuperada gracias al servicio de reproducción digital de la Biblioteca Nacional del Perú.
Tiraje: 150 ejemplares
ISBN: 978-9972-57-447-4
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2020-04819
BUP
Quiroz, Alfonso W.
La deuda defraudada: consolidación de 1850 y dominio económico en el Perú / Alfonso W. Quiroz. -- 2a edición. -- Lima: Universidad del Pacífico, 2020.
246 p.
1. Deuda pública -- Perú -- Historia -- Siglo XIX
2. Guano -- Aspectos económicos -- Perú -- Siglo XIX
3. Perú -- Condiciones económicas -- Siglo XIX
I. Universidad del Pacífico (Lima)
336.34 (SCDD)
La Universidad del Pacífico no se solidariza necesariamente con el contenido de los trabajos que publica. Prohibida la reproducción total o parcial de este texto por cualquier medio sin permiso de la Universidad del Pacífico.
Derechos reservados conforme a Ley.
Índice de tablas y figuras
Tabla 1. Cambio y permanencia de los dueños de propiedades rurales de la costa central, 1820 y 1839
Tabla 2. Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1841-1843 (en pesos)
Tabla 3. Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1852, 1853, 1855 (en pesos)
Tabla 4. Relación de personas que recibieron mayor cantidad de vales de consolidación, las cantidades convertidas y amortizadas, y la ocupación o actividad de dichas personas, 1850-1854 (miles de pesos)
Tabla 5. Individuos importantes que recibieron entre 30 999 y 10 000 pesos en vales
Tabla 6. Distribución porcentual de la deuda reconocida por cantidades recibidas
Tabla 7. Comparación de las cifras oficiales de consolidación con las de Casós
Tabla 8. Composición de las actividades económicas de 126 poseedores de vales de consolidación, 1850-1852
Tabla 9. Cifras globales de la consolidación (en pesos y reales)
Tabla 10. Amortizaciones y pago de intereses en pesos y reales durante los Gobiernos de Castilla (primero y segundo) y de Echenique, 1850-1862
Tabla 11. Funcionarios y comerciantes que negociaron con vales tachados por fraudulentos
Tabla 12. Alza de precios en porcentajes, 1847-1860
Tabla 13. Evolución del jornal real en Lima, 1849-1869
Tabla 14. Distribución por ocupaciones de la fuerza laboral de Lima en 1857
Tabla 15. Propiedades del mayorazgo y testamentería Carrillo de Albornoz, 1817
Tabla 16. Principales indemnizados por la manumisión de esclavos en 1855
Tabla 17. Nuevos propietarios de los vales de manumisión en 1857
Tabla 18. Cotización de los vales consolidados, 1849-1865
Tabla 19. Mayores acreedores en vales de consolidación hacia el año 1857
Tabla 20. Clasificación de los valores y acciones de Pedro Gonzales Candamo, año 1866
Tabla del apéndice 1. Precios promedios anuales de artículos de primera necesidad, 1847-1865 (en reales)
Figura 1. Evolución del promedio anual de precios, en reales, de artículos de primera necesidad, 1847-1865
Figura 2. Fluctuación del promedio anual de precios, en reales, de artículos de primera necesidad, 1847-1865. Escala semilogarítmica
Siglas usadas
AGN Archivo General de la Nación
ABPL Archivo de la Beneficencia Pública de Lima
AHRA Archivo Histórico Riva Agüero
BMNH Biblioteca del Museo Nacional de Historia
BN Biblioteca Nacional
Prefacio
Abro la primera página, miro la fecha (9-1-88), y leo la siguiente dedicatoria escrita de su puño y letra: «Para Felipe Portocarrero S., con la amistad que nos une y el amor al conocimiento de nuestra realidad». El libro lleva como título La deuda defraudada. Consolidación de 1850 y dominio económico en el Perú (1987), y había sido dedicado a su madre y publicado unos meses antes por el Instituto Nacional de Cultura. Con la asesoría de Heraclio Bonilla y gracias a las interminables discusiones que mantuvo con Paul Gootenberg, Alberto Flores Galindo, Félix Denegri Luna, Franklin Pease y Pablo Macera, dio a luz una formidable tesis. Una tesis que le permitió graduarse como bachiller en historia y cuyos notables méritos hicieron que se transformara en el primero de una larga lista de libros publicados.
En sus páginas ya se podía percibir la solidez del trabajo de archivo, la profundidad del análisis y la originalidad en la interpretación de ese rico –y, con frecuencia, inédito– acervo documental que con dedicación y esfuerzo siempre lograba recolectar en sus investigaciones. Desde esta época ya se sentía un «revisionista» en el mejor sentido del término. Alguien que buscaba ir contra la corriente, se oponía a los lugares comunes y trascendía de tal manera las generalizaciones históricas que, todavía en esos años y pese a la existencia de nuevas evidencias documentales, esterilizaban el espíritu crítico y obstruían el avance de la historiografía peruana.
Pero es en la elección de las grandes preguntas que vertebran su tesis donde late el asunto de fondo que se convertiría en la apasionada obsesión académica de su vida: la endémica y casi omnipresente corrupción que podía encontrarse en el Perú a lo largo de toda su historia. Una corrupción que no solo generaba gigantescos despilfarros fiscales al aprovechar bonanzas efímeras como las del guano, sino también la persistencia de prácticas públicas y privadas que consideraban al Estado como un botín. ¿Quiénes eran esos nuevos ricos? ¿Hacia qué sectores de la economía canalizaban sus excedentes? ¿Cómo obtuvieron esos sorprendentes beneficios fiscales? Su detallada reconstrucción de los hechos históricos, narrados con una prosa limpia y sin concesiones, muestra al lector la lógica perversa que erosionaba irremediablemente los fundamentos éticos sobre los que se estaba construyendo la república. Igualmente, su relato hace visible la desnuda ausencia de escrúpulos morales entre los funcionarios públicos de la época y la insaciable avidez de enriquecimiento material que exhibía la élite económica peruana en la segunda mitad del siglo XIX.
Desde luego, cuando escribió su tesis nadie podía anticipar la enorme relevancia nacional (e internacional) que esta problemática terminaría por adquirir casi tres décadas más tarde. Pero, miradas las cosas en retrospectiva, hubo en ese trabajo la semilla de una poderosa intuición que encontraría en Corrupt Circles (2008) y en su versión en español, Historia de la corrupción en el Perú (2013), la culminación de sus mejores empeños académicos y de una línea de investigación que solo su temprano fallecimiento a los 56 años fue capaz de detener.
Alfonso W. Quiroz fue, no tengo la menor duda, el más brillante y prolífico historiador económico que ha tenido el Perú en el último siglo. Ninguno de aquellos jóvenes idealistas que ingresamos a la Pontificia Universidad Católica del Perú en la temprana década de los 70 –integrantes de la «generación de la crisis», como a él le gustaba llamarnos–, encarnó mejor que Alfonso la disciplina y concentración para el duro trabajo de archivo, para el rigor conceptual y para la enorme creatividad que demostró en sus investigaciones.
La reedición del libro que el lector tiene entre sus manos constituye un homenaje a su trayectoria vital e intelectual, pero también representa un recordatorio de la importancia que tiene la historia como una fuente viva de aprendizajes para las sociedades contemporáneas, sobre todo en un país como el nuestro, que suele caminar dándole la espalda a su pasado.
Felipe Portocarrero Suárez
Jesús María, mayo de 2019
Prólogo
La deuda defraudada fue el primer libro de Alfonso Quiroz, a quien conocí como compañero de estudios en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De hecho, el texto de dicho libro fue su tesis de bachillerato en 1980, aunque hoy bien podría haber servido sobradamente para titular a un doctor. Pero así discurrían las cosas en el país de las letras hace algunas décadas y Alfonso se caracterizó por dar siempre más de la medida, sobre todo cuando de trabajo intelectual se trataba. El libro fue publicado en 1987 por el Instituto Nacional de Cultura, convertido hoy en el Ministerio de Cultura, y le dio a su autor un temprano y justo reconocimiento cuando apenas había llegado a los treinta años.
El trabajo enfocó el tema de la consolidación de la deuda interna del Perú durante la era del guano. Se trataba de la deuda pública que el Estado mantenía con ciudadanos peruanos o personas residentes en el Perú por distintos conceptos, tales como préstamos no cancelados, expropiaciones no indemnizadas o salarios no liquidados. Se diferenciaba de la externa en tanto podía cancelarse en moneda nacional y bajo las leyes peruanas. Durante la guerra de Independencia y en los años posteriores hubo un gran desorden fiscal, contable y financiero. Apremiado por gastos urgentes, el Estado se financió de la forma más primitiva: embargando bienes a los particulares o tomando préstamos en condiciones gravosas. Sin poder afrontar estos pagos, la deuda quedó en suspenso desde 1826. Cuando llegó la hora de las vacas gordas del guano, la presión de los atribulados acreedores, y la idea de que era justo y necesario reconocer y cancelar dicha deuda, dio paso a la operación llamada «consolidación» de la deuda interna, que implicaba ordenarla bajo una misma ley y con una misma denominación monetaria y tasa de interés.
Los historiadores de la República se referían por entonces al tema de la consolidación de la deuda en los años del guano como si estuviera envuelto en un grave escándalo de corrupción y desorden, pues se pensaba que había servido de fuente (fraudulenta) de fortuna de los grupos económicos privilegiados de la era posterior. Pero no existía una monografía que distinguiera la historia de la leyenda, y todos seguían hablando del «fraude» de la consolidación como si se tratara de un estribillo. Y los expedientes para estudiarla estaban a mano en el Archivo General de la Nación, aunque se trataba ciertamente de unos gruesos y enormes volúmenes que intimidaban al más corajudo. Esos libros contenían los expedientes de reconocimiento de la deuda y la contabilidad de los pagos. Eran una maraña de nombres de personas, documentos y cantidades, cuya identidad y lógica había que establecer mediante un estudio paciente de las leyes y los manejos de la hacienda pública de la época.
Alfonso hizo el trabajo solo, sin asistentes que hiciesen la labor de hormiga, lo que resulta admirable para una época en la que no existían computadoras personales ni la posibilidad de reproducir los documentos con un clic. Había que hacer las cuentas in situ con una calculadora y los gráficos se dibujaban a mano sobre papel milimetrado. Dicha investigación fue uno de los primeros trabajos sólidos sobre la historia económica y política del siglo XIX, y permitió ir más allá de las frases crípticas de Jorge Basadre acerca de una «prosperidad falaz», o las alusiones vagas a una carencia de élite dirigente o de consciencia nacional a las que nos habían acostumbrado los intelectuales de los años setenta.
Para acogerse a la ley de 1850, dictada por el Gobierno de Ramón Castilla, los acreedores del Estado debían llevar los documentos que probaban su acreencia o, en su defecto, presentar testigos. La ley no fue exigente con las pruebas porque en los años de guerra, que corrieron hasta 1826, no siempre se firmaron los documentos en regla o se tomaron las precauciones que dicta la seguridad de los negocios públicos. Esta facilidad dio pie a muchos reconocimientos fraudulentos, facilitados en parte por la venalidad de los funcionarios que analizaban los expedientes. En su folleto La orjía [sic] financiera del Perú, que Arnaldo Márquez publicó en Santiago de Chile en 1888, este dio cuenta de varios casos de fraude; y reseñó cuán bien fue aprovechado el excedente de papel sellado de la década de 1820, que aún existía en las notarías, para fabricar documentos que probasen falsas acreencias. Quienes conseguían la aprobación de sus expedientes, recibían bonos o títulos de la deuda consolidada, llamados «vales», que ganaban un interés que iba creciendo mientras demorase su amortización o pago.
Alfonso distinguió, sin embargo, dos clases de acreedores: unos, a quienes llamó en el libro «los marginados», que fueron hacendados o mineros del interior, o sus descendientes, quienes sufrieron exacciones forzadas por parte de los ejércitos de la Independencia o de los caudillos que vinieron luego bajo la forma de animales, esclavos, cosechas o dinero; y otros, que fueron los «privilegiados prestamistas», quienes –de modo semejante a los «agiotistas» de México– prestaban sumas de dinero al Estado, pero –con mayor poder de su lado– reclamaron garantías del fondo de arbitrios, la Casa de Moneda o los fondos de las aduanas. Aparte de esta distinción entre los acreedores, la investigación de Alfonso encontró que los vales o títulos de la deuda consolidada se repartieron entre 2000 personas, lo que representaba ciertamente un grupo pequeño para el reparto de los 24 millones de pesos, que fue el fondo que al final montó la deuda interna reconocida. Esto era tanto como cuatro presupuestos de la República de aquel entonces.
Los vales no se repartieron de forma igualitaria entre los acreedores, sino, naturalmente, de acuerdo a la cantidad que cada uno pudo probar que se le debía. De los 2000 acreedores, 1500 recibieron menos de 5000 pesos. Habría que aclarar, sin embargo, que en aquel tiempo el salario mensual de un empleado de mediana jerarquía era de solo unos 100 a 150 cincuenta pesos, y que con 5000 pesos se podía llegar a comprar una vivienda, si bien algo modesta. Asimismo, un grupo selecto de 126 personas recibió vales de 31 000 o más pesos. ¡Esos sí que la hicieron! Hubo quienes recibieron un millón de pesos o sumas similares, como los familiares de Simón Bolívar, la señora Ignacia Novoa –viuda de Arredondo–, Fernando Carrillo de Albornoz, Felipe Coz y Gregorio Videla. Por último, un número de 43 personas recibió sumas mayores a los 100 000 pesos.
La investigación de Alfonso da cuenta, además, de que, como los bonos o vales eran al portador, rápidamente se creó un mercado en el que los más apurados por el dinero los vendían a quienes podían darse el lujo de esperar y, probablemente, disponían de mejor información acerca del pago de los intereses y la amortización. Los que recibieron menores montos (los «marginados», digamos) muy probablemente vendieron vales a los más acaudalados (los «privilegiados prestamistas»), lo que habría acrecentado todavía más la concentración de la riqueza.
Resulta interesante revisar la lista de los «consolidados». Prácticamente no hay persona importante en el mundo de la política o la economía del siglo XIX que no esté ahí presente. Generales y presidentes del momento o del futuro, como José Rufino Echenique, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Miguel San Román o Juan Crisóstomo Torrico; empresarios y comerciantes como Francisco Quirós, Nicanor González o Pedro González Candamo; obispos como Manuel Teodoro del Valle; sabios, como Mariano de Rivero… La galería es impresionante. De hecho, con aquel grupo de 126 personas, que formaron el núcleo más favorecido con la consolidación de la deuda, Alfonso hizo un estudio de biografía colectiva, identificando sus nombres, oficios y procedencia. Se trató principalmente de comerciantes, hacendados y funcionarios públicos (entre estos, mayormente se trató de militares). Rastreó qué hicieron con el dinero recibido de la consolidación y encontró que no todo fue despilfarro, como rezaba la leyenda. Algunos invirtieron en tierras, en sanear las deudas que aquejaban a sus fundos o en ampliar sus negocios. De tal inversión surgiría más tarde el auge del azúcar y el algodón que permitió al Perú aprovechar los trastornos del mercado de dichos productos, con ocasión de la Guerra Civil en los Estados Unidos y la Revolución cubana de 1868.
Sin embargo, Alfonso tituló el libro La deuda defraudada. En parte, creo que fue un tributo a su maestro Heraclio Bonilla, quien había dirigido la tesis. Junto con otros autores, como Ernesto Yepes y Julio Cotler, Heraclio había esgrimido en los años setenta la tesis de la falla de la burguesía como un elemento clave del «problema nacional» y del fracaso en el desarrollo económico. ¿Por qué, a pesar de haber contado con la riqueza del guano, el Perú no pudo impulsar su crecimiento económico en el siglo XIX como las grandes naciones del mundo? La tesis de estos autores era que ello había ocurrido debido a que la élite peruana beneficiada con la riqueza guanera no pudo convertirse en burguesía; vale decir, no pudo hacer la transición de una oligarquía de comerciantes y hacendados enriquecidos gracias al monopolio y la explotación de los siervos, a una clase emprendedora que abriese nuevos mercados e industrias, fundase talleres de manufacturas e implantase así el capitalismo por estos lares.
La consolidación de la deuda interna fue una oportunidad que el Estado le dio a esa élite dirigente, poniendo en sus manos una cantidad de dinero que podría haberse invertido en fundar una base industrial peruana. Sin embargo, Alfonso razonó (más tímidamente en este libro, pero con más seguridad en sus obras posteriores) que el primer deber de una élite económica es la racionalidad en los negocios. Solo debe invertir cuando cree que va a ganar, y las condiciones económicas y sociales para obtener ganancias invirtiendo en una producción industrial en el Perú no estaban dadas, ni por asomo, en la era del guano. Antes, había que hacer todo aquello que Flora Tristán le recitó al coronel San Román en un pasaje memorable de Peregrinaciones de una paria: difundir el consumo «civilizado» abriendo el mercado a las importaciones, asalariar las relaciones laborales fomentando el hábito del trabajo, y comunicar el territorio para hacer viable el comercio. Hoy, cuando la economía del desarrollo ha comprendido los problemas que una nación tiene para aprovechar los auges exportadores con vistas a una diversificación de la economía en el modelo llamado de la «enfermedad holandesa», resulta comprensible la actitud más cauta y sensata de la élite de los consolidados de orientar sus inversiones hacia la agricultura y el comercio, antes que a la aventura de la industria.
Con el título La deuda defraudada tal vez Alfonso quiso subrayar que la élite de los consolidados no cumplió el papel histórico al que el pago (al parecer generoso) de la deuda la invitaba, y que sería aquel que Bonilla reclamaba: enrumbar al país hacia el desarrollo económico moderno. En el libro hay una cita preciosa de las Memorias de Echenique, en la que este reclama que la idea de la consolidación era, en el fondo, distribuir el dinero del Estado entre los particulares para que la economía se desahogase después de la larga crisis que había supuesto la Independencia, y que volviesen a fluir los capitales y a aflorar los negocios. Que hubiesen ocurrido episodios de corrupción, fraude o acaparamiento eran daños colaterales más o menos inevitables, pues el fruto grande y de largo plazo era poner fin al languidecimiento de la economía y volver a encender la chispa del progreso. Ciertamente, en El capital, Karl Marx había incluido la corrupción en el pago de la deuda pública como una de las vías de las que históricamente se había servido el capitalismo para conseguir su acumulación originaria, pero, en Europa, las élites que lucraron con ella sí habrían cumplido ese papel que en el Perú nuestro de cada día se vio defraudado. Quizás ese fue el sentido de la frase que lleva por título el libro que aquí prologamos.
Otro elemento valioso de este libro de Alfonso fueron las imágenes que lo acompañan. Él siempre tuvo un gusto especial y fecundo por las ilustraciones. Estas eran una parte importante de su investigación, y por ello sus libros llevaron siempre imágenes gráficas de gran valor. En este caso se trató de algunos grabados del Atlas geográfico del Perú, de Mariano Paz Soldán, impreso por el Gobierno peruano en París en 1865; y de las caricaturas del francés Leon Williez, que este publicó en Lima en 1855 en un álbum titulado Adefesios. Hoy son imágenes más conocidas que en los años ochenta, ya que el Atlas de Paz Soldán fue hace pocos años reeditado por el Instituto Francés de Estudios Andinos, la Universidad de San Marcos y la Embajada de Francia, y las caricaturas de Williez han sido difundidas en exposiciones y libros posteriores, precisamente a partir del hallazgo de Alfonso, quien no solo las publicó en este libro, sino que les dio el contexto que las volvía elocuentes.
Es una pena que no esté Alfonso entre nosotros para aclarar los debates que suscita su libro e iluminarnos con su talento y conocimiento profundo del Perú del siglo XIX, pero contamos con la compañía invalorable de sus obras, que son hitos sólidos en el camino de la comprensión de nuestro pasado económico y político.
Carlos Contreras Carranza
Lima, junio de 2019
A Edith Norris
por su paciencia
Introducción
La noticia circuló en periódicos y de boca en boca con gran entusiasmo; era marzo de 1850 y por fin se anunciaba que gracias a los ingresos del guano, el Estado peruano podría indemnizar a sus atribulados acreedores. Se promulgarían leyes que garantizarían el pago puntual y justo de la deuda interna descuidada por décadas de morosidad. Se otorgarían intereses a los valores de reconocimiento que emitiría el Estado. En otras palabras, la deuda flotante se consolidaría. La consolidación, es decir, la homologación de deudas de distintos orígenes bajo un solo tipo de obligación contra el Estado y con un solo fondo especialmente destinado para la amortización de su principal, abriría las puertas para restituir el desprestigiado crédito público al interior del país.
Así se difundió la idea de emplear socialmente los réditos fiscales providencialmente proporcionados por el guano en su temprana explotación y comercialización. La balanza comercial favorable, el presupuesto del Gobierno bajo control, la pacífica transmisión de mando asegurada por las vías democráticas de la época, hacían pensar que, conjuntamente con la medida de la consolidación, se iniciaba un proceso regenerador en el Perú. Atrás quedarían, según el optimismo reinante, los largos años de lucha caudillesca, el caos social y la zozobra económica que se produjeron después de la Independencia.
Sin embargo, pronto se delinearon los contornos en materia económica, política y social que hicieron del periodo de la consolidación uno de los de mayor desasosiego para la joven República. La más cruenta guerra civil desde las luchas por la Independencia enfrenta, en 1854, a los generales Ramón Castilla y José Rufino Echenique, los caudillos que pocos años antes habían realizado la transferencia democrática de la presidencia. Se decreta la abolición del tributo indígena en julio de 1854 y la manumisión de esclavos en diciembre del mismo año, al compás de las necesidades bélicas de la renovada lucha entre caudillos. Ocurre una alarmante alza de precios hacia 1855 que afecta sensiblemente a los sectores populares urbanos. En medio del hambre en Lima se alza el clamor del público contra los enriquecidos fraudulentamente gracias a la consolidación. En 1857 Castilla se enfrenta a otro caudillo militar más, el general Manuel Ignacio de Vivanco, con graves consecuencias para la autonomía del país. En 1858 los empobrecidos artesanos protestan violentamente exigiendo medidas proteccionistas en defensa de su oficio.
En esta agitada coyuntura, los grandes comerciantes nativos y extranjeros logran encumbrarse aún más en las esferas económica, social y política del país. Ellos son los poderosos acreedores que cobran altísimos intereses a hacendados empobrecidos y al propio Estado, bajo severísimas condiciones de escasez de capitales. Estos comerciantes ejercen decisiva presión política y diplomática para revertir la oscilante legislación de la consolidación a su favor, introducir la conversión de la deuda interna a externa, y garantizar el triunfo de una política económica de corte liberal. En medio de este panorama, la cotización libre de los valores de la deuda interna actuaba como termómetro de la situación política y social.
Así, las preguntas que guiaron nuestra investigación sobre la escandalosa consolidación de la deuda interna han sido: ¿quiénes fueron los verdaderos beneficiados por la consolidación de 1850 y en qué forma?, y ¿hacia dónde se dirigieron los capitales finalmente erogados por la consolidación? Para contestar estas preguntas hemos utilizado fuentes que permanecieron ignoradas por otros estudios sobre el tema: documentos manuscritos de contabilidad fiscal y otros de carácter legal y social. Nuestra hipótesis considera la consolidación como un caso notable de utilización de fondos fiscales provenientes del guano para favorecer al grupo de grandes comerciantes nativos y extranjeros con base en Lima, en desmedro de mineros y hacendados empobrecidos, grises empleados estatales, dueños provincianos, pequeños propietarios y otros amplios sectores de la mayoría de la población. Se argumenta que el recurso se utilizó mal y afectó a pequeños –pero abundantes– acreedores, que perdieron mucho en la transacción; y que sirvió para incrementar la acumulación de los comerciantes y cimentar su creciente influencia en materia de política económica. La consolidación no fue, como algunos autores la han descrito sin mucho fundamento empírico, una medida eficaz con miras a formar un sector capitalista. Ese proceso se había iniciado anteriormente sin ayuda del Estado y, en cierta forma, a pesar de las medidas estatales. Fue, eso sí, un episodio fundamental en la configuración hacia un destino de atraso económico, al impedir usos alternativos de los fondos fiscales para promover una más equitativa distribución de la riqueza, y sentar las bases de una persistente dependencia con respecto al crédito externo.
Explorar la consolidación de ninguna manera significa seguir un camino recto, sino uno lleno de vericuetos y extravíos. Su historia empieza en 1850, cuando se dan sus primeras leyes y se inicia la especulación de sus valores, y termina hacia 1865, cuando se logra amortizar y cancelar totalmente la deuda, después de los acontecimientos fiscales y políticos que se originaron en torno a esta. En ese transcurrir se evidencia el fracaso de los objetivos originales de la consolidación, la cual, por el contrario, reforzó la acumulación de la riqueza en pocas manos y desaprovechó abundantes recursos públicos.
La consolidación de 1850 ilustra con evidencia cuantificable las precarias bases sobre las cuales se erige un crédito público interno plagado de abusos y endémicos daños a la economía del país. Al mismo tiempo, su conocimiento es esencial para entender la política económica estatal en relación al ascenso de los grandes comerciantes de Lima como un grupo social dominante. A pesar del interés inherente de este fenómeno histórico, juicios equívocos sobre la consolidación se repiten con terquedad. Todavía hoy se citan las palabras de Echenique, uno de los protagonistas e interesados claves de esta medida financiera estatal, como si fueran las definitivas sobre el tema. En vista de las pruebas documentales, prácticamente desconocidas anteriormente, es difícil ser convencido por los argumentos y convicciones que consideran al Gobierno de la época, o a los más recientes, como forjadores de la riqueza nacional privada. Todo lo contrario, el Estado peruano ha dado amplias muestras, a través de sucesivos endeudamientos internos y externos, de su incapacidad de asegurar inversiones no especulativas en valores estatales o de distribuir con eficacia la riqueza nacional a través de mecanismos de deuda interna. La forma prioritaria que ha tomado la deuda interna es la de empréstitos forzosos que se consolidan y restituyen con tardanza, inadecuadamente y fomentando la especulación que beneficia a sectores privilegiados ajenos a la deuda original.
La inversión privada en valores del Estado es un caso especial, distinto a la inversión en otros valores financieros. Constituye una inversión a largo plazo con la garantía estatal. En ciertos países desarrollados los endeudamientos públicos internos han garantizado apropiadamente los intereses de inversionistas que pusieron su confianza en las finanzas estatales. En el Perú, el Estado defraudó las más de las veces esa confianza favoreciendo, por el contrario, al endeudamiento externo. Recordemos que, aparte de la deuda interna consolidada de 1850 están, entre otros, los casos de los bonos estatales impuestos sobre los bancos para financiar el presupuesto al reducirse los ingresos del guano, acción que generó una profunda crisis financiera y monetaria hacia 1873; también, la ruinosa consolidación de los depreciados billetes fiscales y otras obligaciones contra el Estado en 1889; las consolidaciones de 1898, 1918 y 1924; o los más recientes casos de los bonos de reforma agraria velasquista y los de «reconstrucción» belaundista. En las próximas páginas trataremos de recorrer lo que a nuestro parecer constituye el laberinto de la deuda interna peruana de 1850.
El presente estudio está dividido en dos partes. La primera, compuesta por tres capítulos, analiza los orígenes económicos, sociales, legales y político-administrativos de la consolidación. La segunda parte, dividida en cuatro capítulos, se dedica a seguir los destinos de los fondos distribuidos por la consolidación.
El capítulo 1 describe someramente la situación económica antes de 1850, la cual dio como resultado un conjunto de acreedores contra el Estado, la mayoría de los cuales fueron marginados por los distintos Gobiernos, y solo unos pocos recibieron un trato preferencial. El capítulo 2 analiza los vaivenes de las sucesivas leyes de la deuda interna entre 1824 y 1857, al compás de los diferentes intereses políticos y económicos que moldearon finalmente el carácter legal de la consolidación. El capítulo 3 pone en evidencia las cantidades pormenorizadas y globales repartidas por la consolidación en la forma de vales, y proporciona información minuciosa de la identidad individual y socioeconómica de los que recibieron dichos vales entre 1850 y 1854.
En el capítulo 4 se toca el aspecto de los «consolidados», es decir, los que se agenciaron de fondos mediante corrupción, venalidad y fraude, y los gastaron con todas las evidencias de un despilfarro suntuoso. Este es un tema que causó gran resonancia en la época y que la historia ha privilegiado por encima de los efectos sociales más duraderos de la consolidación. El capítulo 5 se centra en las causas y consecuencias del alza de precios en Lima hacia 1854-1856, para determinar si se debió o no a los efectos que pudo tener la consolidación sobre los sectores populares. El capítulo 6 tiene como objetivo indagar sobre el destino que le dieron algunos hacendados y rentistas a las cantidades que recibieron a través de la consolidación y manumisión. Finalmente, el capítulo 7 analiza el rol central que desempeñaron los comerciantes que supieron negociar y especular con los valores de la consolidación mediante sus actividades mercantiles, financieras y políticas, tanto a nivel nacional como internacional.
En este estudio me ha guiado la convicción de que es necesario sentar bases de investigación especializada para complementar y criticar algunas de las generalizaciones históricas que hoy son verdades aceptadas, con la esperanza de que las tendencias renovadoras de la historiografía sobre el Perú puedan avanzar sobre terreno más fértil.
A muchas personas les debo mi reconocimiento por su contribución al presente trabajo. Desde un comienzo Heraclio Bonilla brindó su estímulo constante. Las discusiones con Alberto Flores Galindo, Félix Denegri Luna, Franklin Pease y Pablo Macera fueron muy valiosas para la gestación de importantes aspectos del estudio. Merece mención especial el peruanista Paul Gootenberg, amigo infatigable de archivos, conversador y crítico tenaz, cuya novedosa y aguda obra ha abierto nuevos caminos para la investigación sobre el siglo XIX peruano. Asimismo, hubo personas amables que prestaron su asistencia desinteresada en el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, el Instituto Histórico Riva-Agüero y la Beneficencia Pública de Lima. Jorge Sotelo y Lola Salas colaboraron generosamente en la edición final del trabajo. Finalmente, mis compañeros de la Universidad Católica, los de la «generación de la crisis», brindaron su amistad y aliento en tiempos estudiantiles y profesionales ciertamente difíciles.
Parte I
Orígenes de la consolidación
Capítulo 1
Economía y deuda interna
La deuda interna es un recurso del Estado que le permite agenciarse fondos provenientes de ciudadanos particulares, y puede tomar la forma positiva de una iniciativa estatal para reactivar o balancear la economía de un país. En este caso, el Estado garantiza la adecuada compensación y retribución de la inversión particular. Al ampliarse el crédito interno, se expanden las posibilidades de inversión rentable y se hace posible la efectiva financiación de proyectos públicos y privados viables. Cuando existe una desigual distribución de la riqueza que obstaculiza el efecto multiplicador de las inversiones en un país, la deuda interna puede asimismo ser un medio saludable para una distribución más equitativa del ingreso, si el Estado aprovecha los fondos obtenidos para beneficiar a los sectores menos privilegiados.
Sin embargo, si los recursos movilizados por el dispositivo de la deuda interna refuerzan las tendencias a la especulación y sostienen una desigual distribución, los efectos económicos resultan, por el contrario, negativos. En lugar de que la tasa de interés del capital baje, como sucede en el caso de un eficaz endeudamiento estatal, las tendencias especulativas elevan dicha tasa y, por lo tanto, las inversiones decrecen.
A nivel histórico, el mecanismo de la deuda interna fue cada vez más utilizado a medida que el Estado iba diversificando sus funciones al interior de una economía en tránsito al capitalismo. En una economía en crisis de producción, como lo era la peruana de la primera mitad del siglo XIX, el Estado recurre a la deuda interna –un mecanismo utilizado desde finales de la época colonial– para poner paliativos ineficaces a la bancarrota fiscal que iba paralela a la crisis económica. En tales circunstancias, el crédito interno y externo del Estado se deteriora ante el incumplimiento de las obligaciones estatales. Para poder acceder nuevamente a dichos créditos, el Estado debe brindar garantías de mayor solidez, las cuales van recortando su capacidad de movilizar recursos propios, y debe también elevar los intereses sobre los préstamos contraídos. Por ejemplo, el Estado español de mediados del siglo XIX, al carecer de fondos para sostener a su pesada burocracia en el periodo posterior a la pérdida de sus colonias sudamericanas, otorga altos intereses a prestamistas españoles y extranjeros quienes prefieren invertir sus capitales en préstamos al Estado antes que hacerlo en el desarrollo productivo del país1. La burocracia española comprometió los fondos de una gigantesca desamortización de la tierra, que afecta en gran medida a la Iglesia, con el fin de garantizar los empréstitos internos y externos, de lo cual se aprovechó una clase capitalista latifundista. Sin embargo, el desarrollo industrial español no se beneficiará mayormente de aquellas medidas financieras2.
En el Perú republicano inmediatamente posterior a la Independencia, se echó mano de antiguos fondos coloniales, secuestros de bienes de españoles y del desgravamen de censos y capellanías (imposiciones rentistas sobre propiedades de origen colonial), con el fin de proporcionarle al Estado, inadecuadamente, las garantías necesarias de la deuda y empréstitos internos. Continuó, asimismo, la costumbre iniciada durante las luchas de la Independencia de recurrir a requisitorias y empréstitos forzosos durante las múltiples contiendas entre caudillos militares. Pronto se tuvo que otorgar otro tipo de garantías a los prestamistas nacionales y extranjeros para conseguir el financiamiento de los gastos estatales al agotarse las tradicionales. Los presupuestos fiscales entre 1831 y 1837 demuestran la existencia de déficits de alrededor de un tercio de los gastos y una dependencia marcada sobre los ingresos de aduanas y tributo indígena. Los gastos militares consistían en alrededor del 59 al 75% del total de egresos3. Para cubrir el déficit presupuestal, los ingresos fiscales en los ramos de arbitrios, casa de moneda y aduanas prácticamente se hipotecaron para garantizar préstamos con elevados intereses del 1, 1,5 y hasta el 2% mensual (12, 18 y 24% anual). En contraste con estas cifras, la renta agrícola anual en esos mismos años se calculaba entre el 2 y 3%4. Por lo tanto, se evidencia una retracción de la inversión en el sector agrario, prefiriéndose la colocación de inversiones con mayor margen de ganancia en el sector mercantil y estatal.
Pero, ¿qué tipos de acreedores de deuda interna existían en el Perú antes de 1850? Nos inclinamos a considerar básicamente dos tipos. Por un lado, aquellos marginados que soportan todo el peso de la crisis productiva, principalmente hacendados, mineros y propietarios provincianos. A este tipo de acreedores no se les satisface debidamente sus reclamos de deuda y ellos se hacen, en consecuencia, más dependientes del capital comercial para poder satisfacer sus necesidades financieras. Los acreedores marginados han sufrido las requisitorias y empréstitos forzosos durante la guerra de Independencia y las pugnas caudillescas. Además, se les grava con impuestos dañinos para sus actividades, mientras que el Estado otorga a cambio solo valores de deuda depreciados y sin garantías tangibles.
Por otro lado, están los acreedores privilegiados que prestan a elevado interés tanto al Estado como a los sectores de productores empobrecidos. A ellos sí se les paga con relativa puntualidad y tienen el poder suficiente para exigir la satisfacción de sus intereses en la deuda interna. Entre este segundo grupo de acreedores podemos distinguir a los grandes comerciantes extranjeros, los cuales preferían invertir en abonos o adelantos sobre los rubros fiscales de aduanas y Casa de Moneda; y a los comerciantes nativos quienes, organizados en el Tribunal del Consulado, se encargaban de administrar el ramo de arbitrios y otorgar préstamos al Gobierno de turno sobre esta base.
Así, antes de que se contase con los ingresos del guano y se declarase la consolidación de 1850, ya se podía vislumbrar el patrón por el cual los nuevos recursos de la deuda interna se repartirían. En el presente capítulo discutiremos la relación entre una economía en crisis y la satisfacción inadecuada de la deuda interna antes de 1850, brindando evidencias para tipificar con mayor especificidad a los dos tipos de acreedores a que hemos hecho mención.
La economía antes de 1850
Dos cambios fundamentales caracterizaron el tránsito de la producción colonial a la republicana: un decaimiento de la producción minera global con una recuperación pausada e irregular, y el agravamiento de la crisis agraria secular5.
La guerra de la Independencia entre 1821 y 1824 –periodo de destrucción e inestabilidad para las propiedades productivas– inicia este contraste con la situación colonial. Se pierden irremediablemente mercados tradicionales para la venta de productos mineros y agrícolas, el capital para financiar actividades agrícolas y mineras se torna excesivamente escaso, y se genera un retraimiento en la oferta de la fuerza de trabajo. Ante esta situación, el marcado abaratamiento de productos de importación europeos va preparando el terreno para un renovado vínculo con el mercado internacional6.
La independencia de España no trajo, como los liberales de la época pensaron, una inmediata bonanza comercial al abolirse las restricciones mercantiles coloniales. Después de una primera y efímera oleada de intercambio, estimulada por el bloqueo de casi una década, el mercado peruano, afectado por las contiendas bélicas, se satura y las actividades de importación se estancan. En 1821, más de 5000 toneladas de cargamento de mercancías británicas aguardaban en la bahía de Ancón las órdenes de San Martín para abarrotar inmediatamente el reducido mercado de la recién liberalizada Lima7. Como consecuencia de este estancamiento comercial decae, asimismo, el «boom» especulativo de acciones de inversión basado en un supuesto renacimiento minero que tanto entusiasmó a los capitalistas ingleses. Los ávidos comerciantes ingleses quedaban desalentados ante esta situación, a excepción de aquellas casas comerciales con experiencia y solidez previas; es el caso de la casa Gibbs e hijos, instalada en el Perú desde antes de la Independencia. En 1824 había solamente 240 ingleses residentes en Lima, 20 casas comerciales de esa nacionalidad en Lima y 16 en Arequipa, números que se fueron reduciendo durante los primeros años republicanos.
El comercio de textiles ingleses se realizaba solamente por temporadas hasta la limitada recuperación de la producción de plata hacia 1840 y la aparición del guano entre las exportaciones peruanas. El verdadero despegue del intercambio comercial externo y, por lo tanto, de una inserción irreversible de la economía peruana en el sistema capitalista mundial, se da a partir de la década de 1840. Según cifras de Shane Hunt, las exportaciones peruanas aumentaron un 250% entre 1831 y 1841, y un 500% entre 1831 y 1851. Asimismo, las importaciones británicas y francesas en el Perú aumentaron alrededor de 160% entre el quinquenio de 1830-1834 y el de 1840-1844, mientras que entre 1830-1834 y 1850-1854 se dio un alza del 350%8. Por lo tanto, el sector exterior ejerció una mayor influencia sobre la evolución económica peruana a partir de los años 1845-1850.
El débil vínculo de la economía peruana con el mercado mundial antes de 1845 no se debía a causas internas únicamente. Es arriesgado fechar el inicio del «boom» capitalista internacional de productos industriales antes de dicha fecha. En la primera mitad del siglo XIX la industrialización capitalista podía estar avanzando notablemente, pero todavía no era capaz de ampliar proporcionalmente los mercados de sus productos a nivel mundial. Con los adelantos técnicos que ofrecieron el ferrocarril, la navegación a vapor y el telégrafo se sientan las bases para esa esperada ampliación9. Por otro lado, el descubrimiento de reservas de oro en California y Australia a partir de 1848, multiplicó los medios de pago, bajó la tasa de interés y estimuló la expansión del crédito. Así pues, las condiciones mundiales eran favorables para la recuperación de las importaciones y exportaciones peruanas en la década de 1840.
Antes de la explotación comercial del guano, las principales exportaciones del Perú continuaban siendo los productos mineros, principalmente la plata. El periodo que va de 1824 a 1840, aproximadamente, tendrá características críticas debido a la baja inversión productiva. La búsqueda de productos rentables para la exportación fue la principal ocupación de extranjeros y nativos, como lo demuestra la avidez con que los cónsules ingleses presentaban sus prospecciones e informes acerca de las posibilidades de la economía peruana para el comercio exterior. En la década de 1820 las exportaciones prácticamente se limitaban a los productos mineros. La lana y el salitre hicieron su aparición tímida en la década de 1830; para dicha época un cónsul belga calculaba que alrededor del 79% del total de exportaciones anual era en oro y plata10. Dancuart, basándose en la obra de Córdova y Urrutia, nos informa que en 1838 el 90% de las exportaciones peruanas lo constituía la plata, el 5% el oro y el resto otros productos (perlas, esmeraldas, lanas, cueros), sobre un total de 1 576 370 pesos11.
En 1840 las exportaciones peruanas alcanzaban 1 562 140 libras esterlinas en oro y plata, 141 724 en lanas, 90 942 en salitre, 85 889 en algodón y 23 600 en quinina12. De acuerdo a los cálculos de José María Pando, ministro de Hacienda en 1830, la plata amonedada en ese año era por un valor de 1 700 000 pesos, contra 1 230 000 pesos en 1829 y 2 800 000 en 1826. En contraste, el promedio anual para cada uno de los años del periodo 1790-1794 era de 5 300 000 pesos. Dicho ministro atribuía esta disminución de la plata amonedada a la poca capacidad de las casas de moneda de Lima y Cusco, pues estimaba que la plata piña extraída ilícitamente del país ascendía a cuatro o cinco millones de pesos13. Mariano de Rivero, director de Minería en 1826, señala que durante ese año la amonedación en la Casa de Moneda de Lima era de 1 847 885 pesos de plata y 89 352 pesos de oro; en 1827 las cifras eran de 2 706 560 en plata y 62 832 pesos en oro14.
El grueso de la producción de plata en el Perú de esos años provenía del asiento de Cerro de Pasco, aproximadamente un 70% del total de la plata producida. Es notable la recuperación de la producción de Cerro de Pasco, que en 1842 alcanza la máxima producción de su historia con 407 919 marcos de plata15, después de una postración de décadas a partir de la destrucción de su capital fijo durante la guerra de la Independencia. Sin embargo, la producción de Cerro de Pasco decaerá desastrosamente en las décadas de 1850 y 1860. Por otro lado, existen evidencias para argumentar que, a excepción de los lavaderos de oro en Puno, los asientos mineros de la sierra norte (Trujillo y Cajamarca) y del sur (Arequipa) se estancaron irremediablemente durante la época estudiada16. En Hualgayoc, por ejemplo, luego de un inicial intento por emprender nuevamente la explotación del cerro San Fernando con 18 vetas distintas de mineral, cunde el desánimo entre los mineros, que prácticamente lo abandonan hacia 1830.
Tomemos el caso de Cerro de Pasco para analizar las causas de la postración de la minería en los años mencionados. En el aspecto técnico, las constantes inundaciones hacían imprescindible un método eficaz para desaguar los 558 socavones, entre activos y abandonados, y poder así explotar las vetas de mayor profundidad. Efectivamente, en 1839, al completarse el dilatado proyecto del Socavón de Quiulacocha, iniciado en 1806, se aprecia una sensible alza de la extracción de mineral en el periodo 1840-1845. Recordemos que durante las guerras de la Independencia se destruyeron las máquinas de desagüe instaladas en tiempos de la colonia y que hasta 1851 no se lograron reponer eficazmente.
Un segundo problema al que se enfrentaron los mineros de Cerro de Pasco fueron las reducidas fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión y de adquisición de insumos. Varios proyectos de financiamiento propuestos para establecer bancos de rescate terminaron por frustrarse. La pequeña escala de la empresa minera la hacía dependiente de créditos que otorgaba el capital comercial en condiciones onerosas. Los comerciantes limeños aprovecharon estas circunstancias para ampliar su control sobre el comercio de la plata en épocas de bonanza de producción, y para retraer su inversión en épocas de crisis.
Los mineros se quejaban con frecuencia del alto precio del azogue, que elevaba los costos de producción. Todavía se seguía utilizando la técnica de amalgamación para separar la plata del mineral y, debido a la franca decadencia de las minas de mercurio de Huancavelica, el insumo tenía que importarse de España.
Deustua considera que la política oficial de precios establecida por el Estado a través de las casas de moneda y bancos de rescate constituía un serio perjuicio para la minería17. Calcula que existía cerca de un 40% de diferencia entre el precio de la plata en el centro minero y el precio internacional, y un 18% entre el del centro minero y el de los principales centros urbanos al interior del país. Al imponerse tal política de precios se recortaba el margen de ganancia y acumulación de los mineros. Era una forma que le permitía al Estado apropiarse de una porción de los beneficios de la producción minera para dedicarla a los gastos fiscales improductivos. Marginalmente, la política de precios beneficiaba a los comerciantes, que podían evadir al Estado mediante el contrabando o la exportación en la venta de la plata conseguida a bajo precio en los asientos mineros.
A estos recargos a los mineros habría que agregar los altos impuestos, que ascendían en ciertos años a un 20% del valor de la plata producida, además de las otras imposiciones de la callana de fundición oficial y de los derechos sobre la exportación de la plata, que los comerciantes habilitadores podían transferir a los mineros mediante el aumento del interés del capital prestado a estos. Las más amargas protestas de los mineros se elevarían contra estos desmedidos impuestos a la producción.
En conclusión, los altos costos de producción, lo atrasado del nivel técnico, el alto precio del capital para financiar inversiones mineras, y la política asfixiante de precios oficiales y crecidos impuestos, conspiraban para mantener estancada la minería y limitar fuertemente el progreso social de los mineros. Significativamente, los beneficios mineros decayeron del 25% en 1828 al 7,5% en 1851, llegando al margen negativo de -11,75% en 187518.
Si hubo márgenes de ganancia para los mineros esto se debió a una sobreexplotación de la fuerza de trabajo; su régimen en las minas, al desaparecer la mita, tenía dos formas. Por un lado, cuando las minas tenían buenas vetas se trabajaba «a partido»; es decir, se le daba nominalmente al trabajador minero la mitad del mineral que lograba sacar a la superficie, descontándose los derechos del propietario y una quinta parte para cubrir los gastos de la maquinaria de desagüe. Cuando las minas no eran muy ricas en minerales, la forma que adquiría el régimen de trabajo era la de pagar de cuatro a seis reales por jornada, además de la coca y las velas que se les daba a los operarios19. Los trabajadores que estaban bajo el régimen de partido se veían obligados en la práctica a vender su parte al propietario de la mina, el cual cotizaba a su manera el precio del mineral, o al bolichero intermediario, que ofrecía precios bajos para sacar provecho en la comercialización que realizaba al trasladar el mineral de la mina al lugar de amalgamación. Los propietarios mineros eran los poderosos de las minas, sobre todo en Cerro de Pasco donde contaban con un gremio que fue perdiendo paulatinamente importancia a partir de las guerras de la Independencia. Los bolicheros, por su parte, eran aquellos mineros sin propiedad que buscaban extraer y comercializar el mineral por su cuenta, muy vinculados al arrieraje; la mayoría de estos bolicheros terminaba trabajando para los propietarios.
Con tal régimen no es de asombrarse que los mineros se quejaran por la «falta de brazos». Se carecía de una fuerza de trabajo permanente en la mina, pues los indígenas no necesitaban vender la suya más que en determinadas épocas del año. Había dos categorías de trabajadores mineros: los barreteros, encargados de desprender el mineral al interior de las minas, y los apiris o japires, que transportaban el mineral a la superficie en bolsas que cargaban sobre sus espaldas. En las minas más grandes el número de operarios no pasaba de 60.
Un ejemplo de las dificultades que atravesaba la minería de esa época lo tenemos en la Compañía Peruana de Minas de Cobre, la cual tenía que mandar cada tres o cuatro meses «comisionados» a las provincias de Jauja, «donde vivían el mayor número de barreteros para contratarlos adelantándoles dinero y gratificando a los alcaldes o gobernadores para que, como fiadores del cumplimiento de las contratas, interpongan sus respetos sobre ellos»20. Una vez en Morococha, la compañía les pagaba a los apiris cuatro reales y a los barreteros cinco reales en 1845. Generalmente, los operarios volvían a sus tierras para la cosecha y la siembra.
El minero propietario Carlos Renardo Pflucker intentó superar el problema de la inexistencia de una fuerza de trabajo permanente mediante la inversión de 8000 pesos para cubrir los gastos de viaje de 20 operarios de nacionalidad alemana, a los que contrató en Europa con un sueldo de cinco reales por jornada de trabajo. Este intento de importar mineros no tuvo éxito pues varios de los trabajadores alemanes se rebelaron ante las condiciones de vida tan adversas que encontraron en Morococha, sublevándose varias veces y emprendiendo la fuga a Lima. La inversión de la compañía en Morococha era de 100 000 pesos anuales, de los eriales 30 000 se dedicaban exclusivamente a los gastos de transporte y fletes. Debido a que no se logró instalar un horno de reverberación –una de las ideas del propietario para reducir costos–, los gastos de arrieraje del mineral calcinado a Lima eran muy altos. Adicionalmente, el propietario tenía que invertir fuertes cantidades cada vez que se les requisaban las mulas a los arrieros, algo frecuente durante las numerosas luchas de caudillos en la zona. Inclusive, se tuvo que equipar una recua de propiedad de la compañía, con peones traídos de Piura, a un costo de 10 000 pesos, ante la capacidad copada de esa forma de transporte en los meses de verano debido al traslado de hielo a Lima.
Con la bonanza guanera y el repunte de las haciendas azucareras hacia 1860, los créditos a la minería debieron volverse más exiguos, pues los capitales se quedaban en la costa21. La situación era diferente en 1844, cuando había prosperidad en Cerro de Pasco por su alta producción de plata, la que no duró mucho y atrajo a muchos comerciantes limeños dedicados a la exportación de plata piña. Ante las necesidades de las tropas estacionadas en Jauja durante los años de conflictos entre los caudillos Castilla, Vivanco y Elías, los comerciantes Guillermo Donovan, Manuel Argumanis, Faustino Cavieses, Francisco Larco, Manuel Villate, Baltazar Lequerica, Bernardo Iturriaga y José Fuentes buscaron sacar provecho. Firmaron contratos con el prefecto y comandante general de Junín, el general Juan José Salcedo, para pagar por adelantado 4 reales por cada marco de plata piña que intentaban exportar vía Lima y Huacho. En total se hicieron contratos por 60 876 pesos, monto a que ascendían aquellos impuestos adelantados. Esto constituyó una forma de préstamo que brindaba el comercio a los caudillos, al adelantar sumas que los comerciantes habían recargado a los mineros. Los comerciantes se beneficiaban con esta transacción pues los derechos normales para la exportación de plata piña eran de 8 reales por marco. El contraste con la política de empréstitos y requisitorias forzosos impuesta sobre los mineros y arrieros de la zona se hace evidente22.
La situación del agro durante la primera mitad del siglo XIX demuestra, tal vez, tendencias depresivas más serias que las de la minería. Las devastaciones y cambios de la propiedad de las haciendas ocurridos durante la lucha por la Independencia, así como las fuertes fluctuaciones del precio del azúcar, se agregaban a las causas de la crisis agraria que se remontaban a la época colonial. La pérdida de los mercados de Bolivia, Río de la Plata, Quito y Santiago ya había erosionado las bases de la agricultura costeña y de su clase terrateniente. Al igual que los mineros, los hacendados se vieron obligados a depender del costoso crédito por consignación otorgado por comerciantes al irse extinguiendo las fuentes de financiamiento eclesiástico. En consecuencia, los fundos se deterioraron significativamente al añadirse a todos los problemas anteriores la escasez de mano de obra esclava debido a la legislación abolicionista («vientre libre») y a las dificultades internacionales del tráfico de esclavos23. En la agricultura de la sierra se notará una creciente autonomía local y el predominio del gamonalismo que se aprovecha del cambio en la propiedad de las haciendas impuesto por el nuevo orden republicano.
Macera ensaya una cronología del agro costeño sobre la base de las descripciones de Santiago Távara y de otros contemporáneos. En ella se evidencia una influencia muy fuerte de los distintos ciclos de la comercialización del azúcar sobre las diversas coyunturas por las que pasa la agricultura costeña entre 1830 y 1850. Según esta cronología, el agro costeño pasa por su peor época entre 1829 y 1839 debido a la baja de precios del azúcar y los problemas surgidos por la dificultad de colocar productos en los mercados tradicionalmente accesibles. Debido a esta situación, la renta de la tierra en la costa decaerá de un 5% a principios de siglo a un 2 o 3% a mediados del mismo. Ciertos síntomas de paulatina recuperación se observarán entre 1840 y 1850. Cultivos comerciales de algodón empiezan a aparecer en la década de 1840 en los valles de Piura, Casma, Santa, Ica, Nazca, Camaná, Tambo, Sama y Azapa. Hacia 1849 la producción total de algodón era de 50 000 quintales, a pesar de que su cultivo se realizaba en forma tradicional. Sin embargo, la verdadera transformación de la agricultura costeña ocurrirá en la década de 1860 con la aparición de plantaciones azucareras con cierto nivel de inversión en las zonas del norte y la costa central, y la utilización masiva de la fuerza de trabajo china24.
La agricultura de la costa central producía en las provincias del departamento de Lima, en 1839, alrededor de tres millones de pesos básicamente en productos alimenticios. La provincia de mayor producción en esta zona era Chancay con 700 000 pesos, de los cuales una cantidad considerable correspondía a lo producido por la crianza de cerdos. En Cañete el cultivo de caña de azúcar era el prioritario25.
En 1833, un vocero de los hacendados del departamento de Lima reclamaba que «ninguna de las clases del estado ha sufrido pérdidas tan considerables, ni agravios tan manifiestos, como la de los hacendados de las provincias litorales del departamento de Lima»26. Denunciaba la fuerza brutal utilizada para desposeer a los hacendados de sus productos, numerario y brazos de labranza para sostener al Ejército Libertador, aparte de sembrar la insubordinación entre los esclavos. Además, al decretarse la ley de «vientre libre» se perjudicó aún más a los hacendados, haciéndoles soportar el costo de la emancipación de los hijos de esclavos nacidos después de 1821 que debería haber sido cubierto por la deuda pública. Como resultado de esto, los hacendados se vieron obligados «por una parte, a disminuir sus consumos, las utilidades de otra clase industriosa [los comerciantes], y los impuestos indirectos que pagaban al erario público, reduciéndolos, por otra parte, a la necesidad de cultivar mal sus fundos, privando a la nación de grandes productos»27. El vocero sindicaba al ministro Bernardo Monteagudo, radical iniciador de la política de secuestros a españoles, como uno de los principales responsables de tal crítico estado de cosas.
Salaverry intentó beneficiar al grupo de hacendados hacia 1834 con una legislación proesclavista pero su periodo de mandato fue muy corto. La modalidad de chacra de esclavos se difundió ampliamente en el agro costeño hasta la llegada de los culís chinos, verificándose el hecho de que los hacendados no fueron un grupo de presión decisiva para obtener del Estado la protección de sus intereses ni una porción mejor del reparto de beneficios de la cancelación de la deuda interna.
Entre 1825 y 1845 el sector comercial ubicado en Lima resulta tal vez el único sector de la economía peruana que no participó de las dificultades que aquejaron tanto a la minería como a la agricultura. Esto se debió al carácter altamente rentable que iban adquiriendo las actividades de importación de mercancías, préstamos y créditos comerciales a los sectores privado y público y, cuando las exportaciones se lograron recuperar, el comercio con productos de exportación. En un minucioso trabajo basado en el análisis de matrículas de patentes –impuestos del 4% sobre los beneficios de los negocios de Lima–, Gootenberg logra probar cuantitativamente que aquellos dedicados a la actividad comercial entre 1830 y 1860 obtuvieron los mejores ingresos, por encima del sector manufacturero, el de servicios y del agregado de los negocios limeños sujetos a los patentes. Mientras que entre 1830-1845, años de guerra interna, los ingresos de otros sectores decaían hasta en un 30%, el sector comercial logró mantener sus ganancias aproximadamente al nivel de 1830 y, hacia 1845-1850, las incrementa en un 50-60% por encima del nivel de 183028. Esto demuestra la posición privilegiada que van logrando adquirir los comerciantes durante la primera mitad del siglo XIX, lo que a su vez les otorgará la oportunidad de obtener preferencial trato en relación a la cancelación de la deuda interna y en materia de política económica. Con esto quedan delineados los factores económicos que condicionarán la división entre acreedores marginados y acreedores privilegiados frente a la solución del asunto de la deuda interna pendiente.
Los acreedores marginados
Uno de los sectores claramente afectados por el naciente Estado republicano fue la aristocracia colonial, que se hallaba en franca decadencia. La política de secuestros, entre 1821 y 1824, ahondó la crisis del agro y del sector terrateniente noble, así como parte del sector mercantil29. Alrededor de 43 haciendas en los valles de la costa central pasaron al control del Estado, el cual adjudicó algunas de ellas a líderes militares patriotas, y cerca de 47 comerciantes de supuesta filiación realista se vieron obligados a emigrar30. Se modificó bruscamente el carácter social de la propiedad de la tierra en la costa central. Los dueños que se marcharon definitivamente perdieron en forma irremediable sus propiedades. Sin embargo, hacia 1825 se abrió una brecha legal por la cual algunos de ellos se convirtieron en acreedores del Estado por concepto de propiedades secuestradas. Al encontrarse los gobernantes de esos años con que nadie quería invertir en la tierra, la legislación de los secuestros retrocedió abruptamente, primero, al ser abolidos los juzgados privativos en 1823 y luego, al decretarse, el 2 de marzo de 1825, que la mayoría de las propiedades de los emigrados quedaban libres de secuestro y que los parientes de los secuestrados debían renunciar a solamente la quinta parte de sus propiedades en favor del Estado. La propiedad de la tierra constituía un peso demasiado grande para el Estado republicano que buscaba deshacerse de las tierras de conventos supresos, Temporalidades, Inquisición y otras heredadas del Estado colonial. No se vio mejor forma de hacerlo que adjudicando tierras a caudillos militares y, ante la incapacidad de estos en materia de negocios, devolviendo parte de las propiedades expropiadas. Así, muchos de los verdaderos perjudicados por la destrucción y el cambio de propiedad que acompañaron a las campañas militares de la Independencia se verían marginados al no contar con los necesarios recursos para defender sus casos ante el Estado. Este es un proceso que va de la mano con los tempranos intentos por consolidar la deuda interna, entre 1826 y 1827, al otorgar tierras a cambio de depreciadas cédulas de reforma y otros valores de la deuda interna31.
Un caso de secuestro notable es el de Fernando Carrillo de Albornoz, conde de Montemar, quien demoró muchos años en adquirir nuevamente sus tierras que ya habían sido adjudicadas a otros privilegiados acreedores del Estado. Asimismo, doña Ignacia Novoa pierde sus haciendas Montalván y Cuiva, en Cañete, a manos del prócer chileno Bernardo O’Higgins. Doña Petronila Zavala, expropietaria de la hacienda San Regís, en Chincha, y los marqueses de Valle Umbroso, Montesclaros y otros consignados en la tabla 1, perderían sus haciendas a manos de los generales Sucre, Echenique, Balta, Reyes y otros. Algunos de estos miembros de la aristocracia colonial quedarían permanentemente marginados del proceso de cancelación de la deuda interna. Otros, sin embargo, como lo demuestra la tabla 1, lograron recuperar parte de sus propiedades hacia 1839. Además, algunos pocos buscarán fortalecer su vulnerable posición mediante estratégicos arreglos crediticios con poderosos comerciantes, lo cual garantizará reconocimientos de deuda interna que serán compartidos con sus acreedores mercantiles.
En las provincias de la costa norte también se evidencian cambios en la propiedad de la tierra a través de transacciones con valores de la deuda interna que dejan rezagados a legítimos acreedores En su estudio sobre el valle de Jequetepeque, Burga demuestra que al inicio de la República había una carencia de tierras disponibles en los alrededores del pueblo de Guadalupe, debido a la temprana tendencia al latifundio instaurada por un convento agustino. Al suprimirse los conventos con menos de ocho religiosos, en 1826, el Estado pasó a ser el propietario de las tierras de dicho convento. Los antiguos arrendatarios enfiteutas32, quienes subarrendaban parcelas a los pobladores del pueblo de Guadalupe y que, antes de la supresión, pagaban una renta al convento agustino, ahora debían pagarle al Estado. Sin embargo, los enfiteutas criollos del valle buscaban la propiedad directa de la tierra, primero desplegando hostilidad contra el convento al convertirse en los primeros en proclamar la independencia en el valle, y luego gestionando la compra directa de la tierra al Estado republicano33.
En este proceso también intervinieron foráneos al lugar, acreedores del Gobierno, funcionarios y militares quienes, junto a los enfiteutas, compraron tierras a precios devaluados, debido al deterioro de las propiedades, y con papeles de la deuda interna sobrevaluados, entre 1829 y 1846. Por ejemplo, al general José María Plaza, a quien el Estado le reconoce una deuda de 9600 pesos en 1828, se le entrega en 1829 como pago a cuenta la hacienda Mari-Núñez, de 100 fanegadas, la hacienda Talla, de 291 fanegadas, y otros terrenos cerca de Guadalupe. Asimismo, a José Colens se le otorga la hacienda Tecape, y a Domingo Casanova se le adjudica en 1845 la hacienda Limancaro por créditos insolutos34. En 1850 Casanova recibirá además 62 500 pesos en vales de consolidación.
A partir de 1842, las ventas por parte del Estado a los antiguos enfiteutas se incrementan: el coronel Jacinto Rázuri compra la hacienda Lurifico en 4000 pesos, pagados en créditos de la deuda interna. Ante la intensificación del proceso de transferencia de la propiedad de la tierra, que benefició a algunos pocos que sabían acaparar y colocar provechosamente los valores depreciados de la deuda interna, el primer Gobierno de Castilla brindó, en 1849, un paliativo a favor de los desposeídos pobladores de Guadalupe, verdaderos perjudicados por la depresiva situación del agro del valle. Se aceptaron cédulas de deuda interna para la compra de predios urbanos en el pueblo. Las viviendas de Guadalupe pertenecían al Estado, que decidió venderlas a aquellos ocupantes que hubiesen adquirido créditos de la deuda interna por cupos o empréstitos en años anteriores. En enero de 1851, se acordó pagar tres pesos en cédulas de la deuda interna por cada fanegada. Se presentaron 203 personas que compraron 325 fanegadas, quedando sobrantes 332 fanegadas que luego fueron repartidas entre los primeros compradores. Sin embargo, aunque ahora dueños de sus viviendas, los habitantes del pueblo de Guadalupe siguieron careciendo de acceso a la propiedad de las tierras de cultivo, las que se concentraron en pocas manos35. Así, a pesar de que los pobladores de Guadalupe fueron mejor tratados por los ejecutores de la deuda interna que los habitantes de otros lugares, los primeros constituyen un claro ejemplo de acreedores marginados.
Tabla 1 Cambio y permanencia de los dueños de propiedades rurales de la costa central, 1820 y 1839
| Razón de las haciendas secuestradas, 1821-1823* | Dueños de haciendas en 1839** | |||||
| Hacienda | Partido | Dueños | Nac.1 | Hacienda | Distrito | Dueños |
| Andahuasi | Sayán | Anselmo Salinas | E | |||
| Boza | Chancay | Marqués de la Boza | L | Boza | Chancay-Aucallama | Gerónimo Boza |
| Buenavista | Lurín | Josefa Jacot | ||||
| Caqui | Chancay | Francisco Aliaga | Caqui | Chancay-Aucallama | Señores Cueva | |
| Carrisal | Pisco | Vicente Algorta | ||||
| Caucato | Pisco | Fernando del Masco | ||||
| Concha | Surco | Antonio Tarranco | ||||
| Chacra Alta | Bellavista | Antonio Solórzano | E | |||
| Chancaillo | Chancay | Manuel Elguera | E | Chancaillo yViña Ramírez | Chancay | Manuel Elguera y familia |
| Chacaca | Huaura | Luis Basono | E | |||
| Chuquitanta | Carabayllo | Marqués del Valle Umbroso | Chuquitanta yVillaseñor Alto | CarabaylloBocanegra | Grimanesa de la Puente2 | |
| Chunchanga | ––– | Román Idiáquez | ||||
| El Convento | Supe | Manuel García | E | |||
| Gala | Lurigancho | Bruno Vitoseco | ||||
| Huando | Chancay | Rosendo Gao | E | Huando | Huaral | Dr. Pedro Reyes |
| Lanchas | Pisco | Vicente Algorta | ||||
| La Huaca | Chancay | Juan Pasquel | E | |||
| Las Salinas | Chancay | José Laos | L | Las Salinas yHuascata | ChancayLate | José Laos |
| Motocachi | Santa | Matías Antiga | E | |||
| Palpa | Chancay | José Basurco | L | Palpa | Aucallama | Conv. Sto. Domingo |
| Paramonga | Pativilca | Anselmo Salinas | E | |||
| Pando | ––– | Josefa Ramírez de Arellano | ||||
| Pasamayo | Chancay | Antonio Solórzano | E | |||
| Santa Clara | Late | Francisco Goytizolo | Santa Clara | Late | Fco. Goytizolo | |
| Santa Cruz | ––– | Pedro Abadía | ||||
| San Jacinto | Santa | Matías Antiga (finado) | E | |||
| San Regis | Chincha | Fern. Carrillo de Albornoz | San Regis | Chincha | José y Fernando Carrillo de Albornoz | |
| Tecuán | Chancay | Antonio Pomar | E | Tecuán | Chancay | José Alzamora |
| Villa y San Tadeo | Surco | Juan Bautista Lavalle | Cuadrado, Villa, San Tadeoy Pacallar | Surco | Juan Bta. Lavalle | |
| Zapán | ––– | Conde de Montesclaros | ||||
| Zavala | Late | Marqués del Valle Umbroso | Zavala | Late | Grimanesa de laPuente2 | |
| Secuestros de bienes urbanos y del ramo comercial | ||||||
| Propiedades | Dueños | |||||
| Guardaban bienes de emigrados, mina Vistaalegre | Pedro Abadía y José Arizmendi | |||||
| Fincas del mayorazgo | Juan Aliaga: Conde de San Juan de Lurigancho | Guacoi y Cerroo Sambrano | Carabayllo | Juan Aliaga | ||
| 15 casasResidencia y fincas " " | Juan Bautista AndracaFernando Carrillo de Albornoz: Conde de MontemarJosé Gonzales: Conde de Villar de Fuente (casado con Josefa Pando) | |||||
| Guarda bienes de emigrados | Francisco Xavier Izcue | |||||
| 8 fincas y cochera 1 callejón | Martín Osambela | La Menacha yPanteón | Late | Maria Osambela | ||
| Residencia y fincas " " | Gaspar Osma (casado con Josefa Ramírez de Arellano)Felipe Sancho Dávila | Lomolargo, Pariache, Asesor,Quiroz, Portocarrero, Pacallar | Late | TestamenteríaSancho Dávila | ||
| Finca del Mayorazgo | Manuel Salazar | Pino | Surco | Manuel Salazar | ||
| Casa de Pastrana, almacén en la calle Mercaderes | Francisco Quirós | |||||
| 5 casasFincasEscrituras, pagarés, etc. | Torre TagleJuan Bautista ValdeavellanoJuan Bautista Zaracondegui | |||||
(1) Nac.: nacionalidad, E = europeo (español), L = limeño (2) Esposa del marqués de Valle Umbroso
* Datos gentilmente proporcionados por Alberto Flores Galindo, quien me prestó uno de sus cuadernos de apuntes de la investigación que realizó sobre la aristocracia mercantil colonial a fines del siglo XVIII, y comienzos del XIX: Aristocracia y plebe, (Lima, 1984). Los datos de este cuaderno los obtuvo del Juzgado de Secuestros, años 1821-1822, legajos 1 a 11, Tribunal de Cuentas, AGN.
** Datos obtenidos de los cuadros que aparecen en la obra de José María Córdova y Urrutia, Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que componen las provincias del departamento de Lima. (Lima, 1839), Tomo I; pp. 88-90, 91-93, 98-100, 124-25. Tomo II, pp. 5-6.
La agricultura de Cajamarca pasaba por una situación tal vez más crítica que la de la costa norte36. Existía una vinculación entre la deprimida producción ganadera de la zona y la depresión de la demanda de dichos productos en la costa norte. Debido a ese cuadro de abatimiento, las propiedades se depreciaron y ocurrió un proceso de adjudicaciones análogo al que observamos en la costa norte y en otros lugares del Perú durante los primeros años republicanos.
En Chota se adjudicó haciendas a militares a quienes se les adeudaba sueldos y a los que se quería premiar por su participación en las contiendas de la Independencia. Es el caso de la adjudicación de la hacienda Llaucán al general de división Bias Cerdeña37. Esta hacienda tenía especial importancia pues lindaba con el cerro San Fernando, principal fuente del mineral de Hualgayoc, cuyas vetas todavía se seguían explotando en 1820 pero luego decayeron irremediablemente en años posteriores. En una petición fechada el 8 de enero de 1830, el general Blas Cerdeña expone méritos y servicios en las campañas de la Independencia, Bolivia y Colombia, pidiendo que se le recompense con la adjudicación de la hacienda Llaucán a cambio de 6000 pesos que se le debían, por ajustes de cuentas realizadas en la tesorería departamental de Arequipa en noviembre de 1828, y en la comisaría general de Cajamarca en febrero de 182038.
En un decreto supremo dictado por el Presidente Gamarra en enero de 1830, se lee:
Teniendo en consideración los importantes serbicios que ha prestado a la Nación el Benemérito General de División Dn. Bias Cardeña [...] se adjudica a fabor del referido Gral. en todas sus partes la Hazienda denominada San Francisco Llaucán cita en la Provincia de Chota Departamento de la Libertad, pues aunque por el ajustamiento que presenta sólo es deudor el Estado de cinco mil setecientos cinco pesos […] y el valor de la referida Hazienda sube a la cantidad de diez y ocho mil pesos [...] cede a su favor los doce mil novecientos ochentaicinco pesos [...] que resultan de aumento39.
De esta forma se cancelaban las deudas con los militares ilustres, utilizando los fondos administrados por el Tribunal del Consulado y la Dirección de Consolidación, creada en 1826. Dichos fondos provenían en su mayoría, como veremos en el capítulo 2, de los bienes cautivos de la antigua administración colonial (Temporalidades) y de los conventos supresos (a los cuales se añadían las propiedades del Tribunal de la Santa Inquisición extinto).
En el caso de la hacienda Llaucán, se trataba de una propiedad implicada en el concurso de acreedores del banquero Juan de la Cueva, que quebró en 1635. Los bienes de este banquero fueron asumidos por el Real Tribunal del Consulado, que los administraba con el objeto de indemnizar a los 579 acreedores (entre ellos el Tribunal de la Santa Inquisición –debido a que algunos de los clientes de De la Cueva fueron acusados de judaizar–, cuyas rentas luego pasarían al Estado republicano), a quienes se les debía por un monto de 1 068 284 pesos. Sin embargo, estas sumas acreedoras nunca serían canceladas pues la antigua deuda colonial nunca se consolidó, a pesar de que hubo algunos débiles intentos por hacerlo.
El Real Tribunal del Consulado arrendaba la hacienda Llaucán, que perteneció a Juan de la Cueva, y el producto del arrendamiento ingresaba al fondo de indemnización destinado a satisfacer a los acreedores del concurso. Después de la Independencia, el Estado republicano continuaba arrendando dicha hacienda a los antiguos locatarios, los excoroneles del ejército colonial Miguel y Pablo Espinach, vecinos de Cajamarca; y a la muerte de Miguel, en 1827, se intenta cambiar de arrendatario. La testamentería de Miguel Espinach, que continuaría en posesión de la hacienda hasta 1830, debía, según el director de Consolidación, el arrendamiento vencido entre los años de 1820 y 1827, a razón de 2000 pesos anuales. Entre 1828 y 1830, año en que se verifica la adjudicación de la hacienda a Cerdeña, sería Manuel Espino, el albacea de la testamentería Espinach, el administrador de la hacienda.
En 1830, el apoderado legal de Blas Cerdeña, don José Mariano Cavada, coronel comandante de los cívicos de Celendín, tomará posesión de la hacienda a pesar de las protestas del minero de Hualgayoc, Domingo de la Cueva, descendiente de Juan de la Cueva, quien reclamará para sí la propiedad de la hacienda. En 1832 Cerdeña renuncia a la posesión de la hacienda por «inconvenientes para el goce pacífico» de la misma. El Estado le otorga a cambio, por decreto presidencial, 1000 pesos mensuales de la tesorería del Cusco y 500 pesos mensuales por la de Ayacucho, hasta cubrir la cantidad de 20 000 pesos. En 1852 Cerdeña recibe 25 700 pesos en vales de consolidación.
Tanto en el caso del general Plaza como en el del general Cerdeña, observamos la compensación privilegiada a caudillos militares en desmedro de los que mayor perjuicio sufrieron debido a la destrucción y expropiación de propiedades. Al repartirse los recursos de la deuda interna, antes de 1859, con obvio favoritismo, se contribuye a una inicial concentración de las mejores tierras en manos de gamonales que se aprovecharon del ausentismo de los dueños de las adjudicaciones.
En la sierra central, dos casos de beneficiados por la deuda interna en desmedro de acreedores menos influyentes fueron los de Francisco de Paula Otero y los hermanos Olavegoya del valle del Mantaro. Paula Otero se inicia como arriero en la zona, estableciéndose en Tarma a fines del siglo XVIII. Durante la Independencia fue comandante general de las guerrillas del centro y gobernador de Tarma. A partir de 1833 adquiere varias haciendas, entre ellas la hacienda Cachi-Cachi, situada entre Jauja y Tarma y, a través de la parentela de su esposa, entra en el negocio minero de Cerro de Pasco. Era acreedor del Estado por adeudos y montepíos por servicios prestados en la campaña libertadora, por lo cual recibe 31 000 pesos en vales de consolidación en 1852. A su muerte lega a sus hijas las haciendas Quijano, en Salta; Florida, Acochay y otras fincas, en Tarma; y varias minas en La Rinconada, Cerro de Pasco40.
Los hermanos Demetrio y Domingo Olavegoya poseían inversiones diversificadas y eran dueños de una casa comercial en Lima. Comercializaban los productos de sus propiedades, estableciendo así una red amplia de actividades entre Lima y la sierra central. Debido a esta multiplicidad de contactos, que los colocaba en posición propicia para vincularse con los negocios del Estado, es que logran obtener un alto reconocimiento de deuda interna en 1852: unos 68 500 pesos en vales, cifra que fue la más alta entre los propietarios de la sierra central. Otros propietarios de la zona que alcanzaron a ser beneficiados por esta medida fueron, entre otros, Francisco Alvariño, hacendado de Tarma y propietario del valle de Chanchamayo, quien recibió 55 800 pesos en vales en 1850, y Manuel Ortiz de Zevallos, propietario en Huancayo, al que se le otorgó 42 000 pesos en vales en 1851.
Sin embargo, muchos arrieros y propietarios de tierras y minas de la sierra central fueron completamente ignorados por la deuda interna, o recibieron exiguas compensaciones, a pesar de haber sufrido directamente las consecuencias de las campañas militares en la zona.
Los grandes terratenientes Pío Tristán, de Arequipa, y Ancelmo Centeno, del Cusco, también se beneficiaron de la deuda interna41. Los casos de Paula Otero, Olavegoya, Tristán y Centeno son ejemplos de hacendados que lograron hacer respetar sus derechos sobre la deuda interna, aunque sea tardíamente. Como en el caso de Carrillo de Albornoz y Novoa, despojados propietarios coloniales, sus contactos con comerciantes notables y figuras políticas de Lima parece que resultaron determinantes en la adecuada satisfacción de sus reclamos. Por el contrario, como veremos en el capítulo dedicado a los «consolidados», los expedientes tachados por la Junta Depuradora en 1855 dan amplias pruebas de que existieron abundantes y desconocidos hacendados, arrieros, propietarios provincianos y mineros que se vieron marginados durante largas décadas en sus reclamos, y acabaron perjudicados por la consolidación de 1850 que los excluyó definitivamente del reparto de los nuevos fondos de la deuda interna, o les proporcionó solo una mínima porción. Entre otros, podemos mencionar a varios hacendados en los valles de Santa (por ejemplo, Manuel Zuloaga), Cajatambo y costa central; mineros de Cerro de Pasco; propietarios provincianos y arrieros en Ayaviri, Tambillo y Huaitaná, marginados por negociantes en vales de consolidación de 185042. La mayoría de los créditos reconocidos por la consolidación de 1850 provenían de deudas por daños y perjuicios durante las guerras de la Independencia y caudillescas, como lo demuestra la descripción del concepto original de las cantidades reconocidas como deuda durante los Gobiernos de Castilla y Echenique. La suma total de los expedientes por daños ocasionados por dichas contiendas ascendía a 16 millones de pesos en deudas que se reactualizan exageradamente de la noche a la mañana después de décadas de olvido. A raíz de estos reconocimientos se enciende una sorda pugna por su acumulación y concentración que despojó a los reclamantes originales y privilegió a los pocos que supieron negociar y especular con ellos.
Los acreedores privilegiados
Aparte de los caudillos premiados con adjudicaciones y con otros fondos limitados destinados al arreglo de la deuda interna, los prestamistas, cuyo giro se concentraba principalmente en la esfera comercial de Lima, lograron hacerse garantizar por el Estado el pago de sus cuentas acreedoras.
El poderío social de este grupo se sustentaba en la concentración del capital comercial en Lima. Los comerciantes obtenían altos beneficios, los más rentables de las actividades en la Lima de la época, mediante la importación-exportación y los préstamos otorgados a crecidos intereses43. Después de un periodo de selección, a través de la competencia comercial durante los periodos de crisis, se reduce el número de comerciantes que domina en la coyuntura de la década de 1840, cuando se incrementa la producción de Cerro de Pasco y empieza a exportarse el guano. Entre los más importantes estuvieron Gibbs e hijos, Alsop y Cía., Huth Gruning y Cía., Templeman y Bergman, Pedro Gonzales Candamo, Graham Rowe y Zaracondegui y Cía.
Al inicio de la República el sector mercantil colonial se vio afectado por la política de secuestros. Sin embargo, este rubro dio signos de recuperación mucho antes que el de los hacendados coloniales. Los comerciantes Pedro Abadía, Francisco Javier de Izcue, José Gonzales conde del Villar de Fuente, Juan Bautista Andraca y Francisco Quirós figuraron entre los principales secuestrados en el periodo 1821-1823. Ellos nos darán la clave de cómo inicia su actividad este sector mercantil bajo condiciones nuevas después de la Independencia. Muchos de ellos fugaron al Real Felipe temerosos de la reacción popular ante el desguarnecimiento de la ciudad de Lima a la salida de las tropas españolas en 1824. Izcue y Abadía fueron denunciados por poseer bienes de los españoles emigrados Zaracondegui, Soregui y otros, lo que coincidía lógicamente con su función de habilitadores y accionistas de empresas mineras y préstamos comerciales (ver tabla 1). Izcue era un importante comerciante que cumplió en varias oportunidades el cargo de cónsul del Tribunal del Consulado entre 1822 y 1823, acompañando en la dirección del Tribunal al conde del Villar de Fuente, prior de dicho gremio. Después de su rehabilitación, Izcue, «habiendo visto frustradas algunas especulaciones mercantiles se dedicó con esmero a la exportación de frutos del país, y teniendo que abandonar los algodones y lanas por los obstáculos que presentaban el cultivo de aquellos, y la competencia en el acopio de éstas, dirigió su atención a los minerales de cobre de que abunda este país...»44. Se embarca en una empresa de extracción de cobre en Tuctu-Morococha juntamente con el alemán, residente muchos años en el Perú, Carlos Renardo Pflucker, formando la Compañía Peruana de Minas de Cobre en 1840; a pesar de estos esfuerzos, Izcue no pudo recuperar su anterior posición de encumbramiento bajo el régimen republicano.
Pedro Abadía fue, junto a José Arismendi, uno de los principales promotores de la Compañía de Máquinas de Vapor de Cerro de Pasco, que en 1815 importó cuatro máquinas que luego de su instalación no resultaron suficientes para desaguar las minas debido a las constantes inundaciones. Hacia 1852 tenemos evidencia de que Abadía se dedicó a comerciar en vales de consolidación, de los que recibió 25 000 pesos nominales en vales a su nombre, que luego serían tachados por la Junta Examinadora en 1855. ¿Será este un caso de exitoso cambio de rubro de un comerciante de origen colonial?
El caso de Francisco Quirós reviste especial interés en nuestro seguimiento de los comerciantes que se iniciaron en la etapa colonial y luego se convirtieron en privilegiados acreedores del Estado. A pesar de haber sido hacia 1820 una autoridad con una actitud favorable a la separación de España en Cerro de Pasco, lugar donde nació en 1798, Quirós fue sindicado como emigrado. En consecuencia se le levantó un expediente de secuestro en 1821 sobre su propiedad en la plazuela de San Lázaro, la Casa de Pastrana, y sobre un almacén en la calle Mercaderes45. En 1822 Quirós viaja a Londres debido a las dificultades que tuvo en Lima, y allí se asoció con capitalistas ingleses interesados en la minería peruana, aportando sus conocimientos del comercio en dicha zona. La fenecida Compañía de Máquinas de Vapor dejó muchas deudas que permitieron al grupo de capitalistas, representados por Quirós, adquirir intereses en la minería a bajo precio mediante el establecimiento de la Compañía Pasco Peruana, al tiempo que cierto exceso de capitales en la Bolsa de Londres permitió a las casas comerciales Brigs, Gibbs, Crawley, Naylor, Kendall, Templeman y Bergman invertir en el ramo, junto con capitalistas nativos como Juan de Aliaga, conde de San Juan de Lurigancho, y Pedro Gonzales Candamo. Los agentes directos de la Compañía Pasco Peruana eran Quirós, Guillermo Cochrane, Joseph Andrés Fletcher y D. T. Holland46. La empresa se reorganizó en 1829 con la participación de Gonzales Candamo, pero finalmente fracasó en 183347.
Quirós también se dedicaba a los negocios de importación de mercancías. En 1825 se le acusó de haber ingresado siete cajones de artículos españoles expresamente prohibidos por decretos de abril y mayo de 1825. Estos cajones habían llegado procedentes de Londres en el bergantín inglés Mackarell y, ante el peligro de decomiso, Quirós argumentaba haber pedido dichos artículos antes que los decretos se conociesen. En tercera instancia Quirós será absuelto de los cargos48. Sus actividades de importador y de intermediario de capitalistas ingleses le darán a Quirós la oportunidad de recuperar el terreno que perdió con el advenimiento de la Independencia, convirtiéndose luego en uno de los principales exponentes de la clase comercial dominante, así como en un persistente acreedor del Estado entre los años de 1835 y 1855, como se puede apreciar en las tablas 2 y 3.
Por otro lado, Juan Bautista Andraca, uno de los grandes propietarios urbanos a fines de la época colonial, a quien se le intentó secuestrar 15 casas en 1821, fue también otro de los grandes beneficiados por la consolidación de 1850 al recibir 61 000 pesos en vales. Muchos de estos comerciantes y propietarios de origen colonial aparecerán entre los primeros nativos que otorgaron empréstitos, no siempre forzados, al Estado republicano49.
Las deudas que el Estado tenía con acreedores que prestaban mayoritariamente, aunque no siempre, en efectivo, percibían un interés mensual elevado y el Estado se veía obligado a contraer y pagar puntualmente sus intereses y amortizaciones. Si no lo hacía, corría el riesgo de perder una fuente de financiamiento importante, una de las más necesitadas previas a la aparición del guano. Se trata de los créditos colocados en el ramo de arbitrios, Casa de Moneda y abonos de aduana, utilizando como garantías, respectivamente, el producto de los impuestos sobre mercadería internada (arbitrios), los derechos de acuñación y los derechos de aduana. El ramo de arbitrios lo administraba el Tribunal del Consulado, amortizando mensualmente los créditos al mejor postor con la modalidad de propuestas cerradas. Luego el ramo de arbitrios se trasladó al de la Caja de Consolidación, junto con los créditos sobre la Casa de la Moneda, con preferencia en su amortización y pago de intereses.
En el Archivo General de la Nación se puede verificar, en la sección de libros manuscritos republicanos, una colección de cuentas corrientes de los empréstitos sobre el ramo de arbitrios entre 1838 y 1855. Así, es factible obtener información de cómo fue evolucionando la inversión interna en deudas estatales y el nombre de los principales prestamistas que van configurando un importante sector del poderío económico de la época. Las tablas 2 y 3 muestran a los principales acreedores componentes de este sector.
Según estas tablas, los grandes prestamistas en el ramo de arbitrios serán en su mayoría prácticamente los mismos que se pueden encontrar entre los encumbrados poseedores y negociantes de vales de consolidación entre 1852 y 1858. El caso de José Vicente Oyague, que de ser un acreedor de solo 573 pesos en el periodo 1841-1843, y de 177 650 pesos al 1% de interés mensual en 1855, es el ejemplo más saltante del progreso de algunos comerciantes en su capacidad de realizar préstamos al Estado y obtener beneficios de ello. Otros personajes que incrementan sus créditos contra el Estado entre esos años son Isidro Aramburú, José Canevaro, Ancelmo Centeno, Andrés Gamarra, Micaela Lozano de Blanco, y Meléndez y Castañeda50. Un análisis más profundo sobre estos acreedores sería muy útil para evidenciar cambios entre los principales poseedores de capital comercial antes y después de la aparición del guano; sin embargo, para los efectos del presente estudio, es suficiente la constatación de la existencia de privilegiados prestamistas entre los principales beneficiados por la consolidación.
En conclusión, antes de la consolidación de 1850 se evidencia una predilección o favoritismo por concentrar la cancelación de la deuda interna entre acreedores que colocaron préstamos con sólidas garantías de rentas estratégicas del fisco. Estos prestamistas por lo general son personas ligadas a la actividad comercial, uno de los pocos rubros de la economía de la época con márgenes aceptables de ganancia y acumulación. Aquellos sectores ligados a la deprimida producción agraria, provincial o minera, obtuvieron una participación mínima en la por demás reducida satisfacción de la deuda interna antes de 1850. Eran sectores que demandaban patéticamente capitales para su reconstitución. El Estado no solamente se veía imposibilitado de satisfacer a estos sectores deficitarios en sus reclamos, sino que los relegaba aún más con su indiferencia y hasta los gravaba con impuestos excesivos. En consecuencia, los productores del sector agrario y minero recurren al endeudamiento con el sector comercial, cediendo muchos de sus derechos sobre la deuda interna y perdiendo en numerosos casos sus propiedades.
Este fenómeno encuentra entre sus causas el carácter de empréstito forzoso que originó los reclamos de la deuda interna por parte de hacendados, mineros y propietarios provincianos. Este tipo de deuda era muy aleatoria y de difícil cancelación en circunstancias de pugnas entre caudillos y destrucción de propiedades. Los empréstitos en los ramos de arbitrios, Casa de Moneda y aduana eran por el contrario préstamos con la expectativa de obtener altísimos intereses. El aparato estatal sufría endémicamente de un desbalance presupuestal, y necesitaba urgentemente de financiamiento interno debido a su pésimo crédito externo. Los caudillos que se disputaban el control del Estado estaban dispuestos a acceder a las exigencias de prestamistas comerciales ante la carencia de capitales.
Sin embargo, los préstamos con rentas fiscales poseían una cuota de riesgo debido a lo inestable de la situación política, aunque poco a poco los comerciantes nativos y extranjeros logran defender exitosamente sus inversiones al constituirse en el principal grupo de presión. Adicionalmente, el conjunto de hacendados y mineros no constituyó un grupo políticamente poderoso como para presionar el pago de lo que se les debía. Los caudillos militares, al manejar en su favor la violencia institucionalizada, prefirieron beneficiarse ellos mismos de los exiguos fondos de la deuda interna antes de 1850 con adjudicaciones escandalosas. A la vez, se aliaban coyunturalmente con los comerciantes-prestamistas para satisfacer sus necesidades monetarias inmediatas, sin dejar de abusar del sector productivo a sus anchas, continuando la política de empréstitos forzosos e impuestos asfixiantes. Finalmente, como se analizará en el próximo capítulo, este juego de intereses afectará decisivamente la evolución de la legislación de la deuda interna.
Tabla 2 Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1841-1843 (en pesos)
| Nombres de Acreedores | Años del Reconocimiento | Saldo 1841 | Saldo 1843 | Intereses:% mensual |
| Aramburú, Isidro | 1834-38 | 1463 | 3464 | 1; 1,5 |
| Alvarez Calderón, Francisco | 1834-39 | 10 220 | 9226 | 2; 1,5 |
| Aranzaenz, Buenaventura | 1835-37 | 5400 | 5400 | 1,5 |
| Allier, Aquiles | 1841 | 15 591 | * | 1 |
| Blanco, Miguel | 1834-37 | 16 841 | ** | 2 |
| Balega, Félix | 1835-36 | 4250 | 4250 | 2 |
| Buenamuerte, Convento | 1839 | 13 146 | 11 364 | 1; 1,5 |
| Bringas, Manuel | 1841 | 11 378 | 12 978 | 1 |
| Campoó, José | 1834 | 5931 | 5931 | 2;1 |
| Comparet, Sebastián | 1836-39 | 11 333 | 11 333 | 1,5 |
| Canevaro, José | 1835-36 | 75 | 75 | 1; 2 |
| Chumet Desfloses o B. Navejas | 1837 | 8000 | 8000 | 2 |
| Candamo, Pedro Gonzales | 1841 | 12 533 | 12 533 | 1 |
| Elías, Domingo | 1838 | 838 | 838 | 2 |
| Feyfer, Federico | 1836 | 500 | 500 | 2 |
| Fuente Hermosa, sus herederos | 1839 | 24 300 | 24 300 | 1; 1,5 |
| García de la Plata, Manuel | 1835-41 | 7044 | 10 994 | 1,5 |
| García y Compañía | 1841 | 7872 | 1451 | 1 |
| Galdeano, José María | 1834-39 | 31 400 | 32 400 | 1 |
| Gil, Juan (por Roncal) | 1834-36 | 11 000 | 11 000 | 2; 1 |
| Gibbs Crawley y Compañía | 1835-38 | 35 993 | 35 993 | 1; 1,5 |
| Huth Gruning y Compañía | 1834-36 | 21 838 | 11 838 | 1,5 |
| Izcue, Juan Francisco | 1834-39 | 5142 | 5142 | 1,5; 2 |
| Iturregui, Juan Manuel | 1834-39 | 12 380 | 12 380 | 1,5 |
| Junín, Departamento de | 1834 | 12 902 | 8660 | 1,5 |
| Lavalle, Juan Bautista | 1834-37 | 9490 | 9490 | 1,5 |
| Larragoitia, Rafael | 1834-39 | 6823 | 923 | 2; 1,5 |
| Lecuona, José Nic. | 1834-36 | 4500 | 2500 | 2; 1 |
| Macall y Compañía | 1837 | 5906 | 5906 | 2 |
| Navarrete, Ramón | 1835-36 | 10 163 | 10 843 | 1; 2 |
| Quirós, Francisco | 1834,37,38 | 5618 | 5618 | 1; 1,5; 1 |
| Revoredo, Felipe | 1834-38,41 | 26 167 | 26 167 | 1,5; 1 |
| Romero y Compañía | 1834-36 | 13 548 | 15 558 | 1; 1,5; 2 |
| Roncal, Fermín | 1835-37 | 1913 | 12 913 | 1,5 |
| Rodrigo, Nicolás | 1839 | 266 | 2475 | 1; 1,5 |
| Ruis Dávila, Manuel | 1834-39 | 13 829 | 13 829 | 2; 1 |
| Salvi, Pedro | 1834-37 | 7100 | 9600 | 2; 1 |
| Salazar y Baquíjano, Manuel | 1835-39 | 13 122 | 12 585 | 1 |
| Santiago é hijo, su viuda | 1836,38 | 14 424 | 14 424 | 1; 2 |
| Salinas, Antonio | 1839,41 | 37 940 | 10 000 | 1 |
| José Ma. Sotomayor | 1835,36,41 | 5938 | 7164 | 2; 1 |
| Tracy, Samuel | 1834-36 | 4666 | 4666 | 1,5 |
| Ugarte, Mariano Miguel | 1840 | 24 621 | 24 621 | |
| Waddington, Josué | 1839 | 7791 | 7791 | 1,5 |
| Thorne y Compañía, Rollin | 1835-41 | 5142 | 9142 | 1; 1,5 |
| Colina, Narciso | 1841 | 6421 | 6421 | 1 |
| Castillo, Francisco | 1839 | 12 646 | 12 646 | 1 |
| Gallo, María Antonia | 1839,41 | 12 646 | 12 646 | 1 |
| Castillo, Manuel | 1839 | 12 646 | 12 646 | 1 |
| Comparet, su testamentería | 1834-39 | 14 358 | 14 358 | 1,5 |
| Blanco, su testamentería | 1834,36,37 | 17 341 | 17 341 | 1,5 |
| Hegan-Hall y Compañía | 1834-36 | 4666 | 4666 | 1,5; 1 |
| Templeman y Bergman | 1835,39 | 8086 | 8086 | 1; 1,5 |
| Oyague, José Vicente | 1837-38 | 573 | 573 | 0,5 |
| Suma (principales acreedores) | 595 720 | 534 948 | ||
| Total de acreedores del que se sacó la muestra: 553 | 701 528 | 789 104 |
* Subrogados a Felipe Revoredo.
** Cancelada.
Fuente: «Libro de cuentas corrientes de los empréstitos sobre el ramo de arbitrios», Libros Manuscritos Republicanos, año 1843, H-4-1849, AGN.
Tabla 3 Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1852, 1853, 1855 (en pesos)
| Nombre de Acreedores | 1852 | 1853 | 1855 | Intereses% mensual |
| Aramburú Isidro | 16 200 | 9750 | 3600 | 1; 0,75 |
| Alison Cumberlegue y Cía. | 6000 | 6000 | 0,5 | |
| Allende, María | 9450 | 9450 | 9450 | 0,75 |
| Abadía, Pedro | 1100 | 1100 | 1100 | 0,75 |
| Bringas, Manuel | 9100 | 9100 | 9100 | 1 |
| Buenamuerte, Convento | 8150 | 8150 | 8150 | 1 |
| Barrera, Lino; testamentería | 2850 | 2850 | 0,75 | |
| Bryce, Juan | 4500 | 4500 | 0,75 | |
| Bulnes, Manuel (general chileno) | 50 000 | 0,75 | ||
| Campoó, José | 9250 | 1 | ||
| Candamo, Pedro Gonzales | 2250 | 2250 | 2250 | 1; 0,5 |
| Canevaro, José | 7300 | 2000 | 1 | |
| Centeno, Ancelmo | 34 100 | 20 750 | 20 050 | 1; 0,75 |
| Calderón, Juan de Dios | 1150 | 1150 | 1150 | 1,5 |
| Charon, Melchor | 17 800 | |||
| Comparet, Sebastián | 18 300 | 13 700 | 13 700 | 1,75 |
| Cruz, José María | 30 000 | |||
| Cruz Carrasco, María | 14 600 | |||
| Cucalón, Antonio | 18 450 | 1 | ||
| Denegri, Pedro | 23 350 | 21 500 | 1 | |
| Fuente Hermosa, herederos | 29 500 | 17 400 | 17 400 | 1,75 |
| Fleifman, José | 27 500 | 1 | ||
| Ferrocarril, Empresa | 29 100 | 29 100 | 29 100 | 0,75 |
| García y Calmet | 10 150 | 10 150 | 1,5; 0,5 | |
| Galdeano, José María | 20 350 | 10 000 | 1 | |
| Garrido, Victoriano | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,75 |
| Gallagher, Juan | 6400 | 6400 | 1 | |
| Gamarra, Andrés | 79 200 | 67 800 | 61 850 | 0,5; 1 |
| Gibbs, Guillermo | 35 900 | 25 600 | 17 550 | 1,5; 1 |
| Gutierrez de la Fuente, Antonio | 13 050 | 7300 | 1 | |
| Heroward, José | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 1 |
| Jaramillo, Antonio | 5959 | 1; 0,5 | ||
| Lozano de Blanco, Micaela | 31 400 | 28 150 | 10 000 | 0,75; 1 |
| Larratea, Juan José | 54 650 | 54 650 | 0,75 | |
| Lazo, Benito | 5000 | 0,75 | ||
| Martínez, Mercedes | 11 950 | 11 950 | 11 950 | 0,75 |
| Melendes y Castañeda | 15 650 | 12 550 | 1 | |
| Montané y Cia. | 21 400 | 20 500 | 13 950 | 1 |
| Navarrete, Ramón | 13 650 | 13 650 | 1 | |
| Puch, Cruz | 9450 | 5350 | 1 | |
| Oyague, José Vicente | 19 350 | 117 650 | 1; 0,75 | |
| Prevost Stanope | 6500 | 5500 | 1 | |
| O'Brien, Juan | 8750 | |||
| Olavegoya, Demetrio | 1950 | 1 | ||
| Quirós, Francisco | 14 850 | 9850 | 9850 | 0,5; 1 |
| Revoredo, Felipe | 32 650 | 32 650 | 32 650 | 1 |
| Roncal, Fermín | 14 550 | 1 | ||
| Rodrigo, Nicolás | 10 500 | 1 | ||
| Ruiz Dávila, Manuel | 13 350 | 13 350 | 0,75; 1 | |
| Río, Manuel | 6900 | 1 | ||
| Rei Riesco, Ignacio | 20 500 | 5000 | 1 | |
| Romero, vda. de | 24 100 | 11 800 | 1 | |
| Salazar, Manuel | 8000 | 1 | ||
| Seminario, Miguel | 7500 | 1 | ||
| Severin, Enrique | 6850 | 1 | ||
| Templeman y Bergman | 10 700 | |||
| Tristán, Pío | 46 600 | 42 600 | 42 600 | 0,75; 1 |
| Tristán, Victoria | 8000 | |||
| Tristán, Francisca | 15 500 | 15 000 | 1 | |
| Tristán, Josefa | 7100 | |||
| Tapuc, Feligreses | 8100 | 1 | ||
| Tagle de Zevallos, Josefa | 36 650 | |||
| Thorne, Rollin | 63 000 | 31 800 | 15 850 | 1 |
| Ugarte, Mariano Miguel | 28 650 | 28 650 | 1 | |
| Winder, Miguel | 69 300 | 54 200 | 41 000 | 0,75; 1 |
| Suman (principales acreedores) | 985 350 | 740 350 | 736 500 | |
| Total deuda arbitrios | 1 266 445 | 990 050 |
Fuente: «Manual duplicado de la Caja de Consolidación que administra el Tribunal del Consulado, años 1852 y 1853», Libros Manuscritos Republicanos H-4 1986/1995. AGN.
«Auxiliar principal del ramo de arbitrios en la Caja de Consolidación que administra el Tribunal del Consulado», Libros Manuscritos Republicanos, H-4-2019, AGN.
1 Durante y después de la ocupación napoleónica, el Estado español atraviesa por un periodo de penurias fiscales parecidas a las de las Repúblicas sudamericanas luego de la Independencia. Así, el Estado español, durante periodos tanto liberales como monárquicos, recurrió al endeudamiento público interno y externo, garantizados por confiscaciones de tierras, para rescatar al Tesoro y asegurar apoyo político. Vicens Vives, J. (1964). An Economic History of Spain (pp. 629, 637). Princeton: Princeton University Press; Nadal, J. (1975b). Toe Failure of the Industrial Revolution in Spain. En C. Cipolla (ed.), The Fontana Economic History of Europe (vol. 4, p. 556). Glasgow: Collins Sons & Co.
2 Ibíd. En el caso español el Estado utiliza la expropiación o la desamortización de la propiedad territorial eclesiástica, real y municipal para agenciarse los fondos necesarios para la consolidación de la deuda interna, iniciando así una reforma agraria de la cual se benefició una clase capitalista latifundista. Ver también Tamames, R. (1978). Estructura económica de España (vol. 1, p. 407). Madrid: Alianza Editorial.
3 Gootenberg, P. (1985). Merchants, Foreigners and the State: The Origins of Trade Policies in Post-Independence Peru (p. 317) (tesis doctoral). University of Chicago, Chicago, Estados Unidos.
4 Macera, P. (1977). Trabajos de historia (vol. 3, p. 293). Lima: Instituto Nacional de Cultura.
5 Hunt, S. (1973b). Growth and Guano in Nineteenth Century Peru (pp. 19, 28-31). [Discussion paper 34]. Woodrow Wilson School, Princeton University.
6 Engelsen, J. (1977). Social Aspects of Agricultural Expansion in Coastal Peru, 1825-1878 (pp. 8-9) (tesis doctoral). UCLA, Los Ángeles, Estados Unidos. Gootenberg, op. cit., p. 44.
7 Platt, D. C. M. (1972). Latin America and British Trade (pp. 25, 29). Edinburgo: T & A Constable.
8 Hunt, op. cit., p. 97. Hunt, S. (1973a). Price and Quantum Estimates of Peruvian Exports, 1830-1962 (pp. 64-65). [Discussion paper 33]. Woodrow Wilson School, Princeton. Las cifras proporcionadas por Bonilla, H. (1974b). La expansión comercial británica en el Perú. Revista del Museo Nacional, (40), 254-275; y Bonilla, H. (1972). La coyuntura comercial del siglo XIX en el Perú. Desarrollo Económico, (12), 305-331, deben ser tomadas con cuidado debido a omisiones en su elaboración.
9 Hobsbawn, E. (1976). The Age of Capital (p. 33). Londres: Wiedenfeld & Nicholson. Algunas cifras que Hobsbawn consigna nos indican que las exportaciones británicas de manufacturas de algodón fueron por un volumen de 1300 millones de yardas entre 1850 y 1860, mientras que en los 30 años que mediaron entre 1820 y 1850 solo alcanzaban 1100 millones de yardas. Asimismo, el comercio mundial obtuvo un crecimiento del 260% entre 1850 y 1870, contra uno de 100% entre 1800 y 1840.
10 Macera, op. cit., vol. 3, p. 279.
11 Dancuart, E. (1902). Anales de la Hacienda Pública (vol. 2, p. 26). Lima: G. Stolte.
12 Platt, op. cit., p. 32.
13 Pando, J. M. (1828). Memoria sobre el estado de la Hacienda de la República Peruana, en fin del año 1830 presentada al Congreso por Jose María Pando. Lima: J. Masías.
14 Rivero, M. y Piérola, N. (1828). Memorial de ciencias naturales y de industria nacional y extranjera (vol. 1, p. 102). Lima: Imprenta de Instrucción Primaria.
15 Manrique, N. (1979). El desarrollo del mercado interior de la sierra central, 1830-1910 (pp. 61-64). La Molina: Taller de Estudios Andinos.
16 Opinión sustentada por Deustua, J. (1986). La minería peruana y la iniciación de la República, 1820-1840. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
17 Ídem. Lo que sigue se basa en el valioso estudio de Deustua.
18 Hunt, Guano and Growth […], p. 50.
19 Rivero, op. cit., vol. 1, p. 102.
20 Pflucker, C. R. (1846a). Exposición que presenta Carlos Renardo Pflucker al Supremo Gobierno, con motivo de las últimas ocurrencias acaecidas en la Hacienda Mineral de Morococha (p. 12). Lima: Imprenta del Correo Peruano.
21 Mallon, F. (1977). Minería y agricultura en la sierra central: formación y trayectoria de una clase dirigente regional, 1830-1910. En Lanas y capitalismo en los Andes centrales (p. 4). Lima: Taller de Estudios Andinos.
22 «Expediente para el funcionamiento de una Casa de Moneda en Cerro de Pasco, 16 de julio de 1844», Documentos Nº 002082, BMNH.
23 Engelsen, op. cit., pp. 8-18. Flores Galindo, A. (1984). Aristocracia y plebe: Lima, 1760-1830 (pp. 84, 224-229, 231). Lima: Mosca Azul.
24 Macera, op. cit., vol. 3, p. 293; vol. 4, p. 44; Engelsen, op. cit., pp. 24-26. Ver también Távara, S. (1855). Abolición de la esclavitud en el Perú. Lima: Imprenta de El Comercio.
25 Córdova y Urrutia, J. M. (1839). Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que componen las provincias del departamento de Lima (vol. 1, p. 33). Lima: Imprenta de Instrucción Primaria.
26 Pando, J. M. (1833). Reclamación de los vulnerados derechos de los hacendados de las provincias litorales del departamento de Lima (p. 3). Lima: J. M. Concha.
27 Ibíd., p. 43.
28 Gootenberg, P. (1981). Artisans and Merchants: Toe Making of an Open Economy in Lima, Peru, 1830-1860 (cap. 1) (tesis de maestría). Oxford, Gran Bretaña: Oxford University.
29 El general San Martín inició esta medida el 18 de junio de 1821 al expropiar las propiedades de los emigrados con el ejército español, los cuales iban abandonando Lima por temor de acciones violentas contra ellos por parte de la multitud limeña. Un decreto del 1 de febrero de 1822 dispuso el secuestro de la mitad de los bienes de los españoles forzados a emigrar del país. En 1824 se dictó el secuestro de todos aquellos que se encontraban con Rodil en el Real Felipe. Los bienes secuestrados se depositaron bajo la administración del Juzgado de Secuestros creado en octubre de 1821. Burga, M. (1976). De la encomienda a la hacienda capitalista: el valle de Jequetepeque del siglo XVI al XX (pp. 148). Lima: Instituto de Estudio Peruanos; Flores Galindo, op. cit., p. 220.
30 Flores Galindo, op. cit., pp. 256-257.
31 Ver capítulo 2.
32 Locatarios por largos periodos o de por vida.
33 Burga, op. cit., pp. 148-156.
34 Ibíd., p. 153.
35 Ibíd., pp. 159-160.
36 La agricultura de Cajamarca experimentaba la siguiente situación en los años del primer Gobierno de Castilla, según una descripción que de ella nos hace Fernando Casós, en su libro Los amigos de Elena: «aquí se trabaja para morirse de hambre, hay producción, pero el mercado de consumo es infinitamente pequeño, los productos van a los terrados a perderse, o darlos a los colonos y gentes necesitadas: nuestro país sólo tiene la agricultura en las costas, aquí no hay más que ricos pobres, que no salen ni pueden salir de su rusticidad y la miseria. No obstante vendrán de Motupe a la compra de ganados, podemos realizar 200 cabezas, que producirán 300 duros» (1874, pp. 36-37).
37 Según una biografía de Cerdeña, este nació en la Gran Canaria en 1792. Se trasladó a Venezuela en 1809 y se dedicó al comercio hasta 1815. Ingresa al ejército y, como teniente del batallón real de Numancia, es enviado a Paita. Se pasa con todo su batallón a las filas del ejército de San Martín en 1820. Participa en la campaña de Arenales en la sierra y llega al grado de coronel. Bolívar lo nombra intendente de Lambayeque y comandante general de la costa norte en 1824. Se retira del servicio en 1825 con una pensión mensual de 192 pesos, luego de haber perdido una pierna en la batalla de Zepita. Acepta el nombramiento de intendente de la provincia de Ica y el de comandante general de las costas del sur. Desempeña luego la administración de la aduana de Lima y es nombrado general de brigada en 1826. En 1829 es ascendido a general de división y participa en la campaña contra Colombia; desempeñó luego la comandancia general de Junín y Ayacucho. Durante el Gobierno de Gamarra se le nombra comandante general del Cusco, y en 1831 prefecto de Arequipa, sirviendo luego bajo la Confederación Perú-Boliviana. Migra a Guayaquil y es honrado en la lista militar por el Congreso de Huancayo. En 1835 es ascendido a gran mariscal por Orbegoso. Muere en 1854. Camacho, J. (1854). Apuntes para la biografía del gran mariscal don Blas Cerdeña dedicados a su hijo el señor mayor de artillería don José Cerdeña. Lima: Tip. El Heraldo.
38 «Expediente sobre la adjudicación de la hacienda Llaucán al Sr. general de división Blas Cerdeña y liquidación de sus arrendamientos, desde el año de 1819 hasta el presente con la testamentería del locador, d. Pablo Espinach de que es albacea el teniente coronel de cívico don Manuel Espino. Año 1830». Tribunal del Consulado, Caja de Consolidación, Contencioso, concurso Juan de la Cueva, legajo 37, AGN.
39 Ídem.
40 Manrique, op. cit., p. 37.
41 Para el caso de Tristán, ver el capítulo 6 más adelante, y Flores Galindo, A. (1977). Arequipa y el sur andino (p. 50). Lima: Horizonte; Colección Jiménez, Nº 123, AHRA. Para el caso de Centeno, ver Mörner, M. (1979). Notas sobre el comercio y los comerciantes del Cusco desde fines de la colonia hasta 1920 (p. 11). Lima: Instituto de Estudios Peruanos; y Tamayo Herrera, J. (1978). Historia social del Cusco republicano (p. 51). Lima: Industrial Gráfica.
42 Ver capítulo 4.
43 Gootenberg, Artisans and Merchants […], p. 28. Ver también Gootenberg, P. (1982). The Social Origins of Protectionism and Free Trade in Nineteenth-Century Lima. Journal of Latin American Studies, (14), 329-358.
44 Pflucker, op. cit., p. 7.
45 Ver San Cristóbal, E. (1935). Apéndice al Diccionario histórico-biográfico del Perú (pp. 159-160). Lima: Imprenta Gil. También «Expediente sobre la Casa de Pastrana […] de supuesta propiedad del emigrado Francisco Quirós», Juzgado de Secuestros, legajo 2, cuaderno 51, año 1821, Tribunal de Cuentas, AGN. Dato gentilmente proporcionado por Alberto Flores Galindo.
46 Alvarez Mayorga, M. (1979). Capital comercial y capital industrial en la minería, sierra central siglos XIX y XX (p. 56) (tesis de bachiller). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
47 Basadre, J. (1971). Introducción a las bases documentales para la historia de la República del Perú (vol. 1, p. 323). Lima: P.L.V.
48 Quirós, F. (1827). Demostración legal que presenta el ciudadano Francisco Quirós sobre que es inalterable la sentencia pronunciada en tercera instancia absolutoria del comiso denunciado contra el bergantín inglés Mackarell (p. 8). Lima: Imprenta Republicana.
49 Ver más adelante, en el capítulo 2, el caso del préstamo del 18 de setiembre de 1839 por 160 000 pesos otorgados, en parte, en valores de la deuda interna depreciados, que llegó a ganar un altísimo interés en solo tres meses. También considerar los préstamos levantados en 1841, durante una contienda entre caudillos, donde aparecen los nombres de Francisco Quirós, Nicolás Rodrigo, Manuel Bringas, Juan Bautista Valdeavellano, entre los principales prestamistas.
50 Comparar con la siguiente relación de acreedores de la Casa de Moneda, en 1849, ante la propuesta del Gobierno de trasladar sus créditos al ramo de arbitrios; «Razón de los acreedores a esta Casa por capitales que reconoce a su favor, con pago de intereses»: Alsop y Cía, señora Micaela Lozano de Blanco, José Campos, Santiago Campos, Pedro Denegri, José Fleitsman, José María Galdeano, Ricardo Humpreis, Meléndez y Castañeda, Andrés Mena, Montané y Cía., Emilio Nora, José Vicente Oyague, Federico Pfeiffer, Read y Cía., Juan Rener, Andrés Reyes, Colegio de San Carlos, Miguel Winder. Manuscritos 1849, D1646, BN.
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