Czytaj książkę: «Bienestar, formación, territorio»
BIENESTAR, FORMACIÓN,TERRITORIO
Reflexiones en torno a la economíasocial, el ciberacoso y la inmigración
Jornadas de la Diputació y la Universitat
BIENESTAR, FORMACIÓN,TERRITORIO
Reflexiones en torno a la economíasocial, el ciberacoso y la inmigración
Jornadas de la Diputació y la Universitat
COLECCIÓN:
Universitat i territori, nº 11
EDITA:
Vicerectorat de Participació i Projecció
Territorial. Universitat de València
PROMOTORES:
Universitat de València
Diputació de València
COORDINACIÓN:
Pilar Alguacil Marí
Departament de Dret Financer i Historia del Dret
Belén Cardona Rubert
Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Paz Lloria García
Departament de Dret Penal
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Cristina Soriano Cabellos
Unitat de Suport al Vicerectorat de Participació i
Projecció Territorial. Universitat de València
CORRECCIÓN DE TEXTOS:
Javier Sánchez Escribano
Unitat de Suport al Vicerectorat de Participació i
Projecció Territorial. Universitat de València
ISBN: 978-84-9133-085-1
© de esta edición: Universitat de València, 2017
© de los textos: los autores
© de las imágenes: los autores y propietarios
ÍNDICE
Presentaciones
La Universitat de València, una institución al servicio del bienestar de la sociedad y del territorio valencianos Jorge Hermosilla Pla
La Diputación Provincial de València. Por una formación abierta en el territorio Mercedes Berenguer Llorens
SECCIÓN 1. Economía social y cooperativismo
Coordina: Pilar Alguacil
Departament de Dret Financer i Historia del Dret
Los derechos y obligaciones del socio trabajador en las cooperativas de trabajo asociado y el fomento de su constitución Manuel Alegre Nueno
Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Economía social: concepto, ventajas para la Administración local y régimen de tributación María Pilar Alguacil Marí
Departament de Dret Financer i Historia del Dret
El foment de l’Economia Social des de l’àmbit local Salvador Montesinos Oltra
Departament de Dret Financer i Historia del Dret
SECCIÓN 2. Ciberacoso
Coordina: Paz Lloria
Departament de Dret Penal
La resolución de conflictos con menores en el ámbito escolar Sonia Rodríguez Llamas
Departament de Dret Civil
La mediación penal como alternativa a la sanción en conflictos juveniles Vicenta Cervelló Donderis
Departament de Dret Penal
Ciberacoso escolar: El papel del alumnado defensor y algunas claves para su prevención
Beatriz Lucas-Molina*, Alicia Pérez-Albéniz** y Marta Giménez-Dasí*
*Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, **Departamento de Ciencias de la Educación (Universidad de La Rioja)
La familia como espacio de reproducción de violencia o de producción de confianza recíproca Victoria Vázquez Verdera y Piedad Mª Sahuquillo Mateo
Departament de Teoria de l’Educació
Violencia y acoso escolar: tratamiento desde un centro educativo Carlos Caurín Alonso
Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
Los conflictos en la escuela: prevención e intervención María-Isabel Viana-Orta
Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació
Violencia de género entre menores: realidad e intervención Mª Ángeles Beleña Mateo
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Ciberacoso y violencia de género en menores de edad. Posición jurisprudencial ante las nuevas figuras de sexting y stalking M. Asunción Colás Turégano
Departament de Dret Penal
El acoso como forma de violencia de género entre adolescentes Javier Boix Reig y Paz Lloria García
Departament de Dret Penal
El ciberacoso escolar Ángela Matallín Evangelio
Departament de Dret Penal
SECCIÓN 3. Inmigración
Coordina: Belén Cardona
Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Inmigración, precariedad, vulnerabilidad y pobreza Vanessa Cordero Gordillo
Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social
La función multidimensional de la frontera y los derechos en los límites de la Unión Europea Ángeles Solanes Corella
Departament de Filosofia del Dret i Política
La convivencia en la diversidad y los retos a afrontar en el campo de la xenofobia y la islamofobia Albert Mora Castro
Departament de Sociologia i Antropologia Social
Apéndice fotográfico
PRESENTACIONES
Jorge Hermosilla Pla
Vicerrector de Participación y Proyección Territorial Universitat de València
Mercedes Berenguer Llorens
Diputada de Bienestar Social, Educación y Salud
Diputació de València
La Universitat de València,una institución al servicio de lasociedad y del territorio valencianos
El Vicerrectorado de Participación y Proyección Territorial de la Universitat de València y el Área de Bienestar Social y Educación de la Diputación de València organizaron durante 2016 el programa “Bienestar, Formación, Territorio”, conformado por un ciclo de jornadas formativas que se desarrolló en la totalidad de las comarcas valencianas mediante el formato de mesas redondas. En este ciclo participó profesorado de la Universitat de València que expuso, analizó y debatió temas de especial interés para la sociedad. Unas aportaciones del personal docente de la Universitat reunidas en esta publicación de título análogo: “Bienestar, Formación, Territorio”.
A lo largo del presente libro el lector podrá adentrarse en las investigaciones académicas de reputados expertos universitarios que tienen como objetivo común el bienestar, la formación y la transferencia de conocimientos a la sociedad local, en su dimensión territorial, comunitaria y ciudadana. Los 16 artículos que comprende esta publicación se organizan en torno a tres temáticas: la economía social, la inmigración y el ciberacoso.
En el bloque dedicado a la economía social, los/as profesores Pilar Alguacil, Salvador Montesinos y Manuel Alegre abordan la tipología de cooperativas de servicios sociales para desempleados/as, así como la constitución, el funcionamiento y el régimen de éstas, o el papel de los ayuntamientos en su fomento.
Los artículos sobre ciberacoso han sido elaborados por un amplio conjunto de investigadores: Paz Lloria, Javier Boix, Sonia Rodríguez, Vicenta Cervelló, Beatriz Lucas-Molina, Alicia Pérez-Albéniz, Marta Giménez-Dasí, Victoria Vázquez, Piedad Mª Sahuquillo, Carlos Caurín, María-Isabel Viana-Orta, Mª Ángeles Beleña, M. Asunción Colás y Ángela Matallín. Estos textos analizan distintos aspectos del ciberacoso como la mediación en la violencia entre iguales en el entorno escolar, la identificación del acoso, la prevención y detección, la educación emocional, las habilidades sociales, las medidas reeducativas, etc.
Cierra el libro la sección destinada a los movimientos migratorios y sus efectos en la sociedad local. Vanessa Cordero, Ángeles Solanes y Albert Mora profundizan en la inmigración, la cuestión de género y los problemas sociales derivados de todo ello.
Finalmente queremos agradecer la inestimable colaboración de la Diputación de València y su área de Bienestar Social y Educación, cuyo apoyo ha hecho posible la culminación de este proyecto compartido. De la misma manera merece especial mención la participación de los ayuntamientos valencianos que han acogido este programa formativo, muestra de la voluntad de fomentar el conocimiento y bienestar de sus conciudadanos. En el ámbito académico nuestro reconocimiento a la labor de las coordinadoras de este proyecto, las profesoras Pilar Alguacil, Belén Cardona y Paz Lloria, y del resto del personal docente e investigador que ha formado parte de esta iniciativa, que una vez más pone de manifiesto el firme compromiso de nuestra Universitat con la sociedad valenciana.
Jorge Hermosilla Pla Vicerrector de Participación y Proyección Territorial Universitat de València
La Diputación Provincial deValència. Por una formaciónabierta en el territorio
En la época que nos ha tocado vivir, el conocimiento y la información han tomado una relevancia esencial que hace imposible circunscribir la educación, la formación, la capacidad para incrementar y actualizar los conocimientos… en una sola etapa de la vida y con una única formulación.
Muy al contrario, en un entorno en constante cambio como es el nuestro, la formación, la educación se tienen que convertir en un elemento indispensable, siempre y absolutamente presentes en nuestros días, en nuestras sociedades, como instrumentos eficaces para la mejor adaptación, para la inclusión, para la comunicación en cualquier edad.
Esa idea de la formación a lo largo de toda la vida, abierta y en constante actualización, determina muchos y profundos cambios, adaptaciones y actualizaciones que las propuestas formativas, educativas tendrán que replantearse, necesariamente, para pasar a ser, de simple instrumento de transmisión de información, normalmente dirigida a las etapas “naturales” de los aprendizajes y de manera reglada, a verdaderas y eficaces herramientas que favorezcan procesos de aprendizaje más dinámicos, más personalizados y mejor adaptados a las necesidades marcadas por cada momento y en cada etapa de nuestras vidas.
En este mismo sentido, nosotros, como Diputación Provincial de València al servicio de los ayuntamientos, somos conscientes de la importancia de la formación y la actualización de conocimientos como instrumento de mejora y desarrollo de los municipios de la provincia de Valencia y suman, además, al reto educativo y formativo, el no menos importante de aprender a vivir juntos; a convivir dentro de un orden social que nos permita la cohesión y la solidaridad y, al mismo tiempo, nos ayude a mantener nuestra identidad; nuestras diferencias; nuestras señas culturales, compromisos ineludibles para el actual Equipo de Gobierno.
Para lo cual orientamos prioritariamente nuestro presupuesto y nuestro esfuerzo apoyando a los municipios, principalmente a los más pequeños, llevando a cabo programas de formación que puedan ayudar a ayuntamientos y vecinos a vivir y convivir mejor; ofreciendo respuestasprofesionales, actualizadas y de calidad- a su entorno más próximo, a las necesidades de los ciudadanos, con servicios públicos útiles, siempre pensados para las personas, para aportar y traspasar conocimiento y experiencia, asesoramiento y puntos de reflexión para entender mejor nuestro entorno, nuestro territorio e intentar mejorarlo.
Estas Jornadas “Bienestar, Formación y Territorio” edición 2016, de las que ahora os presentamos sus conclusiones, son el resultado de una ilusionante iniciativa compartida: con el Vicerrectorado de Participación y Proyección Territorial de la Universitat de València pero también con los ayuntamientos que generosamente han querido ser sede y a los que, desde aquí, queremos agradecer su colaboración inestimable.
Tenemos la certeza que esta primera propuesta formativa que ahora cerramos, es una muy buena oportunidad de entrar en contacto con expertos –los profesionales universitarios que han participado– que, de otro modo, quizás no hubiera sido tan accesible, cómodo y sencillo como ahora, la opinión de los cuales nos tiene que mover a la reflexión proporcionándonos, seguro, una mayor y mejor orientación en nuestros propios procesos formativos, de aprendizaje y de auto-aprendizaje, que no dejan de ser los objetivos básicos de estas iniciativas.
Mercedes Berenguer Llorens Diputada de Bienestar Social, Educación y SaludDiputació de València
SECCIÓN 1. ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVISMO
Coordina:
María Pilar Alguacil
Autores/as:
Manuel AlegreMaría Pilar AlguacilSalvador Montesinos
Los derechos y obligaciones del socio trabajador en las cooperativas de trabajo asociado y el fomento de su constitución
Manuel Alegre Nueno1
1. El marco jurídico aplicable a los socios trabajadores
El socio trabajador es la persona que desembolsa una cantidad mínima obligatoria fijada en los estatutos de la cooperativa de trabajo asociado pero que, además, realiza una prestación laboral para la misma: la actividad cooperativizada. De este modo, puede afirmarse que la relación del socio trabajador con la cooperativa tiene una naturaleza mixta en la que la prestación laboral, de carácter personalísimo, está vinculada a la participación societaria.
La relación de los socios trabajadores con la cooperativa de trabajo asociado es societaria, pues así se declara en la LC. Sin embargo, esta no ha sido siempre una cuestión pacífica, habiéndose producido una evolución que, entre nuestros tribunales, se ha manifestado en tres períodos, claramente diferenciables. En el primero, que abarca desde 1940 a 1974, el nexo entre el socio trabajador y la cooperativa es calificado como societario (por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1944 y de 27 de mayo de 1970). El segundo período, que se inicia a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1974, declara la laboralidad de la relación, al apreciarse en la misma las notas de subrogación y ajenidad (por ejemplo, sentencia del Tribunal Central del Trabajo de 3 de mayo de 1977). Finalmente, un tercer período, a partir de 1980, en el que los tribunales retornan a la conceptualización inicial y niegan el carácter laboral de dicho vínculo (v.gr. sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1988), posición que es la mantenida tras la entrada en vigor de la LC (sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2006 [rec. 2316/2005]).
En mi opinión, si bien la relación existente entre la cooperativa de trabajo asociado y los socios trabajadores es societaria y no puede encuadrarse en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, ni constituye, tampoco, una relación laboral especial, pues el socio trabajador en modo alguno puede identificarse plenamente con el trabajador por cuenta ajena y de ahí que no pueda asumirse la tesis de su plena laboralización, en cambio, comparto la tesis desarrollada en la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1987, conforme a la cual, sin desconocer su carácter fundamentalmente societario, la cooperativa de trabajo asociado “incorpora un esquema organizado dotado para su buen funcionamiento de una cierta jerarquización, teniendo, como uno de sus fines, que el trabajo sea adecuadamente compensado, lo que son, entre otras, notas comunes a la relación laboral; de ahí que la regulación de esta clase de cooperativas “se inspire e incorpore normas, no sólo de la legislación civil, en el área asociativo, sino también de la laboral, en lo que se refiere al proceso productivo, lo que posibilita que para solucionar los conflictos producidos en esta área de trabajo de la relación, en los casos no previstos en la legislación específica, haya de acudirse a la legislación laboral por no encontrar, tampoco, solución en la civil”.
La actividad cooperativizada del socio trabajador implica una regulación específica de esta prestación, a la que, en principio, no se aplica la regulación del Estatuto de los Trabajadores para los trabajadores por cuenta ajena, salvo que los Estatutos o el Reglamento de régimen interno incorpore o se remita expresamente a dicha norma (sentencia del Tribunal Supremo (Social) de 12 de abril de 2006 [rec. 2316/2005]). Sin embargo, otras normas de carácter laboral como la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales sí se aplica a las cooperativas de trabajo asociado (artículo 3.1), si bien la cooperativa debe tener en cuenta “las especialidades propias de la relación solitaria y autogestionada de los socios trabajadores” (artículo 80.5 de la LC).
Así, en el orden jurisdiccional laboral se ha admitido claramente (sentencias del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2005 [rec. 3717/2004] y de 12 de abril de 2006 [rec. 2316/2005]) el carácter societario del socio trabajador. Estas resoluciones constatan que el socio cooperativista no es un trabajador por cuenta ajena, sino que su relación con la empresa para la que trabaja es esencialmente de carácter societario, por cuya razón las normas laborales, sustantivas y procesales sólo le son de aplicación en la medida en que estén expresa y específicamente contempladas en la normativa reguladora del régimen jurídico de la relación corporativa. Añade que, en el supuesto del socio-cooperativista, nos encontramos ante una relación especial entre partes que se rige por normas especiales, que procede cumplir en la medida en que han sido establecidas por el legislador, e interpretadas de una manera tradicional por la doctrina de esta Sala. Expresión manifiesta y reciente de esta naturaleza es la disposición adicional octava de Ley Orgánica del Poder Judicial, que en la redacción dada por la LO 8/2003 de 23 de julio, somete la impugnación de los acuerdos adoptados por los órganos rectores de las cooperativas a la jurisdicción mercantil.
Todo ello no quiere decir que no pueda proceder la aplicación de normas laborales sea por remisión de la ley, sea por la naturaleza de las cosas en los casos de laguna legal o estatutaria. Como manifestó el Tribunal Supremo (Civil) en su sentencia de 28 de diciembre de 2000 (rec. 1239/2000), con cita de la sentencia de la misma Sala de 3 de febrero de 1997 (rec. 42/1997), «si bien las Cooperativas de Trabajo Asociado tienen su origen en un contrato de tipo societario, tal contrato implica la obligación del socio de desarrollar la “actividad cooperativizada de prestación de su trabajo”, de claro contenido laboral; de ahí que el régimen jurídico de estas Cooperativas esté integrado por normas de carácter societario que regulan todo lo relativo a la condición de socio de la Cooperativa; por normas de carácter mixto que si bien proceden de la legislación cooperativa, incorporan normas del derecho de trabajo o de instituciones laborales, y por normas laborales que regulan las condiciones en que se desenvuelve la prestación de trabajo del socio trabajador», como, por ejemplo, las normas contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas (en adelante, LC), sobre jornada, descanso, excedencias, etc.
Lo señalado anteriormente parte de la existencia de una laguna legal, tanto en la norma estatal como en las normas autonómicas, pero en el caso de que se regule específicamente la materia, por su autonomía legislativa, a ello habrá de estarse, como se observa en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2006 (rec. 4176/2005).
Esta distinta naturaleza de las normas rectoras de la cooperativa, como afirma la sentencia del Tribunal Supremo (Civil) de 16 de enero de 1997 “tiene su reflejo en las normas de atribución de competencia a los órganos jurisdiccionales de los órdenes civil y social para conocer de las cuestiones contenciosas que se suscitan entre la Cooperativa y el socio-trabajador”. Esta distinción entre actividad cooperativizada y la societaria, a efectos de determinar cuál sea el orden juridiccional competente, se expresa, también, en la sentencia del Tribunal Supremo (Civil) de 14 de mayo de 1994, (rec. 436/1994).
En esta línea el artículo 87 de la LC, que lleva la rúbrica de “cuestiones contenciosas”, tras definir las fuentes de derecho aplicables a las “contiendas” que se susciten entre la cooperativa y sus socios trabajadores: “con carácter preferente esta ley, los Estatutos y el Reglamento de régimen interior, los acuerdos validamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa y los principios cooperativistas”- preceptúa que estas cuestiones contenciosas se sujetarán:
1. Al orden jurisdiccional social cuando “se susciten entre la cooperativa de trabajo asociado y el socio trabajador, relacionados con los derechos y obligaciones derivados de la actividad cooperativizada.”.
2. A la jurisdicción del orden civil cuando se trate de “conflictos no basados en la prestación de trabajo, o sus efectos, ni comprometidos sus derechos, en cuanto aportante de trabajo”.
Tal atribución de competencias conduce a que los conflictos surgidos entre el socio trabajador y la cooperativa de trabajo asociado que surgen en el desarrollo de la actividad cooperativizada deban ser enjuiciados por los tribunales del orden social de la jurisdicción, sin que los tribunales puedan aplicar la legislación sustantiva laboral pero, en cambio, sí deben aplicar la legislación procesal social que, por ejemplo, en materia de despido reproduce la regulación sustantiva. De este modo, los jueces de lo social deben ensuciar con categorías provenientes de la rama social del Derecho una relación de trabajo que, sin embargo, es calificada como societaria.
Por otro lado, la convivencia dentro de una misma cooperativa de dos colectivos que prestan sus servicios en la misma: los socios trabajadores y los trabajadores por cuenta ajena plantean numerosos problemas de gestión y, en muchas ocaciones, agravios comparativos derivados del diferente estatuto jurídico de ambos grupos en cuanto a su prestación de trabajo. En efecto, mientras que los derechos y obligaciones de los trabajadores por cuenta ajena se regirán por el convenio colectivo aplicable y, en su defecto, por las normas laborales, a los socios trabajadores no se le aplicará el convenio colectivo, pese a prestar sus servicios en el mismo sector y en la misma sociedad cooperativa, ni la legislación laboral, salvo recepción expresa en las normas internas de la cooperativa.
Una falta de regulación de las condiciones de trabajo en las normas internas de la cooperativa de trabajo asociado pueda ocasionar un empeoramiento de las mismas que ocasionan unos perjuicios no sólo para los socios trabajadores sino también puede producir efectos distorsionadores para la competencia.
Por todo ello, se hace preciso que los socios trabajadores tomen conciencia de la importancia de incorporar en los reglamentos de régimen interno una completa regulación de las condiciones en las que deben desarrollarse la actividad cooperativizada, si quiere evitarse un vacío de regulación y evitar la inseguridad jurídica que supone no contar con un marco regulador perfectamente identificable, que delimite las condiciones de prestación de la actividad cooperativizada. Dicho marco regulador, por lo demás, debería respetar unas condiciones mínimas iguales para todos los socios trabajadores que presten y desarrollen su actividad en un mismo sector económico, para evitar situaciones de “dumping” social.
2. Medidas de fomento de la economía social
Existen dos tipos de ayudas dirigidas a fomentar el desarrollo de la Economía Social: las que tienen como destinatarios a las cooperativas y sociedades laborales, y aquellas cuyos beneficiarios son los socios trabajadores o de trabajo de estas empresas.
2.1. Ayudas destinadas a las cooperativas y sociedades laborales
Son dos, los tipos de medidas: las dirigidas a fomentar la incorporación de desempleados como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, y las destinadas a apoyar las inversiones para la creación y modernización de este tipo de empresas.
A) Subvenciones por la incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales
La cuantía de la subvención será de 5.500 € por cada persona que perteneciendo a alguno de los colectivos que se enumeran a continuación, se incorpore a jornada completa como socio trabajador o de trabajo en una cooperativa o sociedad laboral. Si la jornada del socio es a tiempo parcial, la cuantía de la subvención será proporcional la jornada. Los colectivos entre los que deben estar incluidos los nuevos socios son:
1. Desempleados menores de veinticinco años que no hayan tenido antes un primer empleo fijo remunerado.
2. Desempleados mayores de cuarenta y cinco años.
3. Desempleados de larga duración que hayan estado sin trabajo e inscritos en la oficina de empleo durante al menos doce de los anteriores dieciséis meses o durante seis meses de los anteriores ocho meses si fueran menores de veinticinco años.
4. Desempleados a quienes se haya reconocido el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, para su incorporación como socio a la sociedad cooperativa o laboral, siempre el período de prestación por desempleo que tenga reconocido no sea inferior a trescientos sesenta días si tiene veinticinco años o más y a ciento ochenta días si son menores de veinticinco años.
5. Trabajadores vinculados a la empresa por contrato de trabajo temporal no superior a 24 meses, con una vigencia mínima de seis meses a la fecha de la solicitud de la subvención.
En cambio, si la persona que se incorpora a la cooperativa o sociedad laboral como socio trabajador o de trabajo a jornada completa, además de encontrarse incluida en alguno de los colectivos enumerados es mujer, la cuantía de la subvención será de hasta 7.000 €. La misma subvención se obtendrá cuando la mujer que se incorpore como socia trabajadora o de trabajo se encuentre desempleada, siempre que la incorporación se produzca en los 24 meses siguientes a la fecha del parto, adopción o acogimiento.
Por último, si quien se incorpora como socio trabajador o de trabajo a jornada completa en una cooperativa o sociedad laboral es un desempleado con un grado de minusvalía igual o superior al treinta y tres por ciento, la cuantía de la subvención será de hasta 10.000 €. Si, en cambio, la persona que se incorpora como socio trabajador o de trabajo a jornada completa es un desempleado en situación de exclusión social pertenecientes a alguno de los colectivos contemplados en el programa de fomento del empleo vigentes en el momento de la incorporación como socio, la cuantía de la subvención será de hasta 8.000 €.
B) Subvenciones para financiar proyectos de inversión que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades laborales
Estas subvenciones están destinadas a financiar las inversiones en terrenos, construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, equipos o activos inmateriales vinculados con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, realizadas por cooperativas o sociedades laborales para su puesta en funcionamiento o ampliación, así como para la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Las subvenciones para financiar proyectos de inversión son de dos tipos:
1. Subvenciones directas por inversiones. El importe máximo de la subvención será de hasta el 50% del coste de adquisición de los activos, excluidos impuestos.
2. Bonificación de intereses de préstamos destinados a financiar inversiones. La bonificación será, como máximo, de tres puntos del tipo de interés fijado por la entidad de crédito que conceda el préstamo, que deberá ser alguna de las que tenga suscrito convenio con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o, en su caso, con la Comunidad Autónoma correspondiente.
C) Subvenciones por asistencia técnica
La finalidad de estas ayudas es la creación, consolidación o mejora de la competitividad de las cooperativas de trabajo asociado así como de las sociedades laborales, que son las únicas posibles beneficiarias de las mismas.
La subvención podrá alcanzar hasta el 50 por ciento del coste de los servicios de asistencia técnica y no podrá superar la cuantía de 20.000 €.
Los servicios de asistencia técnica podrán consistir en alguna de las siguientes modalidades:
1. Contratación de directores y gerentes.
2. Estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis u otros de naturaleza análoga, salvo los que sean exigidos en la tramitación de expedientes administrativos para la obtención de autorizaciones y/o subvenciones.
3. Informes económicos y auditorías, siempre que éstos no se realicen de forma obligatoria por una disposición legal que así lo exija.
4. Asesoramiento en las distintas áreas de gestión empresarial de carácter. Este asesoramiento debe tener carácter extraordinario y afectar a la viabilidad de la empresa o para la puesta en marcha de proyectos destinados a incorporar la innovación en los procesos de gestión y organización o a la implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que contribuyan a una mejora de su competitividad.
Cualquiera de estos servicios deberán ser prestados por empresas o personas físicas especializadas, que reúnan garantías de solvencia profesional y que sean ajenas a la entidad beneficiaria.
2.2. Ayudas en materia de Seguridad Social
Las sociedades laborales y las cooperativas, siempre que éstas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, que incorporen trabajadores desempleados como socios trabajadores o de trabajo podrán beneficiarse de las siguientes bonificaciones en las cuotas empresariales de Seguridad Social: a) si los nuevos socios son menores de 30 años o de 35 años, en caso de personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, la cuantía será de 1650 € anuales, durante 3 años, y de 800 € anuales durante los dos siguientes; b) si los socios trabajadores o de trabajo son mayores de 30 años, la bonificación será de 800 € anuales durante 3 años.
A) Reducciones y bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social
Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y los socios de sociedades laborales que causen alta inicial en el RETA o que no hubieran estado en situación de alta en dicho régimen en los 5 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, podrán beneficiarse de la reducciones y bonificaciones en la cuota de Seguridad Social por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, en los siguientes términos, aun cuando empleen a trabajadores por cuenta ajena (art. 31 LETA). Ahora bien, esta medida queda restringida a aquellos trabajadores por cuenta propia que causen alta en el RETA y no en el REM.
Para los menores de 30 años de edad, o menores de 35 años en el caso de mujeres, el art. 31.2 LETA prevé, además de la tarifa plana durante los primeros seis meses de alta, una bonificación adicional equivalente al 30% sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del periodo de bonificación indicado (18 meses), siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal. En este supuesto, la duración máxima de las reducciones y bonificaciones será de 30 meses.
Cuando se trate de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de víctimas de violencia de género y de víctimas del terrorismo, la indicada “tarifa plana” se extenderá durante 12 meses a contar desde la fecha de efectos del alta en el RETA, siempre que opte por la base mínima de cotización correspondiente a su edad.
Por otro lado, los socios trabajadores o socios de trabajo de las cooperativas se beneficiarán de una bonificación del 100% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima o fija –en caso de estar beneficiándose de la “tarifa plana”- de cotización el tipo aplicable durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, mientras sean sustituidos con un contrato de interinidad celebrado con un desempleado.
Compatibilidad de la prestación por desempleo y el desarrollo de una actividad por cuenta propia.
También está prevista la posibilidad de compatibilizar el cobro de la prestación contributiva por desempleo con el trabajo como socios de sociedades laborales de nueva creación o socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, también de nueva creación, siempre que queden encuadrados en un régimen especial de la Seguridad Social en razón de su actividad por cuenta propia.
Los requisitos para beneficiarse de esta compatibilidad son: el alta en el RETA o REM y la solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia, sin perjuicio de que el derecho a la compatibilidad de la prestación surta efecto desde la fecha de inicio de tal actividad. Transcurrido dicho plazo de 15 días el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad.
Durante la compatibilidad de la prestación por desempleo con la actividad por cuenta propia no se exigirá al beneficiario de la prestación que cumpla con las obligaciones como demandante de empleo y las derivadas del compromiso de actividad.
La posibilidad de compatibilizar la percepción mensual de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia queda limitada a un máximo de 270 días (9 meses), o por el tiempo inferior pendiente de percibir, con independencia que el trabajador tenga derecho a un período superior de desempleo.
B) Capitalización de la prestación por desempleo (pago único)
Los trabajadores desempleados que pretendan incorporarse de forma estable como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, aunque hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades, independientemente de su duración, así como aquellos que pretendan constituirlas, podrán solicitar a la Entidad Gestora el abono por una sola vez de la prestación por desempleo de la que sean beneficiarios, de alguna de las siguientes formas:
• Abono por una sola vez de la prestación por el importe que corresponda a la aportación obligatoria al capital establecida con carácter general en cada cooperativa para poder incorporarse a estas sociedades, incluyendo la cuota de ingreso, o por el de la adquisición de acciones o participaciones del capital social en una sociedad laboral, en lo necesario para acceder a la condición de socio. La cuantía que abonará la Entidad Gestora será la prestación calculada en días completos, descontando el interés legal del dinero y con el límite señalado.
Si el importe de la aportación obligatoria del trabajador a la cooperativa de trabajo asociado o de la adquisición de acciones o participaciones del capital social en una sociedad laboral, fuera inferior a la cuantía de la prestación por desempleo a la que tiene derecho el trabajador, la cantidad restante podrá aplicarse para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad Social.
• Pago fraccionado de la prestación contributiva de desempleo, para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad Social. En este caso, la Entidad Gestora abonará mensualmente el importe de la prestación previa comprobación de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes correspondiente.
• También podrán destinarse el importe obtenido por la capitalización de la prestación a sufragar los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la entidad, así como al pago de tasas y de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a desarrollar.
La cuantía que abonará la Entidad Gestora será la prestación calculada en día completos, descontando el interés legal del dinero y con el límite señalado.
C) Capitalización de la prestación por cese de actividad
La ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, previó que los beneficiarios de esta prestación pudieran percibir la totalidad o una parte del importe que pudiera corresponderles, pero demorando su regulación y entrada en vigor, a un posterior desarrollo reglamentario, que se produjo con la entrada en vigor del Real Decreto 1541/2011. La nueva regulación que ahora se incorpora al nuevo art. 39 LETA es similar al pago único, pudiéndose destinar el importe obtenido a constituir una nueva cooperativa o sociedad laboral o para incorporarse a una ya constituida, sin limitación en relación con la antigüedad de la misma o a financiar a cubrir los costes de cotización a la Seguridad Social. Esta medida es compatible con cualquier otra ayuda para la promoción del trabajo autónomo.
1 Departamento de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social. Universitat de València.
Economía social: concepto, ventajas para la Administración local y régimen de tributación 1
María Pilar Alguacil Marí2
1. ¿Qué es la Economía social?
Probablemente, deberíamos comenzar esta exposición con una presentación de la propia Economía social: el concepto está recogido en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (en adelante, LES), que en su art. 2º define el concepto:
“Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.”
Esto es, se trata de empresas privadas (por lo tanto, no son Administraciones públicas ni empresas de titularidad pública que reúnen una doble condición: de un lado, funcionan de acuerdo con determinados principios; de otro, tienen como objetivo el interés de sus socios, o bien el interés general (o ambos).
Pues bien, los principios por los que estas empresas privadas deben regirse para ser consideradas integrantes de la Economía social son los siguientes, según el art. 4º de la LES:
A. Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.
B. Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
C. Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
D. Independencia respecto a los poderes públicos.
La ley, por otra parte, establece un listado de las empresas que, como consecuencia de su peculiar régimen jurídico, en el que se insertan estos principios del artículo 4º, se consideran en todo caso miembros o partícipes del concepto de Economía social. Estas son:
• las cooperativas,
• las mutualidades,
• las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica,
• las sociedades laborales,
• las empresas de inserción y los centros especiales de empleo,
• las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación.
Pero asimismo, serán parte de la Economía social:
- Las Entidades singulares que por su regulación jurídica, cumplan estos principios;
- Empresas que por su forma de funcionamiento, también se ajusten a los mismos3.
Se establece así un concepto legal de Economía social que coincide en sus perfiles generales con el que había ido diseñando la doctrina científica española (MONTOLIO, 2002, FAJARDO, 2012, BAREA, J. y MONZÓN, J.L. 2000, entre otros) y que la identifica con unos principios a los que, normalmente, se anudan ciertas formas jurídicas.
2. ¿Por qué debería fomentarse?
Diversos autores han puesto de manifiesto las ventajas que la Economía social acarrea para los fines de la política social y económica de las Administraciones públicas (ALGUACIL,2007). En el ámbito económico, la FUNDACIÓN EOI publicó en 2013 un informe sobre el impacto que la Economía social producía en los objetivos de cohesión social y territorial. Para ello, se analizaron los datos agregados de las empresas de Economía social, y se compararon sus índices con los de un grupo de control de empresas no pertenecientes a la Economia social.
Así, en el ámbito de la cohesión social, se consiguió medir los efectos de la Economía social en los siguientes terrenos:
A. Efectos relacionados con la ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo. En este terreno, las empresas de economía social, emplean en mayor medida que el resto a los siguientes trabajadores con mayores dificultades de empleabilidad:
• mujeres mayores de 45 años,
• personas mayores de 55 años, personas con discapacidad,
• personas en situación o riesgo de exclusión social
• y personas de baja cualificación.
B. Efectos relacionados con la calidad del empleo: también en este caso, el salario era ligeramente superior, y la permanencia en el empleo era mayor en las empresas de la Economía social, y los episodios de desempleo menores. Asimismo, era predominante la jornada completa y la contratación indefinida.
C. Efectos relacionados con la mejora de igualdad de oportunidades. Dos variables eran favorables a las empresas de la Economía social: la ratio salarial hombres/mujeres; y el porcentaje de mujeres, discapacitados y mayores de 55 años en los puestos de dirección.
D. Efectos relacionados con la oferta de servicios sociales. Aquí se constató la alta presencia de empresas de la Economía social en la prestación de servicios a la persona, y en particular, en la actividad de Centros de día para personas mayores.
En relación con la cohesión territorial, se aislaron los siguientes efectos:
• Efectos relacionados con la creación de actividad económica y empleo en el ámbito rural/local.
• Efectos relacionados con la competitividad de la economía rural.
• Efectos asociados al mantenimiento de la población local.
En efecto, la alta presencia de este tipo de empresas en los municipios de menor población, unidas a la alta generación de empleo de calidad que hemos indicado, genera un impacto positivo en estos ámbitos.
Esta coincidencia entre los efectos obtenidos por la Economía social y los objetivos de las políticas públicas propias de las Administraciones públicas, y en particular, de las Entidades locales no ha pasado desapercibido para el legislador, que ha considerado que el fenómeno merecía cierta protección, e incluso, una actividad de fomento.
Así, en la Constitución española de 1978, los objetivos de política social y económica recogidos en los arts. 39 a 52 de la CE, basados en el principio de solidaridad, establecen resultados que los poderes públicos deben perseguir, como el pleno empleo, o el bienestar social, el acceso a la vivienda digna, etc. En la medida en que estas Entidades consigan mejorar los resultados del país en estos ámbitos, con menor coste para las Administraciones públicas, resulta plenamente justificado que la exacción de impuestos para las mismas sea asimismo inferior. En cuanto al retorno de estos beneficios fiscales, la alta resistencia a la deslocalización geográfica de las empresas de la Economía social constituye un factor a considerar positivamente.
En el caso de las Cooperativas y de las empresas de participación de los trabajadores –como las sociedades laborales–, además, hay un mandato específico de protección en el art. 129.2 CE:
“Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.”
No es extraño, por tanto, que en la Ley 5/2011 de Economía social, se reconociera “… como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas” (art. 8), estableciendo acto seguido una lista de objetivos concretos de esas políticas de promoción de la Economía social4. En el caso de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción socio-laboral, además, el apartado 4 del art. 55 los considera, desde 2015, empresas prestadoras de “servicios de interés económico general” con lo que ello implica a efectos fiscales y en general, de ayudas públicas (ALGUACIL, 2012), en relación con la prohibición europea de “Ayudas de Estado”.
3. ¿Cómo tributa la Economía social?
Las Entidades de la Economía social a menudo requieren una fiscalidad específica, o al menos unas normas fiscales concretas diferentes de las empresas que no pertenecen a este ámbito. En primer lugar, esto puede ser necesario por las propias diferencias que su régimen jurídico y forma de funcionamiento establecen, y que hacen que la riqueza generada, o los gastos realizados por ellas no tengan el mismo significado que en otras figuras jurídicas. En segundo lugar, el ordenamiento jurídico español, como hemos visto, reconoce el interés general de este colectivo empresarial, lo que justifica el establecimiento de beneficios fiscales. De hecho, la aprobación de la ley 5/2011 ha planteado en la doctrina la cuestión de si sería conveniente un tratamiento fiscal global del conjunto de la Economía social (ARANA, 2012, MONTESINOS, 2012), que de momento no se ha trasladado al ámbito del derecho positivo. En la actualidad, en efecto, el panorama no es precisamente de uniformidad. Las empresas de la Economía social tienen peculiaridades en su tratamiento fiscal, pero específicas de cada uno de ellas.
Así, podríamos distinguir entre Entidades sin ánimo de lucro (Asociaciones, Fundaciones), empresas lucrativas (cooperativas, sociedades laborales, mutuas), y empresas que no tienen forma jurídica determinada (empresas de inserción sociolaboral y centros especiales de empleo).
Para las Entidades sin ánimo de lucro, se prevén dos regímenes fiscales diferentes:
A. El régimen de Entidades parcialmente exentas, regulado en la ley del Impuesto sobre Sociedades como un régimen especial, aplicable a Entidades sin ánimo de lucro que no tributen por el siguiente. Aquí se incluyen las mutualidades de previsión social.
B. El régimen de la ley 49/2002, previsto sólo para Fundaciones, Asociaciones declaradas de utilidad pública y Entidades singulares, que cumplan determinados requisitos formales y subjetivos, y que persigan fines de interés general.
El segundo de los regímenes es claramente más beneficioso, porque incluye, no sólo un tratamiento de quasi exención en el impuesto sobre Sociedades, sino numerosos beneficios fiscales en otros impuestos, y sobre todo, lleva anudados incentivos fiscales para las donaciones realizadas a estas Entidades.
Por su parte, las cooperativas tienen un régimen especial de tributación, regulado en la ley 20/1990, de régimen fiscal de cooperativas. En la misma se prevé que todas las cooperativas (salvo aquellas que no cumplan los elementos esenciales de la figura jurídica) estarán fiscalmente protegidas, y además, algunas de ellas (trabajo asociado, agroalimentarias, de explotación comunitaria de la tierra, del mar y de consumo) podrán ser especialmente protegidas si cumplen determinados requisitos. El régimen fiscal acarrea, en el Impuesto sobre Sociedades, una serie de reglas “técnicas” para adecuar su forma de funcionamiento al régimen “normal” del impuesto, y la división de la Base imponible en dos partes: Base cooperativa (fundamentalmente, derivada de operaciones con socios), a un tipo de gravamen especial, el 20%; y Base extracooperativa, que se grava al tipo general (actualmente, el 25%). Además, tienen determinados beneficios en el Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales, y en algunos tributos locales.
Las sociedades laborales no tienen un régimen fiscal específico, sino que son tratadas como sociedades de capital, a todos los efectos. Sólo tienen dos especialidades: la primera, prevista en el art. 17 de la ley 44/2015, de Sociedades laborales y participadas, es de aplicación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, donde disfrutan de una bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, por la adquisición, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes y derechos provenientes de la empresa de la que proceda la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral.
La segunda (art. 12.3.a) de la Ley del impuesto sobre Sociedades, 27/2014) consiste en la libertad de amortización, en dicho impuesto, de los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las sociedades anónimas laborales y de las sociedades limitadas laborales afectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su calificación como tales.
Por último veamos cómo tributan las Empresas de inserción sociolaboral (en adelante, EI) y los Centros especiales de empleo (en adelante CEE).
Lo primero que hay que señalar es la inexistencia de un régimen tributario específico para estas Entidades diferenciado del de las demás empresas, por lo que les serán de aplicación los mismos impuestos que a las restantes sociedades en las distintas etapas de su vida societaria o institucional: esto es, a la constitución, al funcionamiento y a la extinción de la sociedad o la entidad sin fines lucrativos.
Sí encontramos un beneficio fiscal en el Impuesto sobre Sociedades que, sin estar previsto específicamente para estas Entidades, les podría ser de aplicación: Se trata de la deducción por creación de empleo para trabajadores minusválidos, prevista en el art. 38 de la ley reguladora de dicho impuesto6. En relación con las EI, hay que decir que la Ley 44/2007 ha introducido una diferencia importante a efectos del régimen tributario con respecto a la situación anterior a la LEI: y es que antes los procesos de inserción solían llevarse a cabo a través de entidades sin ánimo de lucro, a las que se permitía realizar actividades económicas, hasta que las normas autonómicas fueron introduciendo la sociedad mercantil junto a las cooperativas y las sociedades laborales como formas posibles para las EI, reservando a las entidades sin fines lucrativos (fundaciones, asociaciones, ONGs, etc.) la función o condición de promotoras de las EI, como hace la Ley estatal.
Esto significa que el análisis de la tributación será el correspondiente a su forma jurídica, y para las entidades sin fines lucrativos (asociaciones, fundaciones, ONGs), como entidades promotoras de las EI. Pueden por tanto, ser sociedades anónimas o limitadas, pero asimismo cooperativas o sociedades laborales.
Mención aparte merecen las cooperativas de iniciativa social previstas por la Ley de Cooperativas (LC, Ley 27/1999, art. 106), que son aquellas cooperativas que, cualquiera que sea su clase, cumplan los siguientes requisitos:
1. Sean calificadas de entidades sin ánimo de lucro
2. Tengan por objeto social cualquiera de los siguientes:
- la prestación de servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social;
- el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas que sufran cualquier clase de exclusión social;
- o en general, la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado.
Sin embargo, el régimen tributario aplicable a las sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro es el contenido en la Ley 20/1990, de régimen fiscal de cooperativas (según la DA 9ª de la Ley 27/1999, de Cooperativas).
Esta diferencia de trato entre entidades sin ánimo de lucro (entre una fundación o una asociación de utilidad pública y una cooperativa de iniciativa social) se va a traducir por ejemplo en un mayor tipo de gravamen aplicable en el impuesto sobre Sociedades, en la imposibilidad de que su actividad genere rentas exentas, o en no poder disfrutar de donativos incentivados fiscalmente.
Bibliografía
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(2011, a) “Régimen tributario, I”, En Cooperativas: régimen jurídico y fiscal, Tirant lo Blanch, 2011.
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GADEA SOLER, E.”Delimitación del concepto de cooperativa: de los principios cooperativos a la responsabilidad social corporativa”, CIRIEC-España, revista jurídica de economía social y cooperativa, nº 23 – 2012, págs. 37 – 58.
MONTESINOS, S. “Ley de Economía Social, interés general y regímenes tributarios especiales”, CIRIEC - España. Revista jurídica de economía social y cooperativa, Nº. 23, 2012, págs. 9-36.
MONTOLIO. “Economía social: concepto, contenido y significación en España. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 42, noviembre 2002, pp. 5-31
RODRIGO RUIZ, M. A. “Consideraciones sobre el régimen fiscal de las cooperativas: problemas actuales y líneas de reforma”, CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y cooperativa, Nº. 69, 2010 (Ejemplar dedicado a: El régimen fiscal de las sociedades cooperativas), págs. 9-25
1 El presente trabajo constituye un resultado del proyecto de investigación “Economía colaborativa, economía social y bienestar”. Con referencia: DER2015-65519-C2-1-R (MINECO/FEDER).
2 Catedrática de Universidad. Departamento de Derecho Financiero e Historia del Derecho. Universitat de València.
3 Siempre y cuando dicho ajuste quede acreditado y se inscriban en el Catálogo que prevé el art. 6 de la LES.
4A. Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica de las entidades de la economía social. Para ello se prestará especial atención a la simplificación de trámites administrativos para la creación de entidades de la economía social.
B. Facilitar las diversas iniciativas de economía social.
C. Promover los principios y valores de la economía social.
D. Promocionar la formación y readaptación profesional en el ámbito de las entidades de la economía social.
E. Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa a los emprendedores de las entidades de economía social.
F. Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y sociales en el marco de la economía social.
G. Involucrar a las entidades de la economía social en las políticas activas de empleo, especialmente en favor de los sectores más afectados por el desempleo, mujeres, jóvenes y parados de larga duración.
H. Introducir referencias a la economía social en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas.
I. Fomentar el desarrollo de la economía social en áreas como el desarrollo rural, la dependencia y la integración social.
5 Se añade dicho apartado 4 por el art. 3.1 de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre.
6 Artículo 38. Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.
1. Será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 9.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, contratados por el contribuyente, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior.
2. Será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 12.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, contratados por el contribuyente, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior.
3. Los trabajadores contratados que dieran derecho a la deducción prevista en este artículo no se computarán a efectos de la libertad de amortización con creación de empleo regulada en el artículo 102 de esta Ley.
El foment de l’economia social des de l’àmbit local
Salvador Montesinos Oltra1
1. Presentació
Sota els auspicis del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València i l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de València, un grup de professores i professors de la Universitat de València dedicats a l’estudi de l’economia social hem tingut l’oportunitat en els últims dos anys de divulgar per alguns pobles del nostre territori alguns dels resultats de la nostra recerca al voltant de la possibilitat de generar sinergies entre aquest sector i el sector públic local amb polítiques municipals de foment i de col·laboració publicoprivada.
El nostre objectiu amb aquesta activitat divulgativa era posar en relleu l’existència d’algunes eines legals per a dur a la pràctica aqueixes polítiques tot partint de l’estudi de les competències materials i financeres dels municipis d’acord amb l’estat actual de la legislació sobre règim local, força influenciada per les polítiques financeres d’austeritat, que, tanmateix, no han desarmat totalment aquells municipis que vulguen potenciar l’economia social pel seu efecte econòmic i social multiplicador, o no, almenys, des de la visió possibilista que hem tractat de transmetre en tot moment.
Les següent línies pretenen fer arribar als lectors d’aquest llibre, tot i que de forma sintètica i amb el mateix to informatiu, el contingut de les xerrades en què ha participat l’autor d’aquest text i que són fruit de l’activitat investigadora realitzada al voltant dels factors normatius i les polítiques públiques dirigides a potenciar l’economia social i, amb això, la societat del benestar.
2. Economia social i interès general: raons per a fomentarlos des del sector públic local
L’article 2 de la Llei 5/2011, de 29 de març, de l’economia social (LES), defineix aquest sector com el conjunt de les activitats econòmiques i empresarials que en l’àmbit privat duen a terme aquelles entitats que, de conformitat amb els principis orientadors que recull la mateixa llei2, persegueixen bé l’interès col·lectiu dels seus integrants, bé l’interès general econòmic o social, o ambdós.
Les entitats de l’economia social són, d’acord amb aqueixa delimitació legal, productores de mercat pertanyents al sector privat, amb ànim de lucre o sense, segons els casos, i que disposen de formes d’organització, de funcionament i, si escau, de participació en els guanys, diferents de les empreses capitalistes, i que persegueixen bé l’interès col·lectiu dels seus membres de manera mutualista, bé finalitats d’interès general, o ambdós. És a dir, amb aquesta forma de fer empresa no es persegueix només l’interès econòmic dels qui hi participen, ni això es fa, en el seu cas, en funció del capital aportat, sinó amb paràmetres distints que transcendeixen els interessos particulars, de manera que la seua activitat redunda, de forma més o menys intensa, segons els casos, en l’interès general.
Així, com posa en relleu l’estudi El impacto socioeconómico de la economia social (2013), l’impacte positiu d’aquest sector ho és tant en termes de contribució a la cohesió social (ocupació de col·lectius amb dificultats d’accés a un lloc de treball –aturats majors i de llarga duració, discapacitats, persones en situació o risc d’exclusió amb baix nivell de qualificació–, qualitat en l’ocupació, igualtat d’oportunitats i oferta de serveis socials i educatius) com a la cohesió territorial (creació d’activitat econòmica i ocupació, diversificació productiva, estructura productiva més ajustada a les potencialitats i necessitats en serveis socials i educatius de la població rural i manteniment de població en zones rurals). És a dir, les empreses de l’economia social realitzen una activitat econòmica arrelada al territori i que contribueix al desenvolupament local de forma participativa i amb una dimensió axiològica o fomentadora de valors, genera autoocupació i ocupació estable i de qualitat, contribueix a la inserció sociolaboral de persones discapacitades o en situació o risc d’exclusió social i satisfà objectius d’interès general, en definitiva, des de l’àmbit privat, a més de produir beneficis que transcendeixen els interessos privats dels seus membres/usuaris i que la converteixen en un “pol d’utilitat pública” amb un impacte directe en el seu entorn territorial més immediat, és a dir, en l’àmbit local.
Tot plegat converteix la promoció, l’estímul i el desenvolupament de les entitats que integren l’economia social i de les seues organitzacions representatives, com estableix l’article 8.1 de la LES, en una tasca d’interès general mereixedora de suport públic.
3. Treballar per i amb l’economia social des dels municipis: possibilitats i límits
L’article 8 de la LES encomana la tasca de foment de l’economia social al Govern i a les comunitats autònomes en el marc de les seues respectives competències. Tot i que aquestes administracions ja havien estat realitzant amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aqueixa llei polítiques de major o menor abast dirigides a promoure-la, la LES ha donat visibilitat a l’economia social de forma globalment considerada i ha fixat uns objectius de promoció dirigits a tot el sector (FAJARDO, 2012).
Per altra banda, tot i que la LES no fa esment directe a les entitats locals com a agent de l’acció promocional de l’economia social, cal tenir en compte que estableix prèviament que els seus objectius de foment han de ser perseguits pels “poders públics” en general. La pregunta que surt és, per tant, la següent: què poden fer les entitats locals –particularment els municipis–, per fomentar l’economia social?
Amb aquest interrogant com a punt de partida, el principal objectiu de la nostra activitat investigadora era oferir un marc general d’eines per a la intensificació de la col·laboració publicoprivada entre els municipis i les entitats de l’economia social a través de l’anàlisi de la vinculació entre les competències materials i instrumentals dels municipis i els objectius de foment de l’economia social que estableix la LES, tot considerant la seua confluència en àmbits d’interès general municipal, per a la qual cosa explorem, en particular, possibles formes d’implicació de les empreses socials en la gestió de serveis públics locals.
Amb caràcter general, es poden identificar les següents fórmules possibles de foment i de col·laboració amb l‘economia social des de l’àmbit públic local:
• Reconeixement d’incentius fiscals i subvencions a entitats de l’economia social en consideració a les seues finalitats i activitats d’interès general.
• Promoció i participació dels municipis en cooperatives no lucratives d’iniciativa social o d’integració social.
• Gestió indirecta de serveis públics locals per mitjà de societats d’economia mixta de l’economia social, particularment sota la forma de societat cooperativa.
• Potenciació de les empreses i entitats de l’economia social amb la introducció en la contractació pública de les anomenades “clàusules socials”.
En les següents pàgines ens ocuparem amb un cert detall d’aquestes vies d’actuació amb excepció de l’última, en què se centra una altra de les col·laboracions incloses en aquesta publicació. Però, abans d’això, posarem de manifest, breument, quines són les limitacions genèriques que poden trobar els municipis que decidisquen mamprendre una política decidida de foment i de col·laboració amb l’economia social, sense perjudici de les que es deriven més concretament de la legislació vigent per a cadascuna.
Cal tenir en compte, en primer lloc, que la política d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera a ultrança a què hem assistit en els darrers anys ha afectat especialment les hisendes locals, a les quals s’ha imposat el dèficit zero de forma incondicional. Però, a més d’això, els objectius de consolidació fiscal s’han fet servir també per a justificar una reducció de les competències dels municipis materialitzada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, norma que ha estat corregida en algun dels seus excessos, no obstant això, per la sentència del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de març de 2016 (vid. referent a això MONTESINOS OLTRA, 2016). En qualsevol cas, atesa la supeditació de l’exercici de les competències instrumentals de cada administració a les seues competències materials, açò representa un evident factor limitatiu de l’acció administrativa de les entitats locals envers l’economia social.
Cal tenir en compte, a més, que l’exercici de les competències municipals a fi d’articular polítiques de foment i col·laboració amb les empreses i entitats de l’economia social haurà de respectar les exigències derivades dels principis d’igualtat de tracte i lliure concurrència dels agents econòmics en el mercat. Les lleis es mostren singularment cauteloses en relació amb les polítiques públiques que poden comportar avantatges competitius per a determinats actors de mercat i, per tant, distorsions en la competència. Ara bé, tot i que les empreses i entitats de l’economia social són operadores de mercat, no pot ignorar-se que algunes manquen d’ànim de lucre i persegueixen finalitats d’interès general, i que, com després s’assenyalarà, tenen reconegut en alguns casos el caràcter d’entitats prestadores de serveis d’interès econòmic general (art. 5.4 LES), cosa que permet matisar el rigor d’aqueixos principis rectors del dret de la competència d’acord amb la legislació vigent.
Finalment, però no menys important, no es pot ignorar que les competències i limitacions legals no ho són tot, sinó que en molts casos serà la mateixa realitat de cada municipi i dels seus polítics i gestors la que demarcarà, en primer lloc, les possibilitats d’actuació envers l’economia social. És evident, en aqueix sentit, que la dimensió i l’entorn socioeconòmic de cada municipi, amb major o menor presència d’entitats de l’economia social, són factors condicionants de primer ordre. Polítiques que poden tenir sentit en municipis grans o mitjans amb un fort arrelament de l’economia social potser no seran viables en municipis més menuts sense capacitat per a plantejar polítiques que poden arribar a ser complexes en el disseny i execució o on aquestes no serien efectives per no existir un entorn propici per a la germinació d’iniciatives d’economia social. També és cert, no obstant això, que en aquests casos es pot començar per donar a conèixer l’economia social en primer lloc i, en qualsevol cas, per buscar una major escala d’acció amb fórmules de cooperació entre municipis o actuacions promogudes des d’entitats locals d’àmbit superior, com les mancomunitats.
4. És possible una política tributària orientada al foment de l’economia social des de l’àmbit municipal?
La potestat tributària dels municipis, inclosa la possibilitat d’adoptar mesures d’incentiu fiscal, és força limitada per raons que tenen a veure amb el fet que, a diferència de les comunitats autònomes, les entitats locals no tenen constitucionalment reconeguda ni autonomia financera ni potestat legislativa.
Tot i això, l’autonomia política que garanteix l’article 140 de la Constitució als municipis per a la gestió dels seus propis interessos implica que la Llei reguladora de les hisendes locals (Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), els reconega, d’acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional, un cert marge d’actuació per a arbitrar una política tributària pròpia, cosa que hauran de fer, si és el cas, mitjançant l’aprovació o modificació de les seues ordenances fiscals, que són normes de caràcter reglamentari que ha d’aprovar el ple municipal.
Partint d’aqueixes premisses, cal assenyalar, en primer lloc, que les entitats de l’economia social, com qualsevol altre obligat tributari que complisca els requisits legalment previstos, poden gaudir dels beneficis i incentius fiscals de caràcter objectiu directament reconeguts per la Llei reguladora de les hisendes locals, l’abast quantitatiu dels quals pot ser concretat en alguns casos per decisions del mateix municipi.
En segon lloc, la llei estatal també estableix diversos beneficis fiscals que els municipis han de reconèixer obligatòriament a algunes empreses i entitats de l’economia social en particular. Sense entrar en molts detalls, es pot assenyalar l’aplicació d’una bonificació en la quota d’un 95% per als béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra en l’impost sobre béns immobles (IBI) o per a les cooperatives en general i les societats agràries de transformació que no gaudisquen d’exempció en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), les exempcions previstes en aqueixos dos impostos i en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) a favor de les fundacions i associacions acollides al règim especial de les entitats sense finalitat lucrativa (Llei 49/2002) o algunes exempcions previstes als efectes de l’IAE i de l’IIVTNU en relació amb altres fundacions o associacions amb finalitats benèfiques o que siguen d’utilitat pública.
Però on es pot indagar sobre la possibilitat d’arbitrar una política tributària municipal pròpia i específicament dirigida a les empreses de l’economia social és en relació amb aquells beneficis o incentius genèricament previstos en la Llei reguladora de les hisendes locals per raons d’interès general i on cada municipi pot decidir si els reconeix o no i, en el primer cas, el seu import o, fins i tot, fixar alguns requisits dins dels marges legalment establerts.
S’ha d’assenyalar, en aqueix sentit, el fet que consideracions basades en la capacitat econòmica o en raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic poden justificar un tractament de favor de les entitats de l’economia social en l’ordenació reglamentària de les taxes i els preus públics, tal com assenyalen ALMAZOR ESCARTÍN i PUIG VENTOSA (2005: 93-97).
Pel que fa als impostos municipals, la Llei reguladora de les hisendes locals preveu la possibilitat d’establir una bonificació de fins a un 95% de la quota íntegra del respectiu impost en relació amb activitats econòmiques (IAE), immobles (IBI), construccions, instal·lacions i obres (ICIO) o increments de valor per la transmissió de terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que la justifiquen. Aquestes bonificacions no estan específicament previstes per a les entitats de l’economia social, però es pot pensar, tot tenint en compte les seues finalitats i principis orientadors, que aquestes poden satisfer amb relativa facilitat els requeriments legalment establerts per a ser concedides.
Així, podem pensar, a títol d’exemple, en la concessió d’aquestes bonificacions per raons socials a favor d’activitats econòmiques desenvolupades per entitats sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès general que no tinguen dret a altres beneficis fiscals, o per foment de l’ocupació a favor d’activitats iniciades per treballadors aturats mitjançant fórmules d’autoocupació (treball autònom, cooperatives de treball associat, societats laborals), o en relació amb empreses socials que ocupen treballadors discapacitats o en risc d’exclusió (centres especials d’ocupació, empreses d’inserció, cooperatives d’iniciativa social) o, més genèricament, per manteniment o creació d’ocupació estable (contractes indefinits).
El reconeixement d’aquestes bonificacions, sent potestatiu per als municipis, requerirà l’aprovació pel ple mitjançant la modificació de les corresponents ordenances fiscals on es delimiten els supòsits de fet a fi d’evitar problemes derivats de la discrecionalitat en l’apreciació d’aquelles, i la declaració de l’especial interès o utilitat municipal correspondrà en cada cas també al ple i a sol·licitud de l’obligat tributari i la seua aplicació, finalment, a l’òrgan de gestió tributària.
Cal tenir en compte, no obstant això, que les empreses de l’economia social ja gaudeixen en alguns casos d’altres beneficis en aqueixos impostos, de conformitat amb el que hem assenyalat i, en particular, que estan exemptes de l’IAE totes les entitats, siga quina siga la seua naturalesa, durant els dos primers períodes impositius i, a partir del tercer, sempre que l’import net de la seua xifra de negocis del penúltim any anterior al de meritació de l’impost siga inferior a 1.000.000 €, cosa que suposa, de fet, que la gran majoria d’empreses socials ja n’estan normalment exemptes per aplicació d’aquesta norma.
La conclusió és que, tot i ser molt reduït el marge d’actuació dels municipis en matèria tributària, es pot albirar la possibilitat d’adoptar algunes mesures que, si més no, representarien un mínim reconeixement, tot i que simbòlic, envers l’economia social.
5. Subvencions municipals per al foment de l’economia social
En aquest apartat es planteja la possibilitat de realitzar polítiques de despesa mitjançant la concessió de subvencions municipals orientades a fomentar, difondre i visibilitzar l’economia social en compliment dels objectius que estableix la LES.
Es pot considerar, en particular, la concessió de subvencions o ajudes dirigides al finançament d’activitats d’interès general que es revelen especialment afins als interessos propis dels municipis, tot respectant la necessària relació d’instrumentalitat que cal guardar entre la despesa pública i les competències materials de cada administració pública. Aquesta possibilitat es revela idònia en el cas de les empreses socials en un sentit més estricte, com ara les empreses d’inserció o els centres especials d’ocupació, o en relació amb les fundacions i associacions amb finalitats d’interès general de caràcter social, cultural, esportiu o cívic, entre d’altres.
En qualsevol cas, les subvencions s’han d’atorgar amb estricta subjecció a la seua normativa reguladora, conformement a la qual s’ha de seguir, amb caràcter general, un procediment de concessió en règim de concurrència competitiva dels potencials beneficiaris (art. 22.1 de la Llei 33/2003, general de subvencions, LGS).
No obstant això, cal tenir en compte la possibilitat d’atorgar subvencions directes en determinats casos legalment previstos. Entre els tipus de subvencions directes que recull l’article 22.2 de la LGS, interessa destacar la concessió de subvencions nominatives, entenent-se per tals aquelles l’objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiaris apareixen determinats expressament en l’estat de despeses del pressupost públic.
Tot i que les subvencions nominatives són controvertides, perquè suposen una excepció al règim general de concessió en règim de concurrència competitiva, poden considerar-se una eina idònia per a donar suport financer a les entitats sense ànim de lucre de caràcter cultural, esportiu, cívic o altres d’interès general que operen en l’àmbit municipal i que pot ser utilitzada també en altres àmbits d’actuació, com el foment de l’ocupació i la inserció laboral de col·lectius socialment vulnerables a través d’empreses socials.
Cal destacar, en aqueix sentit, el reconeixement legal de la condició d’entitats prestadores de serveis d’interès econòmic general als centres especials d’ocupació, a les empreses d’inserció i a qualssevulla altres entitats de l’economia social que tinguen per objecte, igualment, la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió (art. 5.4 de la LES, incorporat per l’article tercer. Un de la Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social). Aquest reconeixement implica, com recorda el preàmbul d’aquesta llei, que les subvencions concedides a les susdites entitats queden sotmeses al Reglament 360/2012, de la Comissió, de 25 d’abril de 2012, i que puguen assolir un import de 500.000 € en un període de tres anys sense que es plantegen problemes des de la perspectiva del règim comunitari relatiu a la prohibició d’ajudes d’Estat generadores de distorsions en la competència, import molt superior al de 200.000 € aplicable amb anterioritat.
Finalment, assenyalarem que l’objecte d’aquest tipus de subvencions requereix un conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari. D’altra banda, el procediment per a la concessió directa de subvencions nominatives es regula en l’article 65 del Reglament de la LGS, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, on, entre altres aspectes, s’estableix la iniciació d’ofici pel centre gestor del crèdit al qual s’imputa la subvenció, o a instància de l’interessat, i la finalització mitjançant resolució de concessió o conveni, que tindran el caràcter de bases reguladores de la concessió a l’efecte d’allò que es disposa en la LGS.
6. La promoció pública d’entitats de l’economia social i la gestió de serveis públics locals mitjançant cooperatives amb participació dels ens públics
En aquest apartat plantegem, finalment, la possibilitat d’incrementar la col·laboració publicoprivada entre els municipis i les entitats de l’economia social, allà on siga possible, mitjançant la promoció pública d’empreses socials i la prestació de serveis públics locals a través de societats cooperatives.
Com veurem de seguida, les previsions legals respecte a aquest punt no constitueixen una novetat, però és en les normes més recents sobre cooperatives d’algunes comunitats autònomes on, a l’empara del reconeixement de l’economia social en les reformes estatutàries de la dècada passada, sembla donar-se un major impuls a aquest sector. Així queda palès, per exemple, en la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya, que estableix de forma explícita en l’article 154.6 que “[les] administracions públiques han de promoure la cooperació publicoprivada amb entitats de l’economia social en diversos àmbits, entre els quals els d’innovació, gestió d’equipament i serveis públics, actuacions comunitàries, promoció econòmica, participació ciutadana, habitatge social, assegurances, finançament personal i empresarial, educació, sanitat, serveis socials i salut pública”.
La promoció i participació en empreses socials per part dels municipis
Aquesta possibilitat està prevista en distintes normes estatals i autonòmiques i cal tenir sempre en compte les normes administratives i financeres aplicables en cada cas per a dotar de validesa els actes de l’Administració.
Aquest és el cas, en primer lloc, de les empreses d’inserció. Aquest tipus d’empresa es defineix en l’article 4 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, com aquella societat mercantil o societat cooperativa legalment constituïda que, degudament qualificada pels organismes autonòmics competents en la matèria, realitze qualsevol activitat econòmica de béns o de serveis l’objecte social de la qual tinga com a finalitat la integració i la formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària. Per la seua banda, l’article 6 de la mateixa llei recull com a possibles entitats promotores les entitats sense ànim de lucre, “incloent-hi les de dret públic ”, les associacions sense finalitats lucratives i les fundacions. I el mateix preveu, en termes semblants, l’article 3 de la Llei 1/2007, de 5 de febrer, d’empreses d’inserció social de la Comunitat Valenciana.
La legislació estatal també preveu, en segon lloc, la creació pels ens públics de centres especials d’ocupació, definits en l’article 43.1 del Text refós de la Llei general de drets i deures de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre) com aquells que tenen per objectiu realitzar una activitat productiva de béns o de serveis, participant regularment en les operacions de mercat, i que tenen com a finalitat assegurar una ocupació remunerada per a les persones amb discapacitat i alhora ser un mitjà d’inclusió del major nombre d’aquestes persones en el règim d’ocupació ordinària. L’article 45 d’aquesta llei recull que les poden crear tant organismes públics i privats com les empreses, sempre amb subjecció a les normes legals, reglamentàries i convencionals que regulen les condicions de treball.
Finalment, la legislació de cooperatives estatal i autonòmica també admet la participació de les entitats públiques en cooperatives sense ànim de lucre. Pel que fa a la legislació estatal, aquesta possibilitat està expressament prevista en relació amb les cooperatives d’iniciativa social (art. 106 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives) i se la pot entendre admesa també en relació amb les cooperatives d’integració laboral i gestores de serveis d’interès col·lectiu o de titularitat pública a què fa referència la disposició addicional primera d’aquesta llei.
De major interès resulta, però, fer referència a la legislació de cooperatives autonòmica, que és l’aplicable a les cooperatives que actuen majoritàriament en el respectiu àmbit territorial. Així, segons l’article 114 del Text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana (LCCV), aprovat pel Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, les cooperatives sense ànim de lucre es defineixen com aquelles que, pel seu objecte, activitat i criteris econòmics de funcionament, acrediten la seua funció social, i s’entén que és així si el seu objecte consisteix en la millora de la qualitat i les condicions de vida de la persona, considerada de forma individual o col·lectiva i, en tot cas, les que es dediquen principalment a la prestació o la gestió de serveis socials, educatius, culturals, artístics, esportius o de temps lliure o altres d’interès col·lectiu o de titularitat pública, a la integració laboral de les persones que pateixen qualsevol classe d’exclusió social o a altres activitats que tinguen per finalitat aconseguir la superació de situacions de marginació social de qualsevol índole.
Tot i que la llei valenciana no es refereix expressament a les cooperatives d’iniciativa social amb aquesta denominació, es pot considerar que ho són les cooperatives no lucratives que tinguen per objecte la gestió de serveis socials, educatius, culturals, artístics, esportius o de temps lliure o altres d’interès col·lectiu, que seran normalment cooperatives de treball associat. D’altra banda, si bé la llei valenciana de cooperatives, a diferència de la llei estatal, no preveu expressament la participació de les entitats públiques en aquestes cooperatives d’iniciativa social, entenem que no se la pot descartar mitjançant la creació, si escau, de cooperatives d’economia mixta per a la prestació de serveis públics locals, tal com assenyalarem posteriorment.
Pel que fa a les cooperatives d’integració social, aquesta figura es regula específicament en l’article 98 de la LCCV, que estan integrades majoritàriament per persones amb diversitat funcional o altres col·lectius amb dificultats d’integració social, i poden adoptar la forma de cooperatives de treball associat per organitzar, canalitzar i promoure el treball dels socis o de cooperatives de consum per proveir-los de béns i serveis de consum general o específics. En aquest tipus de cooperativa pot participar com a soci una entitat pública responsable de la prestació de serveis socials, mitjançant la designació d’un delegat del poder públic. Aquesta participació pública es concep com una fórmula de suport públic financer i tècnic a iniciatives privades d’integració o inserció social.
La participació de les entitats de l’economia social en la prestació de serveis públics locals
Com ja hem assenyalat, un dels tipus de cooperatives no lucratives previstos tant en la legislació estatal com en la legislació valenciana de cooperatives és, precisament, el de les cooperatives de serveis públics que poden constituir-se, segons l’article 99 LCCV, per a la “prestació directa” d’aquests, expressió que resulta cridanera, atès que es tractaria, en realitat, d’un supòsit de gestió indirecta de serveis públics d’acord amb la normativa sobre contractació pública, es a dir, la Llei de contractes del sector públic (Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). Cal tenir en compte, a més, que aquesta forma de gestió implica creació o participació de l’entitat local en una entitat que queda sotmesa a les normes limitatives previstes en la disposició addicional novena (redimensionament del sector públic local) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL).
D’acord amb la normativa valenciana de cooperatives, pot considerar-se que es tractaria de cooperatives d’economia mixta de caràcter singular, atès que són els “usuaris” del servei públic objecte de la cooperativa els qui n’haurien de ser socis juntament amb l’administració titular del servei. Es pot pensar, com a possibles àmbits d’actuació d’aquest tipus de cooperatives, entre d’altres, en la gestió del servei d’abastiment d’aigua potable, la gestió de mercats, la gestió d’escoles bressol i centres d’educació infantil o la gestió de serveis esportius. Únicament en queda legalment exclosa la prestació de serveis públics que exigisquen exercici d’autoritat pública, com els d’ordre públic i protecció civil.
D’altra banda, la legislació valenciana no preveu expressament la participació de socis no usuaris en aquest tipus de cooperatives, a diferència del que ocorre, per exemple, en el cas de la normativa de cooperatives d’Andalusia. Així, l’article 101.2 del Reglament de la Llei 14/2011, de 23 de desembre, de societats cooperatives andaluses, aprovat pel Decret 123/2014, de 2 de setembre, estableix que en aquestes societats cooperatives han de participar com a persones sòcies promotores l’entitat o entitats públiques competents i, si escau, entitats privades amb experiència demostrada en el sector del qual es tracte, i també hi poden participar les persones usuàries dels serveis que siguen objecte de la societat cooperativa i les persones sòcies treballadores que presten el seu treball personal en la societat, fins a assolir en aquest últim cas un màxim d’un vint-i-cinc per cent del seu capital.
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